Sentencia AL-446-23 — Registro 18336
Resumen
La Sala Constitucional otorga Recurso de Amparo al considerar que en el caso presente, la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, garantía constitucional invocada por el recurrente por el defecto procesal como es la falta de legitimación de la parte demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." El recurrente plantea la vulneración al derecho de Defensa y Debido Proceso, contenido en los preceptos constitucionales 82 y 90 párrafo primero que señalan: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; por la inobservancia en la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, según sus argumentos, de normas procesales contenidas en los artículos 6 y 7 del Código del Trabajo y 704 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (11): Este Alto Tribunal de Justica, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, que llevaron al Tribunal de Alzada al convencimiento de la resolución adoptada, en razón de que si bien es cierto el Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el convenio celebrado por la Municipalidad del Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua, con el Patronato de Vendedores en fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, para la administración del Mercado Municipal, específicamente en las cláusulas tercera y cuarta del convenio, mediante la cual se exime de responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal, conforme el artículo 14 de la Ley de Patronatos y asociaciones comunitarias, señalando que fue la presidenta del patronato que contrato los servicios de la demandante; el Tribunal de Alzada no hace un análisis de los hechos expuestos, señalando a las partes si en el presente caso se dan los requisitos para la existencia de una relación laboral entre la demandante y la demandada (Alcaldía Municipal), sin que ello implique un prejuzgamiento en el fondo del asunto por la etapa en la que se encuentra el proceso, pues si se trata de una excepción de falta de personalidad en el demandado, era necesario que el Tribunal de Alzada, en base a Ley y relacionado con el convenio suscrito por las partes, analizara el fondo del asunto a efecto de determinar la vinculación jurídica que pueda existir o no entre la demandante y la Alcaldía Municipal o entre la demandante con el Patronato de vendedores del Mercado Municipal, a efecto de dar una respuesta motivada que refleje un razonamiento lógico, congruente y con fundamento legal, no solo para dar respuesta a las peticiones del apelante, en este caso la Alcaldía Municipal de la Libertad, Comayagua, sino para salvaguardar los derechos del trabajador. Advierte también esta Sala de lo Constitucional vulneración al debido proceso en la resolución dictada por la Alzada, al no dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, pues la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, como ya se dijo líneas arriba, ha de ser congruente con las peticiones de las partes. En el presente caso la Corte se decanta únicamente por declarar con lugar la excepción o defecto procesal de falta de personalidad en el demandado, omitiendo hacer un análisis de fondo y omitiendo dar respuesta a las peticiones del recurrido tal como lo dispone los artículos 10 numeral 2, 207 y 208 del Código Procesal Civil, ya citados, lo que constituye una franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." El recurrente plantea la vulneración al derecho de Defensa y Debido Proceso, contenido en los preceptos constitucionales 82 y 90 párrafo primero que señalan: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; por la inobservancia en la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, según sus argumentos, de normas procesales contenidas en los artículos 6 y 7 del Código del Trabajo y 704 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (11): Este Alto Tribunal de Justica, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, que llevaron al Tribunal de Alzada al convencimiento de la resolución adoptada, en razón de que si bien es cierto el Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el convenio celebrado por la Municipalidad del Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua, con el Patronato de Vendedores en fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, para la administración del Mercado Municipal, específicamente en las cláusulas tercera y cuarta del convenio, mediante la cual se exime de responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal, conforme el artículo 14 de la Ley de Patronatos y asociaciones comunitarias, señalando que fue la presidenta del patronato que contrato los servicios de la demandante; el Tribunal de Alzada no hace un análisis de los hechos expuestos, señalando a las partes si en el presente caso se dan los requisitos para la existencia de una relación laboral entre la demandante y la demandada (Alcaldía Municipal), sin que ello implique un prejuzgamiento en el fondo del asunto por la etapa en la que se encuentra el proceso, pues si se trata de una excepción de falta de personalidad en el demandado, era necesario que el Tribunal de Alzada, en base a Ley y relacionado con el convenio suscrito por las partes, analizara el fondo del asunto a efecto de determinar la vinculación jurídica que pueda existir o no entre la demandante y la Alcaldía Municipal o entre la demandante con el Patronato de vendedores del Mercado Municipal, a efecto de dar una respuesta motivada que refleje un razonamiento lógico, congruente y con fundamento legal, no solo para dar respuesta a las peticiones del apelante, en este caso la Alcaldía Municipal de la Libertad, Comayagua, sino para salvaguardar los derechos del trabajador. Advierte también esta Sala de lo Constitucional vulneración al debido proceso en la resolución dictada por la Alzada, al no dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, pues la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, como ya se dijo líneas arriba, ha de ser congruente con las peticiones de las partes. En el presente caso la Corte se decanta únicamente por declarar con lugar la excepción o defecto procesal de falta de personalidad en el demandado, omitiendo hacer un análisis de fondo y omitiendo dar respuesta a las peticiones del recurrido tal como lo dispone los artículos 10 numeral 2, 207 y 208 del Código Procesal Civil, ya citados, lo que constituye una franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 10 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..." El recurrente plantea la vulneración al derecho de Defensa y Debido Proceso, contenido en los preceptos constitucionales 82 y 90 párrafo primero que señalan: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; por la inobservancia en la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, según sus argumentos, de normas procesales contenidas en los artículos 6 y 7 del Código del Trabajo y 704 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (11): Este Alto Tribunal de Justica, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, que llevaron al Tribunal de Alzada al convencimiento de la resolución adoptada, en razón de que si bien es cierto el Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el convenio celebrado por la Municipalidad del Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua, con el Patronato de Vendedores en fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, para la administración del Mercado Municipal, específicamente en las cláusulas tercera y cuarta del convenio, mediante la cual se exime de responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal, conforme el artículo 14 de la Ley de Patronatos y asociaciones comunitarias, señalando que fue la presidenta del patronato que contrato los servicios de la demandante; el Tribunal de Alzada no hace un análisis de los hechos expuestos, señalando a las partes si en el presente caso se dan los requisitos para la existencia de una relación laboral entre la demandante y la demandada (Alcaldía Municipal), sin que ello implique un prejuzgamiento en el fondo del asunto por la etapa en la que se encuentra el proceso, pues si se trata de una excepción de falta de personalidad en el demandado, era necesario que el Tribunal de Alzada, en base a Ley y relacionado con el convenio suscrito por las partes, analizara el fondo del asunto a efecto de determinar la vinculación jurídica que pueda existir o no entre la demandante y la Alcaldía Municipal o entre la demandante con el Patronato de vendedores del Mercado Municipal, a efecto de dar una respuesta motivada que refleje un razonamiento lógico, congruente y con fundamento legal, no solo para dar respuesta a las peticiones del apelante, en este caso la Alcaldía Municipal de la Libertad, Comayagua, sino para salvaguardar los derechos del trabajador. Advierte también esta Sala de lo Constitucional vulneración al debido proceso en la resolución dictada por la Alzada, al no dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, pues la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, como ya se dijo líneas arriba, ha de ser congruente con las peticiones de las partes. En el presente caso la Corte se decanta únicamente por declarar con lugar la excepción o defecto procesal de falta de personalidad en el demandado, omitiendo hacer un análisis de fondo y omitiendo dar respuesta a las peticiones del recurrido tal como lo dispone los artículos 10 numeral 2, 207 y 208 del Código Procesal Civil, ya citados, lo que constituye una franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 10 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ROBERTO BONILLA RAMIREZ, a favor de la Señora ESTER DURON AVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a las excepciones de falta de personalidad del demandado, litisconsorcio necesario y falta de reclamación administrativa previa, alegadas en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ESTER DURON AVILA contra el señor EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, la señora ESTER DURON AVILA, actuando en su condición personal, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES por despido directo e injusto contra el señor EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, departamento de Comayagua. (Folios 01–02 de la Pieza de primera instancia).2) Que en fecha treinta de enero del dos mil veinte, el abogado Elvin Francisco Romero Castillo, en representación del Alcalde Municipal EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA, contesta la Demanda ordinaria incoada en su contra por la señora ESTER DURON AVILA, solicitando se señale audiencia de conciliación. 3) Que habiéndose señalado audiencia de conciliación para el día dieciocho de mayo de dos mil veintidós (véase folio 40 del expediente de primera instancia), se celebró la misma el día señalado, en la cual la parte demandada interpuso las excepciones de: 1. Falta de Personalidad del Demandado, en virtud de que la Alcaldía Municipal de La Libertad Comayagua, no era el patrono de la señora Ester Durón Ávila, 2. Litisconsorcio necesario, en virtud de ser la citada Alcaldía Municipal, parte demandada y por lo tanto se debió según lo estipulado en el artículo 713 del Código del Trabajo, al Representante del Ministerio Público, que según el artículo 700 del mismo código será ejercido por el Procurador del Trabajo; 3. Falta de Reclamación Administrativa previa, puesto que cuando se demanda a la Alcaldía Municipal, es requisito sine qua non agotar la vía administrativa, según lo dispone el artículo 691 y el Código Procesal Civil en el artículo 414. (Folios 42 al 43 de la pieza de primera instancia)4) Que en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó Auto Interlocutorio en el cual en su parte dispositiva dice: (sic) “… POR TANTO: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras falla, declara sin lugar las excepciones de falta de personalidad del demandado, Excepción de Litisconsorcio NECESARIO; EXCEPCION FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA presentadas por el apoderado legal de la parte demandada.…” (Folios 46 y 47 de la pieza de primera instancia)5) Que en fecha quince de agosto de dos mil veintidós, el Abogado ELVIN FRANCISCO ROMERO CASTILLO, compareció ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra el auto de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, relacionado en el numeral que precede. En consecuencia, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolvió admitiendo el recurso de apelación en ambos efectos, ordenando la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. (Folios 48 y 49 de la primera pieza)6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELVIN FRANCISCO ROMERO CASTILLO, contra la resolución de la que se hizo relación anteriormente, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó Sentencia en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LADY LIZ WATTERS ROMERO, en su condición de representante procesal de la Alcaldía Municipal de La Libertad en el departamento de Comayagua contra el AUTO INTERLOCUTORIO dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha Doce (12) de Agosto del dos Mil Veintidós (2022), el cual en su parte dispositiva RESUELVE: POR TANTO: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR las excepciones de FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDADO, EXCEPCIÓN DE LITISCONSORCIO NECESARIO; EXCEPCION FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA presentadas por el apoderado legal de la parte demandada. Sin Costas. Quedando notificadas en estrados. SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA descrita en el párrafo primero de esta parte dispositiva.- EN CONSECUENCIA: 1) SE DECLARA CON LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACION DE LA DEMANDADA.- 2) AL RESULTAR UN DEFECTO INSUBSANABLE, SE ORDENA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS.” (Folios 8 al 11 de la pieza de segunda instancia) 7) Que en fecha diez de abril de dos mil veintitrés, el Abogado LUIS ROBERTO BONILLA RAMIREZ, compareció ante en este Tribunal interponiendo acción de amparo a favor de la señora ESTER DURON AVILA, contra la resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, por estimar que la misma es violatoria de los derechos y garantías contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 04 del presente Recurso)8) Que en fecha siete de mayo de dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción de amparo de mérito, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 30 del presente Recurso)9) Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen, quien concluyó que en atención al Artículo 7 del Código del Trabajo, la cual establece llana y expresamente la obligación solidaria del patrono, por la gestión del que en nombre del patrono, realiza la contratación, entendiéndose que quedan incluidos los salarios y las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, por lo cual la fiscal estimó espuria la pretensión de la Alcaldía del Municipio de La Libertad, en su condición de demandado solidario de evadir esta responsabilidad, al aseverar que competía únicamente al Patronato de Vendedores del Mercado Municipal de La Libertad, ser el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originaren con las personas que contraten, en virtud del Convenio celebrado entre este y la Municipalidad de La Libertad, en aplicación a lo establecido en el Código del Trabajo, en relación con lo señalado en el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, cuando establece que los servicios públicos municipales pueden ser prestados y administrados a través de concesiones otorgadas a particulares por contrato de conformidad a la Ley; marco jurídico en el cual ocurre la contratación que objeto del caso subjudice; por lo que la relación de trabajo cumplía con todos los elementos esenciales que debe contener una relación de trabajo y dejará de hacerlo a razón del nombre que se le dé, por lo que declaró sin lugar los argumentos de la parte demandada en cuanto a las excepciones de falta de personalidad del demandado, excepción de litisconsorcio necesario, excepción falta de reclamación administrativa previa. Por lo que la Fiscal fue de la opinión que: “…SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (folios 32 al 38 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora ESTER DURON AVILA, en contra del señor EDWIN LEVY DONAIRE ACOSTA, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Lady Lyz Watters Romero, en su condición de Representante Procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL del municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua, REVOCA la resolución recurrida dictada por el a-quo y en consecuencia DECLARA CON LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACION DE LA DEMANDADA, y ordena el SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS.CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado LUIS ROBERTO BONILLA RAMIREZ, muestra su descontento con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que con el acto reclamado se ha quebrantado el derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en la relación de los hechos, señala el recurrente que la resolución que se impugna ha infringido las normas procesales que exige el artículo 704 y 709 del Código Procesal Civil para los escritos de interposición de los recursos devolutivos, por adolecer de la fundamentación de lo pedido, la expresión del perjuicio o agravio e identificación del vicio o error que le causa, lo que le imposibilita ejercer adecuadamente su derecho de defensa en esa instancia, pues no se identifica el pronunciamiento o parte de él que se impugna, lo que le imposibilita contraargumentar para ejercer su derecho de defensa, con aplicación de los principios de contradicción e igualdad; arguye que el Ad-quem considera que con el convenio para la administración del Mercado Municipal, suscrito por el Alcalde y la señor Lixi Yasmin Campos Bueso, es suficiente motivo para declarar la falta de legitimación de la demandada, toda vez que en la clausula tercera de convenio se le cede al patronato la administración del mercado y facultades para contratar, lo que violenta el artículo 6 del Código del trabajo que señala que se considera patrono a los administradores y en el caso de autos del propio convenio al que alude la Corte de Apelaciones, de su título y contenido se desprende que el patronato es administrador de un bien municipal, por lo que este convenio fue apreciado incorrectamente; argumenta también que las clausulas del contrato no superan la imperatividad del articulo 6 del Código del Trabajo, siendo irrefutable que el patrono de su representada es la Alcaldía Municipal y no el patronato. Por último, argumenta que el Tribunal de Alzada al valorar erróneamente el convenio señalado violenta el artículo 7 del Código del Trabajo.CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho de defensa, debido proceso y el principio de legalidad procesal; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, no debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, declaró sin lugar las excepciones de falta de personalidad en el demandado, litisconsorcio necesario y falta de reclamación administrativa. Consecuentemente el Ad-quem declara con lugar la excepción de falta de legitimación del demandado, ordenando el sobreseimiento y archivo de la causa.CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal Claudia Suyapa Mejía Mejía, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió Dictamen en la presente acción de amparo, siendo de la opinión porque se otorgue la presente acción de amparo, fundamentándose en el artículo 7 del Código del Trabajo, pues en atención a esa disposición en la cual se establece la obligación solidaria del patrono, por la gestión del que en nombre del patrono, realiza la contratación, entendiéndose que quedan incluidos los salarios y las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, en relación con el artículo 58 del Reglamento de la ley de Municipalidades. CONSIDERANDO (6): Que la motivación derivada del Tribunal Ad-quem y en la que fundamenta su decisión, la encontramos en el penúltimo y último considerando que expone: CONSIDERANDO: En el caso de autos la parte recurrente centra su reclamo alegando que su representada la Municipalidad del Municipio de La Libertad, nunca ha contratado los servicios laborales de la señora ESTHER DURON AVILA, ya que quien contrato sus servicios fue la señora LIXI YAMIS CAMPOS BUESO, en su condición de presidenta del patronato de vendedores para la administración, mantenimiento y mejoramiento del mercado municipal, aduciendo que corre agregado al folio 41 del expediente judicial dicho convenio celebrado y así como en el interrogatorio de parte en el cual menciona la demandante que quien la contrato y quien la despidió fue la señora LIXI YAMIS CAMPOS BUESO, una vez que han sido analizados y revisadas las presentes diligencias, a criterio de esta Alzada, en el caso particular de acuerdo al convenio celebrado entre la municipalidad y el patronato de vendedores del mercado municipal, al haberse suscrito el contrato de administración se pacto en las clausulas tercera y cuarta, que el alcalde municipal, al cederle la administración al patronato, a su ves se exime de toda responsabilidad civil laboral administrativa y penal, conforme al artículo 14 de la Ley de patronatos y asociaciones comunitarias tienen derecho a preparar EJECUTAR Y ADMINISTRAR sus propios proyectos de obra de infraestructura pública vial, de salud, ambientales, de educación, de seguridad, servicios y otros de interés comunitario, tal como ocurre en el caso particular, en donde con fundamento en sus facultades dicho patronato ejerce administración del mercado municipal y por lo tanto esta facultado para celebrar contratos laborales, y en el caso especifico fue la señora presidenta de este, quien contrato los servicios de la demandante. CONSIDERANDO: Que la parte recurrente ha invocado ante esta instancia la excepción de inadecuación del proceso, haciendo referencia a la prueba ya referida en el considerando anterior, haciendo referencia que la inadecuación del proceso se dio porque no se demando a la persona correcta, en el caso particular al Patronato de administración del mercado Municipal, este tribunal aprecia que si bien el concepto de alegato de parte no resulta correctos “inadecuación del proceso”, la prueba demuestra la existencia de un defecto procesal como es la falta de legitimación de la parte demandada, partiendo del contrato celebrado entre la Municipalidad del municipio de La Libertad y el patronato de vendedores del Mercado Municipal, siendo este el documento que genera las obligaciones a las partes contratantes (según convenio), en su clausula tercera y cuarta, defecto procesal que a su vez se presenta como insubsanable, por lo que trae como consecuencia el sobreseimiento y archivo de las actuaciones planteadas contra el actual demandado. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente en amparo argumenta que se han infringido normas procesales, citando el texto del artículo 704 del Código Procesal Civil, al carecer el escrito de interposición del recurso de apelación del fundamento de lo pedido, no señala los agravios que la resolución decretada por el A-quo le ha causado, no identifica el vicio o error que lo causa, al no señalar con precisión el pronunciamiento o la parte del que impugna, lo que se argumentó en la audiencia celebrada ante el Tribunal de Alzada, pero la Corte de Apelaciones desconoció tal argumento en violación de la ley. CONSIDERANDO(8): Que siguiendo con los argumentos expuesto por el impetrante, otro asunto fundamental en que basa su tesis, es la inobservancia de lo establecido en los artículos 6 y 7 del Código de Trabajo los que considera han sido obviados por el Ad-quem lo que conlleva la vulneración al debido proceso en la decisión adoptada por el Ad-quem, que, con fundamento en lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del convenio celebrado entre la Municipalidad del municipio de La Libertad y el Patronato de Vendedores del Mercado Municipal, revoca la decisión adoptada por el A-quo y declara CON LUGAR el defecto procesal de FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA DEMANDADA, al resultar un defecto procesal insubsanable, ordena el sobreseimiento y archivo de las diligencias. A criterio del recurrente es irrefutable que el patrono de su representada es la Alcaldía Municipal del Municipio de La Libertad, Comayagua y no el patronato de vendedores del mercado municipal. CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 704 del Código Procesal Civil, literalmente establece: “Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.”; en relación al artículo 10 numeral 2 del Código Procesal Civil que dispone: “La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor, y con lo opuesto por el demandando, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.”; en ese sentido el artículo 207 y 208 numeral 1 del Código Procesal Civil señalan por su orden: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; y “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.”CONSIDERANDO (10): El recurrente plantea la vulneración al derecho de Defensa y Debido Proceso, contenido en los preceptos constitucionales 82 y 90 párrafo primero que señalan: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; por la inobservancia en la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, según sus argumentos, de normas procesales contenidas en los artículos 6 y 7 del Código del Trabajo y 704 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (11): Este Alto Tribunal de Justica, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, que llevaron al Tribunal de Alzada al convencimiento de la resolución adoptada, en razón de que si bien es cierto el Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el convenio celebrado por la Municipalidad del Municipio de La Libertad, Departamento de Comayagua, con el Patronato de Vendedores en fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, para la administración del Mercado Municipal, específicamente en las cláusulas tercera y cuarta del convenio, mediante la cual se exime de responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal, conforme el artículo 14 de la Ley de Patronatos y asociaciones comunitarias, señalando que fue la presidenta del patronato que contrato los servicios de la demandante; el Tribunal de Alzada no hace un análisis de los hechos expuestos, señalando a las partes si en el presente caso se dan los requisitos para la existencia de una relación laboral entre la demandante y la demandada (Alcaldía Municipal), sin que ello implique un prejuzgamiento en el fondo del asunto por la etapa en la que se encuentra el proceso, pues si se trata de una excepción de falta de personalidad en el demandado, era necesario que el Tribunal de Alzada, en base a Ley y relacionado con el convenio suscrito por las partes, analizara el fondo del asunto a efecto de determinar la vinculación jurídica que pueda existir o no entre la demandante y la Alcaldía Municipal o entre la demandante con el Patronato de vendedores del Mercado Municipal, a efecto de dar una respuesta motivada que refleje un razonamiento lógico, congruente y con fundamento legal, no solo para dar respuesta a las peticiones del apelante, en este caso la Alcaldía Municipal de la Libertad, Comayagua, sino para salvaguardar los derechos del trabajador. Advierte también esta Sala de lo Constitucional vulneración al debido proceso en la resolución dictada por la Alzada, al no dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, pues la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, como ya se dijo líneas arriba, ha de ser congruente con las peticiones de las partes. En el presente caso la Corte se decanta únicamente por declarar con lugar la excepción o defecto procesal de falta de personalidad en el demandado, omitiendo hacer un análisis de fondo y omitiendo dar respuesta a las peticiones del recurrido tal como lo dispone los artículos 10 numeral 2, 207 y 208 del Código Procesal Civil, ya citados, lo que constituye una franca vulneración al principio constitucional del debido proceso relacionado en el presente libelo. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, garantía constitucional invocada por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, emita una resolución debidamente motivada, dando respuesta a cada una de las pretensiones de las partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 65 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 10, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 743 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado LUIS ROBERTO BONILLA RAMIREZ, a favor de la señora ESTER DURON AVILA, contra la sentencia interlocutoria de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0446-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL