Sentencia AL-350-22 — Registro 18285
Resumen
Resolución que declaro Sin lugar Incidente de Nulidad de Actuaciones e impugnación de la liquidación de los salarios dejados de percibir, con relación a la Solicitud de Nulidad Absoluta de actuaciones alegadas en la Demanda Ordinaria Laboral promovida contra recurrente para el pago de prestaciones, salarios dejados de percibir y demás conceptos laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que el artículo 669 del Código del Trabajo dispone: “Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada.” En ese sentido, “cosa juzgada es la autoridad que la ley le otorga al efecto ejecutorio de la resolución final precisamente para otorgar el derecho a las partes de certeza y seguridad jurídica. Es un título legal irrevocable, y en principio inmutable, que determina los derechos del actor y del demandado, que tienen su base en lo fallado por el juez, ya sea formal o material.” CONSIDERANDO (8): Del análisis de los antecedentes, advierte esta Sala que en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Martha Elizabeth Castro Rojas, se dictó sentencia definitiva en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, sentencia que fue declarada CON LUGAR, y que según el informe rendido por la Secretaría al A-quo en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, la sentencia es firme, por no haber hecho uso las partes de los medios de impugnación (ver folio 2 f y v del antecedente donde consta el informe rendido por el a-quo). Se aprecia que, estando la sentencia firme, a petición de la parte demandante se procede a ejecutar la sentencia de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, por ello se procede a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir, de lo cual se da traslado a la parte demandada para que en un plazo de cinco días proceda a aprobar o impugnar dicha liquidación; es así que la parte demandada comparece en fecha 24 de noviembre del dos mil veintiuno, interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil veinte e impugna la liquidación de salarios de percibir. Sobre el Incidente de Nulidad advierte esta Sala, que el peticionario dejo precluir en el transcurso del proceso los momentos procesales para presentar cuestiones incidentales, perdiendo con ello la facultad de proponer alegaciones sobre cuestiones surgidas en el desarrollo del proceso. “La preclusión definitiva de las cuestiones alegadas (o que se pueden alegar) se produce cuando en el proceso se haya obtenido una sentencia que no este sometida a ninguna impugnación. Esta se llama sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (cosa juzgada en sentido formal). Precluidas, pues todas las cuestiones alegadas o que se hubieren podido alegar, se produce la cosa juzgada. Contiene, la cosa juzgada en sí la preclusión de toda discusión futura, la institución de la preclusión es la base práctica de la eficacia de la cosa juzgada; lo que quiere decir que la cosa juzgada material (obligatoriedad en los juicios futuros) tiene por presupuesto la cosa juzgada formal (preclusión de las impugnaciones)”. Habiéndose producido entonces la firmeza de la sentencia, la cual tiene como consecuencia la inmutabilidad de lo resuelto, por la no interposición en tiempo de los recursos autorizados por la ley en este caso en concreto, procede su ejecución, pues, “el derecho a la ejecución tiene como contenido primero y esencial el de asegurar que los pronunciamientos de condena sean ejecutados en sus propios términos, garantizando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, y que con el anteriormente citado derecho a la ejecución, conforman el más genérico derecho fundamental a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento jurídico les reconoce.”. Por lo anterior, esta Sala entiende que el argumento del pedidor en la presente garantía relativo a que se violentó el debido proceso y derecho de defensa, no son de recibo, pues teniendo conocimiento de la demanda, al ser emplazada para contestar la misma, dejo precluir los momentos procesales para interponer las cuestiones incidentales o los recursos correspondientes, adquiriendo la sentencia el carácter de firme y por ende de cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): El Código del Trabajo en el artículo 113 señala: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” Esta Sala de lo Constitucional entiende que el pago de lo que se conoce como salarios caídos, se conforma como un pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios no como una retribución de servicios, sino como una indemnización al trabajador que ha sido despedido injustamente por su patrono; el recurrente impugna sin sustento legal y por las mismas causas que solicita la nulidad de actuaciones, una tasación de salarios caídos, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar a la demandante, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria, tal y como lo establece el ya citado artículo 113. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso y derecho de defensa que arguye el impetrante vulnerado; ello porque en relación a la nulidad absoluta de actuaciones, en el proceso en el cual el impetrante solicita dicha nulidad, existe una sentencia firme que constituye cosa juzgada y que debe ser ejecutada, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo; asimismo en relación a la impugnación de salarios dejados de percibir, se ha declarado sin lugar la misma en armonía con lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo ya citado. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso y derecho de defensa, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que el artículo 669 del Código del Trabajo dispone: “Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada.” En ese sentido, “cosa juzgada es la autoridad que la ley le otorga al efecto ejecutorio de la resolución final precisamente para otorgar el derecho a las partes de certeza y seguridad jurídica. Es un título legal irrevocable, y en principio inmutable, que determina los derechos del actor y del demandado, que tienen su base en lo fallado por el juez, ya sea formal o material.” CONSIDERANDO (8): Del análisis de los antecedentes, advierte esta Sala que en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Martha Elizabeth Castro Rojas, se dictó sentencia definitiva en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, sentencia que fue declarada CON LUGAR, y que según el informe rendido por la Secretaría al A-quo en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, la sentencia es firme, por no haber hecho uso las partes de los medios de impugnación (ver folio 2 f y v del antecedente donde consta el informe rendido por el a-quo). Se aprecia que, estando la sentencia firme, a petición de la parte demandante se procede a ejecutar la sentencia de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, por ello se procede a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir, de lo cual se da traslado a la parte demandada para que en un plazo de cinco días proceda a aprobar o impugnar dicha liquidación; es así que la parte demandada comparece en fecha 24 de noviembre del dos mil veintiuno, interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil veinte e impugna la liquidación de salarios de percibir. Sobre el Incidente de Nulidad advierte esta Sala, que el peticionario dejo precluir en el transcurso del proceso los momentos procesales para presentar cuestiones incidentales, perdiendo con ello la facultad de proponer alegaciones sobre cuestiones surgidas en el desarrollo del proceso. “La preclusión definitiva de las cuestiones alegadas (o que se pueden alegar) se produce cuando en el proceso se haya obtenido una sentencia que no este sometida a ninguna impugnación. Esta se llama sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (cosa juzgada en sentido formal). Precluidas, pues todas las cuestiones alegadas o que se hubieren podido alegar, se produce la cosa juzgada. Contiene, la cosa juzgada en sí la preclusión de toda discusión futura, la institución de la preclusión es la base práctica de la eficacia de la cosa juzgada; lo que quiere decir que la cosa juzgada material (obligatoriedad en los juicios futuros) tiene por presupuesto la cosa juzgada formal (preclusión de las impugnaciones)”. Habiéndose producido entonces la firmeza de la sentencia, la cual tiene como consecuencia la inmutabilidad de lo resuelto, por la no interposición en tiempo de los recursos autorizados por la ley en este caso en concreto, procede su ejecución, pues, “el derecho a la ejecución tiene como contenido primero y esencial el de asegurar que los pronunciamientos de condena sean ejecutados en sus propios términos, garantizando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, y que con el anteriormente citado derecho a la ejecución, conforman el más genérico derecho fundamental a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento jurídico les reconoce.”. Por lo anterior, esta Sala entiende que el argumento del pedidor en la presente garantía relativo a que se violentó el debido proceso y derecho de defensa, no son de recibo, pues teniendo conocimiento de la demanda, al ser emplazada para contestar la misma, dejo precluir los momentos procesales para interponer las cuestiones incidentales o los recursos correspondientes, adquiriendo la sentencia el carácter de firme y por ende de cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): El Código del Trabajo en el artículo 113 señala: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” Esta Sala de lo Constitucional entiende que el pago de lo que se conoce como salarios caídos, se conforma como un pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios no como una retribución de servicios, sino como una indemnización al trabajador que ha sido despedido injustamente por su patrono; el recurrente impugna sin sustento legal y por las mismas causas que solicita la nulidad de actuaciones, una tasación de salarios caídos, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar a la demandante, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria, tal y como lo establece el ya citado artículo 113. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso y derecho de defensa que arguye el impetrante vulnerado; ello porque en relación a la nulidad absoluta de actuaciones, en el proceso en el cual el impetrante solicita dicha nulidad, existe una sentencia firme que constituye cosa juzgada y que debe ser ejecutada, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo; asimismo en relación a la impugnación de salarios dejados de percibir, se ha declarado sin lugar la misma en armonía con lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo ya citado. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso y derecho de defensa, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que el artículo 669 del Código del Trabajo dispone: “Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada.” En ese sentido, “cosa juzgada es la autoridad que la ley le otorga al efecto ejecutorio de la resolución final precisamente para otorgar el derecho a las partes de certeza y seguridad jurídica. Es un título legal irrevocable, y en principio inmutable, que determina los derechos del actor y del demandado, que tienen su base en lo fallado por el juez, ya sea formal o material.” CONSIDERANDO (8): Del análisis de los antecedentes, advierte esta Sala que en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Martha Elizabeth Castro Rojas, se dictó sentencia definitiva en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, sentencia que fue declarada CON LUGAR, y que según el informe rendido por la Secretaría al A-quo en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, la sentencia es firme, por no haber hecho uso las partes de los medios de impugnación (ver folio 2 f y v del antecedente donde consta el informe rendido por el a-quo). Se aprecia que, estando la sentencia firme, a petición de la parte demandante se procede a ejecutar la sentencia de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, por ello se procede a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir, de lo cual se da traslado a la parte demandada para que en un plazo de cinco días proceda a aprobar o impugnar dicha liquidación; es así que la parte demandada comparece en fecha 24 de noviembre del dos mil veintiuno, interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil veinte e impugna la liquidación de salarios de percibir. Sobre el Incidente de Nulidad advierte esta Sala, que el peticionario dejo precluir en el transcurso del proceso los momentos procesales para presentar cuestiones incidentales, perdiendo con ello la facultad de proponer alegaciones sobre cuestiones surgidas en el desarrollo del proceso. “La preclusión definitiva de las cuestiones alegadas (o que se pueden alegar) se produce cuando en el proceso se haya obtenido una sentencia que no este sometida a ninguna impugnación. Esta se llama sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (cosa juzgada en sentido formal). Precluidas, pues todas las cuestiones alegadas o que se hubieren podido alegar, se produce la cosa juzgada. Contiene, la cosa juzgada en sí la preclusión de toda discusión futura, la institución de la preclusión es la base práctica de la eficacia de la cosa juzgada; lo que quiere decir que la cosa juzgada material (obligatoriedad en los juicios futuros) tiene por presupuesto la cosa juzgada formal (preclusión de las impugnaciones)”. Habiéndose producido entonces la firmeza de la sentencia, la cual tiene como consecuencia la inmutabilidad de lo resuelto, por la no interposición en tiempo de los recursos autorizados por la ley en este caso en concreto, procede su ejecución, pues, “el derecho a la ejecución tiene como contenido primero y esencial el de asegurar que los pronunciamientos de condena sean ejecutados en sus propios términos, garantizando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, y que con el anteriormente citado derecho a la ejecución, conforman el más genérico derecho fundamental a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento jurídico les reconoce.”. Por lo anterior, esta Sala entiende que el argumento del pedidor en la presente garantía relativo a que se violentó el debido proceso y derecho de defensa, no son de recibo, pues teniendo conocimiento de la demanda, al ser emplazada para contestar la misma, dejo precluir los momentos procesales para interponer las cuestiones incidentales o los recursos correspondientes, adquiriendo la sentencia el carácter de firme y por ende de cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): El Código del Trabajo en el artículo 113 señala: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” Esta Sala de lo Constitucional entiende que el pago de lo que se conoce como salarios caídos, se conforma como un pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios no como una retribución de servicios, sino como una indemnización al trabajador que ha sido despedido injustamente por su patrono; el recurrente impugna sin sustento legal y por las mismas causas que solicita la nulidad de actuaciones, una tasación de salarios caídos, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar a la demandante, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria, tal y como lo establece el ya citado artículo 113. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso y derecho de defensa que arguye el impetrante vulnerado; ello porque en relación a la nulidad absoluta de actuaciones, en el proceso en el cual el impetrante solicita dicha nulidad, existe una sentencia firme que constituye cosa juzgada y que debe ser ejecutada, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo; asimismo en relación a la impugnación de salarios dejados de percibir, se ha declarado sin lugar la misma en armonía con lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo ya citado. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso y derecho de defensa, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Siguatepeque, Municipio de Comayagua, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PROTECCION DE VALORES S.A (PROVAL S.A), contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que Confirmó el Auto Interlocutorio, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de diciembre del dos mil veintiuno (2021), con relación a la Solicitud de Nulidad Absoluta de actuaciones alegadas en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora MARTHA ELIZABETH CASTRO ROJAS, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL PROTECCIÓN DE VALORES S.A (PROVAL S.A).- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora MARTHA ELIZABETH CASTRO ROJAS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de PRESTACIONES TALES COMO PREAVISO, AUXILIO DE CESANTIA, VACACIONES, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES, SALARIOS ADEUDADOS Y LAS COSTAS DEL JUICIO, contra la empresa denominada SERVICIO DE RECOLECCIÓN PROTECCIÓN DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA, conocida como (PROVAL S.A).-(Folio 03 al 07 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) en el cual FALLA:1) Declarando SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES interpuesta por el apoderado legal de la demanda 2) Declarando SIN LUGAR la impugnación de la liquidación de los salarios dejados de percibir, interpuesto por el apoderado legal de la demandada.– 3.- SIN COSTAS.-(Folios 115 al 118 de la primera pieza de antecedentes)3)Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022): FALLA: PRIMERO Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio proferido el catorce de diciembre del dos mil veintiuno (14/12/2021), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, relacionado con la demanda supra indicada; en consecuencia se CONFIRMA el mencionado auto interlocutorio.- SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia por ser la normas laborales eminentemente sociales…” ( Folios 16 al 20 de la segunda pieza de antecedentes)4)El recurrente abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL PROTECCION DE VALORES S.A (PROVAL S.A) por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), violenta en perjuicio de su representada, los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).5)Que con fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, promovida por la señora MARTHA ELIZABETH CASTRO ROJAS, en contra de la EMPRESA SERVICIO DE RECOLECCION PROTECCION DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA conocida como “PROVAL S.A.”; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiuno que declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones y declara sin lugar la liquidación de los salarios dejados de percibir. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que se violentó el debido proceso y derecho de defensa, pues se emplazó a una persona que no es representante legal de la Sociedad Mercantil Protección de Valores; asimismo arguye que la denominación de su representada es totalmente diferente a la denominación consignada en la demanda, pues su representada es PROTECCION DE VALORES S. A. (PROVAL S. A.), por lo anterior la demandada no pudo defenderse pues desconocía que había sido citada, al no haberse dirigido a través de su verdadero representante legal, por lo que se pidió nulidad absoluta; arguye el impetrante que se impugnó la liquidación de salarios dejados de percibir, ya que es consecuencia de todo lo anterior y de una sentencia en la cual se ha condenado a una persona jurídica diferente a la denominación jurídica de su representada, aunado a ello manifiesta el impetrante que en el cálculo de salarios dejados de percibir se tomo en cuenta el tiempo que estuvieron suspendidos los plazos en materia de justicia en Honduras y para tal efecto cita el Decreto Legislativo No. 36-202 y el Acuerdo No. CSJ-03-2020.CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que por su orden disponen: “El derecho de defensa es inviolable,”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna, en lo siguiente: “CUARTO: Del estudio de los autos, el tribunal se ha percatado que efectivamente se citó y emplazo al señor Gustavo Adolfo Romero, en razón de haber afirmado a la funcionaria judicial de la central de Citaciones y emplazamientos, Notificaciones y Requerimientos y otras diligencias, ser la persona que ostenta la representación legal de la demandada a nivel Nor-Occidental, funcionaria que por virtud del artículo 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales es Ministra de Fe Pública (folio 22 p.p); sumado a ello, el 5 de septiembre del 2019 a las oficinas de la Inspección Regional del Trabajo, compareció el abogado José Luis Turcios Orellana, atendiendo la cita girada por tal entidad a la empresa PROTECCION DE VAÑORES, S. A. “PROVAL, S. A.” para el solo efecto de tratar de avenirse a un arreglo conciliatorio al conflicto laboral planteado por la señora Martha Elizabeth Castro Rojas, negó el despido afirmado y asegura que lo que existió fue una terminación del plazo del contrato suscrito, afirmaciones que despejan cualquier duda respecto a la persona jurídica demandada, pues no presentó en ese momento ningún tipo de objeción o reclamo; profesional del derecho que representa en esta audiencia a la citada sociedad y por cuya razón no es posible atender el señalamiento de que se trata de otra persona jurídica y que a la persona natural a quien se emplazó no representa a PROVAL, S. A., posteriormente planteada la demanda ante la vía jurisdiccional, se siguió el curso normal del proceso sin que la demandada haya tenido participación, al grado de haberse declarado la contumacia por la omisión al llamamiento judicial; llegado el momento procesal oportuno, la parte actora solicitó la liquidación de los salarios dejados de percibir y una ves efectuado el cálculo, corrieron los traslados a las partes para su impugnación, siendo en ese preciso instante en que se persona en juicio el Abogado José Santos Saavedra Paz, interponiendo el incidente de nulidad absoluta de actuaciones y a la vez la impugnación de los salarios dejados de percibir, planteamientos que no son atendibles, dada la nula actuación procesal de la parte demandada, al hacer un desprecio al llamamiento judicial y no contestar en tiempo y forma la demanda promovida en su contra, acto que la ley sanciona con la declaratoria de contumacia decretada por el A-Quo, decisión que el Tribunal comparte por estar ajustada a derecho; además tal y como lo expresa en el auto interlocutorio impugnado, las cuestiones incidentales para ser calificadas como tal, deberán tener relación inmediata con el asunto principal o con la validez del procedimiento, y en el presente caso no lo es, por cuanto el procedimiento seguido se ajusta al rito procesal que rige en materia laboral hasta la finalización del proceso, faltando únicamente la etapa de ejecución del fallo en los términos en que fue dictada la sentencia, y no puede hacerse deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir, al tenor de lo dispuesto en el artículo 113 interpretado por el Congreso Nacional en el Decreto No. 89 del 24 de noviembre de 1969. SEXTO: Es importante señalar que de conformidad al artículo 736 del Código de Comercio “Quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona esta facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe. Esta se presume, salvo prueba en contrario,” por manera que el Tribunal estima que la sociedad mercantil demandada, extemporáneamente comparece ante el Tribunal pretendiendo una nulidad absoluta de actuaciones carente de respaldo legal y de eficacia jurídica, en cuyo caso, es procedente, confirmar el auto interlocutorio impugnado por estar ajustado a derecho y en atención a la personalidad del recurso de apelación.”. CONSIDERANDO (6): Que, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. Argumentando que comparte el criterio de la Alzada, en cuanto estima que en el proceso de merito no concurre indefensión de la demandada, por ende la nulidad planteada por el recurrente no se ajusta a lo dispuesto en el apartado de nulidades que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, por lo tanto se aprecia que la resolución que hoy se impugna se encuentra conforme a derecho, ya que ha sido dictada en observancia del Debido Proceso, emitiendo una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa conforme a lo dispuesto en el Principio de Legalidad, en consecuencia, no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por el recurrente.” CONSIDERANDO (7): Que el artículo 669 del Código del Trabajo dispone: “Los Tribunales de Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada.” En ese sentido, “cosa juzgada es la autoridad que la ley le otorga al efecto ejecutorio de la resolución final precisamente para otorgar el derecho a las partes de certeza y seguridad jurídica. Es un título legal irrevocable, y en principio inmutable, que determina los derechos del actor y del demandado, que tienen su base en lo fallado por el juez, ya sea formal o material.” CONSIDERANDO (8): Del análisis de los antecedentes, advierte esta Sala que en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora Martha Elizabeth Castro Rojas, se dictó sentencia definitiva en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, sentencia que fue declarada CON LUGAR, y que según el informe rendido por la Secretaría al A-quo en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, la sentencia es firme, por no haber hecho uso las partes de los medios de impugnación (ver folio 2 f y v del antecedente donde consta el informe rendido por el a-quo). Se aprecia que, estando la sentencia firme, a petición de la parte demandante se procede a ejecutar la sentencia de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, por ello se procede a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir, de lo cual se da traslado a la parte demandada para que en un plazo de cinco días proceda a aprobar o impugnar dicha liquidación; es así que la parte demandada comparece en fecha 24 de noviembre del dos mil veintiuno, interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha veinticuatro de enero del dos mil veinte e impugna la liquidación de salarios de percibir. Sobre el Incidente de Nulidad advierte esta Sala, que el peticionario dejo precluir en el transcurso del proceso los momentos procesales para presentar cuestiones incidentales, perdiendo con ello la facultad de proponer alegaciones sobre cuestiones surgidas en el desarrollo del proceso. “La preclusión definitiva de las cuestiones alegadas (o que se pueden alegar) se produce cuando en el proceso se haya obtenido una sentencia que no este sometida a ninguna impugnación. Esta se llama sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (cosa juzgada en sentido formal). Precluidas, pues todas las cuestiones alegadas o que se hubieren podido alegar, se produce la cosa juzgada. Contiene, la cosa juzgada en sí la preclusión de toda discusión futura, la institución de la preclusión es la base práctica de la eficacia de la cosa juzgada; lo que quiere decir que la cosa juzgada material (obligatoriedad en los juicios futuros) tiene por presupuesto la cosa juzgada formal (preclusión de las impugnaciones)”. Habiéndose producido entonces la firmeza de la sentencia, la cual tiene como consecuencia la inmutabilidad de lo resuelto, por la no interposición en tiempo de los recursos autorizados por la ley en este caso en concreto, procede su ejecución, pues, “el derecho a la ejecución tiene como contenido primero y esencial el de asegurar que los pronunciamientos de condena sean ejecutados en sus propios términos, garantizando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, y que con el anteriormente citado derecho a la ejecución, conforman el más genérico derecho fundamental a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento jurídico les reconoce.”. Por lo anterior, esta Sala entiende que el argumento del pedidor en la presente garantía relativo a que se violentó el debido proceso y derecho de defensa, no son de recibo, pues teniendo conocimiento de la demanda, al ser emplazada para contestar la misma, dejo precluir los momentos procesales para interponer las cuestiones incidentales o los recursos correspondientes, adquiriendo la sentencia el carácter de firme y por ende de cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): El Código del Trabajo en el artículo 113 señala: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” Esta Sala de lo Constitucional entiende que el pago de lo que se conoce como salarios caídos, se conforma como un pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios no como una retribución de servicios, sino como una indemnización al trabajador que ha sido despedido injustamente por su patrono; el recurrente impugna sin sustento legal y por las mismas causas que solicita la nulidad de actuaciones, una tasación de salarios caídos, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar a la demandante, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria, tal y como lo establece el ya citado artículo 113. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso y derecho de defensa que arguye el impetrante vulnerado; ello porque en relación a la nulidad absoluta de actuaciones, en el proceso en el cual el impetrante solicita dicha nulidad, existe una sentencia firme que constituye cosa juzgada y que debe ser ejecutada, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo; asimismo en relación a la impugnación de salarios dejados de percibir, se ha declarado sin lugar la misma en armonía con lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo ya citado. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso y derecho de defensa, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113, 669, 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, a favor de la Sociedad Mercantil PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL S. A.), contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto MAGISTRADO PADILLA.- NOTIFÍQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro.VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, en su condición de Representante legal de la Empresa SERVICIO DE RECOLECCION PROTECCION DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA (PROVAL); contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta (30) de enero del dos mil veinticuatro (2024), y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor de la Empresa SERVICIO DE RECOLECCION PROTECCION DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA (PROVAL); contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiuno (21) de enero del dos mil veintidós (2022).CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintidós (2022), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinticuatro (2024).CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia una transcripción literal en todas y cada una de sus partes del Recurso de Amparo presentado en fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós, de lo cual se puede apreciar que el recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta, por ello las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha treinta (30) de enero del dos mil veinticuatro (2024) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus CONSIDERANDOS OCHO (8), NUEVE (9) Y DIEZ (10), las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, por considerar que la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso que arguye el impetrante vulnerados, por ello no existen razones para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que, al argumento planteado por el recurrente en el recurso de reposición, referido a que “la sede de la Corte Suprema de Justicia es la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. y en la sentencia de denegatoria del amparo aparece una ciudad diferente al asiento de este máximo Tribunal de Justicia”. En relación a este argumento, la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 7 dispone: “Las funciones que la presente Ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por ésta a través de la Sala Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional…”; en relación con el artículo 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que reza: “La Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la capital, y su jurisdicción comprenderá toda la República.”. En ese orden de ideas el artículo 9 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dispone: “La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional en materia de Justicia Constitucional; tendrá su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente cuando así lo determine, a cualquier otra parte del territorio nacional….”. En ese sentido, con fundamento en la normativa señalada, es que la resolución de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro, y que ahora se recurre mediante recurso de reposición, fue dictada en pleno de la Sala Constitucional celebrado en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 74, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 9 del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. . SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, y resolución de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0350-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL