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Sentencia AL-281-17 — Registro 9532

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio que declaró sin lugar Declinatoria de incompetencia de Tribunal en razón de la materia; en Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe causa de despido verbal promovida por Demandante contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que se acreditó la relación laboral entre patrono y trabajador iniciado mediante contratos de servicios profesionales en el puesto de Nivelador y de las características de sus actividades se resalta la existencia de un contrato de trabajo regido al Código del Trabajo por lo que compete conocer del juicio el Juzgado de Letras del Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"los Contratos de Trabajo suscritos por el trabajador con el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) dependiente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), sin importar la modalidad bajo la que se hayan suscrito, llámense estos de servicios profesionales o técnicos, evidencia como se observa de los mismos, que aunque existan clausulas compromisorias para acudir a la instancia de lo Contencioso Administrativo a dirimir cualquier tipo de conflicto que se suscite de los instrumentos suscritos, no menos cierto es que la labor para la cual se contrató al trabajador es permanente, de manera subordinada a un jefe jerárquico, con una jornada de trabajo, y un salario mensual a manera de retribución por el servicio brindado y que el trabajador prestaba personalmente, de lo que resulta incuestionable en la práctica que el instrumento suscrito se traduce en un Contrato de Trabajo, independientemente del nombre que se le haya dado, concluyendo que el llamado “contrato de servicios profesionales” suscrito con el trabajador lleva implícitos los elementos esenciales del Contrato de Trabajo, en consecuencia el ámbito de competencia jurisdiccional por razón de la materia pertenece al campo laboral..."..."los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del Contrato de Trabajo será decidida por la Jurisdicción del Trabajo de conformidad a lo dispuesto en el 665 del Código del Trabajo; que si bien es cierto las partes les une un contrato de servicios profesionales, observa la sala que se despeja de las piezas examinadas del proceso, que no concurre la vulneración a los preceptos constitucionales referidos por la impetrante, por cuanto la parte suplicante ha hecho uso de todas armas procesales que le asistieron durante la tramitación del proceso obteniendo de los órganos jurisdiccionales respuesta a las pretensiones instadas a través de los mecanismos legales pertinentes, actuaciones que por sí solas confirman el respeto al derecho de defensa y al debido proceso que tienen las partes procesales. Estimando que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en primera y segunda instancia han actuado dentro del marco legal al debido proceso laboral, decisiones que están resueltas apegadas a derecho y especialmente en lo referente a dar respuesta al incidente denunciado por la parte demandada, por lo que esta Sala es del parecer que del examen de las actuaciones se concluye que no se han vulnerado los derechos y garantías invocadas por la suplicante, en ese sentido, es del parecer que se deniegue el recurso de amparo solicitado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."ue los Contratos de Trabajo suscritos por el trabajador con el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) dependiente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), sin importar la modalidad bajo la que se hayan suscrito, llámense estos de servicios profesionales o técnicos, evidencia como se observa de los mismos, que aunque existan clausulas compromisorias para acudir a la instancia de lo Contencioso Administrativo a dirimir cualquier tipo de conflicto que se suscite de los instrumentos suscritos, no menos cierto es que la labor para la cual se contrató al trabajador es permanente, de manera subordinada a un jefe jerárquico, con una jornada de trabajo, y un salario mensual a manera de retribución por el servicio brindado y que el trabajador prestaba personalmente, de lo que resulta incuestionable en la práctica que el instrumento suscrito se traduce en un Contrato de Trabajo, independientemente del nombre que se le haya dado, concluyendo que el llamado “contrato de servicios profesionales” suscrito con el trabajador lleva implícitos los elementos esenciales del Contrato de Trabajo.."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción en razón de la materia, interpuesto en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ESTEBAN ORELLANA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1)Que en fecha diez (10) de abril del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ESTEBAN ORELLANA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido verbal, caso contrario que sea condenado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, pago de décimo tercer mes proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional y como daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha que le notificaron el despido verbal, siendo que su último día de trabajo fue el 28 de febrero del año 2015, hasta que conforme a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- Habilitación de días y horas inhábiles para efectos de citación y emplazamiento, especial condena en costas.- (Folio 01 al 07 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Primera de Trámite en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), en la cual resolvió Declarar SIN LUGAR EL INCIDENTE POR DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL opuesto por el representante procesal de la parte demandada, en la referida audiencia. - (Folio 38 al 41 de la pieza del Juzgado). -3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, actuando en su condición ante indicada, dictó sentencia en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) en la cual FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DINA CARLOTA MOLINA UYOA, actuando en su condición de apoderada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciséis, que corre a folio 24 al 27 frente y vuelto de la pieza en compulsa.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.-(Folio 39 al 41 de la pieza de antecedentes).-4) La recurrente abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018).-5) Que con fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la presente acción de amparo instada por la abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA en su condición de Procuradora Judicial a favor del ESTADO DE HONDURAS como se desprende de los antecedentes, frente a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de marzo del dos mil diecisiete, fallo que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la misma representación y confirmó el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien estableció en su resolución declarar SIN LUGAR el incidente de declinatoria por incompetencia de Tribunal opuesto por la parte procesal demandada (El Estado)en la demanda ordinaria laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido verbal caso contrario que sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por el señor ESTEBAN ORELLANA contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) dependiente del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS). CONSIDERANDO(3): Que los antecedentes revelan que efectivamente en fecha 10 de abril del 2015 el señor ESTEBAN ORELLANA, interpuso demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido verbal caso contrario que sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido verbal en fecha 28 de febrero del 2015, quien había sido contratado desde el 3 de abril del año 2000 hasta la fecha del despido verbal, comunicándole que ya no le renovarían el contrato y que quedaba fuera del sistema, relación laboral que se mantuvo mediante contratos ininterrumpidos por espacio de más de 14 años, acción que emprendió contra el Estado de Honduras a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) que a su vez depende del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDEOAS). Muestran las piezas en estudio, que una vez señalada la audiencia de conciliación en fecha 9 de noviembre del 2016, las partes no lograron conciliar y se procedió abrir la primera de trámite, donde la parte demandada (El Estado) a través de su representante denunció incidente y opuso Declinatoria Por Falta de Jurisdicción del Tribunal, resolviendo el Juzgador en la misma audiencia SIN LUGAR EL INCIDENTE POR DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL, resulta que produce inconformidad a la parte procesal demandada (El Estado) e interponer el recurso de Reposición, mismo que le fue denegado y le conceden apelación en efecto devolutivo. Posteriormente en fecha catorce (14) de marzo del dos mil diecisiete (2017) el Tribunal de Alzada resuelve la apelación y declara SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sentencia que fue recurrida en Amparo y que esta sala conoce.-CONSIDERANDO (4): Que la parte demandada (El Estado) que recurre en amparo, sustenta sus argumentos cuestionando la Resolución proferida por el Tribunal de Alzada aduciendo que al desestimarse el incidente por declinatoria denunciado por falta de jurisdicción del Tribunal, en razón de la materia y que fue interpuesto en el momento procesal oportuno el que debió ser declarado con lugar, porque el Juzgado del Trabajo no es competente para conocer de la demanda, sino que la misma debió promoverse ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que el Juzgador de Primera Instancia aun y cuando se le suministraron los medios de prueba y elementos legales, dignos de tutela jurídica que conforman el debido proceso ahora violentado no fueron considerados, lo que evidencia que la acción de mérito fue mal dirigida por la parte actora. Argumenta además, que en el Contrato de servicios profesionales con el demandante (trabajador) estaba claramente establecido en la cláusula novena la Solución de Controversias y que literalmente dice “cualquier controversia que surgiere de este contrato, será sometida en todo al derecho Administrativo interno de la Institución y en última instancia ante la normativa establecida por la Ley de lo Contencioso Administrativo”, es decir, que los contratos administrativos están sujetos al Derecho Administrativo, según articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Expresando además, la suplicante, que el artículo 18 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social y el artículo 6 de su Reglamento establecen que “la relación de servicios del personal se regulará por lo estipulado en los contratos de servicios profesionales o técnicos que se celebren los cuales estarán sometidos en todo al Derecho Administrativo y a la jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de los mismos se deriven, será la de lo Contencioso Administrativo”, de lo que se deduce según la impetrante, que el competente para conocer es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, invocando como vulnerados con la resolución recurrida las garantías y derechos contenidas en los artículos constitucionales 82, que literalmente señala, que “el derecho a la defensa es inviolable” y el 90 “que nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. -CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada en la motivación fáctica de la resolución recurrida considera: 1) “que está probado con el medio de prueba documental que comprende los contratos, la relación laboral entre empleador y trabajador, se inició mediante contratos de servicios profesionales; en el puesto como Nivelador, siendo las actividades de naturaleza permanente por sus características, con una jornada diurna y con un horario de lunes a viernes con un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. sometido a la autoridad de un superior jerárquico, con un sueldo mensual, lo que hace resaltar la existencia de un contrato de trabajo, como lo establece el artículo 20 del Código de Trabajo”; 2) Que conforme a este análisis, estamos ante un contrato de trabajo, regido por las normas del Código de Trabajo, por lo tanto la instancia competente para conocer del presente juico es el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, en consecuencia el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial está conforme a Ley” y solicita a este Alto Tribunal se otorgue el amparo en el sentido de restituirle a su representado en el goce de los derechos y garantías que le fueron vulneradas.-CONSIDERANDO (6): Que indudablemente el caso sub judice involucra cuestiones de competencia entre lo que es la Jurisdicción del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo, originada en la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales entre las partes en conflicto; y que para precisar el ámbito jurisdiccional es necesario determinar la existencia de una relación de trabajo, cuya naturaleza depende no de lo que hayan pactado las partes sino más bien de la situación real en la que el trabajador se encuentre colocado, entendiéndose que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva sino más bien objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento y que en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, como principio fundamental del Derecho del Trabajo, el juez en el fallo que emita hará uso de mayor acopio a la equidad y la justicia, tomando en cuenta de manera prioritaria las circunstancias probadas en autos y comprobadas por el juzgador vivencialmente, de domino público, cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral, prevaleciendo los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídico formales, de lo que resulta que el Juez deviene obligado a realizar un análisis exhaustivo del contenido del documento sometido a su conocimiento (El Contrato), distinguiendo entre lo que ocurre en lo práctico y lo que surge de los documentos o acuerdos, dando preferencia a lo que sucede propiamente en el campo de los hechos.-CONSIDERANDO (7): Que según lo estipula el Código del Trabajo en el artículo 20: para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por otro lado, la normativa laboral vigente define el Contrato Individual de trabajo, es aquel por el cual una persona natural, se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Se entiende por dependencia continua la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo. -CONSIDERANDO (8): Que los Contratos de Trabajo suscritos por el trabajador con el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) dependiente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), sin importar la modalidad bajo la que se hayan suscrito, llámense estos de servicios profesionales o técnicos, evidencia como se observa de los mismos, que aunque existan clausulas compromisorias para acudir a la instancia de lo Contencioso Administrativo a dirimir cualquier tipo de conflicto que se suscite de los instrumentos suscritos, no menos cierto es que la labor para la cual se contrató al trabajador es permanente, de manera subordinada a un jefe jerárquico, con una jornada de trabajo, y un salario mensual a manera de retribución por el servicio brindado y que el trabajador prestaba personalmente, de lo que resulta incuestionable en la práctica que el instrumento suscrito se traduce en un Contrato de Trabajo, independientemente del nombre que se le haya dado, concluyendo que el llamado “contrato de servicios profesionales” suscrito con el trabajador lleva implícitos los elementos esenciales del Contrato de Trabajo, en consecuencia el ámbito de competencia jurisdiccional por razón de la materia pertenece al campo laboral.-CONSIDERANDO (9): Que los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del Contrato de Trabajo será decidida por la Jurisdicción del Trabajo de conformidad a lo dispuesto en el 665 del Código del Trabajo; que si bien es cierto las partes les une un contrato de servicios profesionales, observa la sala que se despeja de las piezas examinadas del proceso, que no concurre la vulneración a los preceptos constitucionales referidos por la impetrante, por cuanto la parte suplicante ha hecho uso de todas armas procesales que le asistieron durante la tramitación del proceso obteniendo de los órganos jurisdiccionales respuesta a las pretensiones instadas a través de los mecanismos legales pertinentes, actuaciones que por sí solas confirman el respeto al derecho de defensa y al debido proceso que tienen las partes procesales. Estimando que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en primera y segunda instancia han actuado dentro del marco legal al debido proceso laboral, decisiones que están resueltas apegadas a derecho y especialmente en lo referente a dar respuesta al incidente denunciado por la parte demandada, por lo que esta Sala es del parecer que del examen de las actuaciones se concluye que no se han vulnerado los derechos y garantías invocadas por la suplicante, en ese sentido, es del parecer que se deniegue el recurso de amparo solicitado.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 19, 20, 665 del Código de Trabajo; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la abogada DINIA CARLOTA MOLINA UYOA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0281-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL