Sentencia AL-228-23 — Registro 18043
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra Auto dictado por Juzgado de Instancia que realizó la liquidación de salarios caídos a favor de recurrente en Demanda Laboral de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa de despido, promovida por Demandante contra Instituto Nacional de Migración; La Autoridad recurrida consideró que no es dable en ese momento, hacer revisión de la liquidación realizada por el A-Quo por no haberse agotado el trámite incidental y no procede analizar los argumentos del apelante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al examinar el fallo del Tribunal de Apelaciones, se aprecia que este actuó conforme a derecho respetando las garantías constitucionales que el accionante viene denunciando como infringidas, pues al examinar la corte de Apelaciones los agravios se da cuenta precisamente que lo que llega a cuestionar en esa instancia el recurrente es precisamente su inconformidad con la liquidación de salarios, para lo cual precisamente el Juzgado había señalado un término de cinco días para que las partes aprobaran o impugnaran la liquidación, razón por la cual acertadamente consideró que no es dable para el tribunal de apelaciones hacer revisión de la liquidación por no haberse agotado el trámite incidental, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante por no haber sido sometidos a conocimiento del juez de primera instancia, por lo tanto, al estar pendiente de resolver la cuestión incidental en primera instancia, no se aprecia en manera alguna que se haya producido el quebranto de los derechos constitucionales señalados por el accionante, todo sin perjuicio de que una vez resuelto el incidente, si este no fuere de satisfacción del incidentado, este pueda recurrir de dicha resolución si considerare la concurrencia de alguna infracción legal..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"al examinar el fallo del Tribunal de Apelaciones, se aprecia que este actuó conforme a derecho respetando las garantías constitucionales que el accionante viene denunciando como infringidas, pues al examinar la corte de Apelaciones los agravios se da cuenta precisamente que lo que llega a cuestionar en esa instancia el recurrente es precisamente su inconformidad con la liquidación de salarios, para lo cual precisamente el Juzgado había señalado un término de cinco días para que las partes aprobaran o impugnaran la liquidación, razón por la cual acertadamente consideró que no es dable para el tribunal de apelaciones hacer revisión de la liquidación por no haberse agotado el trámite incidental, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante por no haber sido sometidos a conocimiento del juez de primera instancia, por lo tanto, al estar pendiente de resolver la cuestión incidental en primera instancia, no se aprecia en manera alguna que se haya producido el quebranto de los derechos constitucionales señalados por el accionante, todo sin perjuicio de que una vez resuelto el incidente, si este no fuere de satisfacción del incidentado, este pueda recurrir de dicha resolución si considerare la concurrencia de alguna infracción legal..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"al examinar el fallo del Tribunal de Apelaciones, se aprecia que este actuó conforme a derecho respetando las garantías constitucionales que el accionante viene denunciando como infringidas, pues al examinar la corte de Apelaciones los agravios se da cuenta precisamente que lo que llega a cuestionar en esa instancia el recurrente es precisamente su inconformidad con la liquidación de salarios, para lo cual precisamente el Juzgado había señalado un término de cinco días para que las partes aprobaran o impugnaran la liquidación, razón por la cual acertadamente consideró que no es dable para el tribunal de apelaciones hacer revisión de la liquidación por no haberse agotado el trámite incidental, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante por no haber sido sometidos a conocimiento del juez de primera instancia, por lo tanto, al estar pendiente de resolver la cuestión incidental en primera instancia, no se aprecia en manera alguna que se haya producido el quebranto de los derechos constitucionales señalados por el accionante, todo sin perjuicio de que una vez resuelto el incidente, si este no fuere de satisfacción del incidentado, este pueda recurrir de dicha resolución si considerare la concurrencia de alguna infracción legal..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"al examinar el fallo del Tribunal de Apelaciones, se aprecia que este actuó conforme a derecho respetando las garantías constitucionales que el accionante viene denunciando como infringidas, pues al examinar la corte de Apelaciones los agravios se da cuenta precisamente que lo que llega a cuestionar en esa instancia el recurrente es precisamente su inconformidad con la liquidación de salarios, para lo cual precisamente el Juzgado había señalado un término de cinco días para que las partes aprobaran o impugnaran la liquidación, razón por la cual acertadamente consideró que no es dable para el tribunal de apelaciones hacer revisión de la liquidación por no haberse agotado el trámite incidental, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante por no haber sido sometidos a conocimiento del juez de primera instancia, por lo tanto, al estar pendiente de resolver la cuestión incidental en primera instancia, no se aprecia en manera alguna que se haya producido el quebranto de los derechos constitucionales señalados por el accionante, todo sin perjuicio de que una vez resuelto el incidente, si este no fuere de satisfacción del incidentado, este pueda recurrir de dicha resolución si considerare la concurrencia de alguna infracción legal..."
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en la acción de Amparo interpuesta por el Abogado José Alejandro Castro, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Allan Rafael Gálvez Villalta, contra el Instituto Nacional de Migración. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Allan Rafael Gálvez Villalta, interponiendo “DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO CON EL OBJETO DE QUE UN PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO, MEDIANTE SENTENCIA SE DECLARE EL REINTEGRO AL TRABAJO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE SE ENCONTRABA…” en contra del Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración. (Folios 3-5 del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió el siguiente auto que literalmente dice: (Sic) “…1.- Téngase por recibida la comparecencia que antecede presentada en la Secretaria General de este Tribunal, Admítase la comparecencia que antecede junto con la respuesta del oficio número JLT-2211-2022el cual se tomara como base para realizar la liquidación de los salarios Caídos que le corresponden al trabajador demandante: I. señor ALLAN RAFAEL GALVEZ VILLALTA, se hace en base a los datos siguientes: INICIO A LABORAL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 FUE DESPEDIDO 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 FUE REINTEGRADO AL TRABAJO EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. AÑO 2016 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2016……….....................…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2016.............................................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2016…………………………………...……….....L.12,756.00 VACACIONES DE 12 DIAS………………………………………………....………L.5,102.40TOTAL……………………………………………………………….…….L. 183, 686.40 AÑO 2017 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2017………....................…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2017....................................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2017…………………………………………….....L.12,756.00 VACACIONES DE 15 DIAS……………………………………………..…………………………………………………..……...………L.6,378.00 TOTAL……………………………………………………….…….…….L. 184, 962.00 AÑO 2018 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018………………………………………………………………………………………………………………………….…...............…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2018..............................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2018…………………………..……………….....L.12,756.00 VACACIONES DE 20 DIAS……………………………………………………………………………………………………..……...………L.8,504.00 TOTAL……………………………………………………………….…….L. 187, 088.00 AÑO 2019 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019……….......................................…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2019...............................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2019…………………………………..….…….....L.12,756.00 VACACIONES DE 20 DIAS………………………………………….………………………………………………………………....………L.8,504.00 TOTAL…………………………………………………….………...…….L. 187, 088.00 AÑO 2020 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2020………......................................…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2020.............................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2020……………………………………….….....L.12,756.00 VACACIONES DE 20 DIAS………………………………………………………………………………………………………………...………L.8,504.00TOTAL………………………………….…………………………………..…….L. 187, 088.00 AÑO 2021 SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021………............................…….L. 153,072.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2021..............................................................L. 12, 756.00 DECIMO TERCER MES AÑO 2021…………………………………………….....L.12,756.00 VACACIONES DE 20 DIAS…………………………………………………………………………………………..……..…....………L.8,504.00 TOTAL………………………………….………………………..….…….L. 187, 088.00 AÑO 2022 SALARIOS DE ENERO A AGOSTO AÑO 2022…………….....................…….L. 102,048.00 DECIMO CUARTO MES AÑO 2022......................................................................L. 12, 756.00 TOTAL…………………………………….…………………………….…….L. 114, 804.00 GRAN TOTAL DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR…………………………………..….L.1, 231,804.40 TOTAL A PAGAR EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE ENERO 2016 A AGOSTO DEL AÑO 2022 LA CANTIDAD DE…….….L. 1,231, 804.40. III. En razón de lo anterior el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, a través de su representante legal CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ, pague al trabajador demandante ALLAN RAFAEL GALVEZ VILLALTA, un GRAN TOTAL EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÜN SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR ESTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 1, 231, 804, 40) IV.- En consecuencia, que la secretaria del Despacho ponga a disposición de las partes por el término de CINCO DIAS HABILES la presente liquidación para su aprobación o impugnación. -V.- Notifíquese la presente resolución por medio de la tabla de avisos que se fijará el día siguiente al de su pronunciamiento fijadas un día, vencido se surtirá sus efectos- VI- En caso de no estar de acuerdo con la presente resolución podrá interponerse el Recurso de Reposición y Apelación conforme lo establecen los artículos 741 y 743 del Código del Trabajo. -…” (Folios 332-333 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Alejandro Castro, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Estado de Honduras contra la resolución proferida el dos de diciembre del dos mil veintidós (02/12/2022) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia. SEGUNDO SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo y por ser la demandada una institución de derecho público. Y MANDA: De conformidad a los artículos 708 y 719.2 del Código del Trabajo, quedan notificados en estrados los apoderados de las partes en litigio y el Procurador Regional del Trabajo en representación del Ministerio Público; por la vía electrónica que la Secretaría del Despacho extienda copia de la presente acta a los representantes procesales y con la certificación de estilo, devuelva las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales correspondientes…” (Folios 10-13 del expediente del A-quem) 4) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, compareció el Abogado José Alejandro Castro, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de de la República. 5) Esta Sala, en fecha doce de junio de dos mil veintitrés, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado José Alejandro Castro, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 52 del recurso) 6) En fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Esta representación fiscal advierte que el Ad-quem al momento de emitir Resolución de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintitrés, determina lo siguiente: "...no es dable al Tribunal, por ahora, hacer revisión de la liquidación realizada por el A-quo, por no haberse agotado el trámite incidental que establece la normativa procesal del caso, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante". De la revisión de los antecedentes se observa, que consta en el expediente de mérito la constancia que obra a folio trescientos treinta y cuatro (334), realizada por la Secretaria General en fecha 12 de diciembre de 2022, en la que se le concede a las partes el término de cinco días hábiles a fin de que las partes se pronuncien sobre la aprobación o impugnación de la tasación hecha por el A-quo, sin embargo el Amparista procedió a interponer recurso de Reposición y subsidiaria Apelación, siendo lo pertinente que presentara impugnación a la Liquidación realizada por el A-quo, y pronunciar su inconformidad, acreditando los extremos de la misma. Razón por la cual se considera que lo peticionado por el recurrente no se encuentra conforme a derecho y que el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías Constitucionales señaladas, ya que la resolución emitida es razonable. congruente, y justo. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por la Lamparista.” (Folios 55-58 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, manifestó que, se consideran violentados los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, en el caso del artículo 64 que establece que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, en el caso del artículo 82 que en su parte introductoria dice, el derecho de defensa es inviolable y en el caso del artículo 90 que en su parte introductoria dice que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, dictó resolución mediante la cual tuvo por recibido el oficio JLT-2211-2022 el cual se tomara como base para realizar la liquidación de los salarios caídos que le corresponden al trabajador, realizando una liquidación y disponiendo ponerla a disposición de las partes por el término de cinco días hábiles para su aprobación o impugnación, consignando en dicha resolución que en caso de no estar de acuerdo con dicha resolución podrá interponerse el recurso de reposición y aplicación conforme los artículos 741 y 743 del Código de Trabajo. CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional, al examinar el auto referido en el numeral anterior, considera oportuno distinguir entre lo mandado por el Juzgado al poner a disposición la liquidación por el términos de cinco días hábiles y los recursos que anuncia cabe contra la resolución, en el primer caso, cuando el juzgado manifiesta que se pone a disposición la liquidación para su aprobación o impugnación, se refiere a que si las partes están de acuerdo con dicha liquidación, lo manifiesten expresamente y si no están de acuerdo presenten una impugnación, entendiéndose en este segundo supuesto que se trata de una oposición a la liquidación no de la acepción de impugnación como recurso ordinario ya sea de reposición o apelación, es por ello que el juzgador se ocupa de esclarecer al final de dicho auto que en caso de no estar de acuerdo con la resolución (no con la liquidación), podrá interponerse el recurso de reposición y apelación; en ese sentido, al examinar el fallo del Tribunal de Apelaciones, se aprecia que este actuó conforme a derecho respetando las garantías constitucionales que el accionante viene denunciando como infringidas, pues al examinar la corte de Apelaciones los agravios se da cuenta precisamente que lo que llega a cuestionar en esa instancia el recurrente es precisamente su inconformidad con la liquidación de salarios, para lo cual precisamente el Juzgado había señalado un término de cinco días para que las partes aprobaran o impugnaran la liquidación, razón por la cual acertadamente consideró que no es dable para el tribunal de apelaciones hacer revisión de la liquidación por no haberse agotado el trámite incidental, de ahí que es improcedente analizar los argumentos del apelante por no haber sido sometidos a conocimiento del juez de primera instancia, por lo tanto, al estar pendiente de resolver la cuestión incidental en primera instancia, no se aprecia en manera alguna que se haya producido el quebranto de los derechos constitucionales señalados por el accionante, todo sin perjuicio de que una vez resuelto el incidente, si este no fuere de satisfacción del incidentado, este pueda recurrir de dicha resolución si considerare la concurrencia de alguna infracción legal. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado José Alejandro Castro, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Allan Rafael Gálvez Villalta, contra el Instituto Nacional de Migración. Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-228-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL