Sentencia AL-203-15 — Registro 9823
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria laboral. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado garantías constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación.-"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ, a favor del señor JOSE REMIGIO LAMAS BEZOS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores BRUNO ARMANDO ALVARENGA GARCIA, LUCIO NEPTALI CENTENO CENTENO y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada “JOSE LAMAS” S. DE R.L.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los Artículos 1, 64, 82, y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado MODESTO VARELA ROCHA, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en su condición de apoderado legal de los señores BRUNO ARMANDO ALVARENGA GARCIA, LUCIO NEPTALI CENTENO CENTENO, JOSE ANTONIO ORTIZ, ELMER DONALDO COREA VASQUEZ, HECTOR EMILIO RODRIGUEZ OSORIO, ARTURO PAZ PAVON, DIONICIO SILVA, ALFREDO PALACIOS MARCIA, DANIEL OSORTO ORTIZ, ALEJANDRO ROMERO CARCAMO, SILVERIO MORENO, JOSE ANGEL MARADIAGA CHAPAS, DIONICIO SANCHEZ BERRIO, INDALECIO RIVAS, LUIS ALBERTO ORDOÑEZ RODRIGUEZ, contra la sociedad mercantil denominada “JOSE LAMAS” S. DE R.L., a través de su Gerente General el señor JOSE LAMAS. (Folio 01 al 09 de la primera pieza).- 2) Que en fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce, el Juzgado de Letras citado, FALLÓ: “… PRIMERO: Declarar SIN LUGAR los defectos procesales de Falta de Capacidad del Demandado y los Demandantes; Falta de Representación y Postulación, Oscuridad o Ambigüedad en el modo de proponer la demanda, la Abogada TULA HERNADEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada.- SEGUNDO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. (Folio 226 al 228 de la primera pieza).- 3) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, FALLÓ:…”1° CONFIRMANDO en todas sus partes el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil catorce; 2ª SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios 54 al 56 de la segunda pieza).- 4) La recurrente Abogada TULA HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor JOSE REMIGIO LAMAS BEZOS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1, 64, 82, 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional el día ocho de junio de dos mil quince.-5) Que en fecha dos de julio del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, fue de la opinión de que NO SE OTORGUE el amparo solicitado.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores BRUNO ARMANDO ALVARENGA GARCIA, LUCIO NEPTALI CENTENO CENTENO y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada “JOSE LAMAS” S. DE R.L.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente, Abogada TULA HERNANDEZ, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de su representada los Artículos 1, 64, 82, y 90 de la Constitución de la República, puesto que las cuestiones de defectos planteados oportunamente por varias razones no han sido tramitadas con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, pues la institución demandada no es la que reclamaron en la vía administrativa los demandantes; por eso no pueden demandar a quien no han reclamado legalmente, tampoco los demandantes están legalmente amparados mediante el poder otorgado a profesional del derecho para demandar, por consiguiente carece de la categoría que se le atribuye como patrono de los demandantes.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, pronunciándose en el sentido que en cuanto al primer defecto de falta de capacidad del demandante y demandado, la resolución es apegada a derecho pues como bien lo señala el juzgador, la propia Abogada de la parte demandada, solicitó que se emplazara en legal y debida forma a su poderdante, con lo cual convalida cualquier error en el nombre del Gerente General de la demandada, asimismo al momento de contestar la demanda aceptó la relación laboral con algunos de los demandantes de su cliente, en consecuencia es correcta la valoración del Ad-Quem al declarar sin lugar dicho defecto procesal, en cuanto a la falta de postulación procesal, señala la amparista que no existe poder general para pleitos de alguno de los demandantes a favor del Abogado Modesto Rodas Varela Rocha, siendo improcedente el mismo en virtud de que corre agregado a la causa venida en estudio copia del poder a el otorgado. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque no se otorgue el presente recurso de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos denunciados por el amparista.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo del Departamento Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que es de la firme opinión que el auto interlocutorio que se revisa en apelación se encuentra dictado conforme a derecho, por lo que procede su confirmatoria. Siendo que aparece el poder general para pleitos a favor de Abogado Modesto Varela Rocha, no encontrando oscuridad en la demanda, promovida por los titulares del derecho.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la obligación fundamental y básica del trabajador, es la de trabajar, que es una prestación de hacer, como una obligación principal, del empresario o patrono; es la de remunerar el trabajo que exige es una prestación de dar. Pero, junto a estas prestaciones básicas del contrato, expresión del deber genérico de trabajar y abonar el salario, la ejecución del contrato de trabajo conlleva muchas otras obligaciones, que podemos considerar accesorias de las principales e inseparables de estas, y que son especificaciones de los deberes genéricos señalados “modalizaciones” de la prestación del trabajo, las llama el profesor Alonso Olea; modos o formas que rodean las prestaciones básicas de trabajar o retribuir.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso. Los principios del derecho laboral tienen una triple función: una función política, una función normativa y una función interpretativa. La función política, legislativa o informadora, consiste en que se contemplen en las leyes laborales todas las virtualidades propias en cada principio, otorgándole una eficacia operativa en la materia y con los alcances regulados por aquella. La función normativa, sirve como supletoria en caso de ausencia de la ley y que se orienta, cuando así lo prevé expresamente el ordenamiento jurídico nacional, sin que la ausencia de una remisión tal, impida al intérprete aplicarlos para integrar el Derecho.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el número 0203-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL