Sentencia AL-1766-22 — Registro 18024
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y Confirmó Auto Interlocutorio que desestimó Incidente de Nulidad por supuesta falta de claridad en la fecha en que el fallo quedó firme para efectos de ejecutar sentencia condenatoria laboral; en relación a Demanda Ejecutiva Laboral promovida por Demandantes contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que la sentencia de la cual se solicita ejecución adquirió firmeza por inacción del recurrente al dejar transcurrir veinte días para formular demanda de casación; concluye que las nulidades invocadas son inexistentes en base al artículo 786 del Código del Trabajo, por lo que debe continuarse con el procedimiento hasta su total ejecución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el tema a dirimir por esta Sala es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha 29 de julio del 2022 que desestima la nulidad presentada por el abogado José Luis Arévalo Sandoval relativa a un incidente de nulidad por falta de claridad en la fecha en que una sentencia quedó firme para efectos de ejecutar un fallo condenatorio laboral y el procedimiento empleado -según la parte ejecutada- no es el que la ley dispone, porque al ser citada y emplazada su representada (La Municipalidad) no se le permitió que aceptara o se opusiera a la liquidación según ley procesal civil..."..."la Alzada en su fallo de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós(2022), hoy objeto de amparo, es que, del examen de los antecedentes, observa que el recurrente demandado cuestiona nuevamente la cautelar o embargo contra su representada y ejecutada la Municipalidad de La Villa de San Antonio. Que el Ad-Quem no desconoce el Decreto 85-2016 de la Ley de Descentralización del Estado de Honduras, en Gaceta No.35,750 del 19 de octubre del 2021,sobre prohibición de embargar fondos de transferencia municipales, sin embargo, enfatiza la Alzada que los derechos laborales o cantidades que por tales conceptos reclaman los trabajadores ejecutantes, son de orden público y derechos privilegiados con rango constitucional, basta pues apreciar y valorar la determinación del soberano constitucional, al recepcionar todos los derechos labores en el artículo 128 de la Carta Fundamental, cuyo preámbulo prescribe "..."..El Censor no ha interpretado el andamiaje constitucional concerniente a que ninguna ley o decreto correlativo con los preceptos sindicados puede privar a los trabajadores quienes con título judicial a su favor derivados de una condena de reclamo laboral pueden privarles de las cautelares de rigor, razón por el cual el juez de primer grado debe continuar ejecutando lo juzgado, letra espíritu y garantía del artículo 304 constitucional..."..."esta sala estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en los considerandos anteriores, se observa que tanto la decisión del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem se enmarcaron dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedando clara y plenamente establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observa que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98)..."..."Se colige de lo anterior, que el procedimiento seguido por los órganos jurisdiccionales recurridos se ha desarrollado con todas las solemnidades y garantías del proceso laboral, regulado en los artículos 779 y subsiguientes del Código de Trabajo vigente y que tratándose de una sentencia laboral firme procede su ejecución a través del procedimiento especial ejecutivo, por tanto su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo como bien lo aprecia de autos este Alto Tribunal en las piezas estudiadas..."..."por lo anteriormente expresado, resulta procedente acompañar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es notorio que durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias sin limitación, lo que garantiza una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte ejecutante como ejecutada, en el entendido, que el debido proceso constitucional es un derecho fundamental que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, su objetivo es proteger los derechos de los individuos y la correcta aplicación de justicia, basado en el respeto a la leyes, que exige la existencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más transcendental manifestación al derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es parte..."..."esta Sala es del parecer que la Corte de Apelaciones recurrida al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso; en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue la presente Acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 884 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"el tema a dirimir por esta Sala es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha 29 de julio del 2022 que desestima la nulidad presentada por el abogado José Luis Arévalo Sandoval relativa a un incidente de nulidad por falta de claridad en la fecha en que una sentencia quedó firme para efectos de ejecutar un fallo condenatorio laboral y el procedimiento empleado -según la parte ejecutada- no es el que la ley dispone, porque al ser citada y emplazada su representada (La Municipalidad) no se le permitió que aceptara o se opusiera a la liquidación según ley procesal civil..."..."la Alzada en su fallo de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós(2022), hoy objeto de amparo, es que, del examen de los antecedentes, observa que el recurrente demandado cuestiona nuevamente la cautelar o embargo contra su representada y ejecutada la Municipalidad de La Villa de San Antonio. Que el Ad-Quem no desconoce el Decreto 85-2016 de la Ley de Descentralización del Estado de Honduras, en Gaceta No.35,750 del 19 de octubre del 2021,sobre prohibición de embargar fondos de transferencia municipales, sin embargo, enfatiza la Alzada que los derechos laborales o cantidades que por tales conceptos reclaman los trabajadores ejecutantes, son de orden público y derechos privilegiados con rango constitucional, basta pues apreciar y valorar la determinación del soberano constitucional, al recepcionar todos los derechos labores en el artículo 128 de la Carta Fundamental, cuyo preámbulo prescribe "..."..El Censor no ha interpretado el andamiaje constitucional concerniente a que ninguna ley o decreto correlativo con los preceptos sindicados puede privar a los trabajadores quienes con título judicial a su favor derivados de una condena de reclamo laboral pueden privarles de las cautelares de rigor, razón por el cual el juez de primer grado debe continuar ejecutando lo juzgado, letra espíritu y garantía del artículo 304 constitucional..."..."esta sala estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en los considerandos anteriores, se observa que tanto la decisión del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem se enmarcaron dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedando clara y plenamente establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observa que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98)..."..."Se colige de lo anterior, que el procedimiento seguido por los órganos jurisdiccionales recurridos se ha desarrollado con todas las solemnidades y garantías del proceso laboral, regulado en los artículos 779 y subsiguientes del Código de Trabajo vigente y que tratándose de una sentencia laboral firme procede su ejecución a través del procedimiento especial ejecutivo, por tanto su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo como bien lo aprecia de autos este Alto Tribunal en las piezas estudiadas..."..."por lo anteriormente expresado, resulta procedente acompañar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es notorio que durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias sin limitación, lo que garantiza una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte ejecutante como ejecutada, en el entendido, que el debido proceso constitucional es un derecho fundamental que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, su objetivo es proteger los derechos de los individuos y la correcta aplicación de justicia, basado en el respeto a la leyes, que exige la existencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más transcendental manifestación al derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es parte..."..."esta Sala es del parecer que la Corte de Apelaciones recurrida al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso; en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue la presente Acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 884 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"el tema a dirimir por esta Sala es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha 29 de julio del 2022 que desestima la nulidad presentada por el abogado José Luis Arévalo Sandoval relativa a un incidente de nulidad por falta de claridad en la fecha en que una sentencia quedó firme para efectos de ejecutar un fallo condenatorio laboral y el procedimiento empleado -según la parte ejecutada- no es el que la ley dispone, porque al ser citada y emplazada su representada (La Municipalidad) no se le permitió que aceptara o se opusiera a la liquidación según ley procesal civil..."..."la Alzada en su fallo de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós(2022), hoy objeto de amparo, es que, del examen de los antecedentes, observa que el recurrente demandado cuestiona nuevamente la cautelar o embargo contra su representada y ejecutada la Municipalidad de La Villa de San Antonio. Que el Ad-Quem no desconoce el Decreto 85-2016 de la Ley de Descentralización del Estado de Honduras, en Gaceta No.35,750 del 19 de octubre del 2021,sobre prohibición de embargar fondos de transferencia municipales, sin embargo, enfatiza la Alzada que los derechos laborales o cantidades que por tales conceptos reclaman los trabajadores ejecutantes, son de orden público y derechos privilegiados con rango constitucional, basta pues apreciar y valorar la determinación del soberano constitucional, al recepcionar todos los derechos labores en el artículo 128 de la Carta Fundamental, cuyo preámbulo prescribe "..."..El Censor no ha interpretado el andamiaje constitucional concerniente a que ninguna ley o decreto correlativo con los preceptos sindicados puede privar a los trabajadores quienes con título judicial a su favor derivados de una condena de reclamo laboral pueden privarles de las cautelares de rigor, razón por el cual el juez de primer grado debe continuar ejecutando lo juzgado, letra espíritu y garantía del artículo 304 constitucional..."..."esta sala estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en los considerandos anteriores, se observa que tanto la decisión del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem se enmarcaron dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedando clara y plenamente establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observa que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98)..."..."Se colige de lo anterior, que el procedimiento seguido por los órganos jurisdiccionales recurridos se ha desarrollado con todas las solemnidades y garantías del proceso laboral, regulado en los artículos 779 y subsiguientes del Código de Trabajo vigente y que tratándose de una sentencia laboral firme procede su ejecución a través del procedimiento especial ejecutivo, por tanto su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo como bien lo aprecia de autos este Alto Tribunal en las piezas estudiadas..."..."por lo anteriormente expresado, resulta procedente acompañar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es notorio que durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias sin limitación, lo que garantiza una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte ejecutante como ejecutada, en el entendido, que el debido proceso constitucional es un derecho fundamental que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, su objetivo es proteger los derechos de los individuos y la correcta aplicación de justicia, basado en el respeto a la leyes, que exige la existencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más transcendental manifestación al derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es parte..."..."esta Sala es del parecer que la Corte de Apelaciones recurrida al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso; en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue la presente Acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 884 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"el tema a dirimir por esta Sala es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha 29 de julio del 2022 que desestima la nulidad presentada por el abogado José Luis Arévalo Sandoval relativa a un incidente de nulidad por falta de claridad en la fecha en que una sentencia quedó firme para efectos de ejecutar un fallo condenatorio laboral y el procedimiento empleado -según la parte ejecutada- no es el que la ley dispone, porque al ser citada y emplazada su representada (La Municipalidad) no se le permitió que aceptara o se opusiera a la liquidación según ley procesal civil..."..."la Alzada en su fallo de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós(2022), hoy objeto de amparo, es que, del examen de los antecedentes, observa que el recurrente demandado cuestiona nuevamente la cautelar o embargo contra su representada y ejecutada la Municipalidad de La Villa de San Antonio. Que el Ad-Quem no desconoce el Decreto 85-2016 de la Ley de Descentralización del Estado de Honduras, en Gaceta No.35,750 del 19 de octubre del 2021,sobre prohibición de embargar fondos de transferencia municipales, sin embargo, enfatiza la Alzada que los derechos laborales o cantidades que por tales conceptos reclaman los trabajadores ejecutantes, son de orden público y derechos privilegiados con rango constitucional, basta pues apreciar y valorar la determinación del soberano constitucional, al recepcionar todos los derechos labores en el artículo 128 de la Carta Fundamental, cuyo preámbulo prescribe "..."..El Censor no ha interpretado el andamiaje constitucional concerniente a que ninguna ley o decreto correlativo con los preceptos sindicados puede privar a los trabajadores quienes con título judicial a su favor derivados de una condena de reclamo laboral pueden privarles de las cautelares de rigor, razón por el cual el juez de primer grado debe continuar ejecutando lo juzgado, letra espíritu y garantía del artículo 304 constitucional..."..."esta sala estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en los considerandos anteriores, se observa que tanto la decisión del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem se enmarcaron dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedando clara y plenamente establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observa que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98)..."..."Se colige de lo anterior, que el procedimiento seguido por los órganos jurisdiccionales recurridos se ha desarrollado con todas las solemnidades y garantías del proceso laboral, regulado en los artículos 779 y subsiguientes del Código de Trabajo vigente y que tratándose de una sentencia laboral firme procede su ejecución a través del procedimiento especial ejecutivo, por tanto su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo como bien lo aprecia de autos este Alto Tribunal en las piezas estudiadas..."..."por lo anteriormente expresado, resulta procedente acompañar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es notorio que durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias sin limitación, lo que garantiza una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte ejecutante como ejecutada, en el entendido, que el debido proceso constitucional es un derecho fundamental que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, su objetivo es proteger los derechos de los individuos y la correcta aplicación de justicia, basado en el respeto a la leyes, que exige la existencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más transcendental manifestación al derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es parte..."..."esta Sala es del parecer que la Corte de Apelaciones recurrida al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso; en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue la presente Acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 884 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL, a favor del señor NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA, en su condición de alcalde del Municipio de la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAUAGUA, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO COMAYAGUA; con relación a la demanda ejecutiva laboral promovida por los señores DENYS ALEXANDER ORELLANA TEJESA, CARLOS LUIS VELASQUEZ SALGADO, SINIA MILEYDA RODRIGUEZ ORELLANA Y OTROS, contra la MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua el Abogado EDWARD FRANCISCO ROMERO OSEGUERA en representación de los señores DENYS ALEXANDER ORELLANA TEJESA, CARLOS LUIS VELASQUEZ SALGADO, SINIA MILEYDA RODRIGUEZ ORELLANA Y OTROS,, interponiendo demanda laboral contra MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, a efecto de que patrono pague las prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal, e injusto, inclusive preaviso auxilio de cesantía, vacaciones auxilio por cesantía proporcional, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, salarios pendientes de pago, reajuste de salario mínimo, salarios caídos, indemnización por no pago de salario mínimo. (Folios 01 al 09 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que mediante Auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Comayagua: “…señálese audiencia de revisión de medidas para el día LUNES VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOS DE LA TARDE” (Folio 175 de la pieza) 3) Que en fecha de veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, se celebró audiencia de revisión de medida en la cual la su parte dispositiva el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua resolvió: “…Desestimar el cese de la medida cautelar de embargo decretadas en las cuentas de la Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, Departamento Comayagua. (Folios 180 y 181 de la pieza principal) 4) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, emitió sentencia interlocutoria en la cual dispuso: “…FALLA: 1) Declarando DESESTIMAR la nulidad presentada por el Abogado JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL en su condición de apoderado legal de la parte ejecutada LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO…” (Folio 842 Y 843 Primera pieza). 5) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación presentado contra el auto del que se hace relación en el numeral anterior, dictó sentencia en fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en la cual: “FALLA: 1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veintinueve de julio del año dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua.” (Folios 07 al 11 de la segunda pieza de antecedentes) 6) Que en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, el Abogado JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós emitida por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. (Folios 01 al 07 y 36 Art 41 del recurso de amparo) 7) Que en fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el presente Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.” (Folios 53 al 54 del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a pedirla: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución relacionado directamente con el artículo 183 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia recurrida en Amparo es la fallada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua departamento de Comayagua en fecha veintiuno(21) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) que por unanimidad de votos falla: 1) Declarando Sin Lugar la Apelación interpuesta por el abogado José Luis Arévalo Sandoval, apoderado del ejecutado Néstor Joel Mendoza Padilla en su condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Antonio departamento de Comayagua, contra el auto de fecha 29 de julio de 2022 proferido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua que desestima la Nulidad presentada en diligencias de ejecución de sentencia condenatoria laboral confirmando el auto recurrido y condena en costas en relación a la demanda laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injusto y otros conceptos promovida por Carlos Luis Velásquez y otros contra la Municipalidad de La Villa de San Antonio, departamento de Comayagua. CONSIDERANDO(4): Que el impetrante expone como motivos de la acción de Amparo lo siguiente: 1) Que en audiencia de fecha 29 de julio del 2022 el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, desestimó contra la Municipalidad de la Villa de San Antonio, Comayagua, al no darle trámite incidental bajo el proceso de juicio abreviado como lo ordena el artículo 884 del código Procesal Civil a una liquidación de indemnización laboral según artículo 229 en relación al 884 del Código Procesal Civil como norma supletoria del Código de Trabajo, lo que viola el derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que debió ordenar apertura de una liquidación para el cálculo de indemnizaciones laborales por procedimiento abreviado. 2) Que la Municipalidad de La Villa de San Antonio fue condena al pago de Cuatro millones novecientos sesenta y nueve ml quinientos setenta y tres lempiras con treinta y cuatros centavos (L.4,969,573.34) por concepto de pago de prestaciones laborales pero el cálculo de las indemnizaciones laborales debe de dársele un trámite diferente como lo ordena el 884 del Código Procesal Civil. 3)Que al no encontrarse el auto de fecha 29 de julio del 2022 ajustado a derecho interpuso el recurso de apelación y resuelto por la Corte de Apelaciones de Comayagua mediante sentencia de fecha 21 de noviembre del 2022 en la que confirma el auto interlocutorio del Juzgado contra el cual se interpuso reposición declarado sin lugar violentando los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República como ha quedado expresado. CONSIDERANDO (5):Que el impetrante expresa que es claro que su representada fue condena al pago de prestaciones laborales por Cuatro millones novecientos sesenta y nueve ml quinientos setenta y tres lempiras con treinta y cuatros centavos (L.4,969,573.34); sin embargo, el pago de los salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones, la Secretaría del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua procedió al cálculo aritmético de las referidas indemnizaciones en la suma de Doce millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos veinticuatro lempiras con noventa y ocho centavos (L.12,455,724.98) violentado el proceso judicial y el derecho a la defensa, que dispone el articulo 209 y 884 del Código Procesal Civil, igualmente esta garantía ha sido vulnerada por la corte de apelaciones al confirmar mediante sentencia el auto interlocutorio apelado dejando indefensa la Municipalidad de La Villa de san Antonio, Comayagua para oponerse a la liquidación de indemnización de las prestaciones laborales en el carácter de salarios dejados de percibir tal como lo manda el artículo 209 relacionado con el 884 del Código Procesal Civil. El Amparista considera quebrantados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República relativos al derecho de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que analizados los motivos del recurso de amparo, el tema a dirimir por esta Sala es si la Alzada con su decisión vulnera las garantías al derecho a la defensa y debido proceso invocadas por el Amparista al confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de fecha 29 de julio del 2022 que desestima la nulidad presentada por el abogado José Luis Arévalo Sandoval relativa a un incidente de nulidad por falta de claridad en la fecha en que una sentencia quedó firme para efectos de ejecutar un fallo condenatorio laboral y el procedimiento empleado -según la parte ejecutada- no es el que la ley dispone, porque al ser citada y emplazada su representada (La Municipalidad) no se le permitió que aceptara o se opusiera a la liquidación según ley procesal civil. CONSIDERANDO (7): Que el Juzgador de Primera Instancia puntualiza enel auto interlocutorio apelado “que visto lo expresado por el incidentista y la parte ejecutante, procedió a revisar el proceso, consta a folio 782 del proceso la sentencia de fecha doce (12) de noviembre del dos mil veintiuno (2021) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial de Comayagua y establece en uno de sus considerandos que el cuatro de marzo del dos mil veintiuno la sentencia dictada de la cual se solicita su ejecución adquirió firmeza por inacción del recurrente al dejar transcurrir veinte días para formular su demanda de casación, según el informe de la Secretaria del Despacho, estableció en fecha veinte y seis de noviembre del dos mil veintiuno que se adquirió firmeza el cuatro de marzo del dos mil veintiuno coincidiendo con el pronunciamiento emitido por la Honorable Corte de Apelaciones de esta Sección judicial, motivos para declarar sin lugar el incidente de nulidad presentado”. CONSIDERANDO (8): Que la Alzada en su fallo de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós(2022), hoy objeto de amparo, es que, del examen de los antecedentes, observa que el recurrente demandado cuestiona nuevamente la cautelar o embargo contra su representada y ejecutada la Municipalidad de La Villa de San Antonio. Que el Ad-Quem no desconoce el Decreto 85-2016 de la Ley de Descentralización del Estado de Honduras, en Gaceta No.35,750 del 19 de octubre del 2021,sobre prohibición de embargar fondos de transferencia municipales, sin embargo, enfatiza la Alzada que los derechos laborales o cantidades que por tales conceptos reclaman los trabajadores ejecutantes, son de orden público y derechos privilegiados con rango constitucional, basta pues apreciar y valorar la determinación del soberano constitucional, al recepcionar todos los derechos labores en el artículo 128 de la Carta Fundamental, cuyo preámbulo prescribe “las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan, tergiversen las siguientes garantías…” así como lo enunciado en los artículos 129 y demás de la Ley Fundamental, y el artículo 64 Constitucional que literalmente expresa “no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. El Censor no ha interpretado el andamiaje constitucional concerniente a que ninguna ley o decreto correlativo con los preceptos sindicados puede privar a los trabajadores quienes con título judicial a su favor derivados de una condena de reclamo laboral pueden privarles de las cautelares de rigor, razón por el cual el juez de primer grado debe continuar ejecutando lo juzgado, letra espíritu y garantía del artículo 304 constitucional. CONSIDERANDO (9): Que otra de las inquietudes del censor, es el auto de Secretaria de fecha 26 de noviembre del 2021, sobre la liquidación de salarios dejados de percibir, al no establecerse a su criterio la fecha en que la sentencia laboral condenatoria contra su representada adquirió carácter de firme, vale decir, para efectos de liquidación de salarios caídos. La Corte en fallo de fecha 21 de noviembre del 2021 (Folio 779-783) externo criterio sobre la firmeza de la sentencia cuya interpretación no deja duda sobre la firmeza de la sentencia de fecha 4 de marzo del 2021, como bien lo determinan la secretaria del A-Quo, en la liquidación de salarios dejados de percibir (folio 791-794). Sobre la diferencia que externa el censor de la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, esta resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado recurrido que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, la cual ya en la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2021 (ver folio 779-783) había establecido la Corte de Apelaciones y concluye que los argumentos del censor sobre las nulidades invocadas son inexistentes y trae como fundamentos el artículo 786 del Código de Trabajo; que en aras de la efectivad y materialización del fallo firme de condena laboral pasado en autoridad de cosa juzgada se continue con el procedimiento hasta su total ejecución. CONSIDERANDO (10) : Que del estudio y análisis de las piezas, esta sala estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en los considerandos anteriores, se observa que tanto la decisión del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem se enmarcaron dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedando clara y plenamente establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observa que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98). CONSIDERANDO (11) :Que el juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba y formara libremente su convencimiento, inspirándome en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, es evidente como resulta de las piezas examinadas, que las partes en conflicto acudieron con las mismas armas procesales ante las instancias respectivas sin que se estimen vulneradas las garantías fundamentales invocadas por el quejoso, el hecho de no obtener una respuesta favorable a las pretensiones demandadas, no implica por parte del juzgador el quebrantamiento a las garantías imploradas como el derecho de defensa y debido proceso, se observa que estas se han mantenido incólumes como parte de la tutela judicial efectiva en lo que concierne a la ejecución del fallo condenatorio laboral de fecha 23 de agosto del 2019 que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral y en consecuencia todas las pretensiones reclamadas por los trabajadores relativas a prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales incluyendo conceptos como preaviso y otros derechos; sentencia que reformada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha 30 de octubre del 2019 (folio 774-778) condena a la Municipalidad de La Villa de San Antonio de Comayagua al pago de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L.4,969,573.34) más los salarios dejados de percibir hasta que cause ejecutoria la presente sentencia. CONSIDERNADO (12): Que el Código de Trabajo establece que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. Cuando de fallos judiciales, laudos arbitrales, actos o documento indubitados se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, segundo párrafo del artículo 779 del Código de Trabajo. Se colige de lo anterior, que el procedimiento seguido por los órganos jurisdiccionales recurridos se ha desarrollado con todas las solemnidades y garantías del proceso laboral, regulado en los artículos 779 y subsiguientes del Código de Trabajo vigente y que tratándose de una sentencia laboral firme procede su ejecución a través del procedimiento especial ejecutivo, por tanto su proposición y sustanciación debe ser conforme lo que regula el Código de Trabajo como bien lo aprecia de autos este Alto Tribunal en las piezas estudiadas. CONSIDERANDO (13): Que por lo anteriormente expresado, resulta procedente acompañar el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es notorio que durante la secuela del proceso no se deja ver que se hayan menoscabado las garantías al derecho de defensa y al debido proceso, las partes han acudido a cada una de las audiencias sin limitación, lo que garantiza una verdadera tutela judicial efectiva tanto para la parte ejecutante como ejecutada, en el entendido, que el debido proceso constitucional es un derecho fundamental que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, su objetivo es proteger los derechos de los individuos y la correcta aplicación de justicia, basado en el respeto a la leyes, que exige la existencia y eficacia de un sistema judicial y procesal idóneo, que no es más, que una consecuencia del monopolio del poder asumido por el Estado y la más transcendental manifestación al derecho de petición, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagrado en el artículo 25 y de la que Honduras es parte. CONSIDERANDO(14): Que Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes. CONSIDERANDO(15): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, disposiciones que se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; por ello, esta Sala es del parecer que la Corte de Apelaciones recurrida al declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto interlocutorio apelado, no vulnera en absoluto las garantías constitucionales invocadas por el impetrante relativas al derecho de defensa y debido proceso; en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue la presente Acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 127, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 93 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: Denegando el Recurso de Amparo promovido por el abogado José Luis Arévalo Sandoval a favor de señor Néstor Joel Mendoza Padilla en su condición de Alcalde de la Municipalidad de La Villa de San Antonio Comayagua contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua en fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós (2022); Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO, CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por el abogado José Luis Arévalo Sandoval a favor del señor Néstor Joel Mendoza Padilla en su condición de alcalde del Municipio de la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, de generales conocidas y expresadas en el recurso de amparo bajo el No.SCO-1766-2022, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14) de junio del dos mil veinticuatro (2024), que resolvió la Acción de Amparo contra la Resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua departamento de Comayagua, en fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós (2022) y que tiene su antecedente en la Demanda Ejecutiva Laboral promovida por los señores Denys Alexander Orellana Tejeda, Carlos Luis Velásquez Salgado y otros contra la señalada Municipalidad de La Villa de San Antonio, Comayagua. CONSIDERANDO (1): Que la Sala de lo Constitucional a través de la Receptoría Adscrita en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo No.SCO-001-2021, emitido por el Pleno de la Sala procedió en fecha 24 de junio del 2024 siendo las 1:37 p.m. a notificar la sentencia de amparo de fecha catorce (14) de junio de los mil veinticuatro (2024) al móvil 9982-6654 del abogado José Luis Arévalo Sandoval, en su condición de apoderado legal del señor Néstor Joel Moncada Padilla en su condición de Alcalde Municipal de la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, como se aprecia de autos, Resolución que falla denegando el recurso de amparo interpuesto por el recurrente y registrado bajo el expediente SCO-1766-2022 contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós (2022) que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada-Apelante y que confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, relacionado con la demanda supra indicada. CONSIDERANDO (2): Que notificado el suplicante por esta Sala de lo Constitucional del fallo proferido en fecha 24 de junio del año en curso (2024) mediante el cual se Deniega el Recurso de Amparo interpone contra el mismo el recurso de reposición, por considerar el recurrente que la Sala de lo Constitucional no ha valorado lo pedido, sin especificar de forma clara cuales son los derechos lesionados a su representada con el fallo pronunciado, reiterando como vulnerados los derechos de defensa y al debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional hace suyas las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuya interpretación y aplicación se hará de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, así como el desarrollo de las garantías constitucionales, en atención a que, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución y las Leyes, arribando a la conclusión que en el caso que nos ocupa no se han quebrantado derechos al impetrante, el quejoso expresa como quebrantados los mismos derechos y garantías que elevó a conocimiento del Tribunal de Alzada al momento de reclamar. CONSIDERANDO (4): Que examinada la sentencia que ahora se recurre en reposición y que deniega el Recurso de Amparo contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós (2022) fallada por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Comayagua que declaró por unanimidad de votos Sin Lugar el Recurso de Apelación a la parte demandada-apelante y confirmó el fallo interlocutorio apelado de fecha 29 de julio del 2022 emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, cuyas resoluciones se dictaron en apego a la ley y respeto al debido proceso como ha quedado debidamente motivado en la sentencia de amparo hoy recurrida en reposición, que tanto el incidente de nulidad planteado en primera instancia como la fecha en que la sentencia en proceso de ejecución alcanzó su firmeza, han quedado despejados con los fallos proferidos, quedo plenamente establecido por que se desestimó el incidente de nulidad y la fecha en que la sentencia condenatoria alcanzó su firmeza para efectos de ejecución generada por la acción laboral instruida en contra de su representada. CONSIDERNDO(5): Que examinadas las actuaciones procesales se estableció por parte de los órganos judiciales recurridos que a folio 782 del proceso, obra la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2021 dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua y establece con claridad que el 4 de marzo del 2021 la sentencia dictada de la cual se solicita su ejecución adquirió su firmeza por inacción del ejecutado (La Municipalidad) al dejar transcurrir 20 días para formular su demanda de casación, informe dado por la Secretaria del Despacho el 26 de noviembre del 2021 donde ratifica que la firmeza de la sentencia es de fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno, motivo suficiente para declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado. CONSIDERANDO(6): Que, el recurrente inconforme con la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional, solicita reposición, sin expresar concretamente los agravios que le causa a su representada el fallo pronunciado. Este Alto tribunal estima, que si bien es cierto la parte demandada-ejecutada interpuso los incidentes de nulidad relacionados en el recurso, como ha quedado expresado, del estudio de las piezas y actuaciones realizadas, se concluyó que las decisiones del Iudex A-quo como del Iudex A-Quem están enmarcadas dentro del debido proceso, manejando de manera acertada el impulso procesal en aplicación a lo dispuesto en las normas procesales laborales y las del Código Procesal Civil de manera supletoria en lo que corresponde; quedó establecido que en el juicio ejecutivo laboral no cabrán incidentes ni excepciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo; por otro lado, en cuanto a la fecha de firmeza de la sentencia condenatoria a favor de los trabajadores y que el censor arguye no es clara para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir; se observó que admitido el recurso de casación a la parte ejecutada (La Alcaldía) y ordenado el traslado por 20 días para que proceda a formular la demanda de casación como lo dispone el artículo 773 del Código de Trabajo, pasado el plazo establecido sin que hiciera uso del mismo, en fecha 4 de marzo del 2021 la Sala laboral Contencioso Administrativo declaró la deserción del recurso en aplicación del artículo 775 del mismo cuerpo legal, fecha sin lugar a dudas en que la sentencia condenatoria alcanza el carácter de firme (cosa juzgada formal y material) para efectos de la liquidación de los salarios dejados de percibir, por tanto la diferencia que externa el quejoso sobre la condena de derechos laborales a favor de los trabajadores, queda claro que resulta de la liquidación que hace la Secretaria del Juzgado que es en base a la condena más la suma de los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquirió firmeza, es decir, el 4 de marzo del 2021 como quedo claramente establecida en la sentencia relacionada con categoría de cosa juzgada, totalizando la suma DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.12,455,724.98). CONSIDERANDO (7): Que este Alto Tribunal de Justicia y que Deniega el Recurso de Amparo, estima que la motivación de la sentencia juntamente como los antecedentes de hecho y de derecho están apegados a la normativa vigente y que en el presente fallo no hay razones que justifiquen, para corregir o modificar el fallo pronunciado por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14)de junio del año dos mil veinticuatro(2024). La sentencia emitida no transgrede las garantías que la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional, convenciones, pactos e instrumentos internacionales de los que Honduras es parte, entre estos, el debido proceso, el derecho de defensa, y otros derechos reclamados por los interesados. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 90 de la Constitución de la República dispone, “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, partiendo de este mandato constitucional, la sentencia pronunciada por esta Sala está ajustada a derecho, y que cada una de las decisiones están amparadas en base a la nueva jurisprudencia acordada en acciones de Amparo Laboral, en atención a los principios generales del derecho y legislación aplicable, cumpliendo con la obligación de interpretar y aplicar la normas que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado desarrollo de las garantías constitucionales y de las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (9): Que los argumentos del recurrente no explican concretamente los agravios que le causa a su representada la sentencia de amparo dictada por esta Sala en el recurso de reposición interpuesto, sin embargo, se manda a revisar y analizar el fallo, concluyendo que los incidentes planteados por la parte demandada-ejecutada han quedado despejados en el desarrollo del procedimiento el cual se encuentra amparado en la ley aplicable, de lo que se colige que la sentencia recurrida no transgrede las garantías constitucionales, por todo lo expuesto, este Alto Tribunal de Justicia, es del parecer que se declare sin lugar el recurso de reposición. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 Y 46 N.º 8, 73, 119 y 120 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 714 y 858 del Código de Trabajo; 196, 210 y 489 del Código Procesal Civil; RESUELVE: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado José Luis Arévalo Sandoval a favor del señor Néstor Joel Mendoza Padilla en su condición de Alcalde Municipal de la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14)de junio del dos mil veinticuatro (2024), recaída contra el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua en fecha veintiuno (21) de Noviembre del dos mil veintidós (2022) que declaró no ha lugar el recurso de apelación y confirmo el auto interlocutorio apelado en la Demanda Ejecutiva Laboral promovida por los señores Denys Alexander Orellana Tejeda, Carlos Luis Velásquez Salgado y otros contra la señalada Municipalidad de La Villa de San Antonio, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que de conformidad a lo que establece la ley, que el secretario de la Sala Constitucional notifique la presente resolución para efectos de comunicar al recurrente la decisión adoptada y en lo demás proceder conforme a derecho. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha catorce de junio y reposición de fecha veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1766-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP