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Sentencia AL-1656-22 — Registro 18467

Resumen

Primera instancia, declara sin lugar incidente de impugnación de tasación de liquidación de salarios dejados de percibir, en demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido planteado por la parte demandada y no estando conforme interpone los recursos de reposición subsidiario de apelación. los cuales se declaran sin lugar en esta segunda instancia, en consecuencia, se confirma el mismo; esta sala de lo constitucional falla: denegando la acción de amparo interpuesta.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Este Tribunal ya se ha pronunciado en casos anteriores, en relación con lo solicitado por el apelante en el sentido de dejar fuera de la tasación de salarios caídos, los que corresponden al período de tiempo en el cual se suspendieron los plazos y términos procesales debido a la pandemia del COVID 19, estableciendo que, tanto el artículo 113 del Código del Trabajo como su respectiva interpretación, citada en su resolución por la jueza de primera instancia, establecen con claridad que la indemnización, a título de daños y perjuicios por despido injusto, incluirá los salarios que se habrían percibido “desde la terminación del contrato hasta la fecha en que sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”, sin hacer ninguna excepción para la interrupción de este lapso temporal que corresponde al cálculo de dichos salarios, por lo que este argumento del recurrente no resulta atendible. En similares términos se ha pronunciado esta Alzada en los expedientes 94-2019 y 102-2020…”

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el impetrante no determina con certeza cuáles disposiciones legales han sido vulneradas con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San pedro Sula; el recurrente impugna una Tasación de Salarios dejados de percibir, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar al demandante; fundamentando el A-quo su decisión de declarar sin lugar el incidente de impugnación de Tasación de Liquidación de salarios en lo dispuesto en el artículo 113 del Código de Trabajo, en atención a que si el patrono no prueba la causa de despido del trabajador, debe pagar a éste las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del referido Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. (Folios del 229 al 232 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO(8): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley, respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, por incluirse en la Liquidación de Salarios dejados de percibir, el tiempo que los Tribunales “no estuvieron laborando por el CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR”, en relación a la Pandemia del Covid 19, refiriendo el garantista la inhabilitación o suspensión de términos y plazos procesales y la suspensión de derechos, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo, aunado a ello el artículo 187 del de la Constitución de la República, establece en forma taxativa los derechos constitucionales que podrán ser suspendidos, inter alia en el caso de una epidemia o de cualquier otra calamidad general, no incluyendo en ellos el derecho al debido proceso...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 729 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ LUIS TURCIOS ORELLANA, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que falló declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós (2022), que falla declarando sin lugar el incidente de Impugnación de Tasación de Liquidación de Salarios, con relación a la impugnación a la liquidación de salarios dejados de percibir en la Demanda Laboral promovida por el Doctor NELSON ENRIQUE CRUZ MARÍN, contra la sociedad mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. filial “HOSPITAL DEL VALLE”, a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Carlos Luciano Milla Bográn. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos y garantías a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Doctor NELSON ENRIQUE CRUZ MARÍN, interponiendo “DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE SE FUNDÓ EL DESPIDO…”, contra de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. filial HOSPITAL DEL VALLE, a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Carlos Luciano Milla Bográn. (Folios del 2-5 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil veintidós, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, procedió a realizar la tasación de los salarios dejados de percibir, disponiendo en la parte dispositiva numeral 2 lo siguiente: (Sic) “2.- En consecuencia, téngase por firme la SENTENCIA CONDENATORIA; y siendo que en la sentencia definitiva se estableció que se reconocieran en concepto de salarios dejados de percibir es 22 DÍAS, 71 MESES, se procede a tasar de la siguiente manera: 1) NELSON ENRIQUE CRUZ MARIN FECHA DE INGRESO: 15 julio 2009 LA FECHA DEL DESPIDO: 16 marzo 2016 SENTENCIA FIRME SEGÚN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 08 marzo 2022 RESULTAN: 22 días, 71 meses Salario Mensual: L. 37,266.46. - Salario Promedio Mensual: L.37,266.46* 14/12= L. 43,477.53 Salario Promedio Diario: L. 43,477.53/30: L.1,449.25 1) Dando un resultado de: 22 días x salario promedio diario L. 1,449.25 ………… L. 31,883.5 71 mes x el salario promedio mensual L.43,477.53 L. 3,086,904.63 TOTAL DE SALARIOS CAÍDOS L. 3,118,787.68 MAS CONDENA SEGÚN SENTENCIA L.1,738,780.82 GRAN TOTAL: L. 4,857,568.05…” (Folios 201-202 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil veintidós, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Apoderado Legal de la Parte Demandada la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA), presentando formal Impugnación contra la Resolución de fecha dos de septiembre del año dos mil veintidós, relacionada en el acápite que antecede, mediante la cual se liquidaron los salarios dejados de percibir, en atención a la Pandemia del COVID 19 y la suspensión de derechos a raíz de la emergencia sanitaria decretada y la inhabilitación de plazos en los procesos, decretados por el Poder Judicial. (Folio 212fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) En fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós (2022), el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: (Sic) “1) DECLARANDO SIN LUGAR INCIDENTE DE IMPUGNACIÓN DE TASACION DE LIQUIDACION DE SALARIOS, planteado por la parte demandada,.- 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso legal alguno contra el presente sentencia quede firme la misma.- Cedida que le fue la palabra al apoderado demandado por haberío solicitado quien dijo: que no estando conforme a derecho con el presente fallo Interlocutorio que antecede vengo a interponer los recursos de reposición subsidiario de apelación ante la Honorable corte de apelaciones seccional del trabajo de esta Sección judicial de San Pedro Sula.- Y EL JUZGADO RESUELVE: Declarar sin lugar el recurso de reposición admítase el recurso de apelación en el EFECTO SUSPENSIVO, debiendo la secretaria del despacho remitir los autos y demás piezas del proceso ante la Honorable Corte de apelaciones seccional del trabajo de esta ciudad tribunal donde deberán comparecer las partes a mejorar dicho recurso…” (Folios 229-232 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) La CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ LUIS TURCIOS, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictó Auto Interlocutorio mediante el cual falló: (Sic) “Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio de fecha diez de octubre del dos mil veintidós proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, SE CONFIRMA el mismo; SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de la normativa del trabajo. Y MANDA: En esta misma fecha quedan notificados en estrados del presente fallo los representantes procesales de las partes; por la vía electrónica extiéndase copia de la presente acta a los mismos; que la Secretaría del Tribunal con la certificación de estilo devuelva las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales pertinentes...” (Folios del 13-15 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 6) En fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSÉ LUIS TURCIOS ORELLANA, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la Resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos y garantías a la defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-7 de los autos)7) Que la Sala de lo Constitucional, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el termino de cuarenta y ocho horas, a afecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 30 de los autos) 8) En fecha siete de diciembre del año dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada SOBEIDA ZAPATA, siendo de la opinión que “NO SE OTORGUE” la acción de amparo interpuesta, por no existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista; desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “Que de la interposición de la presente acción de amparo se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a los derechos de defensa y el debido proceso, por considerar que la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia adoptó medidas de urgencia de caso fortuito y fuerza mayor, por lo que estima que ese periodo 71 meses y 22 días no debe tomarse en consideración para el calculado de la indemnización que su patrocinada fue condenada, por lo que la liquidación de los salarios dejados de percibir practicado por los juzgados de instancia hace una sumatoria de perjuicio de cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y ocho lempiras con cinco centavos (L.4,857,068.05) y no está ajustada a derecho. Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo se trata de la impugnación a la liquidación específicamente de los llamados salarios caídos, ya que el impetrante pretende que en la condena al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, incluyendo los salarios dejados de percibir, no se pague el periodo de pandemia Covid, porque es un caso fortuito de fuerza mayor, tomando en consideración las decisiones tomadas por el Gobierno de la República relacionada a la emergencia sanitaria. Al respecto, cabe destacar que este alegato del quejoso, es propio de instancia, sin embargo, cabe recalcar que la indemnización reclamando por el demandante es título de Demanda Laboral Por Despido Injusto de la cual el impetrante fue condenado mediante sentencia definitiva en la que se establece con absoluta claridad que la indemnización, es a título de daños y perjuicios por despido injusto, el cual incluirá los salarios que se habrían percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo y procesal debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva', sin hacer ninguna excepción para la interrupción de este lapso temporal que corresponde al cálculo de dichos salarios. Asimismo, se aprecia que la Alzada en su motivación fundamentó su resolución en una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso concreto y no cabe interpretación alguna, por lo que debe ser ejecutada tal como lo ha señalado en su resolución el Ad-quem, en atención al salario mínimo fijado en la sentencia firme y el tiempo transcurrido entre la fecha del despido a la de la firmeza del fallo, de conformidad al artículo 113 del Código de Trabajo, en el entendido que el pago de la indemnización que la ley le impone al empleador por los agravios que le ocasiona al trabajador, por la terminación de la relación laboral sin causa justificada, comprobada por el órgano jurisdiccional que conoció el reclamo, no es objeto de deducción alguna, como lo sería el excluir de dicho calculo los días de pandemia del año 2020 en los cuales suspendieron los plazos y términos procesales. ” (Folios 34-35 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Laboral de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, promovida por el Doctor NELSON ENRIQUE CRUZ MARIN, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. Filial HOSPITAL DEL VALLE; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós (2022) que declara sin lugar el incidente de impugnación de Tasación de Liquidación de Salarios, realizada en fecha 2 de septiembre del año 2022, impugnación formulada por el apoderado legal de la parte demandada INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. Filial HOSPITAL DEL VALLE, en ese entonces el Abogado José Santos Saavedra Paz. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente en Amparo Abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada los derechos y garantías a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; el peticionario argumenta como premisa fundamental en la interposición de la garantía constitucional de Amparo, que el Tribunal recurrido considero en la Liquidación de Salarios dejados de percibir el tiempo que los tribunales no estuvieron laborando por el caso fortuito y la fuerza mayor a causa de la Pandemia del Covid 19, lo que causa grandes perjuicios a los intereses legítimos de su representada; que al igual que al demandante, al Poder Judicial y a su representada no debiera perjudicarle. El recurrente sostiene que la impugnación a la Liquidación de los salarios dejados de percibir se formuló en base a lo siguiente: 1) De todos es sabido que desde el 16 de marzo de 2020 como consecuencia del Caso Fortuito de Pandemia del COVID 19 y la Fuerza Mayor consistente en las decisiones adoptadas por el Gobierno de la República relacionadas con la Emergencia sanitaria por esa Pandemia y así también la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo No. CSJ 01-2020 dispuso entre otras cosas suspender labores en el Poder Judicial a nivel nacional, desde esa fecha y por ello también se inhabilitaron los plazos; y, 2) La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula no comprendió que hemos estado en Emergencia Sanitaria, donde se suspendieron derechos, si bien se acordó la habilitación de plazos y términos legales desde el 11 de enero de 2021, siempre se continuaba con restricciones para cumplir con las medidas de Bioseguridad, evitando aglomeraciones, tal es asique se hizo de forma gradual y responsable el retorno de los empleados del Poder Judicial. CONSIDERANDO(4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. Filial HOSPITAL DEL VALLE, en atención a que el A-quo ha considerado en la Liquidación de los Salarios dejados de percibir, el tiempo que los tribunales no estuvieron laborando por el Caso Fortuito y la Fuerza Mayor en relación a la Pandemia del Covid 19 y las decisiones adoptadas por el Gobierno de la República por la Emergencia sanitaria y el acuerdo del Poder Judicial de suspender labores y con ello la inhabilitación de plazos procesales, ver Folios 200 y 201 de la pieza de antecedentes del A-quo. CONSIDERANDO(5): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta la resolución que se impugna, en el ordinal segundo de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, argumentando lo siguiente: “SEGUNDO: Este Tribunal ya se ha pronunciado en casos anteriores, en relación con lo solicitado por el apelante en el sentido de dejar fuera de la tasación de salarios caídos, los que corresponden al período de tiempo en el cual se suspendieron los plazos y términos procesales debido a la pandemia del COVID 19, estableciendo que, tanto el artículo 113 del Código del Trabajo como su respectiva interpretación, citada en su resolución por la jueza de primera instancia, establecen con claridad que la indemnización, a título de daños y perjuicios por despido injusto, incluirá los salarios que se habrían percibido “desde la terminación del contrato hasta la fecha en que sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”, sin hacer ninguna excepción para la interrupción de este lapso temporal que corresponde al cálculo de dichos salarios, por lo que este argumento del recurrente no resulta atendible. En similares términos se ha pronunciado esta Alzada en los expedientes 94-2019 y 102-2020…”. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 128 de la Constitución de la República establece que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, siendo nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías allí enunciadas; el numeral cuatro de esas garantías enunciadas dispone: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley.”; precepto constitucional que se encuentra en armonía con las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, en relación a que los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales se considerarán singularmente privilegiados, así lo dispone el Artículo 374 de la referida Ley especial; aunado a ello el importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias, señala el artículo 123 de la norma legal referida. CONSIDERANDO (7): Que el impetrante no determina con certeza cuáles disposiciones legales han sido vulneradas con la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San pedro Sula; el recurrente impugna una Tasación de Salarios dejados de percibir, que derivan de una sentencia firme emitida en fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en la cual se estableció las cantidades en desglose a pagar al demandante; fundamentando el A-quo su decisión de declarar sin lugar el incidente de impugnación de Tasación de Liquidación de salarios en lo dispuesto en el artículo 113 del Código de Trabajo, en atención a que si el patrono no prueba la causa de despido del trabajador, debe pagar a éste las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del referido Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. (Folios del 229 al 232 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO(8): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso a que arguye el impetrante vulnerado; ello porque los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley, respetando lo dispuesto en el artículo 128.4 de la Constitución de la República, en armonía con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo ut supra relacionadas. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, por incluirse en la Liquidación de Salarios dejados de percibir, el tiempo que los Tribunales “no estuvieron laborando por el CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR”, en relación a la Pandemia del Covid 19, refiriendo el garantista la inhabilitación o suspensión de términos y plazos procesales y la suspensión de derechos, argumento que no tiene sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada y como corolario de las disposiciones contenidas en la Ley Suprema y en el Condigo de Trabajo, aunado a ello el artículo 187 del de la Constitución de la República, establece en forma taxativa los derechos constitucionales que podrán ser suspendidos, inter alia en el caso de una epidemia o de cualquier otra calamidad general, no incluyendo en ellos el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113, 123, 374, 379 y 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSE LUIS TURCIOS ORELLANA, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. DE C.V. (INVASULA), contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada Villela Zavala. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1656-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL