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Sentencia AL-1644-23 — Registro 19177

Resumen

En la demanda laboral segunda instancia declaró no ha lugar la declinatoria por falta de competencia confirmando primera instancia, en vista que el conflicto laboral en el presente caso deriva del contrato, esta Sala al apreciar que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, sobresee el recurso de amparo.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de octubre del año dos mil veinticuatro. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación presentado contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha nueve (09) de junio del año dos mil veintitrés, en relación a la demanda laboral promovida por DORIA MARÍA URBINA GALEAS y OTROS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. CONSIDERANDO: Que de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, se desprende que no comparte la resolución dictada por la Alzada, que declaró no ha lugar la declinatoria por falta de competencia, la cual a criterio de la actuante debe ser conocida vía jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la relación laboral entre las partes se origina bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado derivada de contratos de servicios profesionales y técnicos, y es en este sentido que estima que no corresponde ser conocido por jurisdicción del trabajo. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la recurrente, se puede apreciar que invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración y garantías reconocidos en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, confirma la resolución apelada, en vista que el conflicto laboral en el presente caso deriva del contrato de trabajo, asunto que debe ventilarse ante dicha instancia, asimismo, establece que no se indicó con claridad por parte solicitante, que órgano jurisdiccional era el competente, motivos por la que procedió a confirmar la decisión del A-quo. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan".CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la actuante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de una Excepción Dilatoria de Incompetencia del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se aplicó correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710 y 858 del Código del Trabajo;1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veintitrés, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. SE EXTIENDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO, CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, RECAÍDA EN EL RECURSO DE AMPARO LABORAL REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL CON EL NÚMERO SCO-1644-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL