Sentencia AL-1261-23 — Registro 18612
Resumen
Recurrente alega conculcación de derechos constitucionales por lo que a su criterio, el presente asunto debe ser sometido al control de constitucionalidad, señalando que no concurre la mera legalidad ni resulta ser un alegato de instancia, por lo que debe declararse con lugar el presente recurso de reposición y dictarse en su oportunidad un fallo acorde con el procedimiento debido y conforme a la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Que la condena en costas no es un derecho absoluto, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. "....
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1) (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice “ “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTOS: los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor de LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) julio del año dos mil veintitrés, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintidós, relacionadas según el recurrente a la demanda ordinaria laboral promovida por LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que el recurrente expone que la Alzada confirma la decisión del A-quo, sin apreciar que la ley no exime a persona natural o jurídica al pago de las costas, máxime al Estado, de modo que, al denegarse la tasación de las costas mediante el acto reclamado, este vulnera los derechos constitucionales de su representada. CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como quebrantados con el acto reclamado las declaraciones, derechos y garantías reconocidas en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se observa que la Alzada confirma la decisión del A-quo por encontrarla conforme a derecho, toda vez que el artículo 8 del Decreto 266-2013, establece que el Estado y sus Instituciones en cualquier tipo de juicio no pueden ser condenados en costas, salvo que haya actuado con dolo, extremo que refiere el Ad-quem no acontece, señalando además que no se generan las costas de ejecución por peticionarse el embargo de bienes del deudor, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 799 del Código del Trabajo el cual establece el procedimiento para la ejecución de fallos judiciales, motivo por el cual no corresponde acudir a la aplicación analógica de las disposiciones del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes como de la resolución reclamada, se desprende que la Alzada realizó su propio análisis del caso, concordando con el parecer del A-quo en cuanto a la desestimación de la pretensión del recurrente, en aplicación a lo que estipula expresamente el artículo 8 del Decreto 266-2013, de la ley ya antes citada. CONSIDERANDO: Que el artículo 8 del Decreto 266-2013, en mención, resulta ser de cumplimiento obligatorio desde su publicación y aplicable bajo el principio de igualdad como garantía mínima para la eficacia del proceso.CONSIDERANDO: Que en consonancia a lo anterior expuesto, esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que esta Sala estima oportuno señalar que la condena en costas, es un correctivo que castiga al litigante totalmente vencido en un juicio, a la obligación concreta de resarcir a la parte contraria los gastos causados con motivo de la sustanciación de un juicio. CONSIDERANDO: Que las costas de Ejecución, son las ocasionadas por las diligencias indispensables que han sido practicadas para el cumplimiento de las ejecutorias que no han sido satisfechas, las que recaen en quien haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate, así pues, ambas condenas en costas, resultan en un título sancionador exigible al vencido. CONSIDERANDO: Que la condena en costas no es un derecho absoluto, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor de LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) julio del año dos mil veintitrés, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS MAGISTRADOS (AS). LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.WAGNER VALLECILLO PAREDES. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor de LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la resolución de emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticuatro, en relación a un recurso de amparo que fue presentado contra la sentencia dictada por la por CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) julio del año dos mil veintitrés, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintidós, relacionadas según el recurrente a la demanda ordinaria laboral promovida por LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN.CONSIDERANDO: Que el recurrente expone su inconformidad con la resolución emitida por esta Sala por estimar que la demanda de amparo, cumple con los requisitos mínimos de Adminisibilidad en el que señaló puntualmente la conculcación de derechos constitucionales por lo que a su criterio, el presente asunto debe ser sometido al control de constitucionalidad, señalando que no concurre la mera legalidad ni resulta ser un alegato de instancia, por lo que debe declararse con lugar el presente recurso de reposición y dictarse en su oportunidad un fallo acorde con el procedimiento debido y conforme a la ley. CONSIDERANDO: Que revisada de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado como la resolución interpelada, se advierte que los motivos por los que no fueron de recibo los alegatos del impugnante, resultan de no apreciarse el perjuicio que denuncia, por lo que no procede revocar la resolución objetada.CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor de LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ, contra la resolución de emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha diez (10) de abril del año dos mil veinticuatro, que sobresee el recurso de merito por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación de la Resolución de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, y Reposición de fecha tres de junio de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1261-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL