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Sentencia AL-1038-22 — Registro 19176

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, la apoderada judicial demandante, dejó transcurrir el momento procesal que manda la ley para haber impugnado dicha resolución, en el cual se determina tener por abandonada la causa por inactividad de los litigantes razón por la cual esta sala declara sin lugar el recurso de segunda instancia y confirma la resolución de primera instancia, y falla: sobreseyendo, denegando el recurso de reposición interpuesto, en contra de la sentencia dictada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que es menester la aplicación de los métodos de interpretación aludidos en el considerando anterior, a la normativa especial Ley Sobre Justicia Constitucional, en lo relativo a la inadmisibilidad de las acciones de amparo, cuyas causales constan en el artículo 46 siendo aplicable al caso concreto la contenida en el numeral tercero que manda: es inadmisible el recurso de amparo 1…, 2…, 3) Cuando los actos hayan sido consentido por el agraviado, y esto es cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones….- …Dentro del trámite se sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. En ese sentido, esta Sala comparte lo expuesto por la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha quince de junio de dos mil veintidós, en la cual motiva que el auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el A-quo, no fue recurrido dentro de los términos legales que señala la ley tanto para el recurso de apelación o amparo, constituyendo un acto consentido por el supuestamente agraviado, por lo que al ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo...´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio d dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, a favor del señor Mario Antonio Rivera Urbina, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor Mario Antonio Rivera Urbina, contra la sociedad mercantil Grupo Litoral Camarones y Derivados, S.A. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Griselda Espinal Rivera, actuando como Representante Procesal del señor Mario Antonio Rivera Urbina, interponiendo “…DEMANDA ORDINARIA LABORAL SE SOLICITA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…”, contra la sociedad mercantil denominada GRUPO LITORAL CAMARONES Y DERIVADOS, S.A. (CAYDESA), a través de su representante, el Licenciado Álvaro René Lamelas Cárcamo. (Folios 1-7 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, emitió auto el que literalmente dice: “VISTA: el acta de comparecencia que antecede presentada por la Abogada GRISELDA ESPINAL REVERA y en cuanto a lo solicitado SE RECHAZA en vista de que las presentes diligencias ya se encuentra ordenado el archivo de las diligencia mediante auto de fecha 15 de Noviembre del 2019, visible a folió 17 asimismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 186 de la Constitución de la República que establece "Ningún poder ni autoridad podrá avocarse causas pendiente ni abrir juicios fenecidos salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. Que la Secretaria del despacho proceda a la devolución de los documentos acompañados. Artículo 186 de la Constitución de la República. Artículos Artículo 718 y 744 del Código del Trabajo. Decreto Legislativo 33-2020, Acuerdo 03-2020 emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” (Folio 22 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, como parte demandada, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, en su condición de Representante Procesal Demandante, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL SE SOLICITA PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR EL DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO. SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. en contra del Centro de Trabajo denominado GRUPO LITORAL CAMARONES Y DERIVADOS S.A. (CAYDESA), representado por el Licenciado ALVARO RENE LAMELAS CARCAMO, en su condición de JEFE DE RECURSOS HUMANOS, promovida por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA como Representante Procesal del señor MARIO ANTONIO RIVERA URBINA. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución venida en apelación. TERCERO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados de esta sentencia a los apoderados de las partes en litigio, y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Integrante YESIKA DOLORES GRANADOS SILVA, se le ordena a la Secretaria dar copia de la presente resolución a la peticionaria.- Seguidamente se le cede la palabra a la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, como parte apelante para que brevemente se pronuncie sobre el fallo: Esta parte procesal se manifiesta no conforme con la presenten resolución y se interpone recurso de reposición del mismo en virtud de que se está dejando en indefensión al trabajador y considerando que no fue tomado en cuenta la jurisprudencia existente en los casos de primera instancia, atropellan los derecho de los trabajadores, solicitando se hagan un examen más minucioso del expediente de mérito y que se resuelva con lugar el presente recurso de reposición.” (Folios 17-20 del expediente del A-quem) 4) Que, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, compareció la Abogada Griselda Espinal Rivera, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Mario Antonio Rivera Urbina, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado, el derecho consagrado en el artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Griselda Espinal Rivera, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 38 del recurso) 6) En fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…De lo expuesto esta Representación Fiscal, comparte el criterio de la Alzada, en cuanto estima que en el proceso de mérito no concurre indefensión de la demandada, por ende la nulidad planteada por el recurrente no se ajusta a lo dispuesto en el apartado de nulidades que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, por lo tanto se aprecia que la resolución que hoy se impugna se encuentra conforme a derecho, ya que ha sido dictada en observancia del Debido Proceso, emitiendo una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa conforme a lo dispuesto en el Principio de Legalidad que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", de ahí que la resolución sub-judice, no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por la recurrente. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista.” (Folios 22-25 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Para poner en contexto la presente acción, se debe mencionar que, en la demanda Ordinaria laboral, promovida por el señor Mario Antonio Rivera Urbina, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, contra la sociedad mercantil Grupo Litoral Camarones y Derivados, S.A., consta el auto de admisión de la demanda a folio 14 vuelto de la primera pieza, fechado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y ordena al receptor del despacho se emplace al representante de la parte demandada. Lo ordenado en este auto por el juez natural, no fue ejecutado, es decir que la parte demandada ni demandante fueron notificadas y en providencia del quince de noviembre del año siguiente, dos mil diecinueve, el A-quo ordenó revisar, agilizar y depurar la carga procesal, para conocer el estado actual de cada uno de los procesos. (ver folio 16 p.p.). CONSIDERANDO (3): A folio 17 de la primera pieza, la Secretaria del Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, informa a la Juez de Letras, en fecha 15 de noviembre de dos mil diecinueve, que el expediente registrado en ese Juzgado bajo el número 0601-2018-00082, contentivo de la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Mario Antonio Rivera Urbina, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, contra la sociedad mercantil Grupo Litoral Camarones y Derivados, S.A., está inactivo desde hace más de un año. Así, en fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, el Aquo, procedió a tener por abandonada la causa por inactividad de los litigantes, y ordena que se archiven las diligencias, determinando el A-quo que la acción no se ha extinguido, por tanto, la misma puede ejercitarse posteriormente, siempre y cuando no haya alcanzado la prescripción legal. Esta resolución fue notificada a las partes, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de cédula fijada en la tabla de avisos del Tribunal. No obstante se debe mencionar que las diligencias siguieron en inactividad desde el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, hasta el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, al ser interrumpida por la comparecencia de la abogada Griselda Espinal Rivera, representante judicial del demandante Mario Antonio Rivera Urbina, solicitando se continúe con las diligencias, y al mismo tiempo presentó oposición al auto de fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, en el cual se determina tener por abandonada la causa por inactividad de los litigantes, y ordena que se archiven las diligencias. (lo subrayado es nuestro). Señala el recurrente que en el auto de admisión se ordena requerir a la parte demandada y el receptor del despacho hizo caso omiso a lo ordenado por el Juez de Letras, manifestando que en tanto no se ponga dicha disposición en conocimiento a la otra parte, el proceso no puede continuar, por lo que lo dispuesto vulnera a su representado, el derecho a la defensa y debido proceso, consistiendo la vulneración en el hecho de responsabilizar a la parte demandante por la inactividad del proceso en cuestión. El A-quo resuelve sin lugar lo solicitado en virtud de que el plazo de cinco días para oponerse caducó, pues lo hizo un año y tres meses después de la notificación por la tabla de avisos, que, como se dijo, se realizó en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve y la comparecencia de oposición se hizo el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, adquiriendo firmeza ya que el auto no fue recurrido. No obstante, la recurrente comparece de nuevo ante el tribunal en fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, interponiendo nulidad de actuaciones contra el auto firme ya mencionado de fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve. CONSIDERANDO (4): El veintiuno de abril del dos mil veintiuno, la Juez rechazó el incidente de nulidad interpuesto y fundamenta su decisión en lo dispuesto en el artículo 186 constitucional, que manda que “ningún poder ni autoridad podrá avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisados en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.” CONSIDERANDO (5): Continuando con el razonamiento anterior, se debe mencionar que la Corte de Apelaciones conoció la resolución que rechazó el incidente de nulidad interpuesto, manifestando el demandante que el mismo debió haber sido declarado con lugar, exponiendo el mismo razonamiento de fondo, es decir, que la declaratoria de abandono no es imputable a la representación de la parte demandante, sino que es responsabilidad del tribunal, por no haber citado ni emplazado a la parte demandante para que conteste la demanda interpuesta, sin embargo la alzada no analizó el fondo del asunto, pues al revisar los antecedentes detecta que la apoderada judicial demandante, dejó transcurrir el momento procesal que manda la ley para haber impugnado dicha resolución, razón por la cual declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución de primera instancia. CONSIDERANDO (6): De la revisión de los antecedentes se evidencia que la parte demandante siguió en inactividad los meses trascurridos entre 18 de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que se notificó la resolución de mérito por la tabla de avisos del Tribunal, hasta el 17 de febrero del año dos mil veintiuno, es decir dos meses y medio después, restando los días inhábiles decretados por el Poder Judicial en el mes de diciembre, en función de vacaciones de sus funcionarios y empleados judiciales, por lo que dejó precluir el término para interponer recursos, sea el término de tres días para interponer recurso de apelación, o 60 días para interponer recurso de amparo, en su caso. CONSIDERANDO (7): Que como métodos de interpretación de la ley, los artículos 17 y 19 del Código Civil aluden al denominado método gramatical y al sistemático, respectivamente, estableciendo el primero de tales preceptos, que “……no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulte de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”……en tanto que el segundo prevé que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía….”. CONSIDERANDO (8): Que es menester la aplicación de los métodos de interpretación aludidos en el considerando anterior, a la normativa especial Ley Sobre Justicia Constitucional, en lo relativo a la inadmisibilidad de las acciones de amparo, cuyas causales constan en el artículo 46 siendo aplicable al caso concreto la contenida en el numeral tercero que manda: es inadmisible el recurso de amparo 1…, 2…, 3) Cuando los actos hayan sido consentido por el agraviado, y esto es cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones….- …Dentro del trámite se sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. En ese sentido, esta Sala comparte lo expuesto por la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha quince de junio de dos mil veintidós, en la cual motiva que el auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el A-quo, no fue recurrido dentro de los términos legales que señala la ley tanto para el recurso de apelación o amparo, constituyendo un acto consentido por el supuestamente agraviado, por lo que al ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.3 y párrafo último del artículo 46 No.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, a favor del señor Mario Antonio Rivera Urbina, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor Mario Antonio Rivera Urbina, contra la sociedad mercantil Grupo Litoral Camarones y Derivados, S.A. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veinticinco. VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, actuando en su condición de apoderado judicial del señor Mario Antonio Rivera Urbina, en contra de la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional el treinta de julio del dos mil veintitrés, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, a favor del señor Mario Antonio Rivera Urbina, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de junio de dos mil veintidós, en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, contra la sociedad mercantil denominada grupo litoral camarones y derivados, s.a. (CAYDESA). CONSIDERANDO: De lo expuesto por la recurrente en su recurso de reposición, se observa que se trata de los mismos planteamientos señalados como conceptos de la violación en la acción de amparo referida, al sostener que en el auto de admisión se ordena requerir a la parte demandada, no obstante, el receptor del despacho hizo caso omiso a lo ordenado por el Juez de Letras, manifestando que en tanto no se ponga dicha disposición en conocimiento a la otra parte, el proceso no puede continuar, por lo que, el hecho de responsabilizar a la parte demandante representada por la abogada Griselda Espinal Rivera, por la inactividad del proceso y declarar en abandono la causa, vulnera, a su juicio, el derecho a la defensa y debido proceso de su representado. CONSIDERANDO: Al respecto la Sala recuerda a la recurrente, que el legislador le brinda la posibilidad/obligación, de comparecer ante el Juzgado y exhortar al órgano jurisdiccional para que, en vista de la inactividad procesal evidenciada, aplique el principio de celebridad procesal (artículo 669 Código del Trabajo). Al respecto, la comparecencia debe ser obligada, siendo aplicable a los procuradores o litigantes privados lo que el legislador precisa para los procuradores del trabajo en el numeral tercero del artículo 635 del Código del Trabajo que manda: “Artículo 635. 3. Cuidar de que la justicia que administran los tribunales de trabajo sea pronta y expedita, haciendo las gestiones que procedan en los términos de éste Código para que los acuerdos y resoluciones sean dictados dentro de los plazos legales correspondientes.” CONSIDERANDO: Que el abandono del proceso por parte de la abogada Griselda Espinal Rivera se da: 1.- Del diez de agosto del dos mil dieciocho, o sea al día siguiente de la notificación del auto de admisión de la demanda, hasta el dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve, fecha de la notificación del auto donde se tiene por abandonada la causa, es decir quince meses de inactividad por parte de la apoderada demandante. 2.- Posterior a la notificación del dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve, consta de nuevo el abandono de la causa por parte de la abogada Griselda Espinal Rivera, hasta la comparecencia en fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, interponiendo oposición al auto que declara el abandono de la causa y el archivo de las diligencias. En esa misma fecha el Juez resuelve sin lugar por extemporáneo. 3.- Desde esta fecha diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, comparece dos meses después interponiendo incidente de nulidad contra el mismo auto que antes había interpuesto “oposición”, incidente que fue rechazado en auto del veintiuno de abril del dos mil veintiuno, por haber quedado firme la resolución en la cual se declaró el abandono de la causa y archivo de la misma. 4.- de este auto de fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, se notificó tres meses después. Se observa una conducta reiterada, de dejar pasar meses sin revisar el proceso en cuestión y consecuentemente sin accionar en el mismo evidenciado su falta de diligencia. CONSIDERANDO: Que, la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias en las cuales sostiene que cuando el recurrente redunda sobre los conceptos de la violación señalados en la formalización del recurso de amparo, se procede con responsabilidad, por ser garante de la legalidad en el proceso, a realizar un nuevo estudio de los antecedentes y de la sentencia emitida, y al haberse determinado que cada una de las pretensiones deducidas por el impugnante fueron contestadas de manera congruente y con una adecuada motivación en la sentencia, no es necesario emitir una respuesta reiterada, por lo que es procedente denegar el recurso de reposición interpuesto. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada Griselda Espinal Rivera, actuando en su condición de apoderado judicial del señor Mario Antonio Rivera Urbina y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó Magistrado Vallecillo NOTIFIQUE Y CUMPLASE. – FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro y reposición de fecha cuatro de febrero de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1038-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL