Sentencia AL-102-23 — Registro 18668
Resumen
Primera instancia declaro con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones, emitió resolución mediante la cual resolvió: “…decretese embargo sobre el bien inmueble y ordenó el libramiento de oficio al instituto de la propiedad a efecto de que proceda a inscribirlo, segunda instancia confirma el fallo y esta sala declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional toma nota de que la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en la violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia destaca que el argumento principal que aduce el impetrante para fundamentar su petición de amparo es que la juez a quo no debió conminar de manera imperativa al Instituto de la Propiedad a proceder a inscribir el embargo sobre un bien inmueble que ya no pertenece a su poderdante, sino a un tercero que obtuvo el derecho de dominio dos años antes; y cuya inscripción se encontraba en trámite ante el Instituto de la Propiedad mediante solicitud previamente presentada, días antes de girarse por primera vez la orden de inscribir el embargo. El impetrante explica que, aunque el bien inmueble registrado bajo matricula número 1743502, aparece en el sistema del registro, como propiedad de su representada Fundación Honduras para Cristo, la realidad es que con anterioridad ya se había dispuesto su traspaso a un tercero (Ministerio Internacional La Cosecha); asimismo, alega que la solicitud de inscripción de la dación en pago aludida, fue presentada antes que la orden de inscripción del embargo, por lo que, el Instituto de la Propiedad deviene en la obligación de resolver sendas inscripciones en el orden de su presentación. Es decir, primero atender la tradición de dominio originada por la dación en pago, y después resolver la orden de embargo; todo lo cual conlleva a afirmar que, la razón asiste al registrador en su decisión de rechazar la orden judicial porque el bien inmueble pertenece a un tercero y no a la parte ejecutada. La Sala de lo Constitucional, al confrontar la decisión del tribunal de alzada con el deber de observar el respeto o cumplimiento de los derechos fundamentales invocados por el quejoso, dispone lo siguiente: Con relación a la violación del debido proceso, alegado en este caso por vía de incumplimiento a los derechos de defensa y a ser oído por autoridad competente, este alto tribunal de justicia no encuentra admisible aceptar que, a la parte representada por el impetrante, se le haya negado este derecho, por cuanto se observa que ha tenido oportunidad de acceder a la autoridad judicial de ambas instancias para impugnar y alegar de forma amplia y sin ninguna restricción la defensa de su derecho. En todo caso, de lo alegado por el impetrante pareciera que su intención real no es el amparo de los derechos (defensa y ser oído) de su poderdante, sino del tercero o sea el Ministerio Internacional La Cosecha, en relación con el derecho de propiedad; al respecto este alto tribunal de justicia hace la observación de que el escrito de interposición de la presente garantía constitucional, claramente establece que se contrae a solicitar amparo a favor de la Fundación Honduras para Cristo, por lo que no es posible ampliar sus efectos al Ministerio Internacional La Cosecha.El tercero, o sea el Ministerio Internacional La Cosecha, tiene expeditas acciones y recursos para hacer valer sus derechos e intereses mediante las vías legales correspondientes, independientemente del hecho de desestimar la presente garantía constitucional de amparo.En consonancia con lo anterior, cabe destacar que el objeto resuelto por la honorable corte de apelaciones, no es una declaración sobre quien ostenta el derecho dominical sobre el inmueble involucrado, o la viabilidad legal para satisfacer la pretensión de ejecutar el derecho judicialmente declarado con dicho inmueble. Lo realmente resuelto por la corte de apelaciones se circunscribe a responder el problema concreto o puntual siguiente: ¿El Instituto de la Propiedad ostenta la facultad para cuestionar y desobedecer la orden judicial de inscribir una medida cautelar o debe proceder a la inscripción? La posición del tribunal de alzada al respecto, es que dicha entidad administrativa no ostenta la facultad de denegar la inscripción del embargo ordenado por el órgano jurisdiccional, debido a que las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento, más aun el caso de marras que involucra la ejecución de derechos laborales declarados en sentencia firme, tomando en cuenta que esos derechos constituyen un crédito singularmente privilegiado de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 128 constitucional. Entonces en resumen, este alto tribunal de justicia, encuentra que además de que no se han conculcado los derechos fundamentales invocados por el garantista, es totalmente correcto lo expuesto por la corte de apelaciones, porque las órdenes de los jueces son de cumplimiento obligatorio; aún más en el presente caso en donde la inscripción del embargo es de tipo precautorio y de aseguramiento, y que no consiste en la asignación del derecho dominical, sino que simplemente evita el alzamiento de bienes mediante dolosas acciones, dispuestas a evadir sus obligaciones pecuniarias. Para que quede aún más clara la idea, cabe destacar que el motivo o razón de la orden judicial de embargo, es precisamente evitar que se registre e inscriba cualquier situación que altere el orden de las cosas en ese momento existente, de tal suerte que este caso, es una lógica excepción al principio alegado, primero en tiempo primero en derecho, que proviene del brocardo en latín, “prior in tempore, potior in iure.”. De tal suerte que, al sólo recibimiento de la orden la obligación del registrador es paralizar cualquier solicitud presentada que altere el status quo del inmueble. Por todo lo anteriormente señalado, debe denegarse la acción de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo laboral interpuesto por el abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, a favor de la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, contra la resolución de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CORTÉS, mediante la cual declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; en relación con la demanda laboral promovida por el señor EXABEL GÓMEZ AMAYA contra la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1.En fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Cortés, el señor EXABEL GÓMEZ AMAYA, interponiendo demanda laboral contra la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, operadora de la UNIVERSIDAD CRISTIANA DE HONDURAS (UCRISH), a través de su representante legal el señor MISAEL ARGEÑAL, a efecto de obligarle a probar en juicio la justa causa de despido de su trabajo; y en caso de no hacerlo, obligarle mediante sentencia definitiva, al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir desde el momento en que se produjo el despido injusto, hasta que se ejecute la sentencia condenatoria, más las costas del juicio.2.En fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Cortés celebró audiencia de juzgamiento, en la cual:“FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para pedir el pago de prestaciones sociales, salarios adeudados, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes proporcional promovida por el señor EXABEL GÓMEZ AMAYA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la empresa FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, también conocida como UNIVERSIDAD CRISTIANA DE HONDURAS (UCRISH), a través de su representante legal señor MISAEL ARGEÑAL, también de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia; en consecuencia 2) CONDENA: FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO también conocida como UNIVERSIDAD CRISTIANA DE HONDURAS (UCRISH), a través de su representante legal señor MISAEL ARGEÑAL, a pagar al trabajador EXABEL GÓMEZ AMAYA, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.197,217.39), se distribuyen así: Preaviso L.25,756.20; auxilio de cesantía L. 141,659.10, auxilio de cesantía proporcional L.5,243.29, decimocuarto mes proporcional. Para L.10,762.54, vacaciones pendientes L.4,721.97, salario adeudado L. 2,575.62; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria…” (Folios 57 al 59 de la pieza de primera instancia).3.El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Cortés, emitió resolución mediante la cual resolvió:“…decrétese embargo sobre el bien inmueble ubicado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés inscrito a favor de la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO la que se encuentra inscrita bajo matrícula del folio real número 1743502, asiento número 2 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, consistente en lote de terreno que formó parte del que se identifica como predio número 65 en el mapa número GO31 sito en el lugar denominado Yojoa, constante de 24,944.48 metros cuadrados. Dicho embargo es hasta por la cantidad de (sic) SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (719,559.35). Para la práctica de dicho embargo nómbrese ejecutor a la señora CINTHIA JOHANNA POSAS CALIX, quien es mayor de edad, abogada infieri, casada y de este domicilio, a quien se le hará saber de su nombramiento para su aceptación y demás efectos legales. Una vez practicado dicho embargo, líbrese atento mandamiento al Registro de la Propiedad de esta ciudad a efecto de que hagan las anotaciones correspondientes al margen del asiento.” (Folios 94 y 95 de la primera pieza).4.En fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, el abogado, SIGBERTO EDUARDO LOZANO, actuando en su condición de apoderado legal del señor EXABEL GÓMEZ AMAYA, compareció ante el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Cortés, manifestando que el día doce de octubre de 2022, ingresó en el Instituto de la Propiedad el mandamiento librado por el citado juzgado, a efecto de que inscribiera el embargo ordenado, el cual fue denegado provisionalmente por el Instituto de la Propiedad, aduciendo la existencia de la prohibición de celebrar actos y contratos, sobre el bien inmueble objeto del embargo. (folio 111 de la pieza de primera instancia).5.En fecha el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Cortés, emitió auto en el cual en su parte dispositiva establece:“1.Téngase por recibida la comparecencia que antecede presentada a través de la secretaría general de este tribunal, en consecuencia, admítase la comparecencia que antecede junto con la impresión de presentación número 2503306 y auto de denegatoria según antecedente del dominio de prohibición de celebrar actos y contratos que acompaña, la que se manda agregar a sus antecedentes en vista de lo manifestado por el compareciente sobre la denegatoria extendida por el Instituto de la Propiedad de esta sección judicial, que el mandamiento judicial por este tribunal contiene una orden judicial, de registrar un embargo, orden que NO QUEDA A DISCRECIÓN de ningún funcionario administrativo decidir si se cumplen o no las órdenes judiciales, va bajo el apercibimiento que de no cumplirla puede incurrir en responsabilidad penal, además no es obligación del juez determinar, si la inscripción debe hacerse con prelación o no de otras diligencias, en vista de que pueden existir otras órdenes judiciales que el funcionario debe inscribir por lo que debe limitarse a realizar su trabajo. En consecuencia, líbrese atento oficio en el cual se le informe sobre lo resuelto por este tribunal…” (Folio 115 de la pieza de primera instancia).6.El abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN en su condición de apoderado legal de la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, apeló la decisión del juez a quo, en virtud de lo cual, la Corte de apelaciones del trabajo del departamento de Cortés, dictó la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la cual: “FALLA: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la resolución de fecha diecisiete de noviembre dos mil veintidós proferido por el Juzgado de letras de trabajo en esta sección judicial en la demanda de la referencia; en consecuencia, SE CONFIRMA la misma; …” (Folios 17 al 21 de la segunda pieza de antecedentes).7.En fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el abogado, SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN compareció ante este alto tribunal de justicia, reclamando amparo a favor de la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, contra la sentencia de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, dictada por el ad quem, luego de considerar que la misma, vulnera a su representado los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 5 de la garantía constitucional de amparo).8. En fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, al desprenderse de los autos que el término de cuarenta y ocho horas concedido al recurrente para que formalizara la acción había vencido; sin embargo, desprendiéndose del escrito de interposición de la garantía constitucional de amparo, el desarrollo puntual del concepto de la violación alegada, se estimó procedente continuar con el trámite de la garantía, dando vista de los antecedentes al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 22 de la garantía constitucional de amparo).9. En fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, este alto tribunal de justicia tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su fiscal, abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, quien fue de la opinión porque: NO SE OTORGUE la garantía de amparo en vista de no existir vulneración de los derechos constitucionales invocados. (Folios 24 al 27 de la garantía constitucional de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.1.Sobre la garantía constitucional de amparo.De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.2.Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.3. Resumen de los alegatos que desarrollan los motivos de amparo. El impetrante al interponer la presente garantía constitucional de amparo, denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado los derechos de defensa, debido proceso legal, y ser oído en juicio por autoridad competente, contenidos por su orden en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. El impetrante relata en su escrito que, después de la tramitación normal del proceso, el juez a quo ordenó en fecha doce de octubre de 2022, el embargo de un bien inmueble registrado bajo matricula número 1743502, el cual aparece en el sistema del registro, como propiedad de su representada, pero que en fecha anterior, específicamente el treinta de septiembre de 2022, ya se había dispuesto su traspaso a un tercero y se había presentado solicitud de inscripción al Instituto de la Propiedad para su correspondiente registro; por lo que, esta escritura goza de derecho preferente y tiene prelación registral, amparado en el principio básico legal que reza; primero en tiempo es primero en derecho. Manifiesta el garantista que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, siguiendo instrucciones de su representada, presentó solicitud al Instituto de la Propiedad de esta sección registral para la respectiva inscripción de la escritura pública de DACION EN PAGO otorgada por LA FUNDACION HONDURAS PARA CRISTO a favor del MINISTERIO INTERNACIONAL LA COSECHA, y autorizada en esta ciudad por la notaria THELMA RIVERA DE ZERÓN. Por lo que, dicha dación data del treinta de diciembre de dos mil veinte, es decir, hace casi dos años tal como lo demuestra con las actas de autorización debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad y con la fotocopia del instrumento de dación debidamente autenticado que acompañó con el escrito de interposición de la presente garantía constitucional de amparo. Reitera que se acredita que, a la fecha de decretarse la prohibición de disponer sobre dicho inmueble, este ya había sido traspasado por su representada dos años antes, incluso se acredita haberse presentado para su inscripción varios días antes del embargo ordenado por el juzgado a quo, en el presente expediente. Agrega que, además la juez de primera instancia, en su mandamiento de inscripción, incluso llega al extremo de expresar, que además NO está en la obligación de determinar si la inscripción debe hacerse con prelación o no, de otras diligencias… es decir, hace a un lado el derecho y principio fundamental del derecho de prelación en materia registral, siendo este el derecho que tutela el orden de las presentaciones objeto de registro en nuestro país, y evita el caos en la inscripción y registro de bienes inmuebles. El garantista considera que, después que el funcionario registral denegó la inscripción del embargo aludido, la señora juez debió, previo a ordenar la inscripción forzosa al Instituto de la Propiedad, solicitar el historial de las presentaciones existentes, para así determinar cuál de todas tiene prelación o preferencia; pues si bien es cierto, las órdenes judiciales son de estricto cumplimiento, no lo es menos, que estas deben sujetarse a las normas de legalidad y al debido proceso sin violentar el derecho de las partes, como en su caso, opina que lo hizo la juez, al ordenar la inscripción de un embargo sin importar las presentaciones preexistentes, con lo cual, estima que vulnera los derechos invocados de su representada y de terceros.4. Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de la sección judicial del departamento de Cortés, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por unanimidad de votos dispuso confirmar la resolución dictada en primera instancia el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual, la juez a quo ordenó el libramiento de oficio al Instituto de la Propiedad a efecto de que proceda a inscribir lo ordenado por este órgano jurisdiccional, en virtud de que no queda a discreción de ningun funcionario administrativo decidir sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, incurre en responsabilidad penal; asimismo se le hace saber que no es obligación del juez, determinar si la inscripción debe hacerse con prelación o no de otras diligencias, en vista de que pueden existir otras órdenes judiciales que el funcionario debe inscribir, por lo que debe limitarse nada más a hacer su trabajo. La corte señala que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye entre otros elementos, el garantizar la efectividad de las decisiones judiciales a través del derecho a que se ejecute el fallo cuando el mismo adquiera firmeza, debiendo por ello tomar las medidas necesarias para lograr la ejecución.Lo acaecido en el presente caso, señala la corte, es que estando en ejecución la sentencia condenatoria, se ordenó embargo de un inmueble propiedad de la parte demandada, ordenándose la inscripción del mismo al Instituto de la Propiedad. La corte estima que tal como lo estableció la juez a quo, el acto del Instituto de la Propiedad de denegar la inscripción del embargo es improcedente debido a que las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento; más aun tratándose de la ejecución de derechos declarados en sentencia firme; derechos además que constituyen un crédito singularmente privilegiado de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 128 constitucional.En virtud de lo anteriormente manifestado, el tribunal de alzada estima que la decisión apelada debe ser confirmada, indicando que los asuntos que se conocen en esta materia son estrictamente laborales, según el artículo 134 de la Constitución de la República y 665 del Código del trabajo, de manera que no es posible pronunciarse sobre la prelación registral que señala el recurrente por ser competencia de otro órgano jurisdiccional. 5.Resumen de la opinión del Ministerio Público.La agente de tribunales, abogada Sobeida Isabel Zapata Grande al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. La fiscal señala que, el impetrante en la interposición de la acción de amparo, expresó que, contra la decisión dictada por la autoridad recurrida, interpuso el recurso de reposición en fecha diecisiete de enero de 2023 y que fue declarado sin lugar; sin embargo, la fiscal aprecia que, al revisar las piezas del expediente, se constata que en realidad no se agotó este recurso. Por otra parte, la fiscal encuentra justificada y amparada en ley, la decisión impugnada en amparo, ante el deber de ejecutoria del fallo a pedimento del ejecutante por la falta de colaboración del ejecutado para el pago de las cantidades adeudadas, incluyendo el pago de costas procesales de la ejecución. Por lo que opina que no se ha vulnerado el debido proceso, ni el derecho de defensa, ya que el pago de créditos a favor del trabajador por salarios, indemnización y demás, son créditos privilegiados sobre otros, tal como lo establece el articule 128 numeral 4 de la Constitución de la República; prelación o privilegio que también se consigna en el artículo 374 del Código del trabajo. Finalmente señala que la sentencia definitiva, origen del embargo es un título que amerita ser ejecutado y que la presentación del amparo es un acto dilatorio.6.Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista.La Sala de lo Constitucional toma nota de que la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en la violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia destaca que el argumento principal que aduce el impetrante para fundamentar su petición de amparo es que la juez a quo no debió conminar de manera imperativa al Instituto de la Propiedad a proceder a inscribir el embargo sobre un bien inmueble que ya no pertenece a su poderdante, sino a un tercero que obtuvo el derecho de dominio dos años antes; y cuya inscripción se encontraba en trámite ante el Instituto de la Propiedad mediante solicitud previamente presentada, días antes de girarse por primera vez la orden de inscribir el embargo.El impetrante explica que, aunque el bien inmueble registrado bajo matricula número 1743502, aparece en el sistema del registro, como propiedad de su representada Fundación Honduras para Cristo, la realidad es que con anterioridad ya se había dispuesto su traspaso a un tercero (Ministerio Internacional La Cosecha); asimismo, alega que la solicitud de inscripción de la dación en pago aludida, fue presentada antes que la orden de inscripción del embargo, por lo que, el Instituto de la Propiedad deviene en la obligación de resolver sendas inscripciones en el orden de su presentación. Es decir, primero atender la tradición de dominio originada por la dación en pago, y después resolver la orden de embargo; todo lo cual conlleva a afirmar que, la razón asiste al registrador en su decisión de rechazar la orden judicial porque el bien inmueble pertenece a un tercero y no a la parte ejecutada. La Sala de lo Constitucional, al confrontar la decisión del tribunal de alzada con el deber de observar el respeto o cumplimiento de los derechos fundamentales invocados por el quejoso, dispone lo siguiente:Con relación a la violación del debido proceso, alegado en este caso por vía de incumplimiento a los derechos de defensa y a ser oído por autoridad competente, este alto tribunal de justicia no encuentra admisible aceptar que, a la parte representada por el impetrante, se le haya negado este derecho, por cuanto se observa que ha tenido oportunidad de acceder a la autoridad judicial de ambas instancias para impugnar y alegar de forma amplia y sin ninguna restricción la defensa de su derecho.En todo caso, de lo alegado por el impetrante pareciera que su intención real no es el amparo de los derechos (defensa y ser oído) de su poderdante, sino del tercero o sea el Ministerio Internacional La Cosecha, en relación con el derecho de propiedad; al respecto este alto tribunal de justicia hace la observación de que el escrito de interposición de la presente garantía constitucional, claramente establece que se contrae a solicitar amparo a favor de la Fundación Honduras para Cristo, por lo que no es posible ampliar sus efectos al Ministerio Internacional La Cosecha.El tercero, o sea el Ministerio Internacional La Cosecha, tiene expeditas acciones y recursos para hacer valer sus derechos e intereses mediante las vías legales correspondientes, independientemente del hecho de desestimar la presente garantía constitucional de amparo.En consonancia con lo anterior, cabe destacar que el objeto resuelto por la honorable corte de apelaciones, no es una declaración sobre quien ostenta el derecho dominical sobre el inmueble involucrado, o la viabilidad legal para satisfacer la pretensión de ejecutar el derecho judicialmente declarado con dicho inmueble. Lo realmente resuelto por la corte de apelaciones se circunscribe a responder el problema concreto o puntual siguiente: ¿El Instituto de la Propiedad ostenta la facultad para cuestionar y desobedecer la orden judicial de inscribir una medida cautelar o debe proceder a la inscripción? La posición del tribunal de alzada al respecto, es que dicha entidad administrativa no ostenta la facultad de denegar la inscripción del embargo ordenado por el órgano jurisdiccional, debido a que las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento, más aun el caso de marras que involucra la ejecución de derechos laborales declarados en sentencia firme, tomando en cuenta que esos derechos constituyen un crédito singularmente privilegiado de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 128 constitucional.Entonces en resumen, este alto tribunal de justicia, encuentra que además de que no se han conculcado los derechos fundamentales invocados por el garantista, es totalmente correcto lo expuesto por la corte de apelaciones, porque las órdenes de los jueces son de cumplimiento obligatorio; aún más en el presente caso en donde la inscripción del embargo es de tipo precautorio y de aseguramiento, y que no consiste en la asignación del derecho dominical, sino que simplemente evita el alzamiento de bienes mediante dolosas acciones, dispuestas a evadir sus obligaciones pecuniarias.Para que quede aún más clara la idea, cabe destacar que el motivo o razón de la orden judicial de embargo, es precisamente evitar que se registre e inscriba cualquier situación que altere el orden de las cosas en ese momento existente, de tal suerte que este caso, es una lógica excepción al principio alegado, primero en tiempo primero en derecho, que proviene del brocardo en latín, “prior in tempore, potior in iure.”. De tal suerte que, al sólo recibimiento de la orden la obligación del registrador es paralizar cualquier solicitud presentada que altere el status quo del inmueble.Por todo lo anteriormente señalado, debe denegarse la acción de amparo de mérito.PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 94, 128 No.4, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 41 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, a favor de la FUNDACIÓN HONDURAS PARA CRISTO, contra la resolución de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CORTÉS, mediante la cual declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0102-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL