Sentencia AL-1016-19 — Registro 12519
Resumen
Acción de amparo con relación a la demanda laboral promovida contra recurrente por la vía de Ejecución Forzosa declarada en primera instancia con lugar parcialmente la excepción de pago ,considerando la Sala sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la presente acción, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, basa su sentencia concretamente en que, la excepción de pago alegada por el demandado, ejecutado, quedó claramente probada con recibos de los pagos parciales realizado a los demandantes, mismos que fueron ofertados como prueba por la parte demandada, abonos que fueron reconocidos y aceptados por el representante procesal de las partes demandantes, ejecutantes, por lo que la referida excepción de pago se entiende fue en forma parcial, ya que la cantidad mencionada como pagada por la parte recurrente y aceptada por la parte recurrida, únicamente cubre parte de la cantidad que se reclama en la presente demanda, quedando debidamente evidenciado en la sentencia recurrida, que de la cantidad total reclamada, fue rebajado el pago a que se ha hecho referencia la parte recurrente, por lo que no es posible considerar la referida excepción, ya que con dicha suma no hubo una satisfacción plena de lo reclamando por los demandantes, siendo este motivo por el cual la Juez A-Quo declaró parcialmente con lugar la referida excepción. A su vez, la Juez se pronuncia concretamente en cuanto a la nulidad de los actos procesales denunciados por la parte ejecutada, desestimando la misma. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
(11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha siete de noviembre del años dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por los señores JOSE SANTOS VIDES, DELSY YOHANA GARCIA GARCIA, JACINTO AGUILAR VELASQUEZ y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE GOSCARAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, en su condición de apoderado judicial de los señores JOSE SANTOS VIDES, DELSY YOHANA GARCIA GARCIA, JACINTO AGUILAR VELASQUEZ y OTROS, interponiendo demanda laboral por la vía de Ejecución Forzosa en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. (Folio 01 al 07 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictó sentencia en el cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA EXCEPCION DE PAGO. SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior y por haberse estimado parcialmente la excepción de pago, se suspende la ejecución ordenada por los valores reclamados inicialmente en la demanda ejecutiva de mérito. TERCERO: QUE SE REQUIERA NUEVAMENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE, conocida financieramente como Municipalidad de Guascorán del Departamento de Valle…” CUARTO: SE DESESTIMA la nulidad de los actos procesales denunciados por la parte ejecutada, virtud de lo ya expuesto. QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia. SEXTO: Contra la presente resolución los interesados podrán interponer en este acto el recurso de reposición y apelación subsidiaria, para ante la corte de Apelaciones de Choluteca y Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, caso contrario la presente resolución adquirida el carácter de firme. Y MANDA: …”. (Folios 215 y 220 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve, FALLA. PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA…” SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA INCIDENTAL RECURRIDA. TERCERO:SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: …”. (Folios 16 al 24 de la segunda pieza de antecedentes) 4) El recurrente Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve, violenta en perjuicio de su representada, los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve de marzo de dos mil veinte. 5) Que con fecha uno de noviembre de dos mil veinte, la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha siete de noviembre del años dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por los señores JOSE SANTOS VIDES, DELSY YOHANA GARCIA GARCIA, JACINTO AGUILAR VELASQUEZ y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE GOSCARAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, cuando la sentencia de Segunda Instancia inobservó Artículos del Código Procesal Civil, y con ello se dejó de aplicar requisitos formales indispensables para alcanzar dicho fin, y da con ello lugar a faltas inexcusables en el proceso y consecuentemente genera indefensión a su representada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha uno de noviembre de dos mil veinte, la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta; cuando se observa que tanto la resolución dictada por el A-Quo, como por el A-Quem, poseen la motivación suficiente, satisfaciendo los requisitos, las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, en el cual se aprecia, que se han respetado durante la prosecución del proceso laborar las garantías constitucionales, por lo que no se aprecia violación a las mismas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, basa su sentencia concretamente en que, la excepción de pago alegada por el demandado, ejecutado, quedó claramente probada con recibos de los pagos parciales realizado a los demandantes, mismos que fueron ofertados como prueba por la parte demandada, abonos que fueron reconocidos y aceptados por el representante procesal de las partes demandantes, ejecutantes, por lo que la referida excepción de pago se entiende fue en forma parcial, ya que la cantidad mencionada como pagada por la parte recurrente y aceptada por la parte recurrida, únicamente cubre parte de la cantidad que se reclama en la presente demanda, quedando debidamente evidenciado en la sentencia recurrida, que de la cantidad total reclamada, fue rebajado el pago a que se ha hecho referencia la parte recurrente, por lo que no es posible considerar la referida excepción, ya que con dicha suma no hubo una satisfacción plena de lo reclamando por los demandantes, siendo este motivo por el cual la Juez A-Quo declaró parcialmente con lugar la referida excepción. A su vez, la Juez se pronuncia concretamente en cuanto a la nulidad de los actos procesales denunciados por la parte ejecutada, desestimando la misma. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1016-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL