Sentencia AC-971-22 — Registro 17573
Resumen
Sentencia recurrida anulada de oficio con relación a Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por sociedad mercantil contra recurrente como deudor principal y los demás como fiadores solidarios. Tribunal de Alzada razona en su fallo que la sentencia apelada presenta el vicio de incongruencia, al observar una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
): Todos estos hechos fácticos debieron ser observados por el juzgador A-quo, para la emisión de su sentencia y que el Ad-quem, dentro de sus facultades ha examinado llegando a la conclusión que no hay congruencia en la misma en los medios probatorios ofertados, más las considerados jurídicas aquí planteadas, por lo que dicta su fallo anulando la sentencia del A-quo y ordenando la retroacción de las diligencias hasta donde considera la infracción, esta sala considera que no se ha violentado los derechos del amparista, ninguna garantía constitucional referente al debido proceso, en virtud que al Ad- quem, antes bien, dentro de sus facultades ha detectado que el fallo dictado por el A-quo, es violatorio a las pretensiones del demandante, por lo que se debe llevar a cabo las diligencias del proceso que proceden hasta antes de dicha sentencia. CONSIDERANDO (OCHO): Que esta Sala concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de este recurso y objeto de este examen, en tanto que efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, ya que el funcionario denunciado ha actuado dentro de las esfera de sus facultades y la solicitud que se denuncia como violatoria por parte del quejoso, pues la finalidad del recurso de apelación es de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso, que como revisores del acto administrativo, se debe resolver conforme a lo peticionado y acreditado mediante medios de prueba, para verificar la eficacia y validez de dichos actos administrativos, cuya impugnación deriva entre otros, de sentencias con requisitos procesales imperativos, de cumplimiento obligatorio, como ser la motivación exhaustiva y congruencia, de forma que con ellos se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el proceso, explicando el sentido de la resolución como un deber jurisdiccional que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y se evite caer en arbitrariedad, en la sentencia recurrida y que conoció la Corte de Apelaciones se establece que esta carece de claridad y precisión, y con una argumentación jurídica que no explica e interpreta la norma jurídica aplicable al caso concreto que se juzga, pues esta omite pronunciarse si la ejecución debe o no proseguir, solo por la cantidad que corresponda, determinando la misma en base en la prueba admitida y evacuada en el proceso y de la cual tuvo inmediación a fin de que dé respuesta a todas las pretensiones de las partes en forma clara, exhaustiva y congruente, sometida a su conocimiento, por lo que esta sentencia carece de congruencia al estimar el Juez A-quo, parcialmente con lugar la oposición a la ejecución de título extrajudicial consistente en nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos y la pluspetición, y al desestimar los motivos de falta de personalidad en el actor; debiendo en consecuencia, dictar a nueva cuenta la sentencia. CONSIDERANDO (NUEVE): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de este recurso, esta Sala de lo Constitucional observa, que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala, que la Alzada al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio de forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional. Aplicándolas debidamente al caso que, sometido a su conocimiento y resolución, con lo que ha hecho valor la vigencia de los derechos fundamentales determinados en la Constitución de la República; en consecuencia, el fallo que se recurre, no infringe las disposiciones legales invocadas por la recurrente, volviéndose improcedente el recurso de Amparo.
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
): Todos estos hechos fácticos debieron ser observados por el juzgador A-quo, para la emisión de su sentencia y que el Ad-quem, dentro de sus facultades ha examinado llegando a la conclusión que no hay congruencia en la misma en los medios probatorios ofertados, más las considerados jurídicas aquí planteadas, por lo que dicta su fallo anulando la sentencia del A-quo y ordenando la retroacción de las diligencias hasta donde considera la infracción, esta sala considera que no se ha violentado los derechos del amparista, ninguna garantía constitucional referente al debido proceso, en virtud que al Ad- quem, antes bien, dentro de sus facultades ha detectado que el fallo dictado por el A-quo, es violatorio a las pretensiones del demandante, por lo que se debe llevar a cabo las diligencias del proceso que proceden hasta antes de dicha sentencia. CONSIDERANDO (OCHO): Que esta Sala concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de este recurso y objeto de este examen, en tanto que efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, ya que el funcionario denunciado ha actuado dentro de las esfera de sus facultades y la solicitud que se denuncia como violatoria por parte del quejoso, pues la finalidad del recurso de apelación es de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso, que como revisores del acto administrativo, se debe resolver conforme a lo peticionado y acreditado mediante medios de prueba, para verificar la eficacia y validez de dichos actos administrativos, cuya impugnación deriva entre otros, de sentencias con requisitos procesales imperativos, de cumplimiento obligatorio, como ser la motivación exhaustiva y congruencia, de forma que con ellos se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el proceso, explicando el sentido de la resolución como un deber jurisdiccional que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y se evite caer en arbitrariedad, en la sentencia recurrida y que conoció la Corte de Apelaciones se establece que esta carece de claridad y precisión, y con una argumentación jurídica que no explica e interpreta la norma jurídica aplicable al caso concreto que se juzga, pues esta omite pronunciarse si la ejecución debe o no proseguir, solo por la cantidad que corresponda, determinando la misma en base en la prueba admitida y evacuada en el proceso y de la cual tuvo inmediación a fin de que dé respuesta a todas las pretensiones de las partes en forma clara, exhaustiva y congruente, sometida a su conocimiento, por lo que esta sentencia carece de congruencia al estimar el Juez A-quo, parcialmente con lugar la oposición a la ejecución de título extrajudicial consistente en nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos y la pluspetición, y al desestimar los motivos de falta de personalidad en el actor; debiendo en consecuencia, dictar a nueva cuenta la sentencia. CONSIDERANDO (NUEVE): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de este recurso, esta Sala de lo Constitucional observa, que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala, que la Alzada al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio de forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional. Aplicándolas debidamente al caso que, sometido a su conocimiento y resolución, con lo que ha hecho valor la vigencia de los derechos fundamentales determinados en la Constitución de la República; en consecuencia, el fallo que se recurre, no infringe las disposiciones legales invocadas por la recurrente, volviéndose improcedente el recurso de Amparo.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, a favor de la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V., asimismo, de los señores Allan Alberto Álvarez Mairena, Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por la sociedad mercantil Banco Atlántida, S. A., contra la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L de C.V, a través de su representante, el señor Allan Alberto Álvarez Mairena, como deudor principal y contra los señores Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, como fiadores solidarios. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)Que en fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Max Rodríguez Bustillo, actuando como apoderado legal de la sociedad mercantil Banco Atlántida, S.A., promoviendo “DEMANDA EL PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, en contra de la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V., representada por el señor Allan Alberto Álvarez Mairena, como deudor principal; asimismo, contra los señores Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, como fiadores solidarios. (Folios 1-4 de la pieza principal del A-quo). 2)En fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, presentando escrito de “OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL PARA EL PAGO DE DEUDA…”. (Folios 55-61 del expediente del A-quo).3)En fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA OPOSICIÓN a la ejecución de título extrajudicial consistente en Nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos y la pluspetición, SE DESESTIMAN los motivos de La falta de personalidad en el actor, el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, la falta de legitimación del demandado, presentados por los abogados MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA actuando en su condición de Representante Procesal de los señores ALLAN ALBERTO ALVAREZ MAIRENA FLORENCIA MARGARITA MAIRENA RAMIREZ JOSE ALEJANDRO ALVAREZ MAIRENA y ANDREA ALEJANDRA ALVAREZ MAIRENA en su condición personal y de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA KOSMOX, S DE R.L. DE C. V. Representada por el señor ALLAN ALBERTO ALVAREZ MAIRENA respectivamente, en consecuencia se declara sin lugar el procedimiento quedando a salvo el derecho de las partes para promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión artículo 798 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Y MANDA: Que quede firme el presente fallo si dentro del término de ley no se interpone Recurso de apelación. Siendo que la pretensión del opositor es parcial cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por la mitad.” (Folios 134-139 del expediente del A-quo). 4)Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Max Rodríguez Bustillo, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil Banco Atlántida, S.A., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia, mediante la cual falló: “…PRIMERO: ANULAR DE OFICIO la sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.-SEGUNDO: ORDENA la retrotracción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. TERCERO: SIN COSTAS en virtud de la nulidad de oficio decretada… ". (Folios 11-21 del expediente del Ad-quem). 5)En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de Amparo a favor de la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V.; asimismo, de los señores Allan Alberto Álvarez Mairena, Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. 6)Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 55 del recurso).7)Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del estudio del fallo venido en amparo, se aprecia que la Corte de Apelaciones razona en su fallo que la sentencia apelada presenta el vicio de incongruencia, al observar una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal sobre el motivo de oposición denominado nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, pero sustentado por el A-quo en alegatos no planteados por las partes procesales, alterando de oficio la oposición planteada. Asimismo, respecto al motivo de oposición denominado pluspetición, el Ad-quem estimó que el A-quo debe establecer si la ejecución debe o no proseguir por la cantidad que corresponda determinando la misma, con base en la prueba admitida y evacuada en el proceso; así como apreció la falta de claridad, precisión y exhaustividad, al no realizar con la debida separación pronunciamientos sobre todos los puntos objeto del litigio, debiendo realizar pronunciamiento separados, individualizados, debidamente motivados y fundamentados conforme los motivos de oposición planteados tanto por el deudor principal, como de los fiadores solidarios. Siguiendo este orden de ideas, esta representación del Ministerio Público estima que la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada se encuentra ajustada a derecho y cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso. De tal suerte, que la Corte de Apelaciones, al apreciar la infracción procesal alegada por la parte recurrente concluyó en anular la sentencia conocida en apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 715.2, con relación al artículo 212.4 del Código Procesal Civil, a efecto que el A-quo dicte una nueva sentencia, lo que les permite a las partes poder nuevamente recurrir la sentencia dictada. Que de los argumentos expuestos, la suscrita estima que la resolución venida en amparo no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el amparista, los que a su vez deben ser también observados por el juzgado de primera instancia, cuando se emita una nueva sentencia definitiva que sea congruente con el petitorio en la demanda y con las demás pretensiones de las partes, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no vislumbrarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 59-63 del recurso de mérito). FUNDAMENTOS DE DERECHOCONSIDERANDO (UNO): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto, contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO (DOS): La garantía de Amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (TRES): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún Órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (CUATRO): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer del recurso de Amparo, cuando se aleguen violaciones de los derechos fundamentales que fueran cometidos por a) …b) Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (CINCO): Que según lo ha indicado el recurrente, se denuncia como acto reclamado el hecho de que en fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en la “DEMANDA EL PAGO DE DEUDA POR EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, en contra de la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V., representada por el señor Allan Alberto Álvarez Mairena, como deudor principal, asimismo, contra los señores Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, como fiadores solidarios, en la cual el Ad-Quem resolvió anular de oficio la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y ordena la retroacción de las actuaciones al estado inmediato anterior al defecto que la originó, y que viola el derecho del Debido Proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, pues las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, así como la legalidad en el proceso que establece el artículo 7 del Código Procesal Civil. En la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, existe contradicción que constituye violación al debido proceso, en el sentido que al inicio del numeral cuarto de los Fundamentos de Derecho, hace una seria de consideraciones sobre aspectos normativos y fácticos y posteriormente en ese mismo numeral hace referencia sobre el fondo del objeto del proceso y las cuestiones debatidas de forma oficios, siendo que la Corte de Apelaciones solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, de conformidad al principio dispositivo o de justicia rogada, establecida en el artículo 10.2 del Código Procesal Civil; que es contradictorio tanto en la lógica aplicada en la resolución recurrida por lo establecido en la ley, en vista que la excepción de revisar de oficio La Corte de Apelaciones es lo establecido en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil y tomando en cuenta la prohibición establecida en el artículo 214 numeral 3 del mismo cuerpo legal y que dice: “En ningún caso podrá el Tribunal con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal”, lo que significa que las nulidades no son al arbitrio de la Corte de Apelaciones, ya se encuentra tasada su actuación y se limita a apreciar de oficio las circunstancias antes citadas, lo cual no es congruente de conformidad con la ley. Que en consecuencia causa violación al derecho del debido proceso, pues al revisar los agravios planteados por la contraparte no peticionó ninguna nulidad, ya que debe ser de conformidad a lo establecido en el Artículo 214 numeral 3 del Código Procesal Civil, ni estableció como motivo de nulidad como defecto procesal no estando autorizada la Corte de Apelaciones a apreciar de oficio estas actuaciones procesales que son meramente privativas de las partes y lo que procede es conocer el fondo de los agravios planteados en el Recurso de Apelación, lo que constituye una ilegalidad por parte de la Corte Segunda de Apelaciones Civil, extralimitándose en las facultades que le confiere la ley denotando parcialidad a la parte apelante.CONSIDERANDO (6): Que el recurso de apelación está encaminado a lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente (artículo 705 del Código Procesal Civil), artículo 715 del Código en comento, alcance de la decisión de la apelación: “1.- Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarara así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al efecto que la origino. “. Si se tratara de infracciones otra clase anulara la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente. 3. Si se apreciaré alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectará a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectará la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la sentencia apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a dictar sobre el fondo. 4…..”, el amparista, en su recurso aduce, que la sentencia dictada por el Ad-Quem, le viola su derecho al debido proceso consignado en el artículo 90 constitucional: Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que le ley establece”, alega el amparista, que los tribunales de alzada no tienen la prerrogativa de anular de oficio una sentencia recurrida, pero como se ha dejado establecido en el artículo 715 supra relacionado, el Ad-Quem ha valorado que la sentencia del A-quo adolece de falencias al debido proceso, en vista que la misma es incongruente con las peticiones planteadas por los demandados, quien al hacer la revisión fáctica y jurídica que le es otorgada, ha detectado infracciones al proceso como lo establece el artículo 208 del CPC: Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes”. El Ad-Quem advierte, que el fallo del A-quo contempla en su resolución, al estimar parcialmente con lugar la oposición a la ejecución de título extrajudicial, consistente en la nulidad del mandamiento, por no cumplir el título ejecutivo con los requisitos legales exigidos en el libelo del escrito de oposición de los demandados, se aprecian 3 motivos de oposición: 1) La falta de personalidad del actor; 2) El hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento; y 3) La Falta de legitimación; así como, la omisión de los requisitos y menciones que el título valor debe contener y que la ley no presume expresamente.CONSIDERANDO(SIETE): Todos estos hechos fácticos debieron ser observados por el juzgador A-quo, para la emisión de su sentencia y que el Ad-quem, dentro de sus facultades ha examinado llegando a la conclusión que no hay congruencia en la misma en los medios probatorios ofertados, más las considerados jurídicas aquí planteadas, por lo que dicta su fallo anulando la sentencia del A-quo y ordenando la retroacción de las diligencias hasta donde considera la infracción, esta sala considera que no se ha violentado los derechos del amparista, ninguna garantía constitucional referente al debido proceso, en virtud que al Ad- quem, antes bien, dentro de sus facultades ha detectado que el fallo dictado por el A-quo, es violatorio a las pretensiones del demandante, por lo que se debe llevar a cabo las diligencias del proceso que proceden hasta antes de dicha sentencia. CONSIDERANDO (OCHO): Que esta Sala concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de este recurso y objeto de este examen, en tanto que efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, ya que el funcionario denunciado ha actuado dentro de las esfera de sus facultades y la solicitud que se denuncia como violatoria por parte del quejoso, pues la finalidad del recurso de apelación es de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso, que como revisores del acto administrativo, se debe resolver conforme a lo peticionado y acreditado mediante medios de prueba, para verificar la eficacia y validez de dichos actos administrativos, cuya impugnación deriva entre otros, de sentencias con requisitos procesales imperativos, de cumplimiento obligatorio, como ser la motivación exhaustiva y congruencia, de forma que con ellos se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el proceso, explicando el sentido de la resolución como un deber jurisdiccional que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y se evite caer en arbitrariedad, en la sentencia recurrida y que conoció la Corte de Apelaciones se establece que esta carece de claridad y precisión, y con una argumentación jurídica que no explica e interpreta la norma jurídica aplicable al caso concreto que se juzga, pues esta omite pronunciarse si la ejecución debe o no proseguir, solo por la cantidad que corresponda, determinando la misma en base en la prueba admitida y evacuada en el proceso y de la cual tuvo inmediación a fin de que dé respuesta a todas las pretensiones de las partes en forma clara, exhaustiva y congruente, sometida a su conocimiento, por lo que esta sentencia carece de congruencia al estimar el Juez A-quo, parcialmente con lugar la oposición a la ejecución de título extrajudicial consistente en nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos y la pluspetición, y al desestimar los motivos de falta de personalidad en el actor; debiendo en consecuencia, dictar a nueva cuenta la sentencia. CONSIDERANDO (NUEVE): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de este recurso, esta Sala de lo Constitucional observa, que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala, que la Alzada al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio de forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional. Aplicándolas debidamente al caso que, sometido a su conocimiento y resolución, con lo que ha hecho valor la vigencia de los derechos fundamentales determinados en la Constitución de la República; en consecuencia, el fallo que se recurre, no infringe las disposiciones legales invocadas por la recurrente, volviéndose improcedente el recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDADde votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 35, 63, 80 y 109 de la Ley de Jurisdicción de la Contencioso Administrativo; y, 3 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO la garantía de Amparo promovida por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Constructora Kosmox, S. de R.L. de C.V., representada por el señor Allan Alberto Álvarez Mairena, como deudor principal; asimismo, contra los señores Florencia Margarita Mairena Ramírez, José Alejandro Álvarez Mairena y Andrea Alejandra Álvarez Mairena, contra la resolución de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0971-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.