Sentencia AC-965-22 — Registro 18173
Resumen
Con relación a la solicitud de ejecución Forzosa de titulo judicial, destacando la Sala Constitucional que no consta que se haya interpuesto en su momento el recurso de reposición en contra del fallo relacionado por lo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones quedó firme, de hecho, la sentencia que hoy constituye el título judicial, fue objeto de acción de amparo, el cual fue inadmitido oportunamente, por consiguiente, no puede considerarse que concurra nulidad en el mandamiento ejecutivo por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, pues cuando se interpuso la acción en primera instancia ya estaba firme el fallo, por tanto al haberse observados las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
: Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos en que el titulo judicial (Resolución Corte de Apelaciones de fecha 31 de agosto del 2020) no había adquirido firmeza, este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, destacando que no consta que se haya interpuesto en su momento el recurso de reposición en contra del fallo relacionado por lo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones quedó firme, de hecho, la sentencia que hoy constituye el título judicial, fue objeto de acción de amparo, el cual fue inadmitido oportunamente, por consiguiente, no puede considerarse que concurra nulidad en el mandamiento ejecutivo por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, pues cuando se interpuso la acción en primera instancia ya estaba firme el fallo, por tanto al haberse observados las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
: Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos en que el titulo judicial (Resolución Corte de Apelaciones de fecha 31 de agosto del 2020) no había adquirido firmeza, este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, destacando que no consta que se haya interpuesto en su momento el recurso de reposición en contra del fallo relacionado por lo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones quedó firme, de hecho, la sentencia que hoy constituye el título judicial, fue objeto de acción de amparo, el cual fue inadmitido oportunamente, por consiguiente, no puede considerarse que concurra nulidad en el mandamiento ejecutivo por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, pues cuando se interpuso la acción en primera instancia ya estaba firme el fallo, por tanto al haberse observados las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Mercy Yolany Gámez Navarrete, a favor de la sociedad mercantil Banco Corporativa S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la solicitud de ejecución de titulo judicial promovida por el Abogado Everton Francisco Herrara Paz, contra la liquidadora de Banco Corporativo S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha once de diciembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Everton Francisco Herrera Paz, presentando solicitud de ejecución de titulo judicial, contra la sociedad mercantil Banco Corporativo, S.A. (Folios 2-8 del tomo I del antecedente) 2) En fecha seis de abril de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil, de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado JAVIER ESAÚ REYES REYES, en representación procesal de la Liquidadora de la Sociedad Mercantil BANCO CORPORATIVO S.A., promoviendo nulidad de actuaciones por prescindir de normas esenciales de procedimiento y presentando motivos de oposición. (Folios 43-47 del tomo I del antecedente)3)En fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual el cual dispuso: “…PRIMERO: Se declara injustificada la oposición formulada por el Abogado JAVIER ESAU REYES REYES en su condición de representante procesal de La Sociedad Mercantil BANCO CORPORATIVO S.A a la Ejecución de titulo judicial promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ Y MANDA que se siga adelante con la Ejecución, por la cantidad establecida en el mandamiento de Ejecución la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 18, 576,118.07) más los intereses y costas de Ejecución-. SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que contra el mismo cabe recurso de apelación a preparar ante este Juzgado dentro de los diez (10) días siguientes.” (Folios 532-533 del tomo II del antecedente)4)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Mercy Yolany Gámez Navarrete, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Banco Corporativo S.A., contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada: MERCY YOLANY GAMEZ NAVARRETE,, en su condición de parte ejecutada-opositor demandada, contra el Auto Definitivo de fecha Treinta de Noviembre del Dos mil Veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes en la oposición formulada por la parte ejecutada, Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CORPORATIVO S.A, actualmente en proceso de Liquidación Forzosa, representada por la Liquidadora Abogada ANA SAGRARIO JEREZ ARGUIJO, derivada de la Solicitud de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial, promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA, en contra de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CORPORATIVO S.A, para el pago de Honorarios por la cantidad de DIECIOСНО LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (18,576,118.07), tendiente a la ejecución forzosa de la Sentencia Firme dictada en fecha Treinta y Uno de Agosto del Dos mil Veinte, por este TRIBUNAL DE ALZADA, contra la Institución Financiera denominada BANCO CORPORATIVO S.A. SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Definitivo de fecha Treinta de Noviembre del Dos mil Veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, TERCERO: INADMISIBLE la prueba en esta instancia. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que, al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento. Es ponente la Abogada DELMY ELIZABEETH LOPEZ, Magistrada Integrante. CON COSTAS NOTIFIQUESE. (FIRMA Y SELLO).- ABOGADA LINDA PATRICIA REYES.- MAGISTRADA PRESIDENTE.- (FIRMA) ABOGADA MARIA TERESA BOGRAN MAGISTRADA PROPIETARIA (FIRMA) ABOGADA DELMY ELIZABEETH LOPEZ PAZ MAGISTRADA INTEGRANTE PERMANENTE (FIRMA Y SELLO). ABOGADO JOSE ALFREDO TORRES. - SECRETARIO. -". (se encuentra entre los folios 5 y 11 de la pieza del Ad-quem)5)En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, la Abogada Mercy Yolany Gámez Navarrete, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Banco Corporativo S.A., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República.6)Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la recurrente, en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 30 del recurso)7)En fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zuniga, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Esta representación fiscal una vez analizado el argumento del censor y revisado el antecedente de mérito, se advierte que el censor en el recurso de apelación centra el agravio en que el titulo judicial (Resolución Corte de Apelaciones de fecha 31 de agosto del 2020) no había adquirido firmeza, a lo cual la Alzada en el acápite Segundo de la Fundamentación Fáctica y Jurídica, se pronuncia en torno a ello, determinado que no consta que se haya dispuesto del recurso de reposición en contra del fallo supra relacionado por lo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones quedó firme, desvirtuándose de esta manera lo expresado por el amparista en cuanto a la omisión del ente jurisdiccional de no pronunciarse del agravio puesto en su conocimiento. De lo antes relacionado debemos acotar que en fecha 22 de enero del 2021, el apoderado procesal de Banco Corporativo S.A., presentó acción de amparo contra el fallo supra relacionado que revocó la oposición presentada por dicha institución bancaria, mismo que fue declarado inadmisible al no constar haber agotado el recurso de reposición (ver folio 500), interponiendo contra dicho resolutorio recurso de reposición, siendo este resuelto por la Sala Constitucional en fecha 20 de mayo del 2021 (folio 513 tomo II), determinando que si bien el auto emitido por el A-quo en fecha 13 de mayo del 2019 era de carácter definitivo (auto donde se admite la oposición), al ser este revocado mediante resolución del 31 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tal circunstancia insta la continuación del proceso por cuanto dicha resolución dejaba de ser definitiva y por ende procedía el recurso de reposición, y al no haber agotado dicho recurso quedó firme la resolución impugnada y por ende procedía la inadmisibilidad de la acción de amparo, de lo cual se advierte que al momento de la presentación de la demanda (11 de Diciembre del 2020), el titulo judicial ya surtía todos sus efectos al constar en autos que la resolución del 31 de agosto del 2019, fue notificada el 24 de noviembre 2020 (F.424 Tomo II), en tal sentido es claro que lo resuelto por el Tribunal de Alzada se encuentra conforme a derecho, por lo que no se aprecia que concurra quebrantamiento a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. IV. CONCLUSIÓN: Por anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la acción de amparo por las consideraciones antes expuestas.” (Folios 33-35 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, manifestó lo siguiente: Primer Motivo. Violación al Derecho de Tutela Judicial Efectiva consignado en el artículo 1 de la Constitución de la República. Expone que esta garantía se violentó con la sentencia recurrida al declarar sin lugar la apelación y confirmar el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno dictado por el Juez de Letras, refutando que el tribunal de apelaciones debió considerar que el título que respalda la acción carecía de firmeza para ser exigible. En un segundo motivo, invoca la violación a la garantía constitucional del debido proceso consignada en el artículo 90 de la Constitución de la República, argumentando que el hecho que la sentencia recurrida confirme la resolución del a-quo, evidencia que el tribunal de alzada ha inobservado las normas procesales aplicables al caso que nos ocupa, desconociendo los artículos 195, 695 y 751 numeral 1 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos en que el titulo judicial (Resolución Corte de Apelaciones de fecha 31 de agosto del 2020) no había adquirido firmeza, este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, destacando que no consta que se haya interpuesto en su momento el recurso de reposición en contra del fallo relacionado por lo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones quedó firme, de hecho, la sentencia que hoy constituye el título judicial, fue objeto de acción de amparo, el cual fue inadmitido oportunamente, por consiguiente, no puede considerarse que concurra nulidad en el mandamiento ejecutivo por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, pues cuando se interpuso la acción en primera instancia ya estaba firme el fallo, por tanto al haberse observados las formalidades de ley, no se produce el quebrando constitucional denunciado. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Mercy Yolany Gámez Navarrete, a favor de la sociedad mercantil Banco Corporativa S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la solicitud de ejecución de titulo judicial promovida por el Abogado Everton Francisco Herrara Paz, contra la liquidadora de Banco Corporativo S.A. Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0965-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL