Sentencia AC-885-23 — Registro 18666
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que tuvo por presentado extemporáneamente el recurso de nulidad contra la resolución dictada por el Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara De Comercio e Industrias de Cortés.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): En relación al plazo para interponer el Recurso de Nulidad, el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje señala que contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa. Así el articulo 75 de la misma ley en comento, dispone que la Corte de Apelaciones o el tribunal arbitral rechazará de plano el recurso de nulidad, cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En ese sentido el artículo 124 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al proceso arbitral, regula el computo de los plazos y al efecto el numeral 3 del artículo citado establece: “En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles…”, relacionado con el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, que señala: “PLAZOS. Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público. El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna.” En ese orden de ideas y analizados los antecedentes, se aprecia que el Laudo Arbitral fue dictado en fecha ocho (8) de mayo del dos mil veintitrés, notificado el mismo día al abogado Martin Othon Morales Cervantes, iniciando a correr el plazo de siete (7) días para interponer el recurso de nulidad, el día nueve (9) de mayo del dos mil veintitrés y precluye el día diecisiete (17) del mismo mes y año. El recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado Martin Othon Morales, fue presentado ante el órgano competente el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, dentro del plazo o período de tiempo habilitado para realizar dicha actuación procesal, en aplicación de las normas citadas. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente argumenta la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, ha permitido de manera frágil y repudiable, violaciones a leyes de orden público que afectan el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, al haber omitido el Tribunal de Alzada motivar y fundamentar jurídicamente su resolución en respuesta a la pretensión de la parte que interpone el recurso de nulidad.- Todo ello en completa inobservancia de lo establecido en el artículo 199.1 del Código Procesal Civil; asimismo ha inobservado lo dispuesto en el artículo 124.3 del Código Procesal Civil y artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación ya citados, normas que señalan cuales son los días hábiles para presentar el recurso de nulidad del Laudo. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 123.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 124.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.3 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): En relación al plazo para interponer el Recurso de Nulidad, el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje señala que contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa. Así el articulo 75 de la misma ley en comento, dispone que la Corte de Apelaciones o el tribunal arbitral rechazará de plano el recurso de nulidad, cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En ese sentido el artículo 124 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al proceso arbitral, regula el computo de los plazos y al efecto el numeral 3 del artículo citado establece: “En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles…”, relacionado con el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, que señala: “PLAZOS. Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público. El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna.” En ese orden de ideas y analizados los antecedentes, se aprecia que el Laudo Arbitral fue dictado en fecha ocho (8) de mayo del dos mil veintitrés, notificado el mismo día al abogado Martin Othon Morales Cervantes, iniciando a correr el plazo de siete (7) días para interponer el recurso de nulidad, el día nueve (9) de mayo del dos mil veintitrés y precluye el día diecisiete (17) del mismo mes y año. El recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado Martin Othon Morales, fue presentado ante el órgano competente el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, dentro del plazo o período de tiempo habilitado para realizar dicha actuación procesal, en aplicación de las normas citadas. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente argumenta la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, ha permitido de manera frágil y repudiable, violaciones a leyes de orden público que afectan el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, al haber omitido el Tribunal de Alzada motivar y fundamentar jurídicamente su resolución en respuesta a la pretensión de la parte que interpone el recurso de nulidad.- Todo ello en completa inobservancia de lo establecido en el artículo 199.1 del Código Procesal Civil; asimismo ha inobservado lo dispuesto en el artículo 124.3 del Código Procesal Civil y artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación ya citados, normas que señalan cuales son los días hábiles para presentar el recurso de nulidad del Laudo. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 123.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 124.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.3 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): En relación al plazo para interponer el Recurso de Nulidad, el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje señala que contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa. Así el articulo 75 de la misma ley en comento, dispone que la Corte de Apelaciones o el tribunal arbitral rechazará de plano el recurso de nulidad, cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En ese sentido el artículo 124 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al proceso arbitral, regula el computo de los plazos y al efecto el numeral 3 del artículo citado establece: “En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles…”, relacionado con el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, que señala: “PLAZOS. Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público. El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna.” En ese orden de ideas y analizados los antecedentes, se aprecia que el Laudo Arbitral fue dictado en fecha ocho (8) de mayo del dos mil veintitrés, notificado el mismo día al abogado Martin Othon Morales Cervantes, iniciando a correr el plazo de siete (7) días para interponer el recurso de nulidad, el día nueve (9) de mayo del dos mil veintitrés y precluye el día diecisiete (17) del mismo mes y año. El recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado Martin Othon Morales, fue presentado ante el órgano competente el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, dentro del plazo o período de tiempo habilitado para realizar dicha actuación procesal, en aplicación de las normas citadas. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente argumenta la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, ha permitido de manera frágil y repudiable, violaciones a leyes de orden público que afectan el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, al haber omitido el Tribunal de Alzada motivar y fundamentar jurídicamente su resolución en respuesta a la pretensión de la parte que interpone el recurso de nulidad.- Todo ello en completa inobservancia de lo establecido en el artículo 199.1 del Código Procesal Civil; asimismo ha inobservado lo dispuesto en el artículo 124.3 del Código Procesal Civil y artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación ya citados, normas que señalan cuales son los días hábiles para presentar el recurso de nulidad del Laudo. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 123.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 124.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.3 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., contra la resolución dictada por la Corte de Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por presentado extemporáneamente el recurso de nulidad impetrado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, contra la resolución dictada por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS, en fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, con relación al proceso arbitral accionado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, actuando en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., presentando “DEMANDA ARBITRAL: POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN LOCAL COMERCIAL…”, en contra de la sociedad mercantil denominada TERRAVISTA PLAZA S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, compareció ante la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, actuando en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., presentando “DEMANDA ARBITRAL: POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN LOCAL COMERCIAL…”, en contra de la sociedad mercantil denominada TERRAVISTA PLAZA S.A. (Folios 1-8 de la carpeta I del antecedente CCIC) 2)En fecha ocho de mayo de dos mil veintidós, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dictó laudo mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Declarar NO HA LUGAR la demanda arbitral "POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO COMERCIAL CONDOMINIO (EDIFICIO) TERRAVISTA PLAZA.", en virtud de no haber probado la parte actora sus pretensiones con los medios de prueba aportados y debidamente evacuados. 2) DECLARANDO A LUGAR LAS EXCEPCIONES MATERIALES PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA consistentes en: a) Falta de exigibilidad de lo pretendido por condición suspensiva; b) Falta de cesibilidad de lo pretendido; c) Extinción de cualquier potencia obligación fuera del precio pactado en la escritura pública; e) Ineficacia del contrato en el cual se funda la pretensión. 3) DECLARAR SIN LUGAR LA RECONVENCION, de conformidad a lo regulado en el artículo 1649 del código civil, que literalmente señala que "las acciones que emanan de lo dispuesto en los (5) artículos precedentes (1644 a 1648), se extinguirán a los seis meses (6), contados desde la entrega de la cosa vendida". Dichos artículos de relacionan con el saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, y como consta en autos que dicho computo empezó a correr el día la compra venta (19 de septiembre del año 2019) y la fecha de presentación de la reconvención (10 de octubre del 2022). 4) CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS A LA PARTE SOLICITANTE Y RECONVENIDA, la sociedad mercantil LA COMIDITA DE DON PEDRO, S. DE R.L. representada por el abogado Martin Othon Morales Cervantes, tomando en cuenta que no existieron circunstancias que demuestren que litigó con razón y buena fe, por lo que este Tribunal considera que procede la condena en costas. Y MANDA: Que quede firme el presente LAUDO si no se interpone el recurso de Nulidad que la Ley de Conciliación y Arbitraje y el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés establece contra el mismo.- NOTIFIQUESE.-” (Folios 310-328 del carpeta II del antecedente CCIC) 3) Conociendo del recurso de Nulidad de un Laudo Arbitral interpuesto por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, actuando en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de nulidad presentado por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS en su condición de apoderado demandado. Tener por presentado extemporáneamente el recurso de nulidad presentado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición de apoderado demandante. 2) Conceder el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente y posteriormente a la parte contraria para que presente su alegato.- 3) De acuerdo al orden establecido previamente por este Tribunal, se designa como Ponente al Magistrado Propietario abogado CARLOS IRIAS DE LEON, quien desarrollará sus funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 del Código Procesal Civil.- Conformando el pleno la abogada LINDA PATRICIA REYES Magistrada Presidente y EDNA JUDITH GONZALES Magistrada Integrante Permanente.- 4) Contra esta providencia no cabe recurso alguno por ser una resolución de mero trámite.- NOTIFIQUESE…” (Folio 2 vuelto del expediente del Ad-quem)4)En fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, Compareció ante esta Sala, el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5)En fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 65 del recurso de mérito)6)En fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Sobre el particular, esta Representación Fiscal aprecia que lo censurado por el recurrente recae en el conteo del plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de nulidad en materia arbitral. Para ello, del examen de las presentes diligencias se extrae que el Laudo Arbitral fue dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en día lunes ocho (08) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), del cual el recurrente se notificó en esa misma fecha y no estando conforme interpuso recurso de Nulidad el día martes dieciséis (16) de Mayo del año 2023. Dicho lo anterior, es preciso advertir que el Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el artículo 65 de la Ley de Arbitraje, el cual taxativamente establece "Para la práctica de las actuaciones arbitrales todos los días y horas son hábiles", sin embargo, el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), explica que se entenderá por días y horas hábiles, al establecer: "PLAZOS: Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público, El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna. Siguiendo este orden de ideas, se aprecia que tanto el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, como el artículo 69 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), establecen que el RECURSO DE NULIDAD, contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo. En tal sentido, luego de realizar un análisis armonioso del contenido literal de la norma, se estima que el recurrente interpuso su recurso de nulidad dentro de los 7 días que establece dichos estamentos legales, ya que aplicando lo establecido en el precitado artículo 34 del reglamento en referencia, no se debe computar dentro de este término los días sábado y domingo oficinas que el centro se encontraba cerrado al público. Conforme lo expuesto, el Ministerio Público estima que en la presente acción de amparo concurre la vulneración de los derechos constitucionales denunciados por el recurrente, en tanto la Corte de Apelaciones no aplico debidamente la norma que rige al caso en concreto e inadmitió por extemporáneo el recurso de nulidad interpuesto por el representante procesal de la parte demandante, y con ello se le priva al recurrente de su derecho a una tutela judicial efectiva, que permite, a quien pretenda hacer valer sus derechos, acceder a una segunda instancia donde pueda efectuar sus alegaciones, se revisen las actuaciones de primera instancia y a obtener una resolución fundada en derecho; lo cual genera a los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del Debido Proceso, con atención especial asegurar el derecho de Defensa. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se OTORGUE la acción de amparo interpuesta por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 68-74 del expediente de mérito)DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (3): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (4): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), que resuelve: (Sic) “1) Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de nulidad presentado por el Abogado OMAR ALEXIS CLAROS en su condición de apoderado demandado. Tener por presentado extemporáneamente el recurso de nulidad presentado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de apoderado demandante. 2) Conceder el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente y posteriormente a la parte contraria para que presente su alegato.” Recurso interpuesto por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V., contra la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, en fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), que declara NO HA LUGAR LA DEMANDA ARBITRAL “POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE COMPRA VENTA DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO COMERCIAL CONDOMINIO (EDIFICIO) TERRAVISTA PLAZA”, interpuesta contra la sociedad mercantil denominada TERRAVISTA PLAZA SOCIEDAD ANONIMA, representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO VALLADARES MONTES.SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (5): Que el recurrente muestra su discrepancia con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta el derecho de defensa y a un debido proceso, contenidos en los preceptos constitucionales 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje; 3, 124 numeral 3 y 199 numeral 1 del Código Procesal Civil. En sus argumentaciones el impetrante señala que se violentó el debido proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero, debido a que se infringió el artículo 124 numeral 3 del Código Procesal Civil que dispone: “En el computo de los plazos señalados por días, se excluirán los inhábiles…” esto en relación con el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, que señala: “PLAZOS. Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público. El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna.” En sintonía con lo anterior el Laudo Arbitral que fue recurrido mediante el recurso de nulidad fue dictado y notificado en fecha ocho de mayo del 2023, lo que implica que el plazo de siete días para poder presentar el recurso de nulidad contra el mismo, comenzó a computarse el día siguiente nueve de mayo y venció el diecisiete de mayo, ambos del dos mil veintitrés. La parte procesal demandante interpuso el recurso de nulidad en fecha dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, o sea, el día sexto del transcurso del plazo. La honorable Corte a inadmitido el recurso de nulidad ejercido por esta parte, afirmando que el mismo es extemporáneo, dando a entender que de manera indebida cuenta los siete (7) días para la interposición del recurso, como días calendario. Tanto el artículo 34.b), Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, como el artículo 124.3) del Código Procesal Civil, disponen que, en el cómputo de los plazos señalados por días, se excluirán los días hábiles. Esto resulta lógico ya que ni los centros de Conciliación y Arbitraje, ni los Juzgados, ni las Cortes de Apelaciones, laboran los días sábados y domingos. Argumenta también que la resolución recurrida en amparo es violatoria del artículo 199 numeral 1 del mismo Código Procesal Civil, que señala: “Contenido formal de los autos. 1. Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.”. La resolución que se recurre carece de motivación y fundamentación, ya que, de la lectura de la resolución del auto de inadmisión, dictado por la Corte de Apelaciones Civil, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, no se aprecia los argumentos ni fundamentos jurídicos por los cuales se considera extemporáneo la interposición del recurso de nulidad. Asimismo en la formalización del recurso de Amparo el pedidor arguye que la Corte de Apelaciones Civil, en la resolución que resuelve el recurso de Reposición hace una interpretación errónea del artículo 65 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que señala “Para la práctica de las actuaciones arbitrales, todos los días y horas son hábiles”, pues a criterio del recurrente las prácticas de actuaciones arbitrales a que hace mención este artículo, son actuaciones que debe practicar el Tribunal Arbitral fuera del Tribunal arbitral en funciones y no es aplicable a los plazos, ya que el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje en el artículo 34 que establece los plazos y los criterios que se deben tomar en cuenta, con lo cual también arguye vulneración del artículo 3 del Código procesal Civil, pues el artículo 124.3 del Código Procesal Civil señala que en el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. En ese sentido la Corte de Apelaciones cuenta indebidamente el plazo de siete días para interponer el recurso de nulidad como días calendario, debiéndose computar en base al artículo 34 ya citado, lo que resulta lógico ya que ni los Centros de Conciliación y Arbitraje, ni los Juzgados, ni las Cortes de Apelaciones laboran los días sábados y domingos. Establece el pedidor que el hecho que el recurso de nulidad sea inadmitido por una interpretación y aplicación errónea de la norma en relación al cómputo de los plazos, le ocasiona un perjuicio a su representado y vulnera derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, al no permitir que el Tribunal de Alzada pueda conocer el recurso y valorar los argumentos y fundamentos expuestos en el recurso de nulidad. CONSIDERANDO (6): En base a lo anterior el amparista argumenta ante esta Sala violaciones a derechos Constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, alegaciones que se concretan en: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.CONSIDERANDO (7): Que en el caso objeto de examen, el acto reclamado lo constituye un fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, que inadmite el recurso de Nulidad por extemporáneo. Ante ello el recurrente argumenta vulneración de garantías constitucionales como el derecho de defensa y debido proceso por 2 razones concretas: 1) La resolución recurrida se limita a señalar que el recurso de nulidad presentado por el Abogado Martin Othon Morales Cervantes, es extemporáneo, sin motivación y fundamentación jurídica, inobservando a criterio del recurrente, lo establecido en el artículo 199 numeral 1 del Código Procesal Civil y 2) Que el plazo para interponer el recurso de Nulidad del Laudo Arbitral es de 7 días hábiles, según lo establece el artículo 123 numeral 3 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 34 inciso b del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes y no el articulo 65 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, señalado por la Corte de Apelaciones en la resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que se recurre en amparo. CONSIDERANDO (8): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de segunda instancia ha inobservado lo dispuesto en el artículo 199 Numeral 1 del Código Procesal Civil, que reza: “Contenido formal de los autos. 1. Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. …”, actuación impensable de un Tribunal de Alzada y completamente violatorio del debido proceso, pues el acto recurrido carece de total motivación y fundamentación jurídica, a efecto de adquirir en las partes procesales la convicción necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión, tal es así que la resolución que se impugna por medio de esta vía constitucional, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, se limita a señalar en los antecedentes de hecho en su numeral segundo “Que el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición de apoderado demandante presentó extemporáneamente el recurso de nulidad.” Así en la PARTE DISPOSITIVA resuelve: “1) ….- Tener por presentado extemporáneamente el recurso de nulidad presentado por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición de apoderado demandante.” (ver folio 2 de la pieza del Ad-quem). Vulnerando con ello los derechos que aduce el amparista, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una resolución carente de motivación y fundamento legal para declarar extemporáneamente el recurso de nulidad presentado, con inobservancia de las formalidades y garantías que la ley establece, y en respeto irrestricto a la Constitución –específicamente el artículo 90- y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras, al no motivar y no fundamentar la resolución que inadmite el recurso de nulidad.CONSIDERANDO (10): En relación al plazo para interponer el Recurso de Nulidad, el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje señala que contra el Laudo arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa. Así el articulo 75 de la misma ley en comento, dispone que la Corte de Apelaciones o el tribunal arbitral rechazará de plano el recurso de nulidad, cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior. En ese sentido el artículo 124 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al proceso arbitral, regula el computo de los plazos y al efecto el numeral 3 del artículo citado establece: “En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles…”, relacionado con el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, que señala: “PLAZOS. Los plazos en los diferentes procesos que se desarrollen ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCIC, atenderán los criterios siguientes: a) Para el computo de los plazos establecidos en el presente reglamento, estos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que se reciba una notificación o comunicación, si el último día de este plazo es feriado o día no laborable, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. b) Se entiende que los plazos estipulados en el presente reglamento están expresados en días y horas hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario. Se consideran días y horas hábiles aquellos en que las oficinas del centro se encuentran abiertas al público. El horario de atención del Centro es de las siete con treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.), de lunes a viernes, salvo los días feriados en los que no habrá atención alguna.” En ese orden de ideas y analizados los antecedentes, se aprecia que el Laudo Arbitral fue dictado en fecha ocho (8) de mayo del dos mil veintitrés, notificado el mismo día al abogado Martin Othon Morales Cervantes, iniciando a correr el plazo de siete (7) días para interponer el recurso de nulidad, el día nueve (9) de mayo del dos mil veintitrés y precluye el día diecisiete (17) del mismo mes y año. El recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado Martin Othon Morales, fue presentado ante el órgano competente el día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, dentro del plazo o período de tiempo habilitado para realizar dicha actuación procesal, en aplicación de las normas citadas. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente argumenta la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés, ha permitido de manera frágil y repudiable, violaciones a leyes de orden público que afectan el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, al haber omitido el Tribunal de Alzada motivar y fundamentar jurídicamente su resolución en respuesta a la pretensión de la parte que interpone el recurso de nulidad.- Todo ello en completa inobservancia de lo establecido en el artículo 199.1 del Código Procesal Civil; asimismo ha inobservado lo dispuesto en el artículo 124.3 del Código Procesal Civil y artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación ya citados, normas que señalan cuales son los días hábiles para presentar el recurso de nulidad del Laudo. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de motivación y fundamento legal, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (14): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada y fundamentada, dando respuesta a la petición del recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil aplicada supletoriamente, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así garantizar el debido proceso, según lo preceptuado en la ley. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 123, 199.1 del Código Procesal Civil; 41, 44, 46.3, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, a favor de la Sociedad Mercantil LA COMIDITA DE DON PEDRO S. DE R.L. DE C. V, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PESRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, realizando así una debida motivación y fundamentando jurídicamente su resolución; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0885-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL