Sentencia AC-883-22 — Registro 18332
Resumen
Se recurre de la resolución que rechazó de plano un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en relación a demanda arbitral promovida por la Compañía de Productos Industriales, S.A. (COPRISA), contra La Sociedad Mercantil Compañía Industrial Lido Pozuelo, S.A. de C.V.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que en el caso de autos, el plazo para interponer el recurso de nulidad empezó a correr el martes veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y venció el miércoles siete de julio de dos mil veintiuno, habiendo presentado el recurrente su recurso el en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, (Tomo VI F. 2181), es decir fuera del término que establece el Artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, siendo correcta la resolución de Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que determina la extemporaneidad del plazo al momento de la interposición del recurso de nulidad..." …" Que en el caso de autos el plazo para interponer el recurso de nulidad empezó a correr en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), y venció en fecha siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021), habiendo presentado su recurso de nulidad en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), es decir fuera del término que establece el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, siendo correcta la resolución de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, quien determina la extemporaneidad del plazo al momento de la interposición del recurso de nulidad..." …" Que de las anteriores apreciaciones se concluye, que la resolución recurrida no viola la garantía constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada en observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que a criterio de esta Sala procede declarar no ha lugar el recurso interpuesto..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), que rechazó de plano un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), dictado por el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en relación a demanda arbitral promovida por la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. (COPRISA), contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V. Arguye el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 90, 183 y 304 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha seis (6) de enero de dos mil catorce (2014), comparecieron ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, los Abogados CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL y JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO , actuando en su condición apoderados legales de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. (COPRISA), promoviendo demanda arbitral contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V., a efecto de que a la misma se le condenara al pago de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. (Folios 01-15 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes.)2)Seguido el procedimiento, el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, mediante Laudo Arbitral dictado en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), falló: “1. Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la Demanda Arbitral promovida por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en representación de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. (COPRISA) titulada SE PROMUEVE DEMANDA ARBITRAL PARA QUE SE CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 2. Declarando que LIDO POZUELO incumplió su obligación contractual de pago de las facturas números 553 de fecha 17 de julio de 2008 por un valor de $14,733.40 y factura número 554 de fecha 21 de julio de 2008, por un valor de $14,302.90 para un total de $29,036.30, derivada del Contrato de Suministros de Mezclas de fecha 25 de marzo de 2008; 3. Declarando que la carta de terminación de fecha cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009), dirigida a LIDO POZUELO por parte de COPRISA, se encuentra ajustada a Derecho, en cuanto al efecto resolutorio fundado en el incumplimiento de pago de las facturas 553 y 554. 4. Declarando que derivado del incumplimiento del pago de las facturas 553 y 554, LIDO POZUELO debe pagar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a COPRISA, consistentes en el pago del interés legal en materia mercantil del 7% anual, computables desde la mora en el incumplimiento de la obligación, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. 5. CONDENA a COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO S.A. DE C.V. (LIDO POZUELO) al pago del importe de las facturas números 553 y 554 por un monto total de veintinueve mil treinta y seis Dólares de los Estados Unidos de América ($29,036.30) más el 7% anual en concepto de Daños y Perjuicios hasta la fecha en que se haga efectivo el pago …” (Folios 2140 al 2174 el Tomo VI de la primera pieza de antecedentes).3)Conociendo de los Recursos de Nulidad interpuestos por el abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL, en su condición señalada anteriormente, y el Abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. (COPRISA), la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha uno (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual en su parte dispositiva resolvió: “…PRIMERO: Tener por personado ante esta instancia al abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES en su condición de apoderado de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. (COPRISA), como parte recurrente en el asunto a que se refiere su escrito anterior.- SEGUNDO: Ordénese el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que sustente su recurso de nulidad correspondiente, asimismo a la parte contraria para que presente sus alegatos, traslado que realizará la Secretaría, sin necesidad de nueva providencia.- TERCERO: RECHÁCESE DE PLANO el recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V., en virtud de ser extemporáneo …” (Folios 6 al 8 de la segunda pieza de los antecedentes).4)En fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: ANULAR DE OFICIO a partir del auto de fecha uno (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) contenidos en los folios seis (6) frente al folio ocho (8) frente, dictado por esta Corte.- SEGUNDO: Tener por personado al abogado GARY GEOVANNY AVILA MORALES en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA (COPRISA).- TERCERO: SIN LUGAR la manifestación presentada por el GARY GEOVANNY AVILA MORALES actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA (COPRISA).- CUARTO: Ordénese el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que sustente su recurso de nulidad correspondiente, asimismo a la parte contraria para que presente sus alegatos, traslado que realizará la Secretaría sin necesidad de nueva providencia.- QUINTO: RECHÁCESE DE PLANO el recurso de Nulidad interpuesto por el abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A.DE C.V., en virtud de ser extemporáneo.” (Folios 61 al 63 de la segunda pieza de antecedentes).5)El Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V., compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LIDO POZUELO, S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 183 y 304 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala por formalizada su acción en fecha doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023). (Folios 01 al 05 y 34 del recurso de amparo).6)En fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA y por emitido su dictamen, quien concluyó que en el laudo arbitral de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), aclarado y corregido mediante auto de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), y notificado en esa misma fecha, el amparista presentó el recurso de nulidad antes de que comenzara a correr el plazo respectivo, no observando lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, siendo presentado en forma pero no en tiempo, por lo que estimó que en la resolución que rechaza de plano el recurso de nulidad interpuesto por el hoy amparista, no se violaron los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, no se disminuyeron los derechos del quejoso, por lo que fue de la opinión que “NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta…”. (Folios 37 al 44 del recurso de amparo). FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto, contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.CONSIDERANDO DOS (2): La garantía de Amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”. CONSIDERANDO TRES (3): Que procede la acción de Amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún Órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer del recurso de Amparo, cuando se aleguen violaciones de los derechos fundamentales que fueran cometidos por a) …b) Corte de Apelaciones…. CONSIDERANDO CINCO (5): El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo argumenta que la Compañía Industrial LIDO POZUELO, S.A. de C.V., a la cual representa, ha tenido tres procesos judiciales incoados en su contra por la Compañía de Productos Industriales S.A. de C.V., y en todos ha sido favorecida con tres laudos arbitrales, incluyendo el último laudo arbitral de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), notificado en el mismo día en que se dictó, y el cual se impugnó por su representación mediante un recurso de nulidad interpuesto en tiempo y forma en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), pero que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, lo rechazó de plano por extemporáneo mediante auto de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), haciendo una interpretación pueril del Código Procesal Civil y desconociendo el contenido de la Ley de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, arguye que según el artículo 73 de la citada ley, contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la provincia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa, y que estos plazos son individuales para cada una de las partes, sin embargo, según la Corte de Apelaciones el plazo para interponer dicho recurso de nulidad comenzó a correr una vez que se notificó el auto de aclaración que emitió el Tribunal Arbitral a petición de la parte demandante Compañía Industrial Lido Pozuelo S.A. de C.V., y considera que en todo caso quien debió de calificar si el recurso planteado estaba fuera o no del plazo, era el Tribunal Arbitral que dictó el laudo. Por lo anteriormente expuesto, considera que la resolución mediante la cual se rechaza de plano el recurso le causa indefensión y vulnera la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO SEIS (6): La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución de la República, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Esta garantía exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. Para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Sala de lo Constitucional al examinar el auto de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante el cual rechaza de plano por extemporáneo el recurso de nulidad interpuesto por el Abogado Juan Ricardo Freije Kongehl en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil Compañía Industrial Lido Pozuelo, S.A., interpuesto contra el laudo arbitral de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), reconoce la labor interpretativa de la Corte de Apelaciones al definir aspectos tales como cuándo comienza a correr el plazo de interposición del recurso de nulidad cuando existe una corrección, aclaración o complementación del laudo arbitral, quien considera que por analogía debe aplicarse lo que dispone el Código Procesal Civil en el artículo 205.4 que establece que comenzará a correr el plazo a partir de la notificación del auto en el que se declara o niega la aclaración, corrección o complementación de la resolución. Para esta Sala de lo Constitucional el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones no colisiona en manera alguna con el contenido del artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, el cual establece que “Contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la provincia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa.”. El artículo en mención establece dos supuestos hipotéticos para la interposición del recurso de nulidad: i. A los siete (7) días siguientes de la notificación del laudo arbitral; o, ii. A los siete (7) días siguientes de la notificación de la providencia mediante la cual se aclara, corrige o complementa el laudo arbitral. Si bien el plazo para recurrir el laudo arbitral es individual para cada una de las partes, en caso de que se pida corrección, aclaración o complementación del laudo, comenzará a correr a partir de la notificación de la providencia que resuelva tales solicitudes, y esto tiene su razón de ser -más allá de una mera formalidad procesal-, para comprenderlo cabal y enteramente debemos tener presente que por su conducto se tiende a aclarar lo oscuro o a corregir o complementar alguna sección estructural del laudo arbitral, su fin es complementar la resolución principal a efecto de facilitar su comprensión, pero no es posible que mediante estas acciones puedan modificar lo resuelto o se permita verter un nuevo pronunciamiento, solo giran en torno a lo ya resuelto, lo complementan en alguno de sus puntos debatidos para explicar los alcances de lo que en el fallo pudiera haber quedado confuso. En este sentido, para que pueda realizarse plenamente el derecho a recurrir, debe existir completo conocimiento de los alcances de la resolución que se impugna. Por esa razón, establece el Código Procesal Civil en su artículo 205.4 que “No cabrá recurso alguno contra los autos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones judiciales, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del tribunal. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento.”. Este precepto más allá de aplicarlo por analogía como señala la Corte de Apelaciones, se relaciona en virtud del principio de supletoriedad del Código Procesal Civil (art. 22). En este sentido, el legislador reconoce tanto en materia de arbitraje como procesal civil, la necesidad de la resolución previa de la solicitud de aclaración, corrección o complementación del laudo arbitral o del auto o la sentencia judicial, para hacer efectivo el derecho a recurrir el fallo, consecuente con el derecho de defensa y el debido proceso formal que se alega como infringido. De las actuaciones arbitrales se puede observar en el Tomo VI folio 2180, la notificación realizada al Abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, mediante el cual “…Queda aclarado y complementado el Laudo Arbitral pronunciado el día miércoles dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021)…”, quien pudo y debió impugnar el laudo arbitral que fue aclarado y complementado mediante providencia de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), vedándose a sí mismo la posibilidad de controvertir aspectos jurídicos que fueron complementados posteriormente mediante esa resolución. También se destaca que el legislador a través del artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje utiliza la conjunción o como disyuntiva para efecto de separar dos actuaciones arbitrales distintas que están intrínsicamente relacionadas la una con la otra, lo que significa que en caso de darse el último supuesto, esto es el de aclaración, corrección o complementación del laudo, es a partir de la notificación de este último acto en que comenzará a contabilizarse el plazo para interponer el recurso de nulidad. CONSIDERANDO OCHO (8): Que en el caso de autos, el plazo para interponer el recurso de nulidad empezó a correr el martes veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y venció el miércoles siete de julio de dos mil veintiuno, habiendo presentado el recurrente su recurso el en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, (Tomo VI F. 2181), es decir fuera del término que establece el Artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, siendo correcta la resolución de Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que determina la extemporaneidad del plazo al momento de la interposición del recurso de nulidad. CONSIDERANDO NUEVE (9: Que en el caso de autos el plazo para interponer el recurso de nulidad empezó a correr en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), y venció en fecha siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021), habiendo presentado su recurso de nulidad en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), es decir fuera del término que establece el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, siendo correcta la resolución de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, quien determina la extemporaneidad del plazo al momento de la interposición del recurso de nulidad. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de las anteriores apreciaciones se concluye, que la resolución recurrida no viola la garantía constitucional del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, pues fue dictada en observancias de los derechos y garantías establecidas en la Ley, por lo que a criterio de esta Sala procede declarar no ha lugar el recurso interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 8.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41 Y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL, a favor de la Sociedad Mercantil LIDO POZUELO S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto y que continúe con el trámite procedente. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil (Arbitraje)registrado en este Tribunal con el número SCO-0883-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL