Sentencia AC-865-19 — Registro 12458
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado de con relación a la demanda de desahucio por expiración de contrato de arrendamiento.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XVI. De acuerdo con lo preceptuado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. XVII. Este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad o de mero derecho, propias de la instancia judicial que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de los planteamientos del recurrente que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de una simple inconformidad con lo resuelto, siendo además que estamos ante la decisión de un asunto judicial puramente civil, que también es sí causal de inadmisión conforme la ley. XVIII. Siendo así, y considerando que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad denunciada, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "III. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IV. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la Sociedad Mercantil denominada FRANQUICIAS MÚLTIPLES S. A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis (26) de agosto dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de desahucio por expiración de contrato de arrendamiento. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8, 9, 10 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Inquilinato de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el Abogado OMAR ANTONIO CHÁVEZ GARCÍA, interponiendo demanda de desahucio por expiración de contrato de arrendamiento debido al vencimiento del plazo de vigencia, a ventilarse por la vía del proceso declarativo abreviado dispositivo. (Folio 1-18 de la Primera Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “…PRIMERO: ESTIMAR la demanda de desahucio por expiración del término de duración del contrato de arrendamiento registrada bajo el número 0501-2019-00022 y presentada ante este despacho de Justicia el 27 de marzo del 2019 por el Abogado Omar Antonio Chávez García, actuando como apoderado judicial de MARTA LIDIA COLLAR MONCADA, como demandante, en contra de la sociedad FRANQUICIAS MÚLTIPLES, S.A., representado por PABLO MASTAHINICH, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, y de este domicilio, como demandada en consecuencia, decretase la extinción de la relación inquilinaria existente entre las partes de fecha 08 de agosto del 2018.- SEGUNDO: Condenar a la sociedad demandada FRANQUICIAS MÚLTIPLES, S.A. representada por PABLO MASTAHINICH, a desocupar DE FORMA INMEDIATA el inmueble dado en arrendamiento, una vez que esta sentencia se encuentre firme, advirtiéndole a su representante que de no hacerlo se procederá a su lanzamiento y al de cualquiera que ocupe el inmueble arrendado, con el auxilio de la Policía Nacional de ser necesario, sin que tenga derecho a reclamo o indemnización alguna.- TERCERO: Condenar a la sociedad demandada FRANQUICIAS MÚLTIPLES, S.A., representada por PABLO MASTAHINICH, al pago de las costas del presente juicio…” (Folios 44–46 de la Pieza del A-Quo). 3) Que, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil FRANQUICIAS MÚLTIPLES, S.A., la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado judicial de SOCIEDAD DE FRANQUICIAS MÚLTIPLES S.A. representada legalmente por el señor PABLO MASTAHINICH, contra la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de San Pedro Sula, CORTÉS. En la demanda de desahucio por expiración de contrato de arrendamiento debido al vencimiento del lazo en vigencia, promovida por el abogado OMAR ANTONIO CHÁVEZ GARCÍA en su condición de apoderado judicial de la señora MARTA LIDIA COLLAR MONCADA, contra la SOCIEDAD DE FRANQUICIAS MÚLTIPLES S.A. representada legalmente por el señor PABLO MASTAHINICH.- SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de San Pedro Sula, Cortés…”. (Folios 06–09 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019), compareció el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS ante este alto Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD DE FRANQUICIAS MÚLTIPLES S.A., contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinte (2020). (Folio 1–12 y 52 de la presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Conforme con la ley, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. La ley dispone que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA. OBJETO DEL RECURSO 5. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales la precitada sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que fuera pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA. 6. En este fallo, denunciado por el impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, se resolvió un recurso de apelación interpuesto por el impetrante, actuando como parte demandada, contra una sentencia definitiva que fue dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE SAN PEDRO SULA, en la cual se declaró HA LUGAR una demanda de desahucio por expiración de duración de un contrato de arrendamiento que fuera promovida por la señora MARTA LIDIA COLLAR MONCADA, en contra de la sociedad FRANQUICIAS MÚLTIPLES, S.A., misma que ha sido previamente relacionada. 7. En su sentencia, el Tribunal Ad Quem dijo concordar con el criterio del A Quo en cuanto a la estimación de la demanda conocida, en tanto que, según se plasma en su fallo, se acreditó en el proceso la expiración del contrato de arrendamiento que privaba entre las partes, desestimándose las alegaciones del apelante en cuanto a que no se demostró la existencia de una supuesta prórroga tácita del contrato, desechándose a sus vez, en forma razonada, los alegatos del recurrente en cuanto a que la sentencia resultó incongruente y arbitraria. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 8. Para el impetrante la resolución emitida por el Tribunal de Alzada violentó inter alia, la garantía del debido proceso y el principio de legalidad. 9. El amparista cuestionó la valoración de la prueba llevada a cabo por la autoridad recurrida, denunciando el fallo como incongruente, falto de la debida motivación porque se basó en un documento inexistente. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. III. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IV. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. V. Bajo esta misma premisa, la Sala ha declarado reiteradamente que la valoración de los elementos probatorios aportados en procesos judiciales es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. VI. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan a que tanto el juez de instancia como el Tribunal de Alzada no han valorado adecuadamente los medios probatorios aportados en el proceso y que la motivación de la Corte de Apelaciones fue defectuosa y arbitraria, siendo que hizo alusión a un documento inexistente en el proceso, como lo es una nota de fecha 19 de marzo de 2019, argumentando, entre otras cosas, que su representada no recibió notificación que el contrato de arrendamiento no sería renovado por parte de la arrendadora y demandante. VII. Esta Sala observa que en el caso que nos ocupa se está ante una contienda de origen estrictamente civil en materia de inquilinato, referente a la finalización de un contrato de arrendamiento por expiración de su vigencia. VIII. De un análisis in extenso de los antecedentes y de las resoluciones recaídas en el juicio, se advierte que los alegatos del impetrante para fundar la presente acción de amparo resultan ser, en su mayor parte, propios de instancia y además reiterativos, por cuanto los mismos fueron debidamente decididos en las correspondientes instancias dentro del procedimiento instado para tal efecto y si bien no se hizo conforme las pretensiones de la demandada, ello no conlleva de ninguna manera la existencia de violaciones constitucionales que ameriten un juicio de garantías. IX. El impetrante parece no tener en consideración que a esta acción constitucional no le compete decidir lo concerniente al fondo de la contienda civil de la que es parte, pues esa es una función que corresponde a la justicia ordinaria, de ahí que, como ya ha quedado dicho, al presente recurso le concierne otorgar o no protección y/o restitución ante violaciones a preceptos constitucionales perpetrados por la autoridad judicial, en este caso. X. Esta Sala observa que en la resolución impugnada, el Tribunal de Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, estando su decisión apoyada en razonamientos jurídicos que, lejos de ser arbitrarios, como se ha dejado entrever, resultan ser acordes con los lineamientos legales, y sobre todo, con las facultades que como autoridad jurisdiccional ostenta, con lo cual, no se prevé por parte de esta Sala, disminución alguna a derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad recurrida, se ha limitado a la aplicación de las normas atinentes al caso, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del recurrente, quien ha fundado su reclamo en un mero desacuerdo con lo resuelto, acogiéndose a argumentos infundados y reiterativos que fueron debidamente resueltos y desestimados oportunamente por el juez de instancia. XI. En cuanto al alegato que la prueba ha sido valorada en forma indebida, es menester reiterar que la valoración de los elementos probatorios es a su vez, una función privativa de los juzgados y tribunales de instancia, y la justicia constitucional solamente puede intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, lo que no acontece en el presente caso, puesto que las resoluciones que se dictaron parten de hechos acreditados en juicio conforme ley. XII. Con respecto a la supuesta arbitrariedad basada en un documento inexistente a que alude el impetrante, de la simple lectura de la sentencia que se revisa resulta evidente que estamos ante un error material inconsecuente en torno a la fecha del documento aportado como prueba, pues la Alzada obviamente reseñó una fecha equivocada en el ordinal tercero de su sentencia, al afirmar que la prueba toral del juicio correspondía a una nota de fecha 19 de marzo de 2019, siendo la fecha correcta el 14 de marzo de 2019, previamente establecida en el mismo fallo en el ordinal segundo de la motivación de la sentencia. Así entonces, este es un error intrascendente e incluso fácilmente subsanable, que no constituye un juicio valorativo, no modifica el sentido del fallo ni altera su relato probatorio, pudiéndose deducir del propio texto de la sentencia, tanto su alcance como sus razonamientos, lo que no implica transgresión alguna a la garantía del debido proceso ni a los principios que rigen el procedimiento civil que nos ocupa. XIII. Dicho lo anterior, esta Sala estima que la resolución objeto de examen contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. XIV. Conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. XV. Como ya lo ha reiterado esta Sala en numerosas decisiones, las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria o los órganos de la administración, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano judicial competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten al peticionario, como ha quedado ya relacionado. XVI. De acuerdo con lo preceptuado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. XVII. Este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad o de mero derecho, propias de la instancia judicial que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de los planteamientos del recurrente que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de una simple inconformidad con lo resuelto, siendo además que estamos ante la decisión de un asunto judicial puramente civil, que también es sí causal de inadmisión conforme la ley. XVIII. Siendo así, y considerando que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad denunciada, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la Sociedad Mercantil denominada FRANQUICIAS MÚLTIPLES S. A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis (26) de agosto dos mil diecinueve (2019), al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0865=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11