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Sentencia AC-846-22 — Registro 18725

Resumen

Con relación a la Demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por impetrante, sosteniendo está que Inadmisibilidad de recurso de Queja y recurso de Apelación de Hecho vulnera debido proceso, donde la Sala Constitucional considera que resolución de inadmisibilidad de dicho recurso se ha motivado jurídicamente, expresando las razones ,en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Advierte esta Sala de lo Constitucional, que el recurso de Queja no cumple con los requisitos ya señalados, y al faltar esos requisitos esenciales como ser los fundamentos del Recurso y la carga legal que en este caso consiste en copia certificada de la resolución que deniega el recurso de Apelación, el Ad-quem se encuentra limitado y se imposibilita dar trámite al mismo, al no poder reexaminar la resolución que deniega el recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 730 ya citado lineas arriba. Por ello el cumplimiento de los requisitos del recurso de queja son obligatorios para quien hace uso del mismo, no es facultad del Tribunal de Alzada suplir las deficiencias del recurrente, como lo pretende la parte recurrente. Ya dispone el artículo 7 del Código Procesal Civil “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República, Las formalidades previstas en él, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. …”. En base a los fundamentos legales señalados, devenía la inadmisibilidad ha tramite del Recurso de Apelación pretendido por la parte actora del mismo, como en efecto se pronunció el Tribunal de Alzada.CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por la recurrente, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, se ha motivado jurídicamente, expresando las razones para inadmitir a trámite el Recurso de Apelación mediante el Recurso de Queja, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales.CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JULIA CRISTINA CALDERINY MÉNDEZ, a favor de la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, que INADMITIÓ a trámite el recurso de apelación impetrado contra el auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la Demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ en su condición de ex pareja del señor RAMÓN ANTONIO TURCIOS MEJÍA (Q.D.D.G.), contra la señora YEYMI MELISSA TURCIOS LEYVA, quien es hija del señor RAMÓN ANTONIO TURCIOS MEJÍA (Q.D.D.G.). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1, 63, 64, 70, 80, 82, 112, 183 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ, presentando “DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO…” en su condición de ex pareja sentimental del señor RAMÓN ANTONIO TURCIOS MEJÍA (Q.D.D.G.), contra la señora YEYMI MELISSA TURCIOS LEYVA, quien es hija del señor RAMÓN ANTONIO TURCIOS MEJÍA (Q.D.D.G.). (Folios 1-2 vuelto del expediente del A-quo) 2) En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió: “…1.-De oficio, declarar el abandono del proceso en esta instancia. 2.-Devuelvanse los documentos originales dejándose copia en el expediente de mérito a costa del interesado. 3.-Notificar la presente resolución a los intervinientes…” (Folio 45 vuelto del expediente del A-quo)3)En fecha dos de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida la Procuradora Cesia Julissa Erazo Lara, presentando recurso de Reposición y subsidiariamente Recurso de Apelación contra la resolución referida en el numeral anterior. (Folios 47-48 del expediente del A-quo)4) En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, emitió la siguiente providencia: “Sin lugar la reposición solicitada en virtud que la procuradora no puede ejercer actos de procuración por si misma…” (Folio 49 del expediente del A-quo)5)En fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, la abogada Julia Cristina Calderiny Méndez como directora y la abogada Cesia Margely Andrade Martínez, como procuradora, ambas apoderadas legales de la señora Sandra Margely Andrade Martínez, presentan nuevamente Recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación contra la resolución de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidós. (Folio 50-52 del expediente del A-quo)6)En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, emitió la siguiente providencia: “…Inadmisible el recurso de apelación interpuesto por extemporáneo.- Debiendo notificarse las partes de la presente resolución.” (Folio 53 del expediente del A-quo)7)En fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la abogada Julia Cristina Calderiny Méndez como directora y la abogada Cesia Margely Andrade Martínez, como procuradora, ambas apoderadas legales de la señora Sandra Margely Andrade Martínez, comparecieron ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada JULIA CRISTINA CALDERINY MENDEZ, interponiendo recurso de apelación de hecho contra el auto referido en el numeral que antecede. (Folios 1-2 vuelto del expediente del Ad-quem)8)La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE HA TRAMITE el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por las JULIA CRISTINA CALDERENY MENDEZ, y la abogada infieri CESSIA JULISSA ERAZO ambas apoderadas legales de doña SANDRA MARGELY ANDRADE MARTINEZ, contra las actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial (materia Familia) de La ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en relación el Auto de fecha 16 de marzo del presente año (2022); en la DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO contra doña YEYMI MELISSA TURCIOS LEYVA, interpuesta en el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- SEGUNDO:…”(Folios 3-4 del antecedente del Ad-Quem)9)En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, Compareció ante esta Sala, la Abogada JULIA CRISTINA CALDERINY MÉNDEZ, en su condición de Apoderada Legal de la señora Sandra Margely Andrade Martínez, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 63, 64, 70, 80, 82, 112, 183 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República.10)En fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 30 del recurso de mérito)11)En fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de la resolución impetrada esta Representación Fiscal estima que su reproche recaído en inadmisión a trámite del recurso de apelación de hecho planteado, respecto a lo cual estima la suscrita, que el Ad-quem en su motivación establece las razones que conducen a su inadmisión en consonancia a lo establecido a lo dispuesto en el Artículo 732.2 del Código Procesal Civil que señala "REQUISITOS. 1...2. El escrito de queja deberá contener los fundamentos para la estimación del recurso denegado y se acompañará copia certificada de la resolución denegatoria". Artículo 733.- TRAMITACIÓN. 1. Presentado el recurso de queja el órgano competente examinará si cumple los requisitos legales. De ser así, procederá a resolverlo sin más trámite en el plazo de cinco (5) días, sin perjuicio de lo establecido en el numeral siguiente. En caso contrario, lo rechazará. Por lo que de la lectura del recurso de Queja en referencia se aprecia que el recurrente efectivamente no ajusta su escrito a lo exigido en la precitada norma legal, no obstante al no indicar los fundamentos legales que carece la resolución que deniega el recurso de apelación y de la cual pretende su reexamen, de conformidad que el Código Procesal Civil en su Artículo 730 dispone: que "el objeto del recurso de queja es el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación" y en el caso sub judice el auto recurrido evidentemente no entra en el reexamen del recurso de queja, por no cumplir con la finalidad pretendida en la norma legal, aunado a ello se constata que la resolución recurrida en apelación es de fecha 25 de febrero de 2022 y el recurso de apelación fue interpuesto en fecha 24 de marzo de 2022, evidentemente extemporáneo. Por lo que del análisis anterior el Ministerio Público, puede determinar que en el presente caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por la Amparista, en su petición de Amparo, estimando la suscrita que la resolución que hoy se impugna ha sido dictada de conformidad a la Ley en atención a un Debido Proceso, ya que a la demandante se le concedió el derecho a los plazos legalmente previstos para la interposición del recurso correspondiente en condiciones de igualdad, por lo que esta representación comparte el criterio esgrimido por el adquem ya que su resolución es razonable, congruente y justa, y 5e encuentra jurídicamente fundada, en tal sentido se aprecia que en presente caso no concurren las vulneraciones alegadas por el impetrante. De lo antes expuesto se advierte que la actuación del Ad-quem se encuentra ajustada a lo dispuesto en la Ley, por lo que la resolución emitida no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista…” (Folios 34-38 del expediente de mérito)CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho por la Vía del Procedimiento Abreviado no dispositivo, promovida por la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ, contra la señora YEYMI MELISSA TURCIOS LEYVA, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar INADMISIBLE A TRAMITE el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por las Abogadas Julia Cristina Calderiny Mendez y Cesia Julissa Erazo, contra la resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve Declarar Inadmisible el Recurso de Apelación por extemporáneo, en la Demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho por la Vía del Procedimiento Abreviado no dispositivo, promovida por la señora SANDRA MARGELY ANDRADE MARTÍNEZ, contra la señora YEYMI MELISSA TURCIOS LEYVA.CONSIDERANDO (3): Que el recurrente tanto en la interposición del recurso como en la formalización del mismo, hace una relación de los antecedentes de la causa, desde el momento en que presentó la revocación de poder en la Demanda referida, hasta que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, declara INADMISIBLE A TRAMITE el Recurso de Apelación, el único argumento sobre la resolución recurrida se encuentra en el Acapite titulado “HECHO CONTRA EL QUE SE RECLAMA” centra su único argumento en que el Ad-quem DECLARA INADMISIBLE A TRAMITE EL RECURSO DE APELACION, porque al recurso le hace falta la carga probatoria, teniendo los Magistrados la posibilidad de actuar de oficio y en base a ello solicitar al juzgado de primera instancia la remisión a esa Corte, de la pieza principal con el fin de validar y verificar los hechos manifestados y alegados por esta parte actuante, el artículo 12 numeral 4 y 5 del Código Procesal Civil establece: “4. Sin perjuicio de la actuación de los interesados, el órgano jurisdiccional impulsará de oficio el proceso… 5. El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.” Asi mismo el Artículo 167 del mismo cuerpo legal determina “Salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias.” Argumenta que el derecho les asiste y que la resolución de la Corte Primera de Apelaciones fue impulsiva, lesiva y violatoria de sus derechos y del debido proceso, pues no pudieron pedir de oficio una compulsa de la pieza principal, cuando la ley expresamente los faculta para poder hacerlo. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación Fáctica y Jurídica de la resolución impugnada, el Tribunal recurrido argumenta: acápite 2.- (Sic) “Del análisis realizado al Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por las Abogadas Julia Cristina Calderiny Méndez, quien actúa en su condición de directora de la abogada infieri Cesia Julissa Erazo, ambas apoderadas legales de doña Sandra Margely Andrade Martínez, contra las actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial (materia Familia) de la ciudad de La ceiba, Departamento de Atlántida, en relación al Auto de fecha 16 de marzo del presente año (2022); todo en la demanda de reconocimiento de unión de hecho por la vía del proceso abreviado no dispositivo. Este tribunal en su buen entender comprende que el Recurso de Apelación de hecho o queja es un recurso ordinario que tiene por objeto solicitar a este Tribunal Ad-Quem la declaración de procedencia de otro recurso que le fue indebidamente inadmitido a trámite por el Juez de Primera instancia, como también, la revocación de la resolución de este último por la que se acordó dicha inadmisión, tal como lo dicen los artículos 746 del Código del Trabajo, 730, 731, 732 numeral 2 y 733 del Código Procesal Civil; ha de observarse que siendo este Recurso, este por si solo contiene Fundamentos Autónomos, pues entendamos que la fundamentación autónoma del Recurso consiste en que el escrito de interposición del Recurso de Apelación de Hecho o de Queja como se conoce en otras legislaciones, deberá contener un detallado relato de los hechos de la causa de relevancia principal, como también la carga legal como lo es la Certificación del auto o resolución denegatorio del recurso que pretende, así permita vincularlos con las cuestiones que se plantean, a través de una reprenda concreta y razonada de los argumentos en que se basa el acto que se impugna, pues se exige refutar todos y cada uno de los puntos en los que el Juzgador se apoyó para inclinarse a las conclusiones de que el quejoso se agravia, pues el escrito de su interposición debe bastarse a si mismo, su sola lectura y de la carga legal tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, ahora bien entendemos que la omisión de los requisitos esenciales del recurso no son subsanables, se observa que al presente recurso le hace falta su carga probatoria, y la remisión de los antecedentes de la causa no suple la deficiencia de aquella solemnidad.- 3.- Por lo anteriormente expuesto, y en estricto apego al principio de legalidad, el debido proceso y a una tutela Judicial Efectiva, este Despacho de Justicia estima procedente inadmitir a trámite el recurso de Apelación de hecho interpuesto por las abogadas Julio Cristina Calderiny Méndez quien actúa en su condición de directora de la abogada infieri Cessia Julissa Erazo, ambas apoderadas legales de doña Sandra Margely Andrade Martínez, contra las actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección Judicial (materia Familia) de la ciudad de La ceiba, Departamento de Atlántida, en relación el Auto de fecha 16 de marzo del presente año (2022); todo en la demanda de reconocimiento de unión de hecho por la vía del proceso abreviado no dispositivo.”.CONSIDERANDO (5): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (6): Que la recurrente arguye que con la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones se ha vulnerado la garantía constitucional de debido proceso establecido en el Artículo 90, párrafo primero que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Que en relación a las demás garantías, si bien el pedidor del recurso de amparo, señala como garantías constitucionales violadas, las contenidas en los artículos 1, 63, 64, 70, 80, 82, 112 y 183 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República, se puede apreciar tanto en el escrito de interposición como en el de formalización de la garantía de amparo, la pedidora se limita a señalar los artículos ya mencionados, pero lo cierto es que en ninguno de los acápites del recurso, la pedidora desarrolla ninguno de ellos con expresión del porque la resolución impugnada vulnera esos derechos fundamentales.CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” Así el artículo 7 del Código Procesal Civil, dispone: (Sic) “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República, Las formalidades previstas en él, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas. 3. Cuando no se señale otra formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley.”.CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de los antecedentes, y haciendo una secuencia de las actuaciones realizadas en la causa sub judice, se aprecia lo siguiente: 1.- En fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidós el Juzgado de Letras declara en abandono el proceso en primera instancia (F. 45 del antecedente).2.- En fecha dos de marzo del mismo año, la procuradora Cessia Julissa Erazo Lara, presenta recurso de Reposición, (F.47,48 del antecedente) en la petición del recurso pide, se tenga por interpuesto el recurso de Reposición. Subsidiariamente en caso que no se acoja la reposición, solicita se tenga por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Apelación. 3.- En fecha siete de marzo del dos mil veintidós, el Juzgado declara sin lugar el recurso de reposición solicitado en virtud que la procuradora no puede ejercer actos de procuración por sí misma. (F.49 del antecedente) 4.- En fecha catorce de marzo del dos mil veintidós la abogada Julia Cristina Calderiny Méndez en su condición de directora de la abogada infieri Cessia Julissa Erazo, ambas como apoderadas legales de la señora Sandra Margely Andrade Martínez, presentan nuevamente el mismo escrito de Recurso de Reposición, mismo que en la petición pide, se tenga por interpuesto el recurso de Reposición. Subsidiariamente en caso que no se acoja la reposición, solicita se tenga por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Apelación. 5.- En fecha dieciséis de Marzo del dos mil veintidós el Juzgado de Letras, sin motivación, ni fundamento legal declara Inadmisible el recurso de Apelación interpuesto por extemporáneo. (F. 53 del antecedente) 6.- En fecha Dieciséis de Marzo del dos mil veintidós la abogada Julia Cristina Calderiny Méndez, presenta Recurso de Apelación de Hecho del Auto de Declaración de Abandono y de la providencia de inadmisibilidad del Recurso de Apelación. F 1,2 de la pieza del Ad-quem) Recurso que es declarado INADMISIBLE A TRAMITE, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en base a los fundamentos señalados en el Considerando 4.CONSIDERANDO (11): Que analizados los antecedentes se desprende que la resolución de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintidós, no cumple los requisitos contemplados en el artículo 199 del Código Procesal Civil, que dispone “1.- Los autos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2. … “, al no motivar ni fundamentar la resolución que declara inadmisible el recurso de apelación por extemporáneo. Se aprecia que el recurso es interpuesto de manera extemporánea, al no respetar la recurrente el plazo señalado en el artículo 709 del Código Procesal Civil, que establece que el plazo para interponer recurso de Apelación es de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que se impugne; al haberse presentado el mismo día de la notificación y no al día siguiente de la misma como lo manda la norma procesal citada. Otro aspecto importante que se aprecia es la inobservancia de la ley por parte de las abogadas recurrentes, en el sentido de interponer un recurso apelación sin expresión de agravios. Veamos entonces lo que dispone la ley: Artículo 704. “REGLA GENERAL DE LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS. Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.” Este artículo relacionado con el 709 del mismo Código que reza: “INTERPOSICIÓN Y FORMALIZACION DEL RECURSO DE APELACION. El recurso de Apelación se interpondrá ante el Juzgado que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. En el escrito de interposición el apelante expresará los agravios que la resolución le cause.” La actuación de la parte recurrente está alejada de lo que la ley dispone, pues pretende que se admita un recurso de apelación que no ha sido planteado ni en tiempo ni en forma, ello porque no se ha interpuesto con la debida expresión de agravios causados por la resolución impugnada, solo hace referencia en el escrito de interposición del recurso de reposición, que de no ser de recibo el recurso de reposición se tenga por interpuesto en tiempo y forma el RECURSO DE APELACIÓN; lo cual también debió ser apreciado por el A-quo en base al principio iura novit curia. (Lo subrayado en nuestro)CONSIDERANDO (12): En ese orden de ideas, en relación al recurso de Queja presentado ante el Tribunal de Alzada, y en base al único argumento del amparista, referido a que, el Ad-Quem le ha declarado inadmisible el recurso de Apelación de Hecho, bajo el argumento que los requisitos esenciales para éste recurso no son subsanables y que al recurso le hacía falta la carga probatoria. Argumenta la pedidora del presente recurso que los Magistrados tenían la posibilidad de actuar de oficio y pedir al Juzgado de primera instancia la remisión de la pieza principal, en base al artículo 12 numerales 4 y 5 en relación con el artículo 167 del Código Procesal Civil. En base al argumento anterior, el artículo 730 del Código Procesal Civil, dispone: “El recurso de queja tiene por objeto el reexamen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación.” Así el artículo 732 del mismo cuerpo legal, dispone: “REQUISITOS. 1. El recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el órgano competente para conocerlo en los diez (10) días siguiente a la notificación del auto que deniegue el recurso. 2. El escrito de queja deberá contener los fundamentos para la estimación del recurso denegado y se acompañará copia certificada de la resolución denegatoria.”; Asimismo el artículo 733 del citado Código reza: TRAMITACION. 1. Presentado el recurso de Queja el órgano competente examinará si cumple los requisitos legales. De ser así, procederá a resolverlo sin más trámite en el plazo de cinco (5) días, sin perjuicio de lo establecido en el numeral siguiente. En caso contrario lo rechazará.”. Advierte esta Sala de lo Constitucional, que el recurso de Queja no cumple con los requisitos ya señalados, y al faltar esos requisitos esenciales como ser los fundamentos del Recurso y la carga legal que en este caso consiste en copia certificada de la resolución que deniega el recurso de Apelación, el Ad-quem se encuentra limitado y se imposibilita dar trámite al mismo, al no poder reexaminar la resolución que deniega el recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 730 ya citado lineas arriba. Por ello el cumplimiento de los requisitos del recurso de queja son obligatorios para quien hace uso del mismo, no es facultad del Tribunal de Alzada suplir las deficiencias del recurrente, como lo pretende la parte recurrente. Ya dispone el artículo 7 del Código Procesal Civil “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República, Las formalidades previstas en él, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. …”. En base a los fundamentos legales señalados, devenía la inadmisibilidad ha tramite del Recurso de Apelación pretendido por la parte actora del mismo, como en efecto se pronunció el Tribunal de Alzada.CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por la recurrente, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, pues se aprecia que la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de instancia, se ha motivado jurídicamente, expresando las razones para inadmitir a trámite el Recurso de Apelación mediante el Recurso de Queja, en apego al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales.CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada JULIA CRISTINA CALDERINY MENDEZ, a favor de la señora SANDRA MAGELY ANDRADE MARTINEZ, contra la resolución de fecha TREINTA (30) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0846-2022._

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL