Sentencia AC-794-23 — Registro 19285
Resumen
La acción de amparo fue promovida por el agraviado contra una decisión judicial de inadmitir medios probatorios, la cual consideró violatoria a sus derechos , sin embargo, al darse con posterioridad a su reclamo una conciliación entre las partes, que fue homologada por juez competente, se puso fin a la contienda judicial, y como consecuencia de ello, el acto reclamado ha pasado a ser un acto insubsistente, porque, a pesar de haber tenido existencia efectiva en el pasado, sus efectos han cesado como resultado de habérsele puesto fin al conflicto por acuerdo de las partes, de ahí que resulte inconsecuente cualquier pronunciamiento en torno a la inadmisión de medios probatorios en el juicio principal, pues ya no resulta procedente su evacuación, siendo procedente reformar la causal de inadmisibilidad, al haber cesado los efectos del acto reclamado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.Esta Sala estima que, a pesar del mérito que pudiesen tener las alegaciones presentadas por el recurrente en la acción de amparo que nos ocupa, se advierte que en la audiencia preliminar que se desarrolló en el proceso principal, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, el cual fue homologado por el juez, según se observa a folio 250 de la primera pieza de autos.Es oportuno acotar que el referido acuerdo conciliatorio fue presentado y homologado por el A Quo el 7 de noviembre de 2023, es decir que el mismo fue concretado con posterioridad a la interposición de la presente acción de amparo, pues la misma fue presentada el 17 de abril del año 2023, y la sentencia que se conoce hoy en consulta, que resolvió el recurso de amparo de mérito, fue pronunciada por el Tribunal de Alzada el 2 de junio de 2023. II.Dicho esto, sabemos que, en materia de justicia constitucional, y según ha coincidido esta Sala, los actos reclamados en amparo, en relación con el tiempo en que se producen, pueden ser: pasados, presentes, futuros e inciertos o futuros inminentes; a su vez, entendemos que los actos reclamados pueden ser existentes, presuntamente existentes, inexistentes, subsistentes e insubsistentes. III. Esta clasificación interesa al caso que nos ocupa, toda vez que, de acuerdo con nuestra legislación, el recurso de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.En el presente caso, la acción de amparo fue promovida por el agraviado contra una decisión judicial de inadmitir medios probatorios, la cual consideró violatoria a los derechos de su representada, sin embargo, al darse con posterioridad a su reclamo una conciliación entre las partes, que fue homologada por juez competente, se puso fin a la contienda judicial, y, como consecuencia de ello, el acto reclamado ha pasado a ser acto insubsistente, porque, a pesar de haber tenido existencia efectiva en el pasado, sus efectos han cesado como resultado de habérsele puesto fin al conflicto por acuerdo de las partes, de ahí que resulte inconsecuente cualquier pronunciamiento en torno a la inadmisión de medios probatorios en el juicio principal, pues ya no resulta procedente su evacuación. IV.Partiendo de ello, esta Sala es del criterio que, en el presente caso, concurre la causal de inadmisión establecida en el Artículo 46 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto han cesado los efectos del acto reclamado en amparo como consecuencia del acuerdo conciliatorio entre las partes, por lo que no procedería por vía de esta acción constitucional, la restitución de derecho, garantía o condición alguna al impetrante y supuesto agraviado.Siendo así, al advertirse la concurrencia de esta causal de inadmisibilidad, procede, por ley, el sobreseimiento de las actuaciones. V. Si bien, según observa esta Sala, el Tribunal de Alzada también decidió en su momento el sobreseimiento de las diligencias por considerar la concurrencia de las causales de inadmisión contempladas en el Artículo 46 numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es criterio de esta Sala que dichas causales no resultaban ni resultan aplicables al asunto que nos ocupa, por lo que es pertinente, conforme lo dispuesto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional REFORMAR la sentencia de amparo venida en consulta y sobreseer las presentes diligencias pero con fundamento en la causal de inadmisibilidad que ha sido observada por esta Sala, tal y como lo manda la ley
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: En CONSULTA las diligencias que contienen la sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que SOBRESEYÓ la acción de Amparo interpuesta por el Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario, promovido por LA SOCIEDAD INMOBILIARIA INVERSIONES MAYA S. A., DE C.V., contra LA EMPRESA ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK S.A. DE C.V.. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 64, 80, 82, y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.Que en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veintitrés (2023) compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Ciudad de Sula, Departamento de Cortés, el Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de LA EMPRESA ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 13 de la pieza de la Corte de Apelaciones).2.Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “…SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por el Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO, actuando en su condición de representante procesal de la EMPRESA ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK S. A. DE C.V. contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil en audiencia de nulidad en la etapa de proposición y evacuación de medios probatorios celebrada el 12 de abril del año dos mil veintitrés…”. (Folio 44 al 45 de la pieza de Corte de Apelaciones).3.Que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.4.Que, siendo necesario para la resolución del recurso, esta Sala solicitó el envío del expediente original contentivo de la demanda para el pago de sumas de dinero que promovió el Abogado Rafael Enrique Gómez Mateo como apoderado de la sociedad mercantil INVERSIONES MAYA, contra la Sociedad Mercantil ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK, presentada en 14 de enero de 2022.Del expediente de mérito consta que en audiencia preliminar celebrada en siete de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez A Quo tuvo por homologado un acuerdo al que llegaron las partes en el procedimiento de demanda, con lo cual se ordenó el sobreseimiento y posterior archivo de las actuaciones que fueron iniciadas ante el juzgado de letras civil. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.ALEGACIONES DEL RECURRENTE 5.En su escrito de interposición de la acción de amparo presentado en diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023), el recurrente, Abogado ERNESTO ALVARADO RODRÍGUEZ argumentó violaciones a los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal por parte del Juez de Letras Civil de San Pedro Sula, cuando denegó, según el quejoso, sin justificación ni motivación legal, 19 medios probatorios que presentó a favor de su representada, la empresa ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK, S.A. de C.V., en la demanda de pago promovida en contra de dicha empresa por la vía de proceso declarativo ordinario por la sociedad mercantil INVERSIONES MAYA. S.A. de C.V. 6. Según argumentó el recurrente en su escrito de interposición de la presente acción de amparo, se reclamó contra la decisión del Juzgado de Letras que conoce del proceso de demanda, por violación al derecho de defensa y debido proceso, por cuanto le fueron denegados diecinueve medios probatorios sin motivación ni justificación alguna, considerando que los mismos resultaban, según el propio quejoso, pertinentes al objeto del debate. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 7.En el informe emitido con ocasión de la acción de amparo interpuesta, el Juez de Letras cuya resolución se denuncia señaló inter alia lo siguiente:“…la resolución oral se motivó y fundamentó en el hecho que las pruebas inadmitidas como documentos públicos, documentos privados, cuatro reconocimientos judiciales y una exhibición de documentos por el demandante no eran útiles y pertinentes, por considerar que estos medios de prueba no contribuirían a esclarecer el objeto del debate de la nulidad, sumado a que para los reconocimientos judiciales no se solicitó por el incidentista que esta prueba se practicara de manera anticipada, ya que debía respetarse el principio de concentración debido a que los incidentes siguen las reglas del proceso abreviado, asimismo, que al tratarse de inspecciones a libros y papeles en un Registro Público y en instalaciones de la empresa demandante, perfectamente el incidentista …perfectamente el incidentista pudo haber anexado los documentos que pedían fueran objeto de observación por parte del tribunal…”. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA 8. Como ya quedó dicho, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023) el Tribunal de Apelaciones resolvió el recurso de amparo interpuesto, estimando el SOBRESEIMIENTO de la acción, fundamentándose para ello en el Artículo 46 numerales 1 y 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “…SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por el Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO, actuando en su condición de representante procesal de la EMPRESA ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK S. A. DE C.V. contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil en audiencia de nulidad en la etapa de proposición y evacuación de medios probatorios celebrada el 12 de abril del año dos mil veintitrés…”. (Folio 44 al 45 de la pieza de Corte de Apelaciones).9.El Tribunal de Alzada estimó aplicable al caso de autos lo preceptuado en el Artículo 240.2 del Código Procesal Civil, referente a la admisión de la prueba, el cual dispone:“…La denegación del recibimiento del pleito a prueba o la inadmisión de un medio de prueba será recurrible oralmente en reposición, que se sustanciaría y resolverá en el acto. De desestimarse dicho recurso, la parte perjudicada por la denegación del recibimiento del pleito a prueba o por la inadmisión de todos o de alguno de los medios propuestos, podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el recurso de apelación que contra la sentencia definitiva se pueda interponer…”.10. De las consideraciones del fallo, se entiende que el Tribunal de Alzada sobreseyó la acción de amparo por considerar que previo a la interposición de la acción de amparo la parte recurrente debió agotar los recursos ordinarios o acciones legales que conforme con la legislación le asisten, ello en atención al principio de definitividad. RAZONAMIENTO DE LA SALA I.Esta Sala estima que, a pesar del mérito que pudiesen tener las alegaciones presentadas por el recurrente en la acción de amparo que nos ocupa, se advierte que en la audiencia preliminar que se desarrolló en el proceso principal, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, el cual fue homologado por el juez, según se observa a folio 250 de la primera pieza de autos.Es oportuno acotar que el referido acuerdo conciliatorio fue presentado y homologado por el A Quo el 7 de noviembre de 2023, es decir que el mismo fue concretado con posterioridad a la interposición de la presente acción de amparo, pues la misma fue presentada el 17 de abril del año 2023, y la sentencia que se conoce hoy en consulta, que resolvió el recurso de amparo de mérito, fue pronunciada por el Tribunal de Alzada el 2 de junio de 2023. II.Dicho esto, sabemos que, en materia de justicia constitucional, y según ha coincidido esta Sala, los actos reclamados en amparo, en relación con el tiempo en que se producen, pueden ser: pasados, presentes, futuros e inciertos o futuros inminentes; a su vez, entendemos que los actos reclamados pueden ser existentes, presuntamente existentes, inexistentes, subsistentes e insubsistentes. III. Esta clasificación interesa al caso que nos ocupa, toda vez que, de acuerdo con nuestra legislación, el recurso de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.En el presente caso, la acción de amparo fue promovida por el agraviado contra una decisión judicial de inadmitir medios probatorios, la cual consideró violatoria a los derechos de su representada, sin embargo, al darse con posterioridad a su reclamo una conciliación entre las partes, que fue homologada por juez competente, se puso fin a la contienda judicial, y, como consecuencia de ello, el acto reclamado ha pasado a ser acto insubsistente, porque, a pesar de haber tenido existencia efectiva en el pasado, sus efectos han cesado como resultado de habérsele puesto fin al conflicto por acuerdo de las partes, de ahí que resulte inconsecuente cualquier pronunciamiento en torno a la inadmisión de medios probatorios en el juicio principal, pues ya no resulta procedente su evacuación. IV.Partiendo de ello, esta Sala es del criterio que, en el presente caso, concurre la causal de inadmisión establecida en el Artículo 46 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto han cesado los efectos del acto reclamado en amparo como consecuencia del acuerdo conciliatorio entre las partes, por lo que no procedería por vía de esta acción constitucional, la restitución de derecho, garantía o condición alguna al impetrante y supuesto agraviado.Siendo así, al advertirse la concurrencia de esta causal de inadmisibilidad, procede, por ley, el sobreseimiento de las actuaciones. V. Si bien, según observa esta Sala, el Tribunal de Alzada también decidió en su momento el sobreseimiento de las diligencias por considerar la concurrencia de las causales de inadmisión contempladas en el Artículo 46 numerales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es criterio de esta Sala que dichas causales no resultaban ni resultan aplicables al asunto que nos ocupa, por lo que es pertinente, conforme lo dispuesto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional REFORMAR la sentencia de amparo venida en consulta y sobreseer las presentes diligencias pero con fundamento en la causal de inadmisibilidad que ha sido observada por esta Sala, tal y como lo manda la ley. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numeral 6, 48, 49, 51, 63, 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el recurso de amparo de mérito por la concurrencia de las causales 1) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y EN SU LUGAR, SE SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en audiencia de nulidad en etapa de proposición y evacuación de medio probatorios celebrada el 12 de abril de 2023, en el trámite de la demanda vía proceso declarativo ordinario, promovida por LA SOCIEDAD INMOBILIARIA INVERSIONES MAYA S. A., DE C.V., contra LA EMPRESA ZONA LIBRE GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK S.A. DE C.V., por advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0794-2023
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL