Sentencia AC-773-21 — Registro 19065
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar parcialmente el con relación a la demanda de ejecución forzosa de titulo extrajudicial. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada garantía constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “RAZONAMIENTO DE LA SALA SOBRE LAS GARANTIAS INFRINGIDAS 1: Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.2: Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma Constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.3: Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. 4: Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia y no puede ser concebido, como parece serlo en este caso, como una apelación sobre otra apelación, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones no basta con referir, como lo ha hecho el recurrente, cómo se definen los derechos constitucionales o en qué consisten, sino que deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos.5: Que, en este caso, se observa que la denegatoria parcial de la Alzada se fundó al explicar en su fallo que los agravios expresados por el recurrente los encuentra incongruentes y falta de claridad en la identificación del perjuicio causado y del vicio o error que lo causa lo cual ocasiona que la alzada no pueda entrar a conocer la pretensión de los tres primeros agravios. de conformidad con el principio dispositivo contenido en el artículo 10.2 del Código Procesal Civil, que es extensible al ámbito de los recursos.6. -Que los agravios son la expresión del menoscabo a la tutela judicial efectiva alegada por el recurrente y cometidos por el juzgador en un determinada resolución judicial, ya sea porque se ha dejado de aplicar la ley que debe resolver la controversia, o porque se ha aplicado incorrectamente la norma legal utilizada para resolver el asunto y tiene por objeto la revisión de los hechos dados como probados y la valoración de la prueba, que en ese sentido el artículo 701 del cpc señala en su numeral.1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.7.- En ese sentido se observa que el Ad-Quem resolverá en relación a los pronunciamientos alegados por el recurrente y por las cuestiones de derecho que se aleguen en el mismo, para ello deberá estar debidamente motivado y fundamentado lo pedido, señalando el perjuicio o agravio causado e identificando el vicio o error que lo causa. 8.- Que el recurso de amparo como garantía constitucional requiere la acreditación del perjuicio o gravamen que se invoca sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, lo que implica que del mismo se origina esa disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute, y es éste quien ostenta la legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. 9: Esta Sala ha dicho que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado, consecuentemente, es preciso identificar el hecho que ocasiona este gravamen al agraviado porque es frente a ese hecho que el juicio de garantías buscaría restituir o restablecer el derecho o derechos disminuidos o violentados por el mismo. En este caso, el acto o hecho reclamado ha sido identificado como la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN de fecha 26 de mayo del 2021 y es ésta decisión judicial sobre la que deberían haber sido formuladas las alegaciones por parte del quejoso, en tanto se aprecia que los reproches señalados por el recurrente en su escrito de expresión de agravios son generales y confusos pues no indica con precisión el perjuicio o agravio causado o la individualización concreta del vició o error que alega; apartándose con ello del acto reclamado en amparo, y de la finalidad y sentido de esta acción constitucional, con lo que el recurso no podría ser considerado por esta Sala y por ende debe denegado de plano y así debe declararse por parte de este Alto Tribunal. . Por lo que no es de recibo la vulneración a los derechos constitucionales alegados; en este sentido, se estima que la sentencia emitida por el Ad-quem, se encuentra totalmente ajustada a derecho y cumple con todos los requisitos exigidos en la norma adjetiva.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 10.2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “2: Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma Constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Alberto García Fortín, a favor de la sociedad mercantil Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veinte, con relación a la demanda de ejecución forzosa de titulo extrajudicial promovida por el Abogado Francisco Rafael Zepeda Guzmán, en su condición de Apoderado Legal de la Municipalidad de Morocelí, departamento de El Paraíso, contra la sociedad mercantil Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Francisco Rafael Zepeda Guzmán, en su condición de Apoderado Legal de la Municipalidad de Morocelí, departamento de El Paraíso, promoviendo demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial contra la sociedad mercantil Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., a través de su representante legal, el señor Mateo Miguel Yibrin Canahuati. (Folios 1-4 del expediente del A-quo)2) En fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., presentando escrito de oposición a ejecución de titulo extrajudicial. (Folios 17-24 del expediente del A-quo)3)En fecha trece de mayo de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, falló: “…PRIMERO: Que es procedente declarar y en consecuencia se declara NO HA LUGAR EL MOTIVO DE OPOSICIÓN DE PAGO JUSTIFICADO DOCUMENTALMENTE. SEGUNDO: Se declara no ha lugar el motivo de oposición de NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO REUNIR EL TITULO LOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS TERCERO: Se CONDENA a la parte ejecutada COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. de C.V. al pago de la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L2,937,500), a favor de la parte ejecutante la MUNICIPALIDAD DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. CUARTÓ: Con costas. QUINTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se proceda por parte de la Secretaría del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil, realizando la notificación, archivo y publicidad de esta sentencia en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes…” (Folios 115-121 del expediente del A-quo)4)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Alberto García Fortín, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por mayoría de votos falló: “…PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Alberto García Fortín, actuando en su condición de representante procesal de la Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V.. SEGUNDO: Reformar el inciso cuarto de la parte dispositiva de la sentencia venida en recurso, el cual deberá leerse: "CUARTO: Con costas en primera instancia, debiendo cada una de las partes abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.". TERCERO: Confirmar el resto de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en expediente 0801-2018-04816-CPEE. CUARTO: Sin costas en segunda instancia. Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta resolución y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su cumplimiento y demás efectos legales. NOTIFIQUESE…” (Folios 32-37 vuelto de la pieza del Ad-quem)5)En fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Alberto García Fortín, interponiendo acción de amparo a favor la sociedad mercantil denominada Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V., contra la sentencia relacionada en el numeral antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.6)En fecha once de mayo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Alberto García Fortín, en consecuencia, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 36 de la pieza de amparo)7) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente:“…Que de los argumentos expuestos por el amparista y del estudio de la sentencia recurrida, se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en la motivación de su fallo explica que los agravios expresados por el representante procesal de la parte demandada los encuentra incongruentes y falta de claridad en la identificación del perjuicio causado y del vicio o error que lo causa, lo cual ocasiona que el Tribunal de Alzada no pueda entrar a conocer la pretensión de los tres primeros agravios, de conformidad con el principio dispositivo contenido en el artículo 10.2 del Código Procesal Civil, que es extensible al ámbito de los recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 701 del mismo cuerpo legal. Al respecto, es oportuno señalar que los agravios son la expresión del menoscabo a la tutela judicial efectiva alegada por el recurrente y cometidos por el juzgador en un determinada resolución judicial, ya sea porque se ha dejado de aplicar la ley que debe resolver la o interpretado controversia, o porque se ha aplicado incorrectamente la norma legal utilizada para resolver el asunto y tiene por objeto la revisión de los hechos dados como probados y la valoración de la prueba, tomando en cuenta que el Ad-Quem resolverá en relación a los pronunciamientos alegados por el recurrente y por las cuestiones de derecho que se aleguen en el mismo, para ello deberá estar debidamente motivado y fundamentado lo pedido, señalando el perjuicio o agravio causado e identificando el vicio o error que lo causa. Conforme lo anterior, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo, no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto se aprecia que los reproches señalados por el recurrente en su escrito de expresión de agravios son generales y ambiguos, pues no indica con precisión el perjuicio o agravio causado o la individualización concreta del vicio o error que alega, lo que le impidió al Tribunal de Alzada a conocer y pronunciarse en relación a los mismos. En este sentido, se estima que la sentencia emitida por el Ad-quem, se encuentra totalmente ajustada a derecho y cumple con todos los requisitos exigidos en la norma adjetiva. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 39-44 del recurso de mérito. Fundamentación Jurídica sobre la garantía Constitucional de Amparo PRIMERO.- Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. SEGUNDO.- Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. TERCERO: Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.CUARTO: Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.III. Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista, denunciando violación de los artículos 82 Y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.1-Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la sociedad mercantil Compañía Azucarera Tres Valles Sociedad Anónima de Capital Variable, la precitada sentencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que se dejó previamente relacionada, El fallo denunciado por el impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el propio amparista contra la resolución de fecha trece de mayo de dos mil veinte del JUZGADO DE LERAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por el representante procesal de la Municipalidad de Moroceli departamento de El paraíso, contra la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Sentencia en la cual en su parte dispositiva se resuelve declarar parcialmente con lugar; reformando el inciso cuarto de la parte dispositiva del la sentencia; el cual deberá leerse: CUARTO con costas en primera instancia, debiendo cada una de las partes abonar las causadas a su instancia y las comunes por la mitad; TERCERO: confirmar el resto de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; sin costas en segunda instancia.2.- establece el recurrente que en fecha doce de enero del dos mil veintiuno, en representación de la Compañía Azucarera Tres Valles, sociedad Anónima de capital variable(CATV,S.A.de C.V.) procedió a interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, la cual se resolvió en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno declarando parcialmente con lugar, manifestando el amparista, que la misma no se encuentra apegada a derecho y además lesiona garantías constitucionales como ser el debido proceso y el derecho de defensa, lo que se desprende de la motivación de la corte sentenciadora recurrida, específicamente de los numeras Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo que disponen: QUINTO: En el primer agravio, el recurrente señala falta de aplicación del artículo 1369 del Código Civil, en este mismo agravio, el recurrente lo enfoca en la falta de valoración probatoria de tres medios de prueba, lo que ocasiona así contradicción en su agravio, por las diversas finalidades del recurso pretendidas. todo lo anterior incumple la técnica recursiva, vedando que este órgano colegiado pueda conocer la pretensión de este primer agravio. SEXTO: En el segundo agravio el recurrente señala la infracción de a: Articulo 205 numeral 35 de la Constitución de la Republica, b) artículo 11 del código Tributario y C) artículos 74 y 75 de la ley de Municipalidades. Al igual que en el primer agravio, el recurrente no señala si se busca enmendar la resolución recurrida por aplicación indebida, falta de interpretación errónea( ya sea de normas legales que rigen actos y garantías del proceso o normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate), ocasionando que este órgano colegiado no pueda analizar la supuesta violación que se plantea en el Agravio, también el recurrente, señala al final de este segundo agravio, incongruencia y falta de exhaustividad de la sentencia, señalamiento que vuelve contradictorio su agravio, pues la aparente violación de normas procesales o de objeto del debate(aplicación Indebida, falta de aplicación, Interpretación errónea) pasa a actuaciones que conllevarían a una aparente nulidad de la sentencia. En Consecuencia, no es de recibo este segundo agravio.” SEPTIMO: En relación al tercer agravio el recurrente señala la falta de exhaustividad de la sentencia, consistente en el motivo de oposición de pago justificando documentalmente y falta de motivación del motivo de oposición de prescripción parcial; ocasionando la falta de exhaustividad de la sentencia la condena en costas de la parte ejecutada. Lo que busca el recurrente con el expuesto en este agravio es la nulidad de la sentencia por falta de motivación y exhaustividad, pero olvida el recurrente que dicha nulidad debe solicitarse en su petición, y en caso de autos no lo hace, vedando así el actuar de ese órgano colegiado, convirtiéndose en un agravio inoperante”OCTAVO: En el cuarto agravio, el recurrente señala: a) aplicación indebida del artículo 219.1 del código procesal civil y b) falta de aplicación del artículo 219.2 del código procesal civil. Estableciendo el Aquem Como ya se dijo en el inciso cuarto de estos fundamentos de derecho, al indicar la finalidad u objeto de cada agravio, esta debe ser con la debida separación, Esto lo ha incumplido el recurrente, pues en un mismo agravio pretende desarrollar dos finalidades distintas, siendo una aplicación indebida de una norma y por demás la falta de aplicación de otra norma; ahora bien existe falta de aplicación del artículo 219.2 del código procesal Civil, pues la Juez de primera instancia ha fijado una cantidad de dinero menor contra el ejecutado en la sentencia de oposición, actuación que deriva de la oposición planteada por la parte ejecutada, por lo que estando vedado este órgano colegiado a pronunciarse sobre otros aspectos de la sentencia por la vinculación a los motivos alegados, en los que se ha incumplido la técnica recursiva; lo cierto es que corresponde por la reducción de pretensiones del ejecutante, que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. todo esto en virtud que la parte ejecutada acepto en audiencia de oposición la prescripción del cobro de unos años, en relación al impuesto de volumen de producción por uso de suelo; alega el amparista que con dicha resolución el tribunal de alzada pretende resolver el recurso de apelación como si fuera un recurso de casación, en el que impera la técnica recursiva, olvidando dicha corte recurrida que al tener plena jurisdicción esta obligada a resolver el recurso de apelación en todos sus agravios y no de abstenerse de resolver los mismos por supuestos defectos formales o técnica recursiva que no encontramos regulada en la ley procesal, con lo que se esta violentando el debido proceso y el derecho de defensa de su patrocinado.En este fallo, la referida Alzada desestimó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso por adolecer su expresión de agravios de una correcta fundamentación. Según entendió la Alzada, el apelante en este caso, no enmarcó su pretensión recursiva dentro de los parámetros exigidos por el artículo 704 del Código Procesal Civil, y al no puntualizar concretamente los agravios que le ocasionó la resolución apelada, el Tribunal de Alzada determinó su desestimación RESUMEN DE LOS ARTICULOS QUE SE CONSIDERAN VULNERADOS:1.- Que, el recurrente argumenta en su escrito de interposición y formalización de acción de amparo que con la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, se han vulnerado los derechos fundamentales contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica al no estar conforme con la motivación de la misma, en los numerales quinto, sexto séptimo y octavo de los fundamentos de derecho de la referida sentencia, señala además que la Corte de Apelaciones tiene plena jurisdicción para resolver el recurso sus agravios y no abstenerse de resolver los mismos por supuestos defectos de forma o técnica recursiva, con lo que está violentando el debido proceso y el derecho de defensa de su representado al no tener un pronunciamiento sobre todos los agravios sometidos al conocimiento, en síntesis, el reclamo del impetrante se orienta a cuestionar que la corte sentenciadora se ha abstenido de resolver agravios o puntos objeto de apelación, bajo el pretexto de falta a la técnica recursiva, técnica que no encontramos regulada en ningún artículo del Código Civil, pretende atribuirse facultades que no tiene porque no le es dado resolver bajo preceptos legales que son propios del tribunal supremo, ya que aplicar disposiciones propias de un recurso de casación lo que hace es en primer lugar tomarse atribuciones que no le corresponde, en segundo lugar con esa técnica recursiva vuelve el recurso de apelación en forma exageradamente formalista y restrictiva. (Artículo 7 del código procesal civil sobre legalidad procesal y formas).No obstante, esta Sala aprecia que las intervenciones del recurrente adolecen de una explicación clara y concreta de la forma en la que la resolución recurrida violentó tales derechos en perjuicio de su representada, en tanto parecen ser una reiteración de las alegaciones que presentó en instancia. RAZONAMIENTO DE LA SALA SOBRE LAS GARANTIAS INFRINGIDAS 1: Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.2: Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma Constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.3: Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. 4: Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia y no puede ser concebido, como parece serlo en este caso, como una apelación sobre otra apelación, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones no basta con referir, como lo ha hecho el recurrente, cómo se definen los derechos constitucionales o en qué consisten, sino que deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos.5: Que, en este caso, se observa que la denegatoria parcial de la Alzada se fundó al explicar en su fallo que los agravios expresados por el recurrente los encuentra incongruentes y falta de claridad en la identificación del perjuicio causado y del vicio o error que lo causa lo cual ocasiona que la alzada no pueda entrar a conocer la pretensión de los tres primeros agravios. de conformidad con el principio dispositivo contenido en el artículo 10.2 del Código Procesal Civil, que es extensible al ámbito de los recursos.6. -Que los agravios son la expresión del menoscabo a la tutela judicial efectiva alegada por el recurrente y cometidos por el juzgador en un determinada resolución judicial, ya sea porque se ha dejado de aplicar la ley que debe resolver la controversia, o porque se ha aplicado incorrectamente la norma legal utilizada para resolver el asunto y tiene por objeto la revisión de los hechos dados como probados y la valoración de la prueba, que en ese sentido el artículo 701 del cpc señala en su numeral.1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.7.- En ese sentido se observa que el Ad-Quem resolverá en relación a los pronunciamientos alegados por el recurrente y por las cuestiones de derecho que se aleguen en el mismo, para ello deberá estar debidamente motivado y fundamentado lo pedido, señalando el perjuicio o agravio causado e identificando el vicio o error que lo causa. 8.- Que el recurso de amparo como garantía constitucional requiere la acreditación del perjuicio o gravamen que se invoca sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, lo que implica que del mismo se origina esa disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute, y es éste quien ostenta la legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. 9: Esta Sala ha dicho que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado, consecuentemente, es preciso identificar el hecho que ocasiona este gravamen al agraviado porque es frente a ese hecho que el juicio de garantías buscaría restituir o restablecer el derecho o derechos disminuidos o violentados por el mismo. En este caso, el acto o hecho reclamado ha sido identificado como la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN de fecha 26 de mayo del 2021 y es ésta decisión judicial sobre la que deberían haber sido formuladas las alegaciones por parte del quejoso, en tanto se aprecia que los reproches señalados por el recurrente en su escrito de expresión de agravios son generales y confusos pues no indica con precisión el perjuicio o agravio causado o la individualización concreta del vició o error que alega; apartándose con ello del acto reclamado en amparo, y de la finalidad y sentido de esta acción constitucional, con lo que el recurso no podría ser considerado por esta Sala y por ende debe denegado de plano y así debe declararse por parte de este Alto Tribunal. . Por lo que no es de recibo la vulneración a los derechos constitucionales alegados; en este sentido, se estima que la sentencia emitida por el Ad-quem, se encuentra totalmente ajustada a derecho y cumple con todos los requisitos exigidos en la norma adjetiva. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AZUCAERA TRES VALLES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(CATV,S.A.DE C.V.), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PRIMERA DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis de mayo de dos mil veitiuno; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0773-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL