Sentencia AC-764-24 — Registro 18835
Resumen
Con relación a demanda de proceso declarativo ordinario por incumplimiento de contrato al habérsele limitado la participación de recurrente y dejando en indefensión al apoderado y teniéndolo por no comparecido al no permitirle la proposición de prueba poniendo fin a la audiencia únicamente con la comparecencia de la demandante, no requería comparecer personalmente el demandado tal como lo establece el artículo 445 numeral 1 del Código Procesal Civil; por lo que, se estima que el juzgador ha incurrido en vulneración a las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
9): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo conocida en consulta por esta Sala, se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de Sa Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone la referida Corte de Apelaciones, el A-quo permitió al apoderado legal del demandado intervenir en la etapa de conciliación más no así en las siguientes etapas del proceso por considerar la incomparecencia de la parte material (demandado); esto quiere decir que el juez al permitir que el abogado Castellanos Sánchez interviniera en dicha conciliación, debió permitir que continuara conociendo las demás etapas del proceso.CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución de amparo que hoy se conoce en consulta obligatoria debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; puesto que el juez limitó la participación del abogado Luis Alonzo Castellanos en las siguientes etapas del proceso posteriores a la conciliación, pese a que compareció investido de las facultades de expresa mención como ser conciliar, renunciar, allanarse o transigir; por tanto no requería comparecer personalmente el demandado tal como lo establece el artículo 445 numeral 1 del Código Procesal Civil; por lo que, se estima que el juzgador ha incurrido en la vulneración a las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (11): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva.
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 445.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 445.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen laresolución de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor del señor Alex Eduardo Berrios Lamothe, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, con relación a la demanda de proceso declarativo ordinario promovida por la sociedad mercantil SMG COMERCIAL, S.A. y la señora Dulce María Mejía Casco, contra el señor Alex Eduardo Berrios Lamothe. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)En fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, compareció la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Alex Eduardo Berrios Lamothe, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, con relación a la demanda de proceso declarativo ordinario promovida por la sociedad mercantil SMG COMERCIAL, S.A. y la señora Dulce María Mejía Casco, contra el señor Alex Eduardo Berrios Lamothe, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-9 del antecedente). 2) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la referida Corte, en fechacatorce de junio de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…OTORGAR la garantía constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SÁNCHEZ, a favor del señor ALEX EDUARDO BERRIOS LAMOTHE, contra la resolución de fecha veintidós de mayo del dos mil veinticuatro, dictada por el juzgado de Letras de los Civil de esta sección judicial, con el fin que se restituyan los Derechos y garantías que han sido transgredidos que la Constitución de la Republica establece. MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se remitan los autos en consulta a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 63-64 del antecedente).3)Que en fecha dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedo Sula, departamento de Cortés que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de proceso declarativo ordinario promovida por la sociedad mercantil SMG COMERCIAL S.A. y la señora DULCE MARIA MEJIA CASCO contra el señor ALEX EDUARDO BERRIOS LAMOTHE.CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expuso en su acción de amparo que el acto contra el cual se reclama lo constituye la resolución dictada en audiencia preliminar en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, en donde se le violentaron garantías constitucionales al no haber permitido el juez, la participación en las diferentes etapas de la audiencia preliminar como apoderado, pese a que si se le permitió su participación en la etapa de conciliación, puesto que el señor Alex Eduardo Berrios Lamothe le había conferido poder amplio y suficiente con facultades de expresa mención de conciliar, renunciar, allanarse y transigir; pero ya en la continuación de la audiencia se le limitó su participación al referido señor Berrios Lamothe, teniéndolo por no comparecido, dejándolo de esta manera en indefensión al no permitirle la proposición de prueba y limitando en todo lo demás su derecho de defensa.CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que de la decisión tomada por el juez se interpuso recurso de reposición indicando la violación de los artículos 80, 82 de la Constitución de la República y 445 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, el cual fue desestimado, manifestando el juez que la parte demandada se tiene por no comparecida, indicando que solo una de las partes (actora) tiene la oportunidad de hacer uso de las partes del proceso según lo establecido en el articulo 446 del Código Procesal Civil; no así la parte demandada, quien no tendrá derecho a proponer pruebas, dejando en indefensión al señor Alex Eduardo Berrios, no permitiendo el efectivo derecho de petición y defensa, violentando los principios de igualdad de las partes y contradicción en el proceso.CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedo Sula, departamento de Cortés en su resolución establece que del estudio de los antecedentes se desprende que la resolución objeto de amparo, es la dictada en audiencia preliminar en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, en donde se pudo verificar que tal y como lo expuso el amparista, la audiencia preliminar fue realizada sin la comparecencia del señor Alex Eduardo Berrios Lamothe; sin embargo, se desarrolló con la comparecencia del abogado Luis Alonzo Castellanos como apoderado legal del referido señor, abriendo el juez la audiencia en la etapa de conciliación, permitiendo que las partes conciliaran, precisamente porque al abogado Berrios tenia las facultades de expresa mención de conciliar, renunciar, allanarse y transigir; tal etapa de conciliación fue fracasada y a partir de ahí, el juez limita el derecho de defensa a la parte demandada al tenerlo por no comparecido y no permitirle que enunciara sus medios de prueba, poniendo fin a la audiencia únicamente con la comparecencia de la demandante.CONSIDERANDO (7): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que del estudio de las diligencias se puede verificar que efectivamente el juez al momento de no permitir la participación del apoderado legal de la parte demandada en el proceso (audiencia preliminar) posterior a la etapa de conciliación, lo hace sin justificación alguna, mas cuando escuchó a las partes al momento de la conciliación, vulnerando de esta manera no solo el derecho de defensa sino también el debido proceso. En el caso de mérito, el abogado Castellanos, al tener las facultades de expresa mención y el juez permitirle que el apoderado del demandado conciliara en la etapa respectiva; cómo es posible que, al verse fracasada esta etapa conciliatoria, el juez no le permita continuar participando en dicha audiencia; así lo indica claramente el Ministerio Público en la opinión dada al establecer “no obstante le permitió intervenir en la conciliación que es una figura crucial y propia de las partes para resolver el conflicto, pero paradójicamente no le permitió intervenir en los demás actos procesales.” CONSIDERANDO (8): Que en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Ministerio Público emite opinión, estimando que del análisis de la demanda y de los antecedentes de la causa se advierte la existencia de una demanda de incumplimiento de contrato que ha sido promovida contra el señor Alex Eduardo Berrios Lamothe, y en la celebración de la audiencia preliminar, compareció la parte demandante, no así el demandado, únicamente su abogado, quien justificó que su representado se encontraba enfermo y no podía comparecer a la audiencia. Que la ley establece que las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia preliminar salvo motivo fundado, facultando al juez a valorar si finalmente se acredita justificación de incomparecencia y en el caso de marras el juez consideró que debido a las inconsistencias y falta de prueba que acredite el estado físico del demandado, es procedente declarar la incomparecencia injustificada del mismo; sin embargo, el A-Quo permitió participar al apoderado legal del hoy recurrente en su condición de apoderado legal del demandado en la etapa de conciliación por considerar que este contaba con poder amplio con las facultades de expresa mención, no obstante, al continuar con las etapas subsiguientes del proceso, limitó su participación por estimar que la falta de justificación de incomparecencia del demandado, lo inhabilitaba a intervenir en el proceso, no obstante de haberle permitido intervenir en la conciliación que es una figura crucial y propia de las partes para resolver el conflicto, pero paradójicamente no le permitió intervenir en los demás actos procesales; violentándole de esta manera el derecho de defensa, el cual es inviolable al no permitir que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legamente. Por lo que, ante tal decisión, el Ministerio Público considera que se le han violentado las garantías constitucionales señaladas por el amparista y en consecuencia, se estima que debe declararse con lugar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y del contenido de la acción de amparo conocida en consulta por esta Sala, se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de Sa Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentra apegada a derecho puesto que como bien lo expone la referida Corte de Apelaciones, el A-quo permitió al apoderado legal del demandado intervenir en la etapa de conciliación más no así en las siguientes etapas del proceso por considerar la incomparecencia de la parte material (demandado); esto quiere decir que el juez al permitir que el abogado Castellanos Sánchez interviniera en dicha conciliación, debió permitir que continuara conociendo las demás etapas del proceso.CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución de amparo que hoy se conoce en consulta obligatoria debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; puesto que el juez limitó la participación del abogado Luis Alonzo Castellanos en las siguientes etapas del proceso posteriores a la conciliación, pese a que compareció investido de las facultades de expresa mención como ser conciliar, renunciar, allanarse o transigir; por tanto no requería comparecer personalmente el demandado tal como lo establece el artículo 445 numeral 1 del Código Procesal Civil; por lo que, se estima que el juzgador ha incurrido en la vulneración a las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad. En consecuencia, para esta Sala de lo Constitucional, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (11): Que por las razones ya expuestas en el presente recurso de amparo, esta Sala es del parecer que la resolución recurrida contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 445.1 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, mediante el cual se otorgó el recurso de amparo interpuesto por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ a favor del señor ALEX EDUARDO BERRIOS LAMOTHE. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0764-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL