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Sentencia AC-754-23 — Registro 19284

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo, en las diligencias de demanda de pago de dinero por la vía del procedimiento abreviado, se impone como conducta a cumplir por el Juzgado, la anulación de la sentencia amparada por violentar el debido proceso y dictar la misma respetando las normas legales correspondientes al proceso declarativo incoado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la sentencia emitida en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido por vulneración al debido proceso, lo que se desprende del fallo proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, que resuelve el recurso de apelación con fundamento en un proceso diferente al planteado y sostenido en el recurso de apelación que fue instado, pues argumenta en su resolución que “la parte actora en ningún momento logra acreditar el documento requerido para exigir la obligación y que esta se pretendió acreditar mediante declaración testifical, recibos de pagos y acta de audiencia de conciliación, estos documentos ofertados y evacuados en la audiencia por si solos no tienen la fuerza ejecutiva que se requiere para reclamo de la obligación tal como lo señala el artículo 782 del Código Procesal Civil en los numerales 1, 2, 3, 4. Analizada la pieza del antecedente, esta Sala de lo Constitucional puede apreciar que se presentó por el señor JOSE ENCARNACIÓN ALCERRO CERRATO, una Demanda de Pago de Dinero por la Vía del Proceso Abreviado Dispositivo, misma que se tramito siguiendo las reglas del procedimiento solicitado, con fundamento en el artículo 583 del Código Procesal Civil. En ese orden de ideas se puede precisar que la Sentencia que se revisa ha sido dictada en observancia del debido proceso, ello al tenor de lo establecido en el Artículo 3 del Código Procesal Civil, que desarrolla el debido proceso y que dispone: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”; artículo 7 del mismo cuerpo legal que reza: “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.”, en relación con el precepto 705 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que señala: “FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” En ese orden de ideas y tal como lo señala la normativa señalada, el Tribunal de Apelación devenía obligado a resolver el recurso de Apelación en base a la pretensión incoada mediante las reglas del procedimiento abreviado, como bien lo ha señalado el Tribunal de Alzada, en la resolución que se revisa. En cambio, el Tribunal de Apelación resuelve la pretensión del actor en la Demanda presentada, declarando sin lugar la apelación con fundamento en una normativa ajena al proceso incoado, en completa inobservancia de las normas citadas líneas arriba, lo cual es violatorio del debido proceso.CONSIDERANDO (9): En relación a los argumentos del pedidor de la garantía de amparo, referentes a la falta de coherencia, motivación, claridad, precisión y exhaustividad de la sentencia recurrida, el Ad-quem, fue del criterio que estos argumentos constituyen aspectos de mera legalidad, por ello no se pronunció sobre los mismos. Criterio que no es compartido por esta Sala de lo Constitucional, pues la falta de requisitos señalados en los artículos 200 numerales 1, 2 literales a), b), c), d), 206, 207 y 208, es violatorio del debido proceso. Analizada la Sentencia recurrida en amparo, advierte esta Sala una sentencia carente de motivación y valoración de la prueba, pues solo señala que la parte demandante no logra acreditar con los medios de prueba aportados y evacuados, la obligación del señor Manuel Antonio Villatoro de pagar la cantidad de cuarenta y seis mil lempiras (L.46,000.00) en concepto de un contrato de ejecución de obra convenido de forma verbal, contrario a lo que establece el artículo 245 del Código Procesal Civil, que señala la obligación de motivar de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de los distintos medios de prueba, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano. De tal manera que ese razonamiento intelectual por parte del órgano de primera y segunda instancia, debe dar como resultado la resolución de las pretensiones incoadas por las partes de forma motivada. Razonamiento que no se observa en la resolución impugnada, por ello en ese sentido también debe otorgarse el amparo, dando como consecuencia que el Tribunal de Apelación motive la resolución, en los términos ya señalados y haciendo una aplicación correcta de ley. CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia del otorgamiento de la acción de Amparo, el Tribunal de Apelación debe dictar sentencia en estricta observancia de los requisitos señalados en los artículos 200 numerales 1, 2 literales a), b), c), d), 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, no solo motivando la sentencia, sino que la misma debe ser coherente y congruente con las pretensiones de las partes, es decir, debe dictar una sentencia con la debida motivación y coherencia. CONSIDERANDO (11): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal, dictada en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que otorgó la acción de Amparo interpuesta por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Marcala, departamento de La Paz, con relación a la Demanda de Pago de Dinero por la Vía del Procedimiento Abreviado dispositivo promovida por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, contra el señor MANUEL ANTONIO VILLATORO AVILA. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, interponiendo recurso de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, con relación a la Demanda de Pago de dinero por la Vía del Procedimiento Abreviado dispositivo promovida por JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, contra el señor MANUEL ANTONIO VILLATORO AVILA. 2)Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual RESUELVE: “1) OTORGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO, interesada por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Barrio Sagrado Corazón de la Ciudad de La Paz, teléfono 8818-1843 actuando a su favor.- Acción de Amparo presentada contra el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, en el departamento de La Paz, en las diligencias de DEMANDA DE PAGO DE DINERO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, presentada contra MANUEL ANTONIO VILLATORO, contra la sentencia definitiva de fecha 20 de octubre del 2022, en la que declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 14 de enero del 2022, dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Márcala, confirmando la resolución recurrida.- 2) Se impone como conducta a cumplir por el A-quo, LA ANULACION de la sentencia amparada por violentar el debido proceso y dictar la misma respetando las normas legales correspondientes al proceso declarativo incoado.”.3)Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelto por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesto por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, en favor de SI MISMO, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, que mediante resolución de fecha veinte de octubre del año dos mil veintidós, declara SIN LUGAR el recurso de Apelación planteado por el Abogado ROGER ANTONIO RIVERA CRUZ, actuando en condición de apoderado procesal del señor José Encarnación Alcerro Cerrato, en la Demanda de Pago de Dinero por la Vía del Proceso Abreviado Dispositivo promovida por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, en contra del señor MANUEL ANTONIO VILLATORO AVILA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, en fecha veinte de octubre del año dos mil veintidós, que declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Abogado Roger Antonio Rivera Cruz, en representación del señor José Encarnación Alcerro Cerrato; sostiene el recurrente que la sentencia proferida por el Juzgado denunciado, constituye una flagrante violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la Republica, por violentar disposiciones de orden publico contenidas en los artículos siguientes: 1) Artículo 200 numeral 2) literal b) del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias serán motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derechos en los que se base la parte dispositiva o fallo, y se observa en el fallo recurrido que el Juzgado de Letras no consigna con claridad las pretensiones de las partes en relación a las cuestiones que debían de resolverse, la valoración de las pruebas y omitió consignar también los hechos probados en relación a la prueba evacuada; 2) Articulo 206 y 207 del Código Procesal Civil, por no ser su sentencia clara, precisa y exhaustiva y carecer de motivación, pues no existe razonamientos facticos y jurídicos para declarar sin lugar el recurso de apelación, faltando un análisis claro y preciso en cuanto a la apreciación y valoración de las pruebas propuestas y evacuadas; 3) Artículo 208 del Código Procesal Civil, el cual exige que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y pretensiones de las partes deducidas oportunamente en juicio, pues se demando por la deuda de cuarenta y seis mil lempiras (L.46,000.00) por obras de construcción mediante contrato verbal y que el demandado no acredito haber pagado, pues no propuso medios de prueba y con la prueba presentada por la parte demandante se logró acreditar la deuda y no como señala el juzgador que no se logró acreditar la deuda; 4) Artículo 583 del Código Procesal Civil, se violenta este artículo, pues el fallo recurrido se fundamenta en el artículo 782 del Código Procesal Civil, el cual no es aplicable al caso concreto que nos ocupa, infringiendo su deber de juzgar el caso, conforme la normativa aplicable y de acuerdo a las pretensiones de las partes, siendo dicha aplicación errónea, pues en ningún momento se interpuso demanda de ejecución forzosa de títulos judiciales o extrajudiciales, pues el contrato de ejecución de una obra fue verbal, subsumiéndose en el proceso abreviado dispositivo; 5) Artículo 234 numeral 1, 239 y 245 del Código Procesal Civil, se violentan estos artículos debido a que la sentencia definitiva no esta clara, precisa y exhaustiva, ya que la prueba aportada recae sobre los hechos y guardan relación con la tutela judicial efectiva que se pretendió obtener en el proceso, pues corresponde al actor y demandado la carga de probar la certeza de los hechos de la demanda o de su reconvención y en este caso la parte demandada no propuso ni evacuó medios de prueba, pero que el juez no valoró la prueba presentada por la parte demandante atendiendo las reglas de la sana critica, del conocimiento y del criterio humano, por lo cual la sentencia carece de motivación y de criterio legal, con argumentos fuera del contexto legal. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual FALLA: OTORGANDO la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor JOSE ENCARNACION ALCERRO CERRATO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, Departamento de La Paz, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera los derechos de defensa, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración al derecho defensa, debido proceso y legalidad, contenidos en la Constitución de la República mismos que en su orden señalan: Artículo 82: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; Artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nuño e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (7): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla OTORGANDO la acción constitucional de amparo promovida, al estimar el Ad-Quem que se infringe el debido proceso, pues el Tribunal de Apelación resuelve la Acción planteada como una demanda ejecutiva, en el que el a-quo argumenta que el demandante no acredita la cantidad liquida y exigible, lo cual constituye una violación al debido proceso, al fundamentar su fallo en un proceso diferente al planteado y sostenido en el recurso de apelación que fue instado, por lo cual el a-quo deberá ajustarse a decidir lo planteado por el apelante en escrito de apelación y determinar porque no es de recibo el recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada; asimismo en relación a los argumentos del pedidor de la garantía de amparo, referentes a la falta de coherencia, motivación, claridad, precisión y exhaustividad de la sentencia recurrida, a criterio del Ad-quem, estos argumentos constituyen aspectos de mera legalidad. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en la sentencia emitida en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; pues se ha procedido a declarar con lugar el recurso de amparo promovido por vulneración al debido proceso, lo que se desprende del fallo proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, que resuelve el recurso de apelación con fundamento en un proceso diferente al planteado y sostenido en el recurso de apelación que fue instado, pues argumenta en su resolución que “la parte actora en ningún momento logra acreditar el documento requerido para exigir la obligación y que esta se pretendió acreditar mediante declaración testifical, recibos de pagos y acta de audiencia de conciliación, estos documentos ofertados y evacuados en la audiencia por si solos no tienen la fuerza ejecutiva que se requiere para reclamo de la obligación tal como lo señala el artículo 782 del Código Procesal Civil en los numerales 1, 2, 3, 4. Analizada la pieza del antecedente, esta Sala de lo Constitucional puede apreciar que se presentó por el señor JOSE ENCARNACIÓN ALCERRO CERRATO, una Demanda de Pago de Dinero por la Vía del Proceso Abreviado Dispositivo, misma que se tramito siguiendo las reglas del procedimiento solicitado, con fundamento en el artículo 583 del Código Procesal Civil. En ese orden de ideas se puede precisar que la Sentencia que se revisa ha sido dictada en observancia del debido proceso, ello al tenor de lo establecido en el Artículo 3 del Código Procesal Civil, que desarrolla el debido proceso y que dispone: “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”; artículo 7 del mismo cuerpo legal que reza: “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas.”, en relación con el precepto 705 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que señala: “FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” En ese orden de ideas y tal como lo señala la normativa señalada, el Tribunal de Apelación devenía obligado a resolver el recurso de Apelación en base a la pretensión incoada mediante las reglas del procedimiento abreviado, como bien lo ha señalado el Tribunal de Alzada, en la resolución que se revisa. En cambio, el Tribunal de Apelación resuelve la pretensión del actor en la Demanda presentada, declarando sin lugar la apelación con fundamento en una normativa ajena al proceso incoado, en completa inobservancia de las normas citadas líneas arriba, lo cual es violatorio del debido proceso.CONSIDERANDO (9): En relación a los argumentos del pedidor de la garantía de amparo, referentes a la falta de coherencia, motivación, claridad, precisión y exhaustividad de la sentencia recurrida, el Ad-quem, fue del criterio que estos argumentos constituyen aspectos de mera legalidad, por ello no se pronunció sobre los mismos. Criterio que no es compartido por esta Sala de lo Constitucional, pues la falta de requisitos señalados en los artículos 200 numerales 1, 2 literales a), b), c), d), 206, 207 y 208, es violatorio del debido proceso. Analizada la Sentencia recurrida en amparo, advierte esta Sala una sentencia carente de motivación y valoración de la prueba, pues solo señala que la parte demandante no logra acreditar con los medios de prueba aportados y evacuados, la obligación del señor Manuel Antonio Villatoro de pagar la cantidad de cuarenta y seis mil lempiras (L.46,000.00) en concepto de un contrato de ejecución de obra convenido de forma verbal, contrario a lo que establece el artículo 245 del Código Procesal Civil, que señala la obligación de motivar de manera precisa y razonada en la sentencia la valoración de los distintos medios de prueba, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano. De tal manera que ese razonamiento intelectual por parte del órgano de primera y segunda instancia, debe dar como resultado la resolución de las pretensiones incoadas por las partes de forma motivada. Razonamiento que no se observa en la resolución impugnada, por ello en ese sentido también debe otorgarse el amparo, dando como consecuencia que el Tribunal de Apelación motive la resolución, en los términos ya señalados y haciendo una aplicación correcta de ley. CONSIDERANDO (10): Que como consecuencia del otorgamiento de la acción de Amparo, el Tribunal de Apelación debe dictar sentencia en estricta observancia de los requisitos señalados en los artículos 200 numerales 1, 2 literales a), b), c), d), 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, no solo motivando la sentencia, sino que la misma debe ser coherente y congruente con las pretensiones de las partes, es decir, debe dictar una sentencia con la debida motivación y coherencia. CONSIDERANDO (11): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal, dictada en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 5, 7 y 583 del Código Procesal Civil; 192 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticinco recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0754-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL