Sentencia AC-681-21 — Registro 18543
Resumen
Corte de Apelaciones desestimó de plano recusación contra los tres Magistrados propietarios de dicha Corte, en Demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por ejecutante contra ejecutada y ordena continuar con el conocimiento y decisión del recurso de apelación contra resolución dictada por Juzgado de instancia que inadmitió prueba documental en audiencia de Oposición interpuesta por ejecutada, siendo ésta desestimada por considerar que no esclarecen los hechos y ordena seguir la ejecución; Previamente, dicha Corte denegó recurso de amparo contra dicha desestimación; La Corte estima, que si bien ya emitió un criterio, éste fue sobre justicia constitucional y no sobre el fondo del litigio que ha de conocerse en recurso de apelación, por lo que procede desestimar de plano el incidente de recusación planteado por no estar comprendidos en la causal invocada por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."..."el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado..."..."esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua..."..."Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación..."..."Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."..."el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado..."..."esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua..."..."Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación..."..."Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."..."el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado..."..."esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua..."..."Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación..."..."Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."..."el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado..."..."esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua..."..."Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación..."..."Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia..."..."del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales..."..."el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado..."..."esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua..."..."Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos..."..."el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación..."..."Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que desestimó de plano una recusación presentada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua; en relación a la demanda de Ejecución Forzosa de un Título Judicial, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ, en su condición Representante Procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, contra la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., a través del Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal el señor José Faustino Laínez. Estima el recurrente que el acto reclamado viola derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de nuestra Carta Magna. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ, actuando en su condición de Representante procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, presentando solicitud para la Ejecución Forzosa de un Título Judicial, contra BANCO ATLÁNTIDA, S.A., a través del Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal el señor José Faustino Laínez. (Folios del 1-3fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, celebró Audiencia de Nulidad de la solicitud de Ejecución Forzosa relacionada en el acápite que antecede; en relación a los medios de prueba propuestos por la parte ejecutada el A-quo resolvió: (Sic) “después de analizar los medios de pruebas parte ejecutada, tomando en consideración que el proceso civil está dividido en fases que debe desarrollarse en forma ordenada que obliga al Juez a ocervacion los principios que orientan el derecho abjetivo de bien esta Juez acatar lo perpetuado en el criterio de preclusión al no aprovechar la oportunidad que otorga la ley a las partes se tiene por vencido el plazo siendo este un principio especial en forma del sistema nulidad procesal procediendo de la tutela del debido proceso estima esta Juez que por el derecho de defensa que consagra nuestra constitución de la república es procedente no admitir los medios de pruebas documentales que pretende aportar en este acto la parte ejecutante mismo que debiera ser apodo, así mismo en virtud a lo establecido 236 del cpc, estima esta juez que estos medios de prueba no contribuyan a esclarecer los hechos establecidos por lo que no son admitidos en el proceso tomando en consideración de economía procesal los medios de prueba que se deben aportar encaminados que son falta del carácter de representación ejecución y la falta del título que fueron los motivos de opción que fueron los que adjuntó la asentida el accidente que nos ocupa, por lo que considera que estos medios de prueba no son nuestras…” Manifiesta el recurrente que contra esta resolución se interpuso recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la cual dictó sentencia el 19 de febrero del año 2020, denegando la acción de Amparo. (Folios 156-157 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución sobre la Oposición planteada en la Ejecución de Título Judicial promovida por la Parte Ejecutada, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Desestimar la Oposición a la Ejecución de Título Judicial presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ en contra de la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial promovida por la Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ Representante Procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, SEGUNDO: ORDENA: Seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre bienes de la ejecutada hasta que se satisfaga las pretensiones del ejecutante. Art. 743.CPC CONDENA en costas al ejecutado art. 219, 796, CPC.- Puede interponerse el recurso de apelación que no suspende la acción ejecutiva.- Art.797 CPC…” Expresando el recurrente en Amparo que contra esta resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de Apelación. (Folios 161-162fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, promovió Recusación contra los Magistrados que integran la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, Abogados OMAR BONILLA, RUBEN RIVERA y MIRTILIA LIZETH ROMERO; expone el recurrente, que los argumentos que se están debatiendo en el recurso de apelación allegado al conocimiento de esa Corte, en que se impugnan las resoluciones del A-quo de fechas 4 y 10 de diciembre de 2019, son los mismos argumentos planteadas en la Acción de Amparo denegada y que esa Corte resolvió en sentencia del 19 de febrero de 2020 y que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, por consiguiente al haber los Magistrados Omar Bonilla, Ruben Rivera y Mirtilia Lizeth Romero, emitido su dictamen u opinión como letrados en la sentencia que en ese mismo proceso se dictó el 19 de febrero de 2020, es visto que están inhabilitados por la causal de recusación, contenida en el artículo 188, numeral 4) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, ello relacionado con lo establecido en el Artículo 52 del Código Procesal Civil, en atención a que los Jueces, Magistrados y Auxiliares de Juzgados y Tribunales deben abstenerse de intervenir en los procedimientos que se tramiten ante ellos, sin esperar a que se les recuse, si concurre en ellos alguna de las causas de recusación determinada en la ley orgánica del Poder Judicial. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes de recusación) 5) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la recusación promovida, emitió resolución, en la cual resolvió (Sic): “PRIMERO: DESESTIMAR DE PLANO LA RECUSACION PLANTEADA contra los Magistrados Propietarios de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados, RUBEN RIVERA FLORES, MIRTILA LIZETH ROMERO GALEANO y OMAR BONILLA JIMENEZ, en el proceso civil que se tramita en la que, es parte demandada, la Sociedad Mercantil Banco Atlántida, S.A., y la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, como demandante, interpuesta por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto. - Y MANDA Que se haga del conocimiento del incidentista, Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, del contenido de la presente resolución…” (folios 4-5 de la pieza de antecedentes de recusación) 6) Que el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional en fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, que se deja relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios del 1-5 y 51 de los autos) 7) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil veintitrés, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por el amparista”. (Folios del 54-62 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. El recurrente al formalizar la presente garantía constitucional expone que la recusación fue presentada contra los tres magistrados que integran la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conforme a lo establecido en los artículos 54.4), 56 y 57 del Código Procesal Civil, los cuales procede a transcribir. Según argumenta el peticionario, los Magistrados debían abstenerse de conocer y resolver su propia recusación, por ser contrario al procedimiento que el Código Procesal Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales establecen. En esta última normativa cita el artículo 193. En la relación de los hechos el recurrente sostiene que en audiencia de oposición celebrada el 4 de diciembre de 2019, el A-quo dictó resolución mediante la cual inadmite medios de prueba, promoviéndose recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, autoridad que dictó sentencia denegando el Amparo el 19 de febrero del año 2020. Posteriormente el A-quo dictó resolución para resolver el incidente de oposición y no estando conforme se interpuso recurso de apelación. Argumenta el peticionario de Amparo que en el recurso de apelación se expresan los agravios que causa la indebida y arbitraria inadmisión de medios de prueba, en tal sentido los argumentos que se estarían debatiendo en el recurso de apelación, son de idéntico contenido a los planteadas en la acción de Amparo denegada y que la Corte de Apelaciones resolvió en sentencia del 19 de febrero del año 2020. Por consiguiente, al haber los Magistrados de la referida Corte emitido su dictamen u opinión como letrados en la sentencia que se dictó en el Amparo promovido, es visto que están inhabilitados por la causal de recusación contenida en el artículo 188.4) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por ello los Magistrados debían abstenerse de conocer de la recusación tal y como lo dispone el Código Procesal Civil (Art. 57) y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (Art. 193) hecho que no sucedió, pues han sido los mismos Magistrados recusados quienes han desestimado la recusación presentada. CONSIDERANDO (3): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del recurrente en Amparo. La Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, al emitir su dictamen fue de la opinión que NO SE OTORGUE la Acción de Amparo. La Fiscal del Despacho argumenta lo siguiente: “Del examen de los antecedentes, esta representación fiscal comparte el razonamiento de la Alzada, en cuanto estima que alegato del recurrente no se enmarca en una causal legitima de recusación, ya que la misma, no puede ser desarrollada en una presunción de imparcialidad y sobre designios anticipados o prevenciones que al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una de las partes, siendo oportuno resaltar que un Juez o Magistrado está facultado legalmente de conocer todas las etapas de un proceso, y por ello no puede presumirse la posición anímica del juzgador sea a favor o en contra de las partes, sino que se requiere acreditar la existencia de sospechas objetivamente justificadas para que un juez pueda ser apartado del conocimiento de un asunto. En este sentido, es preciso resaltar el hecho que el recurso de amparo conocido por los Magistrados no entra al conocimiento sobre el fondo del litigio, por lo que considera la suscrita que tal circunstancia, no implica que necesariamente el director del proceso asuma una posición contraria a derecho, desatendiendo las pruebas que hayan sido aportadas por las partes y las normas que son aplicables al caso concreto, en tanto la causal invocada por el recurrente no constituye una causal legitima de recusación, en tanto no se enmarca en el artículo 55 del Código Procesal Civil…” CONSIDERANDO (4): Resumen de la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, objeto de la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal Ad-quem mediante Auto de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), por unanimidad de votos resuelve: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR DE PLANO LA RECUSACION PLANTEADA contra los Magistrados Propietarios de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados, RUBEN RIVERA FLORES, MIRTILA LIZETH ROMERO GALEANO y OMAR BONILLA JIMENEZ, en el proceso civil que se tramita en la que, es parte demandada, la Sociedad Mercantil Banco Atlántida, S.A., y la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, como demandante, interpuesta por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto.- Y MANDA Que se haga del conocimiento del incidentista, Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, del contenido de la presente resolución…” El Tribunal recurrido motiva inter alia lo siguiente: “SEXTO: Que en el caso planteado ante este Tribunal de Apelación, el incidentista plantea el hecho de que los Integrantes de la Corte de Apelaciones, emitieron ya un criterio conociendo vía recurso de amparo, en el mismo proceso que se conocerá vía recurso de apelación en esta misma Alzada. Que este Tribunal, entiende perfectamente que el trámite del incidente de la Recusación debe sujetarse a lo preceptuado en el Título Segundo, Capitulo Único del Libro Primero del Código Procesal Civil, en sus artículos 52 en adelante, esta Corte se centra en lo establecido en el numeral 2 del artículo 57 que establece: procedimiento: “1.- … 2.- Recibida la recusación entregara copia al recusado y, si no acepta como ciertas la causa, el Juez o Tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considera manifiestamente infundada”. Esta Corte estima, que el incidente debe rechazarse de plano, en vista de que si bien la Corte conoció en su momento y emitió una sentencia, por vía de recurso de amparo, ante supuesta vulneración de garantías constitucionales, no conociendo o manifestándose en esa sentencia, sobre el fondo del litigio civil que hoy se encuentra en esta alzada vía recurso de apelación. En consecuencia si bien se emitió ya un criterio, el mismo fue sobre justicia constitucional y no sobre el fondo del litigio o proceso civil que en su oportunidad se conocerá vía recurso de apelación, en el cual se ha interpuesto el incidente, razones sobradas para desestimar de plano el incidente planteado…” CONSIDERANDO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por el recurrente en Amparo. Para iniciar este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante referir que la Recusación es un mecanismo establecido por la normatividad procesal por medio del cual el acusado de un delito, o un individuo que es parte civil en un proceso, objete la legitimidad que tiene el juez para juzgar el caso, o uno de los peritos o funcionarios judiciales que deban intervenir en el pleito. La recusación tiene por objeto que la persona en contra de la cual se alega sea puesta fuera del caso; los motivos por los cuales se admite están consignados en cada normatividad y son aquellos que hacen que la imparcialidad del funcionario o juzgador se vea viciada, por sus nexos con las partes del pleito, por tener intereses en la resolución del mismo o por haber tomado parte en la formación e investigación previa de éste, desarrollando una labor incompatible con aquella contra la cual se objeta. La recusación es una garantía que tiene por objeto promover la rectitud en la administración de justicia. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve Desestimar de plano la Recusación promovida por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra los Magistrados Propietarios integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Abogados Ruben Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero Galeano y Omar Bonilla Jiménez y ordena que la referida Corte de Apelaciones continúe con el conocimiento y decisión del recurso de apelación que se ha interpuesto sobre el asunto. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por acuerdo unánime del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. CONSIDERANDO (9): Que el peticionario de Amparo, promovió Recusación contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, invocando la causal de recusación contenida en el numeral 4) del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales que dispone: “Son causas legítimas de recusación: 1)… 2)… 3)… 4) Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o proceso, o alguna de sus incidencias, como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo…” En sus argumentos el recurrente expone la vulneración a los artículos 54.4), 56 y 57 del Código Procesal Civil. Así tenemos entonces que, en la motivación de la resolución recurrida en Amparo, la Corte entiende que el trámite del incidente de Recusación debe sujetarse a lo preceptuado en el Título Segundo, Capítulo Único del Libro Primero del CPC, en sus artículos 52 en adelante y en atención a dar respuesta a la recusación promovida se fundamenta en lo establecido en el numeral 2) del artículo 57 de la norma en comento, siendo también de importancia para el estudio del caso sub júdice lo dispuesto en el numeral 1 del precepto indicado, mismos que disponen: “PROCEDIMIENTO. 1. La recusación se planteará ante el órgano jurisdiccional donde desempeñe sus funciones el juez, magistrado o auxiliar recusado por medio de un escrito, en el que se deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde. 2. Recibida la recusación entregará copia de ella al recusado y, si no acepta como cierta la causa, el juez o tribunal que conociere de la recusación podrá rechazarla de plano si la considerare manifiestamente infundada. En ese orden de ideas esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en la desestimación de plano de la Recusación promovida por el Apoderado Legal de la Parte Ejecutada contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua. CONSIDERANDO (10): Que el argumento central del recurrente en el orden de presentar recusación contra los tres Magistrados que integran la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, es en relación que en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de Comayagua y relacionadas ut supra, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Comayagua un recurso de Amparo, contra la resolución de fecha 4 de diciembre de 2019, que inadmite elementos de prueba presentados en audiencia de Oposición, sentencia de Amparo que fue declarada sin lugar, por medio de sentencia dictada en fecha 19 de febrero del 2020; asimismo en fecha 10 de diciembre del mismo año 2019, el A-quo dictó resolución resolviendo la Oposición y no estando conforme con la decisión, la parte Ejecutada -Banco Atlántida, S.A.- interpuso recurso de apelación ante la misma Corte que conoció de la garantía de Amparo previamente promovida. Siguiendo este orden de actuaciones, el recurrente expone que en el recurso de apelación promovido se expresan los mismos agravios que causa la indebida y arbitraria inadmisión de medios de prueba, en tal sentido los argumentos que se debatirán en el recurso de Apelación, son de idéntico contenido a los planteados en la acción de Amparo denegada, que la Corte de Apelaciones resolvió en sentencia de fecha 19 de febrero del año 2020, por ello el peticionario de Amparo estima que los Magistrados se encuentran incluidos en la causal de recusación contenida en el numeral 4) del artículo 188 de la LOAT, por haber emitido dictamen o haber dictado una sentencia en el recurso de Amparo promovido, por ello no deben a criterio del recurrente conocer del recurso de Apelación promovido en las mismas diligencias. CONSIDERANDO (11): Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha 22 de abril del año 2021, el recurso de Amparo es una garantía constitucional, mismo que tiene por objeto mantener o restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Así tenemos entonces que el recurso de Amparo es el instrumento procesal mas importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el Tribunal Constitucional, en su primera Sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias…”. En este orden de ideas este Alto Tribunal de Justicia Constitucional ha dejado establecido en reiteradas sentencias que no procede dicha garantía cuando se aleguen cuestiones de mera legalidad, pues tales cuestiones son propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia. El objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, las cuestiones de mera legalidad son propias de resolver en los juzgados y tribunales de instancia, tal es el supuesto de interposición del recurso de apelación, cuya finalidad se encuentra contenida en el artículo 705 del CPC, teniendo por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y las normas legales empleadas para resolver el objeto del debate, asimismo tiene por objeto la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, todo ellos cuestiones de legalidad que no son competencia de la Sala Constitucional a efecto de resolver un recurso de Amparo, corresponde a la Sala de lo Constitucional el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos. CONSIDERANDO (12): Que, de los argumentos expuestos por el recurrente en la acción de Amparo, esta Sala advierte que el peticionario invoca como supuestos que vulneran los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 referidos al debido proceso y el principio de legalidad, el que no se haya integrado un Tribunal Ad-Hoc para conocer de la recusación promovida y con ello garantizar el debido proceso, imparcialidad y objetividad, en consideración a que la recusación se promovió contra los tres Magistrados Integrantes de la Corte de Apelaciones. Que es importante hacer hincapié que el recurrente promueve recusación contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones de Comayagua, invocando la causal contenida en el numeral 4) del artículo 188 de la LOAT, que dispone “Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o proceso, o alguna de sus incidencias, como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo”; causal de recusación que no fue aceptada por ninguno de los Magistrados de la Corte de Apelaciones de Comayagua, por ello la autoridad recurrida motiva que el trámite del incidente de recusación debe sujetarse a lo preceptuado en los artículos 52 en adelante del CPP, no obstante a ello y siendo que la causal de recusación es improcedente de plano y ante la recusación promovida contra los tres magistrados que integran la Corte de Apelaciones de Comayagua, proceden a dar respuesta invocando el artículo 57.2 del CPC. CONSIDERANDO (13): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de las diligencias que conforman el expediente de Recusación No. 46,681 esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve desestimar de plano la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones referida, en atención a que si bien es cierto conocieron de un recurso de Amparo promovido por la Parte Ejecutada, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación que la Parte Ejecutada presentó también y ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición, ello es así porque como se refirió ut supra y lo motiva la autoridad recurrida, el recurso de Amparo tiene como finalidad mantener y restituir en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, no se puede a través de la interposición de un recurso de Amparo resolver cuestiones de fondo del litigio, pues ello son cuestiones de legalidad que solo se pueden resolver por medio de la interposición de los recursos ordinarios que la ley pone a disposición de las partes, tal cual es la interposición del recurso de Apelación. CONSIDERANDO (14): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han oído las pretensiones expuestas por el recurrente, en atención a la causal de recusación invocada contra los magistrados que integran la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en el supuesto del deber de apartarse del conocimiento de las diligencias, por haber dictaminado en un recurso de Amparo promovido en las mismas diligencias, invocando para ello el numeral 4) del artículo 188 de la LOAT, inobservando el procedimiento en el trámite del incidente de recusación establecido en el CPC. Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al desestimar de plano la recusación planteada, en atención a que el haber conocido la autoridad recurrida de un recurso de Amparo, ello no es óbice a efecto de resolver sobre el recurso de apelación promovido ante la misma Corte, contra la resolución dictada que resuelve la Oposición. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 52, 54, 56 y 57 del Código Procesal Civil; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiunos (2021), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada Villela Zavala. - NOTIFÌQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0681-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL