Sentencia AC-663-23 — Registro 17719
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra Resolución que contiene mandamiento de ejecución provisional de sentencia firme en Demanda Ordinaria promovida por demandante contra demandados; Consta que el amparista presentó recurso de reposición contra dicha resolución un día después de promovido el amparo; Además, no obra que se haya dictado resolución alguna al respecto, por lo que se deduce que no se han agotado los medios de impugnación siendo este un requisito sine quanon y previo a la interposición de un recurso de amparo; Se determina que los alegatos son cuestiones de mera legalidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior..."..."esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 1 y 7 que por su orden señalan...Esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. En ese orden de ideas la Alzada en la resolución que resuelve la garantía de amparo, en su motivación establece en su numeral TERCERO: “Que este Tribunal observa que la resolución por la cual el amparista acude, es una resolución que contiene un mandamiento de ejecución de una sentencia que actualmente se encuentra forme, apreciándose que en la misma se ha actuado conforme a derecho; además es necesario mencionar que sobre dicha resolución, la parte que se considere agraviada tiene expedito el recurso de reposición contra el mismo; observándose que en la causa de mérito el hoy amparista presento el recurso de reposición contra dicha resolución un día después de haber promovido el recurso de amparo que hoy nos ocupa y aunado a ello, no consta en autos ni en el informe enviado por el juzgado conocedor de la causa, que se haya dictado resolución alguna al respecto, pudiendo deducirse que no consta que se hayan agotado los medios de impugnación que la ley le franquea a las partes en defensa de sus derechos, siendo este un requisito sine quanon y previo a la interposición de un recurso de amparo, en consecuencia no es posible apreciar la infracción al debido proceso que hoy demanda el amparista, determinándose que los alegatos hechos en la acción de amparo son cuestiones de mera legalidad, es decir asuntos sin relevancia constitucional en razón de que las disposiciones que se consideran vulneradas con el acto u omisión reclamado en un proceso constitucional, son asuntos que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional inferior que conoce del asunto.”. Revisados los antecedentes por esta Sala, consta a folio 129 de la pieza del antecedente, la recepción del escrito contentivo del recurso de reposición, recibido en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés, presentado un día después de haber interpuesto la garantía de amparo en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés.- Por ello, analizada la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en el recurso de Amparo, esta Sala advierte que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, por concurrir las causales invocadas en la sentencia que se revisa, pues como se reitera, el amparista no había agotado los recursos que franquea la ley con respecto a la resolución que se impugna, así como del escrito de interposición de la acción y formalización del mismo, el amparista, se centra en relacionar aspectos de las resoluciones dictadas en la solicitud de ejecución provisional de la sentencia dictada en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional de instancia.- En ese sentido, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de Sal Pedro Sula, Departamento de Cortes, ha sido dictada respetando el debido proceso y derecho de defensa, que arguye el impetrante como violentados; actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone..."..."esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce la recurrente le han sido violados o amenazados a su representado, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa y debido proceso, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias, el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales..."..."al haberse detectado causales de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 9 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, a favor de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.7 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior..."..."esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 1 y 7 que por su orden señalan...Esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. En ese orden de ideas la Alzada en la resolución que resuelve la garantía de amparo, en su motivación establece en su numeral TERCERO: “Que este Tribunal observa que la resolución por la cual el amparista acude, es una resolución que contiene un mandamiento de ejecución de una sentencia que actualmente se encuentra forme, apreciándose que en la misma se ha actuado conforme a derecho; además es necesario mencionar que sobre dicha resolución, la parte que se considere agraviada tiene expedito el recurso de reposición contra el mismo; observándose que en la causa de mérito el hoy amparista presento el recurso de reposición contra dicha resolución un día después de haber promovido el recurso de amparo que hoy nos ocupa y aunado a ello, no consta en autos ni en el informe enviado por el juzgado conocedor de la causa, que se haya dictado resolución alguna al respecto, pudiendo deducirse que no consta que se hayan agotado los medios de impugnación que la ley le franquea a las partes en defensa de sus derechos, siendo este un requisito sine quanon y previo a la interposición de un recurso de amparo, en consecuencia no es posible apreciar la infracción al debido proceso que hoy demanda el amparista, determinándose que los alegatos hechos en la acción de amparo son cuestiones de mera legalidad, es decir asuntos sin relevancia constitucional en razón de que las disposiciones que se consideran vulneradas con el acto u omisión reclamado en un proceso constitucional, son asuntos que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional inferior que conoce del asunto.”. Revisados los antecedentes por esta Sala, consta a folio 129 de la pieza del antecedente, la recepción del escrito contentivo del recurso de reposición, recibido en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés, presentado un día después de haber interpuesto la garantía de amparo en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés.- Por ello, analizada la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en el recurso de Amparo, esta Sala advierte que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, por concurrir las causales invocadas en la sentencia que se revisa, pues como se reitera, el amparista no había agotado los recursos que franquea la ley con respecto a la resolución que se impugna, así como del escrito de interposición de la acción y formalización del mismo, el amparista, se centra en relacionar aspectos de las resoluciones dictadas en la solicitud de ejecución provisional de la sentencia dictada en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional de instancia.- En ese sentido, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de Sal Pedro Sula, Departamento de Cortes, ha sido dictada respetando el debido proceso y derecho de defensa, que arguye el impetrante como violentados; actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone..."..."esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce la recurrente le han sido violados o amenazados a su representado, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa y debido proceso, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias, el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales..."..."al haberse detectado causales de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 9 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, a favor de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.7 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinticuatro VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, en su condición de apoderado legal de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA y ELVIA AYALA SUAZO, contra actuaciones dictadas por el del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la solicitud de Ejecución Provisional de una Sentencia Definitiva, dictada en la Demanda Ordinaria promovida por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES y OTROS, contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ y ROGER JERONIO OSORTO GOMEZ, ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso y derecho de defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA y ELVIA AYALA SUAZO, contra actuaciones dictadas por el del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la solicitud de Ejecución Provisional de Sentencia Definitiva dictada en la Demanda Ordinaria promovida por los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES y CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMES PAREDES y LILIAN NICOLAZA GOMEZ PAREDES, la última representada a través del señor JERONIMO GOMEZ PAREDES, contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ y ROGER JERONIO OSORTO GOMEZ, ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO.- (Folio 01 al 02 de la pieza de los antecedentes)2)Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) emitió su fallo, mediante el cual: FALLA: SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO, presentada por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, quien actúa en su condición de apoderado judicial de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA y ELVIA AYALA SUAZO, contra la resolución definitiva de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes. 2) Contra esta providencia no cabe recurso alguno. (Folio 143 al 144 de la pieza de Corte de Apelaciones)3)Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, contra la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en relación a la Ejecución Provisional de una Sentencia Definitiva dictada por la Demanda Ordinaria dictada en fecha veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, Ejecución provisional solicitada por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, en su condición de apoderado judicial de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES y CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES, JERONIMO GOMES PAREDES y LILIAN NICOLAZA GOMEZ PAREDES, la última representada a través del señor JERONIMO GOMEZ PAREDES, contra los señores APARICIO GOMEZ PAREDES, PEDRO JOSUE OSORTO GOMEZ y ROGER JERONIO OSORTO GOMEZ, ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en amparo ha expuesto en el libelo de la demanda promovida, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San pedro Sula, Departamento de Cortes, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación contraria a la ley, en tanto contraría a un postulado que reconozca o garantice un derecho fundamental. Por otra parte, la garantía de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que en la Ejecución Provisional de una Sentencia firme, promovida por el abogado Fernando Alejandro Orellana Amaya en representación de los señores Macario Gómez Paredes, José Marino Gómez Paredes, Cándido Oswaldo Gómez Paredes y Jerónimo Gómez Paredes este en su condición personal y como representante legal de la señora Lilian Nicolasa Gómez Paredes, solicita se ordene lanzamiento de los inmuebles cuyo dominio se encontraban inscritos a favor de la señora Blanca Ester Gómez Paredes, y se ordene desalojar al señor RONAL ALEXANDER GOMEZ AYALA, de los inmuebles en mención, de conformidad a lo establecido en el artículo 883 del Código Procesal Civil, en virtud que ha hecho caso omiso al requerimiento efectuado en fecha catorce de diciembre del año dos mil veintiuno. A esta petición el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, resolvió en fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, declarando precluido el plazo de un mes, prorrogable por un mes más, otorgado al señor Ronald Alexander Gómez Ayala, para restituir, entregar o desocupar los inmuebles; Decreta el lanzamiento del señor Ronal Alexander Gómez, de los inmuebles cuy dominio se encontraban inscritos a nombre de la señora Blanca Ester Gómez Paredes; y ordena desalojar de manera forzada al señor Ronal Alexander Gómez Ayala, de los inmuebles antes mencionados, autorizando el desarraje con el fin de poder acceder a los inmuebles relacionados, sin caer en excesos ni causar daños innecesarios. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el acto con el cual, el recurrente considera violados o amenazados los derechos de defensa y debido proceso, en el cual argumenta que en la solicitud de ejecución provisional de una sentencia definitiva dictada en fecha veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, se condena a los señores APARICIO GOMEZ PAREDES (Q.D.D.G) RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA, ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA y ELVIA AYALA SUAZO, a restituir o devolver todos los bienes y derechos que constituyen la masa hereditaria dejada por la señora Blanca Ester Gómez Paredes, a los demandantes. De esta sentencia el ejecutante pidió ejecución provisional la cual el juez otorgó y en su auto de admisión y mandamiento dicta “REQUIERASE a los ejecutados antes mencionados para que procedan de forma inmediata a restituir y entregar todos los bienes y derechos que constituyen la masa hereditaria dejada por la señora BLANCA ESTER GOMEZ PAREDES, a los demandantes y que aún no se hubieren entregado, bajo la advertencia que de no hacerlo se proceda al lanzamiento adoptando para ello todos los medios necesarios, deberá indicárseles que tratándose de bienes inmuebles que fueron su vivienda habitual o de quienes de ellos dependan, la ley les otorga el plazo de un mes, prorrogable por otro más, para desalojarlos y transcurrido dicho plazo se procederá a su inmediato lanzamiento (Auto de fecha 22 de noviembre del 2021), como referencia, las personas a requerir son Ronald Gómez Ayala, Alexi Gómez Ayala y Elvia Gómez Ayala Suazo. Tanto la sentencia definitiva como el mandamiento de ejecución expresan una orden de entregar bienes sin determinación alguno sobre un inmueble en particular. Mas la resolución recurrida, añade contenido al título ejecutivo, el determinar la entrega de dos bienes inmuebles que jamás mencionó en su sentencia definitiva. Por lo que lo anterior comporta dos infracciones: una violación a los límites de la ejecución, pues el artículo 743 del Código Procesal Civil, en tanto dicta que toda actividad de ejecución tiene como límites el contenido de la sentencia y en este caso, ni la sentencia definitiva ni el auto de mandamiento contiene una orden de desalojar un bien inmueble. Y por otra parte al no haberse expresado una orden de desalojar un bien inmueble determinado, ni siquiera mencionado, tampoco corrió los 30 días que otorga la ley previa al desalojo, más el auto recurrido pretende decretar precluido dicho plazo. De tal modo el acto recurrido violenta el debido proceso y derecho de defensa.CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional que en el artículo 46 numerales 1 y 7 dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se alegue violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas ejecutoriadas, en causa criminal; 8) …; y, 9) ….”CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 1 y 7 que por su orden señalan: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas ejecutoriadas, en causa criminal.”. Esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. En ese orden de ideas la Alzada en la resolución que resuelve la garantía de amparo, en su motivación establece en su numeral TERCERO: “Que este Tribunal observa que la resolución por la cual el amparista acude, es una resolución que contiene un mandamiento de ejecución de una sentencia que actualmente se encuentra forme, apreciándose que en la misma se ha actuado conforme a derecho; además es necesario mencionar que sobre dicha resolución, la parte que se considere agraviada tiene expedito el recurso de reposición contra el mismo; observándose que en la causa de mérito el hoy amparista presento el recurso de reposición contra dicha resolución un día después de haber promovido el recurso de amparo que hoy nos ocupa y aunado a ello, no consta en autos ni en el informe enviado por el juzgado conocedor de la causa, que se haya dictado resolución alguna al respecto, pudiendo deducirse que no consta que se hayan agotado los medios de impugnación que la ley le franquea a las partes en defensa de sus derechos, siendo este un requisito sine quanon y previo a la interposición de un recurso de amparo, en consecuencia no es posible apreciar la infracción al debido proceso que hoy demanda el amparista, determinándose que los alegatos hechos en la acción de amparo son cuestiones de mera legalidad, es decir asuntos sin relevancia constitucional en razón de que las disposiciones que se consideran vulneradas con el acto u omisión reclamado en un proceso constitucional, son asuntos que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional inferior que conoce del asunto.”. Revisados los antecedentes por esta Sala, consta a folio 129 de la pieza del antecedente, la recepción del escrito contentivo del recurso de reposición, recibido en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés, presentado un día después de haber interpuesto la garantía de amparo en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés.- Por ello, analizada la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en el recurso de Amparo, esta Sala advierte que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, por concurrir las causales invocadas en la sentencia que se revisa, pues como se reitera, el amparista no había agotado los recursos que franquea la ley con respecto a la resolución que se impugna, así como del escrito de interposición de la acción y formalización del mismo, el amparista, se centra en relacionar aspectos de las resoluciones dictadas en la solicitud de ejecución provisional de la sentencia dictada en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno, que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional de instancia.- En ese sentido, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de Sal Pedro Sula, Departamento de Cortes, ha sido dictada respetando el debido proceso y derecho de defensa, que arguye el impetrante como violentados; actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce la recurrente le han sido violados o amenazados a su representado, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa y debido proceso, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias, el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que, al haberse detectado causales de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 9 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se alegue violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas ejecutoriadas, en causa criminal; 8) …; y, 9) ….”. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, a favor de los señores ALEXI ROLANDO GOMEZ AYALA, RONALD ALEXANDER GOMEZ AYALA Y ELVIA AYALA SUAZO.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA.PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0663-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.