Sentencia AC-648-23 — Registro 19062
Resumen
En consulta las diligencias que otorgó el de recurso de amparo con relación a la solicitud de la nulidad alegada en la tasación de costas personales en la demanda de tercería. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales. Al desestimar la la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras que conoce de la demanda de mérito, decidió desestimar: 1. Un recurso de reposición presentado contra un auto de fecha 29 de agosto de 2022; y, 2. Un incidente de nulidad de actuaciones, ambos presentados por la parte ejecutante, Abogada Mary Ela Martínez Medina, a favor de Banco Davivienda Honduras, S.A. en una demanda de tercería de prelación o preferencia. El recurso de reposición fue desestimado por el juzgado de letras por ser el mismo improcedente, estableciéndola A Quo que: “…no puede [la] juzgadora pronunciarse sobre una reconsideración de una reposición. Auto que conforme la normativa solo es apelable en el caso de ser rechazada la ejecución…”. Con respecto a la pretensión anulatoria en el trámite de mérito, el juzgado determinó que la incidentista no agotó todos los medios de impugnación establecidos en la ley procesal VII. En la sentencia venida en consulta y que decidió el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por la impetrante, el Tribunal de Alzada dispuso que la A Quo: “…inobservó lo resuelto en la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Constitucional…”; y a su vez señaló que la juez de instancia inobservó también lo resuelto por la propia Corte de Apelaciones, la que, en acatamiento a lo decidido por la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2020, conforme lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. RAZONAMIENTO DE LA SALA VIII. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. IX. Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. X. La Sala ha sostenido también que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9.3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras que conoce de la demanda de mérito, decidió desestimar: 1. Un recurso de reposición presentado contra un auto de fecha 29 de agosto de 2022; y, 2. Un incidente de nulidad de actuaciones, ambos presentados por la parte ejecutante, Abogada Mary Ela Martínez Medina, a favor de Banco Davivienda Honduras, S.A. en una demanda de tercería de prelación o preferencia. El recurso de reposición fue desestimado por el juzgado de letras por ser el mismo improcedente, estableciéndola A Quo que: “…no puede [la] juzgadora pronunciarse sobre una reconsideración de una reposición. Auto que conforme la normativa solo es apelable en el caso de ser rechazada la ejecución…”. Con respecto a la pretensión anulatoria en el trámite de mérito, el juzgado determinó que la incidentista no agotó todos los medios de impugnación establecidos en la ley procesal VII. En la sentencia venida en consulta y que decidió el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por la impetrante, el Tribunal de Alzada dispuso que la A Quo: “…inobservó lo resuelto en la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Constitucional…”; y a su vez señaló que la juez de instancia inobservó también lo resuelto por la propia Corte de Apelaciones, la que, en acatamiento a lo decidido por la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2020, conforme lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. RAZONAMIENTO DE LA SALA VIII. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. IX. Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. X. La Sala ha sostenido también que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9.3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras que conoce de la demanda de mérito, decidió desestimar: 1. Un recurso de reposición presentado contra un auto de fecha 29 de agosto de 2022; y, 2. Un incidente de nulidad de actuaciones, ambos presentados por la parte ejecutante, Abogada Mary Ela Martínez Medina, a favor de Banco Davivienda Honduras, S.A. en una demanda de tercería de prelación o preferencia. El recurso de reposición fue desestimado por el juzgado de letras por ser el mismo improcedente, estableciéndola A Quo que: “…no puede [la] juzgadora pronunciarse sobre una reconsideración de una reposición. Auto que conforme la normativa solo es apelable en el caso de ser rechazada la ejecución…”. Con respecto a la pretensión anulatoria en el trámite de mérito, el juzgado determinó que la incidentista no agotó todos los medios de impugnación establecidos en la ley procesal VII. En la sentencia venida en consulta y que decidió el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por la impetrante, el Tribunal de Alzada dispuso que la A Quo: “…inobservó lo resuelto en la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Constitucional…”; y a su vez señaló que la juez de instancia inobservó también lo resuelto por la propia Corte de Apelaciones, la que, en acatamiento a lo decidido por la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2020, conforme lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. RAZONAMIENTO DE LA SALA VIII. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. IX. Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. X. La Sala ha sostenido también que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9.3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “XI. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente. XII. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “XI. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente. XII. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “XI. La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente. XII. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el de recurso de amparo presentado por la abogada Mary Ela Martínez Medina, a favor de la sociedad mercantil Banco Davivienda Honduras, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de la nulidad alegada en la tasación de costas personales presentada por el abogado Martin Othon Morales, en la demanda de tercería promovida por los señores Maribel Rosales Luna, Neptalina de Jesús Lemus y Otros. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República 1.En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada Mary Ela Martínez Medina, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Banco Davivienda Honduras, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de la nulidad alegada en la tasación de costas personales presentada por el abogado Martin Othon Morales, en la demanda de tercería promovida por los señores Maribel Rosales Luna, Neptalina de Jesús Lemus y Otros. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 vuelto la pieza del antecedente) 2 Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito a favor de la Abogada MARY ELA MARTÍNEZ MEDINA, actuando en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., contra el auto de fecha doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula Cortés, en el cual DESESTIMA la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones procesales de fechas (29) de agosto de dos mil veintidós (2022), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, debiendo el Juzgado de Primera Instancia darle trámite de Ley a la solicitud planteada en la presente acción.-2) Contra esta providencia no cabe recurso alguno…” (Folios 79-80 vuelto de la pieza del Ad-quem). 3.Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI.La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Juzgado de Letras que conoce de la demanda de mérito, decidió desestimar: 1. Un recurso de reposición presentado contra un auto de fecha 29 de agosto de 2022; y, 2. Un incidente de nulidad de actuaciones, ambos presentados por la parte ejecutante, Abogada Mary Ela Martínez Medina, a favor de Banco Davivienda Honduras, S.A. en una demanda de tercería de prelación o preferencia. El recurso de reposición fue desestimado por el juzgado de letras por ser el mismo improcedente, estableciéndola A Quo que: “…no puede [la] juzgadora pronunciarse sobre una reconsideración de una reposición. Auto que conforme la normativa solo es apelable en el caso de ser rechazada la ejecución…”. Con respecto a la pretensión anulatoria en el trámite de mérito, el juzgado determinó que la incidentista no agotó todos los medios de impugnación establecidos en la ley procesal VII.En la sentencia venida en consulta y que decidió el otorgamiento de la garantía de amparo invocada por la impetrante, el Tribunal de Alzada dispuso que la A Quo: “…inobservó lo resuelto en la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Sala de lo Constitucional…”; y a su vez señaló que la juez de instancia inobservó también lo resuelto por la propia Corte de Apelaciones, la que, en acatamiento a lo decidido por la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2020, conforme lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. RAZONAMIENTO DE LA SALA VIII. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. IX.Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. X.La Sala ha sostenido también que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. XI.La Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, en la que se ha advertido la infracción a normas imprescindibles del procedimiento por parte del juez de letras, de ahí que la garantía de amparo fuese estimada a favor del recurrente. XII. En atención a las precitadas consideraciones, esta Sala observa que, efectivamente, tal y como lo ha prevenido la Corte sentenciadora, de las actuaciones de mérito se evidencia que la resolución dictada por el juzgado de instancia y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, ha causado vulneración a la garantía del debido proceso, al dictarse la misma prescindiendo del procedimiento establecido por la ley, circunstancia que ha sido correctamente advertida por el Tribunal de Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALSE EXTIENDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, CERTIFICACIÓN DEL FALLO DE FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, RECAÍDA EN EL RECURSO DE AMPARO CIVIL VENIDO EN CONSULTA REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL CON EL NÚMERO SCO-0648-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL