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Sentencia AC-616-22 — Registro 19524

Resumen

Resolución que declaró sin lugar el Antejuicio por los delitos de prevaricato y falsificación de documentos públicos. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO 11: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 3 señala: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderán que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…”; esta Sala observa que no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona. CONSIDERANDO 12: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a la resolución de fecha 28 de septiembre del año 2021 dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados JAVIER ESAU REYES REYES Y ERNESTO CASTRO BELLORIN, en representación del Estado de Honduras

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados JAVIER ESAU REYES REYES y ERNESTO CASTRO BELLORIN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de Septiembre de dos mil veintiuno (2021), que declaró sin lugar un Antejuicio promovido contra la Abogada ALINA CUADRA MORALES, en su condición de Juez de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por suponerla responsable de los delitos de PREVARICATO y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil EMPRESA ENERGIA HONDURAS, solicitando la práctica de Diligencia preparatoria, a efecto de que se citara para reconocimiento privado al señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA, en su condición de dependiente de la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA). 2)Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: Se acuerda acceder a la Solicitud de Diligencias Preparatorias formalizada por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA en su condición de Representante Procesal de la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. (EEH), como parte solicitante en contra del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA en su condición dependiente de la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) para que comparezcan ante este Juzgado el día LUNES VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA MAÑANA (9:30 a.m.) para el reconocimiento del documento privado, bajo las prevenciones del Artículo 411.1.A.B del Código Procesal Civil,… SEGUNDO: Se acredita la Caución de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00)…” mediante cheque certificado 00001718, misma que se manda al departamento de Títulos Valores por razones de seguridad procesal-(FOLIO 39 del Tomo I de la pieza principal de los antecedentes) 3) Que en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, compareció ante el citado Juzgado, interponiendo incidente de declinatoria de jurisdicción, en virtud de que las partes en el contrato que suscribieron entre ellos, renunciaron a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias derivadas del contrato suscrito, acordando la sumisión de expresa de los desacuerdos que se derivasen, al procedimiento del arbitraje. (Folios 43 al 158 del Tomo I de la primera pieza) 4) Que mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dispuso: “…Como lo solicita la compareciente la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de Representante Procesal del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA, y la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), como parte demandada, téngase por presentada en tiempo y forma la cuestión declinatoria de jurisdicción y competencia genérica, en consecuencia admítase a trámite la misma, dese traslado al Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de representante procesal delegado de la sociedad mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. (EEH), como parte demandante, para que dentro del plazo de cinco (5) días conteste la cuestión planteada. Suspéndase el curso de este proceso hasta que se resuelva la cuestión de competencia planteada. ”Folio 479 del Tomo I de la pieza de los antecedentes) 5) Que en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, la Abogada la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, compareció ante el citado Juzgado, presentando oposición a la práctica de la diligencia preliminar, aduciendo como motivos, la incompetencia de Tribunal, por estar sometido el asunto al arbitraje, y no estar dirigidas las diligencias preliminares contra el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), sino contra uno de sus dependientes sin facultades de representación; asimismo, solicitando la nulidad de actuaciones a partir del Auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y demás actuaciones posteriores. (Folios 496 al 507 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 6) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al conocer del incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, dictó resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el incidente por declinatoria por falta de jurisdicción y competencia genérica promovida por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en su condición de Representante Procesal del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA y de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) en la solicitud de diligencia preparatoria presentada por el abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH) SEGUNDO: Se rechaza la sumisión del presente asunto a arbitraje, por tanto se ordena la continuación del presente proceso.….” (Folios 525 al 528 del Tomo de la pieza de antecedentes) 7) Que en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, señaló la Celebración de la Audiencia de Oposición y Nulidad de Actuaciones, para el día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. (Folio 696 del Tomo II de la pieza principal) 8) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, celebró la Audiencia de Diligencia Preparatoria, en la cual resolvió de la siguiente manera: “…las reglas contenidas son imperativas de estricto cumplimiento en base al artículo 410.2 del CPC, en el cual establece conforme a las reglas del CPC 590 del CPC siendo de obligatoriedad de la demandada OSCAR RAFAEL FUENTES, quien debió comparecer en esta audiencia no estando en este momento algún motivo justificado el demandante en este momento son las del demandado quien se vuelve un demandante al ser un actor quien presenta una pretensión la aplicación que le hace no es aplicado 590.1 el demandado se vuelve actor, se tiene por no comparecido y por desistida la incomposición de costas 590.1 410.2 y 3,7.1 del Código Procesal Civil, asimismo por no haber comparecido OSCAR FUENTES conforme al artículo 511.1 512 del Código Procesal Civil, queda pendiente el reconocimiento de la presente acción:…” (Folios del 700 al 702 del Tomo II de la pieza de antecedentes) 9) Que en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la SOLICITUD DE DILIGENCIAS PREPARATORIAS para el reconocimiento de documento privado presentada por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH) en contra del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA en su condición de dependiente de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A (BANCO FICOHSA). SEGUNDO: TENER POR RECONOCIDO el documento privado consistente en la Certificación de fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), mediante la que el Departamento de Fideicomiso de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A (BANCO FICOHSA) en su condición de Fiduciario, certifica que los saldos adeudados a julio del año dos mil diecinueve (2019) por el Fideicomiso para la “Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero, mediante la constitución de una Alianza Público Privada” a favor de EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, S.A. DE C.V. (EEH), ascienden a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L.4,577,051,992.31) documento privado cuya autoría y firma corresponde al señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA en su condición de dependiente de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A (BANCO FICOHSA).…” (Folios 774 al 778 del Tomo II de la pieza de primera instancia) 10) Que el Abogado MILTON JIMENEZ PUERTO, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de Julio del dos mil veintiuno presentando antejuicio contra la Abogada ALINA CUADRA MORALES, en su condición de Juez de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por los delitos de PREVARICATO y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, relacionados a la Solicitud de Diligencias Preparatorias interpuesta por el Abogado Nicolás J. García Pineda. (Folios 01 al 08 de la pieza de segunda instancia) 11) Que Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO, SIN LUGAR el antejuicio incoado por el Abogado Milton Jiménez Puerto en contra de la Jueza ALINA MARIA CUADRA MORALES, en cuanto fungía en el cargo de Jueza de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por los supuestos delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PREVARICATO.SEGUNDO SIN COSTAS. TERCERO: Que se notifique la presente resolución a las partes y sí dentro del término legal no se interpone Folios 47 al 54 de la segunda pieza de los antecedentes). 12) Que los Abogados JAVIER ESAU REYES REYES y ERNESTO CASTRO BELLORIN, comparecieron ante este Tribunal en fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha diez de octubre de dos mil veintidós. (Folios 01 al 10 y 100 del recurso de amparo) 13) Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “SE SOBRESEA la presente Acción de Amparo por constar en autos la causal de inadmisibilidad conforme lo establece el Artículo 46 en su numeral 3), con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 103 al 111 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de Amparo Civil, interpuesto por los abogados JAVIER ESAU REYES REYES Y ERNESTO CASTRO BELLORIN en representación del Estado de Honduras contra la resolución de fecha veintiocho (28) de Septiembre del dos mil veintiuno (2021), dictada la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que falla declarando, sin prejuzgar sobre el fondo, sin lugar el antejuicio incoado por el Abogado Milton Jiménez Puerto contra la Juez ALINA MARIA CUADRA MORALES, cuando fungía en el cargo de Jueza de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por lo supuestos delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PREVARICATO; en relación al antejuicio promovido por el Abogado MILTON JIMENEZ PUERTO, actuando en representación del señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA, contra la señora Juez Alina Maria Cuadra Morales, en la solicitud de diligencia preparatoria para el reconocimiento privado por el señor OSCAR RAFAEL FUENTES MURCIA. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes han expuesto en el recurso de amparo presentado, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiocho (28) de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ya que se han violado derechos y garantías en perjuicio de su representado, en este caso el Estado de Honduras, los derechos al debido proceso, defensa, a ser oído en juicio, contenidos en los artículos 1,82, y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1, 3, 4 y 7 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (5): Que es menester para la Sala de lo Constitucional, que se tenga claridad sobre el término conceptual “ANTEJUICIO”.- Así, la Real Academia Española define el término jurídico “Antejuicio” como; “ANTEJUICIO de Ante-Juicio. 1.- m. Der. Trámite previo que se establecía como garantía en favor de los jueces y magistrados, y en el que se decidía si había lugar o no a proceder criminalmente contra ellos por razón de su cargo.” También la enciclopedia Jurídica Española R. Seix – Editor, en la página No. 784, define el antejuicio así: “Juicio previo a la incoación de toda causa criminal contra jueces o magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuando ejercita la acción un particular”. Para Cuéllar Cruz el antejuicio para deducir responsabilidad de jueces y magistrados constituye una garantía de orden procesal para permitir el ejercicio independiente de la jurisdicción, que en ningún momento sitúa al beneficiario al margen de la ley penal sustantiva. Asimismo, y desde una perspectiva constitucional, “…esta especialidad en el procedimiento para deducir este tipo de responsabilidad judicial (la penal), debe entenderse como garantía de independencia en la realización de la actividad jurisdiccional socialmente relevante, y no como un privilegio desigual para la persona que ostenta el cargo… con lo que no se quebranta el derecho fundamental a la igualdad”. Para el referido autor, el fundamento del instituto reside en la necesidad de asegurar una mayor independencia funcionaria, y así los encargados de ejercer la jurisdicción no estén sometidos a amenazas indebidas por las decisiones que adopten. El antejuicio esta concebido como un trámite previo, una garantía para jueces y magistrados, contra litigantes despechados o ciudadanos impulsivos, mediante el cual se resuelve si ha lugar, o no, a proceder criminalmente contra esos funcionarios judiciales por actos incurridos en el ejercicio de la jurisdicción (Art. 420 CPP Hondureño), sin que se decida sobre el fondo de la acusación. CONSIDERANDO(6): Que el procedimiento penal desarrolla en el capítulo IV del Título Único, que trata sobre los Procedimientos Especiales, las disposiciones a seguir cuando se pretende deducir responsabilidad penal a un Juez o Magistrado. Los artículos del 420 al 423, señalan dicho procedimiento a seguir. Éstos, aparte de indicar los requisitos de admisibilidad, los términos a respetar etc., el segundo párrafo del artículo 422, contiene un mandato, dirigido al órgano jurisdiccional competente, y le manda a pronunciar sentencia, declarando si ha lugar o no la acusación o querella sin prejuzgar en el fondo. De la lectura del segundo párrafo del precepto en comento, se infiere que la resolución se limitará a declarar haber lugar o no a la acusación o querella, dicho fallo no prejuzgará sobre la responsabilidad penal del funcionario cuestionado, puesto que el conocimiento de fondo corresponderá al órgano competente para pronunciarse sobre este aspecto. No obstante, a ello, para pronunciar el fallo si ha lugar o no a la acusación o querella, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta el informe del funcionario acusado, así como de los antecedentes o documentos en que se funde la acusación. Y el artículo 423 establece los recursos que se interponen contra el fallo o sea la sentencia que declare que ha o no lugar a la acusación o querella, cabrán el recurso de Apelación y el Recurso de Amparo en su caso. Y en el presente caso no se interpuso el recurso de apelación en el término de Ley que corresponde, sino, que hasta que ya había transcurrido el termino de los tres días, ya que fue interpuesto por el Abogado Milton Jiménez Puerto, en fecha veintidós (22) de febrero del dos mil veintidós, el que se le resolvió la inadmisión a trámite del Recurso de Apelación por haber sido presentado extemporáneamente en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. Así como también la Procuraduría General de la República no interpuso recurso alguno. CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que falla declarando sin prejuzgar sobre el fondo, sin lugar el Antejuicio incoado por el Abogados Milton Jiménez Puerto, contra la Jueza Alina María Cuadra Morales, por lo supuestos delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PREVARICATO. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de debido proceso, defensa y el derecho a ser oído en juicio, los expone refiriendo que todo el juicio que desemboco en el lanzamiento descrito es violatorio del derecho humano como ser la tutela judicial efectiva, al debido proceso, ya que la Corte Segunda de Apelaciones hizo caso omiso de la sustanciación del proceso que fueron dictadas por la Juez de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, generando grave perjuicio a su representado en este caso el Estado de Honduras, como lo es el documento que reconoció de manera Ilegal e Injustificada cometiendo a criterio de la Procuraduría el delito de Abuso de Autoridad, prevaricato y falsificación de documentos Públicos, que está siendo ejecutado por la Sociedad Mercantil denominada Empresa Energía Honduras por la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (lps.4,577,051,992.31), cantidad que genera grandes perjuicios al Estado de Honduras, observándose en conclusión en a Juez un comportamiento o actuar delictivo intencional o doloso, ni aparentemente descuidado o negligente, al haber resuelto la juzgadora conforme a su criterio Judicial derivado de la interpretación de la norma aplicada al caso concreto. CONSIDERANDO (9): Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas y previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros. CONSIDERANDO 10: Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO 11: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 3 señala: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderán que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…”; esta Sala observa que no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona. CONSIDERANDO 12: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a la resolución de fecha 28 de septiembre del año 2021 dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados JAVIER ESAU REYES REYES Y ERNESTO CASTRO BELLORIN, en representación del Estado de Honduras. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.2.a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49.3), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO las presentes diligencias. - Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0616-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL