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Sentencia AC-614-23 — Registro 18028

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que declaró sin lugar oposición de Ejecutada por considerar que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y reúne todos los requisitos por lo que ordenó continuar con la Demanda de Pago de Deuda por Ejecución Directa y exclusiva contra bien inmueble hipotecado promovida por Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que la Constancia de Saldos no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva, por lo que se inobservaron disposiciones de la Ley del Sistema Financiero; La Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que no se cumplen los requisitos de ley; Se ordenó que se dicte la nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha 15 de diciembre de 2021, por vulnerarse el debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

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Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

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Jerarquía: Reiterativa

…"…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"…"la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”..."..."la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas..."..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta..."

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Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. –Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado Saúl Muñoz Orellana, a favor de los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, compareció el Abogado Douglas René López Moreno, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, presentando demanda para el pago por deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla, en sus condiciones de deudor principal y aval garante, respectivamente. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo)2)En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, el señor Guillermo Dubón Rivera, presentando escrito de oposición a una ejecución hipotecaria promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada. (Folios 24-29 vuelto de la pieza del A-quo)3)En fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la Oposición formulada en contra de la ejecución hipotecaria presentada ante este Despacho de Justicia por la parte ejecutada, el señor GUILLERMO DUBON RIVERA, en su condición de deudor principal y la señora IRMA NERY RIVERA BONILLA, en su condición de aval.-SEGUNDO: Continuar con el tramite correspondiente de la Ejecución Hipotecaria.-TERCERO: condenar en costas procesales a la parte opositora por haber sido vencido.-CUARTO: contra este auto no cabe recurso alguno.-NOTIFIQUESE.” (Folios 70-74 de la pieza del A-quo) 4)En fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el abogado Saul Muñoz Orellana, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 la pieza del Ad-quem)5)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la referida Corte, en fechanueve de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: OTORGAR la Garantía Constitucional de Amparo, interpuesta por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de los señores GUILLERMO DUBÓN RIVERA e IRMA NERY RIVERA BONILLA, contra la resolución de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistán departamento de Santa Bárbara. SEGUNDO: Al señor Juez de Letras ORDENA, proceda a dictar la nulidad de actuaciones del Expediente de mérito (1618-2021-00335) a partir del auto de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), de acuerdo a lo relacionado en la presente sentencia de amparo…” (Folios 57-62 de la pieza del Ad-quem)6)Que en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Saúl Muñoz Orellana, a favor de los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla.CONSIDERANDO (3): Que la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, plasma su criterio jurisdiccional en los considerandos que literalmente dicen: “Por lo que al observar lo que establece el Amparo en consulta número ACC 384-22 (que relaciona otras sentencias), donde refiere entre otros aspectos varios puntos sobre una demanda de ejecución hipotecaria, lo que se tiene que observar previo a su tramitación, estando entre ellos que la Constancia de Saldos, la escritura de Hipoteca, deben de llevar consigo los desembolsos que realiza la empresa, por lo que al revisar el Instrumento Público estos Juzgadores observan que literalmente dice: “1) Crédito abierto por la cantidad de tres millones (3,000,000.00 de Lempiras). 2) Que dicho dinero podrá disponer el Acreditado a través de desembolsos parciales o totales, a través de documentos o títulos valores; 3) Se concede para tal efecto la garantía de un bien inmueble”. Al observar estas circunstancias y al analizar la sentencia proferida por el A-quo referente a la oposición y nulidad, el mismo establece claramente en su resolución que obra a folio 70 al 74 de la pieza de autos, en el segundo párrafo de la parte motivacional, argumentando el A-quo que la Constancia de Saldo con la Hipoteca sí es un título valor y que reúne todos los requisitos, por lo que dicha conclusión es errónea en virtud que la constancia de saldo no es ningún título valor que da fuerza ejecutiva y que no cuenta con los requisitos legales para ser considerada como tal, por lo que el Juez A-quo no observó lo que establece el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el titulo valor que genero la entrega del dinero, recordando que la Hipoteca no es ningún título valor, ni contrato de desembolso, sino una garantía para asegurar el resultado de la obligación, por lo que al observar la Demanda de Ejecución, la misma no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva (rompiéndose el debido proceso); asimismo, estos juzgadores sorprende que en una constancia de saldo inicialmente se establezcan una cantidad de dinero (ver folio 4 de la pieza principal) y que en otra constancia de saldo ( ver folios 49 y 50 de la pieza principal) que hasta se estén cobrando honorarios profesionales, cuando los mismos solo se pueden cobrar una vez que las partes son vencidas en juicios y en el cálculo de Costas Procesales, por los que estos juzgadores observan que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa y artículo 61 Igualdad ante la Ley, todos de la Constitución de la República, por lo que el amparo es de recibo para esta Corte de Apelaciones”. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. A folio 24 de la primera pieza, consta que el demandado presentó oposición a la ejecución hipotecaria, señalando entre otros que: - la cantidad exigible por el demandante no es la correcta, pues el ocho de septiembre del dos mil veinte, señala que pagó la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00), cantidad con la cual canceló la deuda, sin embargo, señala que la Cooperativa de ahorro y crédito de Pinalejo Limitada, de forma inconsulta tomó la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, en concepto de honorarios por cobranza, pago que a su juicio es ilegal. –La Cooperativa ejecutante, acompañó constancia emitida por el Contador General de la cooperativa, en la cual se hacen constar los desembolsos, sin embargo, se observa que los desembolsos no los acompaña al documento público, o sea a la constancia emitida por el contador general, ello para que se convierta en un título ejecutivo; ya que una simple constancia no constituye un título ejecutivo. – Consta en los antecedentes la existencia de dos constancias extendidas por el respectivo contador general de la Cooperativa demandante, en las que se leen cantidades distintas. (ver folio 4 y 40 y 50 p.p.)CONSIDERANDO (5): Es menester recordar que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (6): Que artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, relativo a los títulos ejecutivos manda en su primer párrafo que: “El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos.”CONSIDERANDO (7): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, pues de acuerdo a la argumentación jurídica plasmada por la alzada en la sentencia en consulta, no constituye título ejecutivo una simple constancia de saldo de deuda, máxime si la misma fue expedida en dos ocasiones, por el mismo Contador General, quien hace constar cantidades diferentes de deudas en las misma fecha, (ver folio 4 y folio 50), cantidades que no se pueden verificar, puesto que estas constancias carecen del requisito legal que les otorgaría fuerza ejecutiva, concluyendo esta Sala que solamente existe en antecedentes constancias que “harán fe en juicio, salvo prueba en contrario”, esto por disposición del artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero que establece que para que haga fuerza ejecutiva debe de acompañarse además el contrato de desembolso o el título valor que genero la entrega del dinero: Esta Sala al igual que la alzada, determina que la Demanda de Ejecución, no cuenta con todos estos requisitos exigidos por la ley para su tramitación mediante la vía ejecutiva, siendo que se han violentado garantías constitucionales establecidas en el Artículo 90 del debido proceso, Artículo 82 Defensa, es procedente confirmar la sentencia que otorga el recurso de amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 78 del Código Procesal Civil, FALLA: CONFIRMANDO las diligencias que contienen la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Saúl Muñoz Orellana, a favor de los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda de pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, demanda promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Limitada, contra los señores Guillermo Dubón Rivera e Irma Nery Rivera Bonilla. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. NOTIFIQUESE. – WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0614-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL