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Sentencia AC-516-22 — Registro 18847

Resumen

Nulidad de oficio en relación a demanda por actos de competencia desleal, más daños y perjuicios promovida contra sociedad recurrente declarando con lugar incidente de declinatoria ,Sobreseyendo y ordenando el archivo de las diligencias,este Tribunal Constitucional, advierte que no se trata en este caso de una cuestión de falta de competencia objetiva propiamente, en tanto que el Juzgado de Letras de lo Civil tiene competencia para conocer juicios de competencia desleal y daños y perjuicios, observándose más bien que se está ante todo de una cuestión de jurisdicción, en tanto las partes por convenio decidieron que estas cuestiones las conozca un tribunal arbitral, y cuya discusión es factible incorporarla mediante el incidente de declinatoria como fue substanciado en primera instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Al confrontar la denuncia del accionante en relación a la violación de los derechos constitucionales que viene señalando, se observa que el Código Procesal Civil establece dos procedimientos diferentes para conocer las cuestiones de jurisdicción y competencia; en principio partimos de que, “el conocimiento por los Tribunales Civiles de asuntos que no sean de su competencia supone vulneración de normas imperativas, es evidente que los procesos que pudiesen llegar a tramitarse por un órgano carente de competencia objetiva serán jurídicamente inválidos, porque las leyes disponen la nulidad de pleno derecho de los actos procesales que se produzcan con falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional. La competencia objetiva es, pues, un elemento determinante de la validez del proceso…” . Así, el Código Procesal Civil, establece un primer control que corresponde ejercer al Juez como director del proceso, facultándolo para abstenerse de conocer cuando considere que el asunto corresponde conocerlo a otra jurisdicción ordinaria; es en este supuesto en que el juez acordará de oficio una audiencia con la parte personada y el Ministerio Público tan pronto como advierta la falta de jurisdicción; pensemos por ejemplo en que siendo juez civil, se le plantea una cuestión de orden laboral, pues a los juzgados de letras de primera instancia corresponde el conocimiento de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales (competencia objetiva, véase artículos 25 y 29 del Código Procesal Civil), por ello, es que en estos supuestos la ley considera nulos los actos procesales producidos por tribunal con falta de competencia objetiva de conformidad con el artículo 212.1 del mismo código y es allí donde tiene cabida la nulidad prevista en el artículo 31.1.3; ahora bien, en un segundo momento, cabe estudiar la posibilidad de que el juez de instancia no haya advertido la falta de competencia objetiva o su falta de jurisdicción, en este caso aplica un segundo procedimiento y este es el de la declinatoria a partir del artículo 26 del Código Procesal Civil que es un procedimiento distinto al primero y que no contempla la intervención fiscal, según se colige de los artículos 44, 45 y 46 del mismo código y que fue el procedimiento seguido por el juez de primera instancia; por otra parte, este Tribunal Constitucional, advierte que no se trata en este caso de una cuestión de falta de competencia objetiva propiamente, en tanto que el Juzgado de Letras de lo Civil tiene competencia para conocer juicios de competencia desleal y daños y perjuicios, observándose más bien que se está ante todo de una cuestión de jurisdicción, en tanto las partes por convenio decidieron que estas cuestiones las conozca un tribunal arbitral, y cuya discusión es factible incorporarla mediante el incidente de declinatoria como fue substanciado en primera instancia. CONSIDERANDO (8): Se aprecia que la Corte de Apelaciones ha vulnerado el debido proceso, al empeñarse en que la única forma de examinar una cuestión de jurisdicción o competencia es la posibilidad del examen de oficio del juez, ignorando la posibilidad del incidente de declinatoria, violentando los derechos constitucionales del recurrente en amparo. CONSIDERANDO (9): Esta sala Constitucional reitera que: el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. - Podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. CONSIDERANDO (10): En el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas.-La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo. Dicho esto, resulta notorio para esta Sala Constitucional, que el Tribunal de Apelaciones ha transgredido la frontera que le impone el artículo 321 constitucional

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Civil, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Santiago Humberto Vásquez Domínguez, a favor de la sociedad mercantil Nestlé Hondureña, S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación de actos de competencia desleal, más daños y perjuicios promovida por la sociedad mercantil Corporación Dinasa, S. de R.L. de C.V. (DINASA), contra la sociedad mercantil Nestlé Hondureña S.A (NESTLE). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Mario René Varela Rodriguez, actuando en mi condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Corporación Dinasa, S. de R.L. de C.V (DINASA), promoviendo “DEMANDA POR LA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL…”, contra la sociedad mercantil Nestlé Hondureña, S.A, representada legalmente por su Gerente General o General Country Manager, el señor Eduardo García Pallares, para que pague la cantidad de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS (L 108,260,000.00) (Folios 1-8 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Estimar el incidente de declinatoria de Falta de Jurisdicción por estar sometida legalmente la controversia a arbitraje, presentado por la abogada Susan Raquel Perdomo Cruz en representación procesal de la sociedad mercantil denominada Nestlé Hondureña, S.A, en la demanda ordinaria promovida por el abogado Mario Rene Varela Rodriguez en representación judicial de la sociedad mercantil Corporación DINASA. S. de R.L. de C.V. 2) absteniéndose este tribunal civil de seguir con el trámite de la demanda presentada. 3) Sobresee y ordena el archivo de las diligencias, ordenado la devolución de los anexos al interesado. Auto susceptible de apelación. NOTIFIQUESE.” (Folios 243-244 del expediente del A-quo)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Mario René Varela Rodriguez, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil Corporación Dinasa, S. de R.L. de C.V., contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DECRETAR NULIDAD DEL AUTO DEFINITIVO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, venido en apelación, retrotrayéndose a ese momento y debiendo la Juez de Primera Instancia, seguir el trámite que manda la Ley. SEGUNDO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.” (Folios 6-8 vuelto del expediente del Ad-quem) 4) En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Abogado Santiago Humberto Vásquez Domínguez, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Nestlé Hondureña, S.A. (NESTLE), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. 5) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 26 del recurso) 6) En fecha siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Al examinar el fallo impugnado, esta representación fiscal aprecia que la Corte de apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, es del parecer que el A-quo violentó el derecho de petición de defensa y debido proceso al resultar que mediante auto de fecha veintiocho de septiembre del 2021, dicta resolución mediante la cual estima el incidente de Declinatoria de Falta de Jurisdicción por estar sometida legalmente la controversia a arbitraje, obviando escuchar a las partes y al Ministerio Público en audiencia de nulidad que dispone el artículo 31.3 del Código Procesal Civil, al apreciar una posible falta de competencia objetiva en el presente juicio. Esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo causa vulneración a los derechos constitucionales alegados por el recurrente, pues de los autos se aprecia que la decisión del Tribunal de Alzada no se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 44.1, 45.1 y 46 del Código Procesal Civil, en lo referente al procedimiento para la sustanciación de Declinatoria sometida a su conocimiento, al no observar lo señalado en el artículo 46 numeral 3 que dispone: "El órgano jurisdiccional decidirá la declinatoria mediante auto dentro de los cinco (5) días siguientes de la última notificación y en la forma siguiente: a) Si el órgano jurisdiccional llegase a la conclusión que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los Tribunales de otro estado, lo declarará así mediante auto absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. b) Del mismo modo procederá el juzgado si declara con lugar la declinatoria por estar fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje. c)... d)..." Siguiendo este orden de ideas, de la norma transcrita se aprecia que le asiste toda la razón al recurrente, en cuanto a que el tramite seguido por el juzgado de primera instancia se realizó siguiendo el procedimiento procesal que manda la ley para la sustanciación y decisión de la cuestión de declinatoria opuesta por la representante procesal de la parte demandada, y con ello se garantizó el debido proceso y legalidad, en base a ello, es que se estime que la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, al declarar la nulidad de dicho auto, no está dictada conforme a derecho, ya que el artículo 31 en el que sustentó fundamento jurídico procede en aquellos casos cuando la falta de competencia objetiva no se haya declarado de oficio por el juzgado de primera instancia ni el demandado la haya alegado como cuestión de declinatoria, y como consecuencia de estas omisiones se haya seguido el proceso, en cuyo caso dicho articulado le permite a los órganos superiores que, al advertir que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia carecía de competencia objetiva, lo puedan declarar de oficio previa audiencia de las partes; circunstancias que no acontece en el caso de autos, ya que precisamente el tema decidendi es la declinatoria opuesta por la parte demandada, por lo que deberá seguirse el procedimiento señalado en el precitado artículo 46 del Código Procesal Civil. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 33-38 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en relación con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): El recurrente Abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ, en la formalización del amparo considera que la resolución del Ad-quem de fecha veinticuatro (24) de enero del dos mil veintidós (2022), es violatoria del derecho de defensa, el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, porque la Corte de Apelaciones se ha apartado de la Constitución y la ley al dictar la resolución recurrida, en la cual arbitrariamente declara una nulidad procesal del auto definitivo de fecha 28 de septiembre de 2021 mandando a retrotraer las actuaciones a ese momento y seguir el trámite que manda la ley, refiriéndose con esto la Corte de Apelaciones al trámite procesal que fija el artículo 25 y 31 del Código Procesal Civil, relativo a la apreciación de oficio de la falta de Jurisdicción o de competencia objetiva; que no es este el caso, puesto que el caso en concreto se refiere a una falta de jurisdicción por estar sometido el asunto o controversia a arbitraje por ley, que fue denunciada por la vía de la declinatoria (artículos 26 y 44.1 del Código Procesal Civil) y que no fue apreciada de oficio; tampoco es este un tema de competencia objetiva, sino de jurisdicción, que requiere un análisis de umbral previo al de competencia objetiva que puede ser básica o especializada; como ya se dijo se presentó una denuncia procesal de declinatoria por la vía incidental en tiempo y forma, al cual la juez de primera instancia le dio el trato procesal correcto, es decir, el que regula el artículo 46 del Código Procesal Civil, que consiste en notificar el incidente de declinatoria por estar sometida la controversia a arbitraje a la parte contraria, para que dentro del plazo de cinco días aleguen y aporten lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción del juzgado y luego el órgano jurisdiccional mediante auto, resuelve, concediendo o desestimando la declinatoria y si la concede se abstiene de conocer y sobresee el proceso, que fue lo que hizo el juez de primera instancia pero el tribunal de apelaciones erró al declarar la nulidad y retrotraer las actuaciones violando así los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso de NESTLE, por lo que el amparo debe ser otorgado. CONSIDERANDO (4): La decisión del tribunal de apelaciones para declarar la nulidad del auto apelado, se basa fundamentalmente en que, en su criterio, la resolución del juez de primera instancia violentó el derecho de petición, de defensa y debido proceso contemplados en la Constitución de la República en sus artículos 80, 82 y 90 párrafo primero al dictar auto mediante el cual estima el incidente de Declinatoria de falta de jurisdicción por estar sometida la controversia a arbitraje, obviando escuchar a las partes y al Ministerio Público en la audiencia de nulidad que dispone el artículo 31.3 del Código Procesal Civil, al apreciar una posible falta de competencia objetiva en el presente juicio; basándose además en el artículo 715.1 y 212.4 del mismo código. CONSIDERANDO (5): La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Esta garantía exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (6): Para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (7): Al confrontar la denuncia del accionante en relación a la violación de los derechos constitucionales que viene señalando, se observa que el Código Procesal Civil establece dos procedimientos diferentes para conocer las cuestiones de jurisdicción y competencia; en principio partimos de que, “el conocimiento por los Tribunales Civiles de asuntos que no sean de su competencia supone vulneración de normas imperativas, es evidente que los procesos que pudiesen llegar a tramitarse por un órgano carente de competencia objetiva serán jurídicamente inválidos, porque las leyes disponen la nulidad de pleno derecho de los actos procesales que se produzcan con falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional. La competencia objetiva es, pues, un elemento determinante de la validez del proceso…” . Así, el Código Procesal Civil, establece un primer control que corresponde ejercer al Juez como director del proceso, facultándolo para abstenerse de conocer cuando considere que el asunto corresponde conocerlo a otra jurisdicción ordinaria; es en este supuesto en que el juez acordará de oficio una audiencia con la parte personada y el Ministerio Público tan pronto como advierta la falta de jurisdicción; pensemos por ejemplo en que siendo juez civil, se le plantea una cuestión de orden laboral, pues a los juzgados de letras de primera instancia corresponde el conocimiento de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales (competencia objetiva, véase artículos 25 y 29 del Código Procesal Civil), por ello, es que en estos supuestos la ley considera nulos los actos procesales producidos por tribunal con falta de competencia objetiva de conformidad con el artículo 212.1 del mismo código y es allí donde tiene cabida la nulidad prevista en el artículo 31.1.3; ahora bien, en un segundo momento, cabe estudiar la posibilidad de que el juez de instancia no haya advertido la falta de competencia objetiva o su falta de jurisdicción, en este caso aplica un segundo procedimiento y este es el de la declinatoria a partir del artículo 26 del Código Procesal Civil que es un procedimiento distinto al primero y que no contempla la intervención fiscal, según se colige de los artículos 44, 45 y 46 del mismo código y que fue el procedimiento seguido por el juez de primera instancia; por otra parte, este Tribunal Constitucional, advierte que no se trata en este caso de una cuestión de falta de competencia objetiva propiamente, en tanto que el Juzgado de Letras de lo Civil tiene competencia para conocer juicios de competencia desleal y daños y perjuicios, observándose más bien que se está ante todo de una cuestión de jurisdicción, en tanto las partes por convenio decidieron que estas cuestiones las conozca un tribunal arbitral, y cuya discusión es factible incorporarla mediante el incidente de declinatoria como fue substanciado en primera instancia. CONSIDERANDO (8): Se aprecia que la Corte de Apelaciones ha vulnerado el debido proceso, al empeñarse en que la única forma de examinar una cuestión de jurisdicción o competencia es la posibilidad del examen de oficio del juez, ignorando la posibilidad del incidente de declinatoria, violentando los derechos constitucionales del recurrente en amparo. CONSIDERANDO (9): Esta sala Constitucional reitera que: el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. - Podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. CONSIDERANDO (10): En el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas.-La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo. Dicho esto, resulta notorio para esta Sala Constitucional, que el Tribunal de Apelaciones ha transgredido la frontera que le impone el artículo 321 constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 8.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41 Y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTIAGO HUMBERTO VASQUEZ DOMINGUEZ, a favor de la Sociedad Mercantil NESTLE HONDUREÑA S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veintidós (2022). SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir el derecho al debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad. TERCERO: La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, debe dejar sin valor ni efecto la resolución del recurso de apelación pronunciada en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veintidós (2022), pronunciando la que en derecho corresponde. CUARTO: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Y MANDA: Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. -NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0516-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL