Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-49-22 — Registro 18172

Resumen

Se interpuso recurso de amparo que decidió el recurso de apelación con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. - Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “XIV. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso conlleva que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. XV. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones que la tutela judicial efectiva implica esencial y primariamente, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, pero no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, porque como derecho no podría garantizar el éxito de la pretensión. XVI. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo debe estar destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo éstas surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. XVII. Es virtud de lo anterior, y conforme a lo afirmado por la recurrente, esta Sala puede concluir que ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la tramitación del asunto de mérito se ha realizado de manera injusta por los órganos jurisdiccionales del Estado, ya que no se han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, para enmarcar sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste no ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa aplicable al caso, con lo cual no se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas. XVIII. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violenta, lesiona o se atenta contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que, al advertirse una vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MÉLIDA TULA BENÍTEZ MEJÍA, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, que decidió un recurso de apelación presentado contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A. DE C.V., contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V..- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. En fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLEZ ELVIR, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., promovió ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, demanda de Ejecución de Títulos Extrajudiciales, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal el señor EDWIN ROSENTHAL OLIVA, para que previo los trámites legales la sociedad demandada, fuera obligada a pagar la cantidad de SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L. 76,792,226.36) en concepto de capital e intereses, causados hasta el día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, más los intereses y costas que se causaron durante la tramitación del juicio, hasta la fecha de su efectivo pago final. (Folios 01-10 de la primera pieza de antecedentes). 2. En fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, el citado Juzgado resolvió admitir la demanda de la que se ha hecho relación, y declarando sin lugar la solicitud de embargo. (Folio 63 de la primera pieza de antecedentes). 3. En fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, el Abogado CARLOS JESÚS MELÉNDEZ BARNICA, actuando en su condición de Apoderado legal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, formulando oposición y solicitando la suspensión de los actos de ejecución de la demanda. En consecuencia, en fecha once de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia de Oposición. (Folios 331-333 y 439-445 de la primera pieza de antecedentes). 4. El Juzgado de Letras de Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la cual falló: “…1) DESESTIMAR EL MOTIVO DE OPOSICIÓN DE NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR EL TITULO EJECUTIVO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS, promovido por el Abogado CARLOS JESÚS MELÉNDEZ BARNICA, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad INVERSIONES CONTINENTAL S.A. de C.V., 2) DESESTIMAR EL MOTIVO DE OPOSICIÓN DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DEMANDADO (PASIVA), promovido por el Abogado CARLOS JESÚS MELÉNDEZ BARNICA, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad INVERSIONES CONTINENTAL S.A. de C.V. 3) CON COSTAS; Y MANDA: 1) Que se continúe con la ejecución por la vía de apremio, para que la sociedad INVERSIONES CONTINENTAL S.A. de C.V., haga efectivo a favor de la sociedad BANCO ATLÁNTIDA S.A. de C.V., el pago de la cantidad de SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.76,792,226.36) más los intereses que sigan generando en la ejecución hasta la completa satisfacción del ejecutante y las costas de la ejecución…” (Folios 447-451 de la primera pieza de antecedentes). 5. Conociendo del recurso de los apelación presentado por el Abogado CARLOS JESÚS MELÉNDEZ BARNICA, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, mediante la cual: “…FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS JESÚS MELÉNDEZ BARNICA, en su condición de parte ejecutada-apelante, contra el fallo definitivo de fecha Veinticinco de Junio del Dos mil Veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, en la solicitud de oposición, derivada de la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado MARVIN JOSÉ GONZÁLES ELVIR, accionando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A. de C.V., contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CONTINENTAL S.A. de C.V., para que se despache la ejecución de un título extrajudicial consistente en un Convenio de Crédito de fecha 27 de febrero de 2015 y Certificación de Saldo extendida por el contador de Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A. de C.V., por un monto de SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.76,792,226.36).- SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución venida en apelación…”. (Folios 07-13 de la segunda pieza de antecedentes). 6. La Abogada MÉLIDA TULA BENÍTEZ MEJÍA, compareció ante este Tribunal en fecha siete de enero de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL S.A. de C.V., contra la Resolución de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Ad-Quem, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 07 del recurso). 7. Esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós y ordena dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 65 del recurso de amparo). 8. En fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el amparista…” (Folios 68-76 del recurso de amparo). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 9. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 10. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 11. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 12. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 13. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. OBJETO DEL RECURSO 14. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha trece de diciembre de dos mi veintiuno que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, en fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se desestimaron los dos motivos de oposición promovidos por la parte ejecutada, Inversiones Continental S.A. de C.V., en el trámite de la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por la sociedad mercantil Banco Atlántida S.A. de C.V. Los motivos de oposición fueron: Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos y Falta de legitimación del demandado. 15. La sentencia impugnada decidió declarar no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Jesús Meléndez Barnica, confirmándose así la resolución del juez A Quo, que ordenó además la continuación de la ejecución por vía de apremio para que la sociedad Inversiones Continental S.A. de C.V., haga efectivo a favor de la sociedad Banco Atlántida S.A. de C.V. la cantidad que se afirma le es adeudada PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 16. En su sentencia, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, señaló que Inversiones Continental S.A. de C.V. se encuentra legitimada ordinariamente en oposición pasiva, frente al proceso de ejecución forzosa de título extrajudicial de conformidad al artículo 64 del Código Procesal Civil, declarando como inconsecuentes los argumentos del apelante en relación al artículo 81 de la Ley de Privación de Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, acotando que en el proceso de ejecución de mérito no concurre un conflicto de leyes o normas, porque la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró sin lugar la acción de privación de dominio sobre los títulos accionarios y ordenó la revocación de las medidas de aseguramiento y su devolución a la institución bancaria de donde fueron secuestrados, observando la Alzada que la acción incoada se deriva del convenio de crédito y no contraviene ni se opone a lo previsto en dicha ley especial. 17. Con respecto a la oposición de nulidad del título ejecutivo, se advierte que se presentaron diversas alegaciones por parte del quejoso, las que la Alzada consideró como infundadas. Sobre el argumento de que existe un defecto en la exigibilidad del título por considerar que existe una condición que inhibe la procedencia automática de la ejecución, la Alzada señaló que, de conformidad con la ley, se les da fuerza ejecutiva a los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado por el contador, enfatizándose que los documentos privados tienen la misma fuerza legal que los públicos cuando no fueren impugnados. 18. En cuanto a que no se siguió el procedimiento de cobro y pago establecido en una de las cláusulas del contrato de crédito (La 8va), la Alzada determinó lo siguiente:“…el convenio de crédito no contiene ninguna condición de carácter suspensivo que prive al Banco de ejercitar la acción que se deriva del título de crédito, sino que contiene una obligación propiamente del cliente, que en caso de impago de las obligaciones crediticias asumidas en el presente convenio de crédito, se obliga a otorgar la escritura pública de dación y pago a favor del Banco, de los bienes sobre los cuales constituya las garantías a su favor, siendo entendido y convenido que tal escritura de dación en pago la otorgará el cliente dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento extrajudicial que con tal propósito le haga el Banco…”. Sobre este punto la Alzada dijo que: “…Del análisis efectuado a dicha cláusula, no se establece como condición para la promoción de la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial, sino que describe una obligación del cliente, refiriéndose al obligado, siempre que el Banco decidiera optar por el requerimiento por la vía extrajudicial; consecuentemente no concurre una inobservancia del artículo 1348 del Código Civil…”. 19. Con respecto a la alegación del impetrante en cuanto a que el título ejecutivo presentado carece del elemento de exigibilidad, pues no se cumplió la condición establecida en el mismo y por ende no existe la posibilidad de que el acreedor se convierta en derechohabiente, la Alzada reiteró que a su criterio el Convenio de Crédito presentado no contiene ninguna condición para el Banco, citándose en el fallo la cláusula cuarta del contrato que dice: “…Además de los casos establecidos por la Ley el Banco podrá dar por vencido el plazo concedido para el pago del crédito otorgado en el presente documento y en consecuencia exigir el pago inmediato del saldo del capital, intereses, comisiones, recargos y gastos, ya sea por la vía judicial o extrajudicial, por cualquiera de los siguientes eventos: a) Por falta de pago de una de las cuotas de capital, intereses y/o comisiones, en la forma en que se han pactado en este acto o en cualquier otra deuda pendiente a favor del Banco…”. Así, sobre este punto la Alzada concluyó que: “…No existió ninguna condición, sino que esta cláusula le otorga la potestad de exigir el pago de la obligación por la vía judicial o por la vía extrajudicial, en el caso de autos, el ejecutante elige para exigir el cumplimiento de la obligación, acudir a la instancia judicial; y sólo en caso de elegir la vía extrajudicial daría lugar a la aplicación de la cláusula octava…”. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE 20. En la interposición de su recurso, la recurrente orientó la mayor parte de sus argumentaciones a hacer una réplica de los agravios presentados ante el la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, haciendo una exposición de los motivos en los que se fundó su reclamo de amparo. 21. Sobre las violaciones que consideró cometidas por la autoridad recurrida, se alegó que la Alzada vulneró los derechos constitucionales contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, censurándose el hecho que la parte ejecutante no cumplió con el acuerdo contractual suscrito por Alimentos Continental, S.A., en el sentido que la parte ejecutante, estaba conminada a requerir de manera extrajudicial la dación en pago de los bienes inmuebles ofrecidos en garantía, optando por demandar a la empresa Inversiones Continental como fiadora solidaria sin permitirle ninguna posibilidad de defensa, alegándose que la Alzada de manera (sic) “muy lacónica” determinó que la sociedad agraviada no tiene (sic) “derecho a defenderse” porque el crédito quedó documentado en el proceso con el estado de cuenta acompañado a la demanda. La recurrente reprocha la prerrogativa que se ha concedido a este documento por la Alzada con respecto al contrato o convenio de crédito que es en esencia, según señaló, el documento que contiene la obligación, la que, según la recurrente tiene un carácter condicional, siendo el proceder de la Alzada, según la impetrante, una limitación al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de la sociedad agraviada. 22. Por otra parte, se afirma por parte de la reclamante que las empresas Alimentos Continental e Inversiones Continental se encuentran bajo un proceso de privación de dominio, que debe ser preeminente al proceso civil, un aspecto que no fue considerado por la Alzada en el presente caso según lo ha expuesto la recurrente en su comparecencia ante esta Sala de lo Constitucional. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha insistido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, las argumentaciones de la recurrente parecen estar mayormente orientadas hacia las consideraciones del A Quo y no propiamente al razonamiento del Tribunal Ad Quem, que es en sí, la autoridad recurrida en amparo, no obstante, la Sala colige que la recurrente censura la actuación del Tribunal de Alzada porque al ratificar la decisión del A Quo ha hecho suyas todas sus consideraciones, aunque según se percibe, la Alzada también ha introducido en el fallo sus propios razonamientos. III. Debemos señalar en principio que no se observa que la respuesta del Tribunal de Alzada pueda catalogarse como “lacónica” como lo ha afirmado la peticionaria, todo lo contrario, el fallo impetrado ha dado amplias respuestas a los agravios que en su momento presentó la entonces apelante, incorporándose en la sentencia de mérito una motivación, que, si bien no es compartida por la recurrente, no por ello puede ser tachada de exigua o inconclusa. Tampoco es cierto que el Tribunal de Alzada dijese en su sentencia que la sociedad ejecutada no tenga el derecho a defenderse, sus razonamientos se derivan de las actuaciones del proceso y los argumentos presentados por las partes, no observándose que sus consideraciones estén orientadas a privar de medios de defensa al ejecutado, pues sus argumentos fueron valorados, y escuchados, dándoseles respuesta con base en las disposiciones de las leyes que resultan aplicables al caso. IV. Como fue relacionado ya, las alegaciones de la quejosa con respecto a las violaciones constitucionales denunciadas, prácticamente son una réplica casi literal de los motivos de oposición y de los agravios que ya fueron conocidos y resueltos por los órganos jurisdiccionales ordinarios, y resulta disputable para esta Sala que la impetrante orientara su recurso siguiendo esta línea de argumentación porque, como lo hemos reiterado, la garantía de amparo no constituye un recurso de instancia y no debe ser por ende empleado como un recurso de impugnación de índole ordinario. En este caso en particular, dada la naturaleza estrictamente civil del reclamo estas reflexiones parecen adquirir mayor relevancia. V. Se sostuvo por parte de la recurrente que a su representada se le ha privado de su derecho a defenderse porque: “…la parte ejecutante, estaba conminada a requerir de manera extrajudicial la dación en pago de los bienes inmuebles ofrecidos en garantía, optando por demandar a la empresa Inversiones Continental como fiadora solidaria sin permitirle ninguna posibilidad de defensa…”. También se ha alegado indefensión por la peticionaria porque a su parecer no se dio debido cumplimiento de una cláusula del contrato de crédito que dice: “…OCTAVA: Continúa manifestando el CLIENTE que, en caso de impago de las obligaciones crediticias asumidas en el presente Convenio de Crédito, se obliga a otorgar la Escritura Pública de Dación en Pago a favor de EL BANCO de los bienes sobre los cuales constituya garantías a su favor, siendo entendido y convenido que tal escritura de dación en pago la otorgará EL CLIENTE dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento extrajudicial que con tal propósito le haga EL BANCO…”. La recurrente sostuvo además que, con fundamento en esta cláusula, la obligación contraída en virtud de este convenio de crédito es de naturaleza condicional, infiriéndose de sus argumentos que la condición consistía en que, si el deudor principal incurría en impago de sus obligaciones crediticias para con el Banco, el Banco tenía la obligación de requerir extrajudicialmente al deudor para que otorgase escritura pública de dación en pago de los bienes gravados con la hipoteca y que al entablar la acción contra la fiadora solidaria, no le permitió ejercer su derecho a la defensa. VI. La respuesta de la Alzada a este argumento fue que, conforme con la ley y lo prescrito en el mismo convenio en su cláusula cuarta, ante la falta de pago de una de las cuotas de capital, intereses y demás, el Banco estaba facultado para dar por vencido el plazo concedido en el crédito otorgado y exigir el pago inmediato del saldo del capital más intereses, y demás, sea por la vía judicial o extrajudicial. La Alzada concluyó la inexistencia de una obligación condicional derivada del convenio, y que la acción judicial por incumplimiento de pago contra el fiador solidario, además de estar amparada en el contrato, también está autorizada en la ley, al disponerse en el artículo 1403 del Código Civil que el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que por esto pueda oponerse el beneficio de división. Lo estipulado en la cláusula octava, referente a la obligación del deudor de otorgar escritura pública para una dación en pago, fue considerado por la Alzada como aplicable sólo en caso de elegirse la vía extrajudicial por parte del acreedor, con lo que se puede deducir que la consideró meramente potestativa y únicamente explicativa con respecto a esa forma de pago, en el dado caso que fuese aplicada por el Banco. VII. Analizando las consideraciones del Tribunal de Alzada, debemos estarnos propiamente a lo establecido en el Código de Comercio, que como lo indica el artículo 1. “ Los Comerciantes los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de estos, por las normas del Código Civil”; en tal sentido, en aplicación a lo establecido en el Código de Comercio, en cuanto a las obligaciones, dispone el artículo 693, que: “Si no se hubiere fijado plazo el momento de cumplimiento de una obligación, el acreedor podrá exigirla inmediatamente. Sin embargo, cuando, según los casos, o dada la naturaleza de la prestación, o bien por el modo o lugar de la ejecución, sea necesario un plazo, este será fijado por el juez, en defecto de acuerdo entre las partes”.- Con extrañeza se verifica en la resolución impugnada que se ha incorporado el criterio que las cláusulas contenidas en el Contrato de Crédito únicamente son de cumplimiento en caso que la demanda sea dirigida en contra de la Sociedad ALIMENTOS CONTINENTAL S.A. DE C.V., no coincidiendo esta Sala con dicho criterio, en vista que como se observa del mismo Contrato, efectivamente se han estipulado por las partes cláusulas mediante las cuales se establecen las acciones a seguir para el cumplimiento de la obligación, y efectivamente se encuentra la instaurada en la Cláusula Octava, que a todas luces recoge un procedimiento previo para acudir a la vía judicial a pretender el cumplimiento de la obligación, en dicha cláusula octava se instaura por las partes que en caso de impago de las obligaciones crediticias asumidas en el convenio de crédito, se obliga a otorgar la escritura pública en dación de pago a favor del Banco, no es una condición sino un exigencia en caso del no cumplimiento de la obligación (impago), y que para ello constituyó como garantías ciertos bienes a favor del Banco, con la imposición al cliente en este caso la sociedad ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V. del otorgamiento de la escritura de dación dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento extrajudicial que con tal propósito hiciera el Banco, falencias que se advierten y que al no haberse seguido con las disposiciones consignadas en el “Contrato de Crédito” inferimos una grave contravención al principio del debido proceso, en tal sentido, el Banco no estaba autorizado legalmente para dirigir la acción contra el fiador solidario la sociedad Inversiones Continental, S.A., hasta tanto no se diera cumplimiento a dicha exigencia. Si bien el Código Civil dispone en su artículo 2021 que por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. No obstante, el Código de Comercio en su apartado sobre “Contratos de Garantía”, nos habla sobre la “Fianza Mercantil”, indicándose que será mercantil el contrato de fianza que se constituya por empresas que practiquen profesionalmente esta operación y la otorgada por establecientes bancarios, respondiendo el fiador por el fiado, la que debe constar por escrito y, al efecto, el fiador extenderá una póliza a la persona que con él hubiere contratado y a favor del acreedor, en la que se expresarán sumariamente todos los elementos necesarios para la validez del contrato, el fiador podrá constituirse en parte, y tendrá todos los derechos inherentes a este carácter en los negocios de cualquier índole, y en los procesos, juicios y otros procedimientos judiciales, en los que otorgue fianza, en todo lo que se refiere a las responsabilidades derivadas de ésta (de conformidad a los artículos 1308 al 1311 del Código de Comercio), con lo que se colige, que a diferencia de la fianza civil, en la mercantil deben de cumplirse varios preceptos previos para que el fiador pueda constituirse como parte y derivan únicamente de las menciones contenidas en el Contrato que para dicho fin se suscriba, es así que mientras no se hubiese dado cumplimiento a la cláusula octava, tantas veces mencionada, la empresa fiadora aún no se encontraba legitimada para ser parte en el proceso de ejecución del título, por consiguiente, el motivo de oposición aludido, nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, debió ser estimado. Es importante distinguir que en el Código Civil, si el fiador se obligase solidariamente con el deudor principal, la ley dispone que se observará lo establecido para las obligaciones solidarias, por consiguiente, en ese supuesto el trámite de ejecución que nos ocupa sería aceptable, que en conjunto con lo previsto en el artículo 1403 del Código Civil, el acreedor a su vez podría dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda oponer el beneficio de división, sin embargo, en este caso nos encontramos frente a una fianza mercantil, cuya diferencia fundamental deriva en lo establecido en el Contrato. Por consiguiente, de todo lo relacionado anteriormente, tenemos que la fianza civil, es una garantía personal que se realiza a favor de otra, en donde se adquiere el compromiso de pagar la deuda en caso de que el obligado principal no la satisfaga por sí mismo, el fiador no es obligado a pagar sino en defecto del deudor, sin embargo, será al fiador solidario, a quien se le aplican todas las reglas establecidas para los deudores solidarios; en la obligación solidaria entre deudores, cada uno de estos es tenido en sus relaciones con el acreedor, como deudor único de la prestación total.- Por otro lado, para que una fianza sea considerada mercantil, basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio, además, todo fiador de la obligación mercantil será solidario con el deudor principal, salvo lo que se estipule en el contrato. La sociedad Inversiones Continental, S.A. se constituyó como fiadora solidaria de la sociedad Alimentos Continental, S.A., en el convenio de crédito que se conoce, declarando que garantizaban incondicionalmente el pago del principal, intereses y demás conforme con las condiciones del convenio de crédito, renunciando expresamente a diligencias, protestos o avisos de cualquier clase, empero, entendiéndose una vez evacuadas las exigencias contenidas en el Contrato de mérito, de ahí que resulta que el Convenio de Crédito aportado al proceso no era exigible a la sociedad INVERSIONES CONTINENTAL, S.A., al momento de interponerse la ejecución, ya que contrario a la motivación del Ad quem en el apartado segundo de su motivación fáctica y jurídica, el acreedor no tenía la facultad para demandar “indistintamente a la deudora principal o a la empresa constituida como fiadora solidaria”, fundamentándose en el artículo 1403 del Código Civil, cuando ya hemos dicho que el negocio jurídico es de índole mercantil, y en tal sentido se han producido desaciertos en su decisión. VIII. Con respecto a la naturaleza del título y su exigibilidad, se ha citado en el procedimiento la aplicación del Artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero, en el sentido que el estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores, fijando la norma que los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado serán títulos ejecutivos; según se observa de los antecedentes a la demanda se adjunta tanto el documento de crédito, en la forma de un contrato de crédito, y un estado de cuenta certificado, lo que condujo a que se le diera tramite a la presente demanda, sin embargo, el título a la fecha de su presentación para el cobro judicial no era exigible a la parte ejecutada INVERSIONES CONTINENTAL, S.A., por las razones y consideraciones acotadas en el apartado anterior, no bastaba únicamente presentar el Contrato de Crédito junto con el Estado de Cuenta Certificado por el Contador, de conformidad al artículo 166 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, ya que previamente a la presentación de la demanda contra el ejecutado, debieron de llevarse a cabo las estipuladas suscritas en el mismo Contrato, y que al no cumplirse a cabalidad por el deudor principal abrían paso a la exigibilidad del título a su fiador, sin embargo, como lo indica el amparista no se siguió el procedimiento de cobro y pago que establece el Contrato en su cláusula octava, el Ad quem cae en el error de mencionar que el Contrato no contiene ninguna condición de carácter suspensivo, cuando es una exigencia su cumplimiento (artículo 714 del Código de Comercio); es innegable que la parte agraviada formuló como motivo procesal la inexigibilidad de la deuda a la empresa fiadora INVERSIONES CONTINENTAL, S.A., pues dimanante la ejecución de un Contrato de Crédito que al momento de la interposición de la ejecución carecía de fuerza ejecutiva, que como motivo de oposición tiene su amparo en el artículo 792.3 del Código Procesal Civil, lo que es distinto de la mera liquidez de la deuda a que se refiere el artículo 799 del Código Procesal Civil, en el proceso se ha centrado la discusión en reiterar que al haberse presentado el Contrato de Crédito junto con el Estado Certificado del Contador de Banco Atlántida, S.A., parte ejecutante, procede la exigibilidad de la deuda premisas vertidas tanto en la primera como segunda instancia, parca y errónea argumentación, en la que a su vez el ejecutante confunde el motivo invocado, con los relativos a la certificación de saldo y liquidez de la deuda. IX. Con respecto a lo estipulado en la precitada cláusula octava del convenio de crédito, sobre su alegado incumplimiento e interpretación arbitraria por el Tribunal de Alzada y la existencia de una obligación condicional derivada del convenio de crédito, es importante acotar que en la resolución impugnada se habla de una obligación condicional, estableciendo el recurrente que el artículo 1376 del Código Civil, exige en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.- Es decir, que, en estos casos, la obligación se subordina a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, siendo exigible cuando se cumpla la condición, de manera que no puede haber incumplimiento hasta tanto se cumpla la condición que hace exigible la obligación.- En el caso que nos ocupa, es evidente que el objeto del proceso se centra en el contrato o convenio de crédito celebrado por el Banco Atlántida y la sociedad Alimentos Continental, S.A., de la que se constituyó como fiador solidario garantizando el cumplimiento incondicional de la obligación la sociedad Inversiones Continental, S.A.. Sobre la naturaleza del contrato de préstamo podemos decir que es un convenio en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de dinero o de otra cosa fungible con cargo de restituir otro tanto de la misma especie y calidad, sin embargo, ha sido garantizada la obligación inicialmente con el otorgamiento de una escritura de dación de pago de los bienes afectados, para posteriormente y no cumpliéndose esta disposición seguir con la vía judicial. X. La Sala, considera acertada la argumentación de la recurrente en torno a que la obligación derivada del precitado convenio de crédito está sujeta al cumplimiento de la cláusula octava, siendo acertado admitir, como lo ha hecho la recurrente, que la obligación plasmada en el convenio depende del requerimiento extrajudicial de pago por parte del Banco a la sociedad Alimentos Continental, S.A., y que es de este suceso que se genera el derecho del acreedor para si lo considera conveniente demandar al fiador constituido en el convenio.- La Sala encuentra que la cláusula octava del convenio de crédito no es que condicione sino más bien exige el cumplimiento de dicho requerimiento para la exigibilidad de la obligación, regulándose una situación específica para que el Banco posteriormente opte por instar la acción judicial para el pago del capital e intereses y demás conceptos derivados, al cual tiene derecho como acreedor de conformidad y con el propio convenio, según la ya conocida cláusula cuarta. XI. Es importante reseñar también algunas acepciones de la figura de la dación en pago, la que podríamos entender como un método de pago propio del derecho civil y comercial que permite al deudor liberarse de la deuda ante un acreedor, dando en pago, un bien, usualmente el que ha sido dado en garantía. Bajo esta modalidad, el pago se perfecciona cuando se transfiere la titularidad de la propiedad al acreedor, liberándose así la deuda. La dación en pago como tal, no se encuentra expresamente regulada en nuestro Código Mercantil, a diferencia de otras legislaciones que la incluyen como una forma de extinguir las obligaciones, sin embargo, ha sido una figura generalmente aceptada y aplicada en el derecho contractual y comercial bajo el arbitrio y acuerdo de las partes contratantes. Estima esta Sala que, salvo disposición en contrario, para que una dación en pago pueda darse en una obligación derivada de un préstamo resulta necesario el consentimiento del acreedor, acatándose así lo establecido en el artículo 714 del Código de Comercio: “Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos en los límites legalmente impuestos. También pueden celebrar contratos que n o correspondan a los tipos que este Código fija, siempre que persigan intereses dignos de tutela jurídica”. Apoyamos el pensamiento doctrinario generalmente aceptado que prevé que la dación en pago comporta una variación al momento del pago de la prestación debida pero siempre con el consentimiento del acreedor. En este caso ese consentimiento está previsto en la cláusula octava, y aunque la redacción del contrato puede prestarse a confusión, la potestad que el convenio otorgó al Banco es de exigir previamente el otorgamiento de la escritura de dación en pago, como un método expedito para el cumplimiento inmediato de la obligación, si no para que garantizarla si se dispondría acudir a la vía judicial desatendiendo el privilegio de ser pagada extrajudicialmente, que de otro modo, únicamente hubiese sido necesaria la imposición reflejada en la cláusula cuarta, con lo que no coincidimos con el parecer de la Alzada en cuanto a que la conformación de la dación en pago queda al arbitrio del acreedor, pues ya el deudor ha autorizado anticipadamente el método para su ejecución, limitándose con ello el derecho del acreedor de ejercer la acción judicial para la restitución del crédito hasta que se realice lo acordado en la cláusula octava. En definitiva, para ahondar un poco más en los alcances de la figura de la dación en pago, podemos afirmar que la misma trata de un método de pago que usan los deudores, por el cual básicamente envuelven la entrega de un activo para hacerle frente a pagos pendientes; esto como vía de pago al deudor quien prescinde de los bienes en muto acuerdo con el acreedor, quien -bajo ese mismo acuerdo- acepta esos activos como buen pago de lo debido.- Si bien es cierto el principio fundamental de identidad en el pago, declara que: debe el deudor dar al acreedor la misma cosa a que se obligó; y el acreedor no puede ser obligado a recibir otra prestación distinta a la debida.- Nada obstaculiza para que, las partes mediante convenio, puedan decidir cambiar la prestación que prometieron al realizarse el vínculo obligacional. XII. Dicho todo lo anterior debemos reafirmar que la Sala ha coincidido que la indefensión constitucional supone la existencia de una privación real, efectiva, actual y sustancial del derecho de defensa, imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional en perjuicio del impetrante al vedarle toda posibilidad para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio.- Así las cosas, encontramos debidamente argumentada la postura de la recurrente habida cuenta que el título ejecutivo acreditado no cumple los requisitos legales para su exigibilidad, habiendo sido procedente estimar la nulidad del mandamiento por dicha situación con el efecto de mandar a archivar las diligencias sin ulterior desarrollo, actuaciones procesales en las que se han prescindido de normas esenciales del procedimiento, que han generado indefensión a la parte ejecutada (artículo 211 y 212.4 del Código Procesal Civil). Debemos recordar que estamos ante una cuestión de derecho privado y además eminentemente comercial, en la que una sociedad mercantil celebró un convenio de crédito con una institución bancaria, se otorgó una garantía hipotecaria, se constituyó un fiador solidario, se desembolsó el dinero en favor del prestatario, se incumplió el pago en la forma establecida en el contrato, y, en consecuencia, debe seguirse para el cumplimiento de la obligación con las estipulaciones señaladas en el documento de crédito, siendo hasta que se cumplan las exigencias consignadas que se podrá demandar ante la instancia judicial mediante el proceso que corresponda, en tal sentido, no se ha dado una respuesta adecuada a los motivos de oposición que presentó la ahora agraviada en base al marco legal aplicable al caso concreto, es así, que la violación de índole constitucional, deriva en la ilegalidad, arbitrariedad o error de derecho, situación que esta Sala ha alcanzado a advertir. Como quedó explicado, la Sala advierte que del contrato de crédito se colige la existencia de una exigencia no de una obligación condicional, derivada de la tantas veces citada cláusula octava, la que restringe al acreedor para acudir directamente a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus pretensiones. XIII. Con respecto al proceso de privación de dominio del que es objeto la sociedad Inversiones Continental, S.A., la Sala encuentra oportuno indicar que el razonamiento de la Alzada en su fallo, no es acorde al momento procesal en el expediente tramitado en el Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, dado que se encuentra pendiente de firmeza, en cuanto al proceso de aseguramiento de acciones, si bien fue declarado sin lugar en sentencia definitiva inter alia sobre los títulos accionarios 006926, 007541, 008482 y 000446 de la sociedad Inversiones Continental, S.A., esta resolución no ha adquirido firmeza; por lo que, resulta pertinente determinar que la alegada falta de legitimación de la ejecutada debió estimarse, siendo que este motivo de oposición nos indica que efectivamente los bienes de la ejecutada en relación al objeto de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (artículo 2), encontrándose aún afectados aunque ya se haya emitido una Sentencia Definitiva la que al haber sido impugnada no reviste de su firmeza.- Consecuentemente de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de dicha Ley la acción incoada en el Juzgado de Privación de Dominio, tiene preeminencia sobre cualquier otra que le contraríe y se le oponga, debiéndose de aplicar e interpretar sobre cualquier otra Ley, es así que los bienes aún se encuentran en disposición de la OABI, para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso, por lo que, efectivamente la parte ejecutada INVERSIONES CONTINENTAL, S.A., a la fecha de interposición de la demanda no se encontraba legitimada para ser demandada, lo que supone un detrimento en la adopción de las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento decretadas (artículo 32 de dicha Ley), por consiguiente, si bien la sociedad INVERSIONES CONTINENTAL, S.A., se ha constituido como fiadora de la sociedad ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A., no tiene la primera la libre administración de sus bienes, que le permitiera actuar eventualmente en un proceso Civil para responder de manera incondicional con las compromisos asumidos de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Convenio de Crédito celebrado entre el Banco Atlántida, S.A. y la sociedad Alimentos Continental, S.A.. XIV. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso conlleva que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. XV. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones que la tutela judicial efectiva implica esencial y primariamente, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, pero no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, porque como derecho no podría garantizar el éxito de la pretensión. XVI. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo debe estar destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo éstas surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. XVII. Es virtud de lo anterior, y conforme a lo afirmado por la recurrente, esta Sala puede concluir que ha existido en el presente asunto vulneración a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la tramitación del asunto de mérito se ha realizado de manera injusta por los órganos jurisdiccionales del Estado, ya que no se han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, para enmarcar sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste no ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa aplicable al caso, con lo cual no se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas. XVIII. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violenta, lesiona o se atenta contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que, al advertirse una vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: OTORGA el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada MÉLIDA TULA BENÍTEZ MEJÍA, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0049-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCION