Sentencia AC-484-23 — Registro 18460
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de instancia que admitió escrito de Inversiones Avícolas de Honduras S A de C V (INAVIH S A de C V), que acompañó títulos de dominio que acreditan que es la dueña de los dos predios; ordenó suspender el desalojo mientras las partes diriman su conflicto de intereses en el proceso que corresponda, y ordenó continuar la ejecución sobre el predio; La Corte argumenta que el auto es irrecurrible al no ser auto que ponga fin al proceso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 595 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
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…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 595 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 595 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 595 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado.. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 595 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S.A., EN SU DIVISIÓN INMOBILIARIA SUPERACIÓN PROGRESEÑA (INSURPO), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S.A., EN SU DIVISIÓN INMOBILIARIA SUPERACIÓN PROGRESEÑA (INSURPO) contra los señores ONEYDA PAZ PINEDA Y OSBALDO RIVERA PAZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado José Antonio Barahona Zelaya, en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S.A., EN SU DIVISIÓN INMOBILIARIA SUPERACIÓN PROGRESEÑA (INSURPO), interponiendo “…DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE TITULO CON GARANTÍA HIPOTECARIA…”, contra los señores ONEYDA PAZ PINEDA y OSBALDO RIVERA PAZ, para que previo a los trámites de ley sean obligados a pagar a mi representada la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS (L. 479,000.00). (Folios 1-6 del expediente del A-quo)2) En fecha quince de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: “…1) Admitir el escrito por la Abogada NICOL AGUILAR PALENCIA en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES AVICOLAS DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INAVIH SA de CV.) Juntamente con los documentos acompañados los cuales se mandan a agregar a los autos 2.- Visto que la compareciente ha presentado títulos de dominio que acreditan que su representada La Sociedad Mercantil INVERSIONES AVICOLAS DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE) es dueña de dos Predios de Terreno en el sitio denominado Tapiquilares Aldea Zapote Un lote Matricula 821771 Asiento 5 de Siete Hectáreas 37 áreas 94.15 centiáreas y el segundo Título con área de Veinticuatro Hectáreas equivalente a Treinta y cuatro Punto treinta y dos Manzanas en la Comunidad el Zapote Inscrita bajo el Numero de Matricula 821693 Asiento 5.-Suspendase la Sociedad Mercantil INVERSIONES AVICOLAS DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE debiendo las partes dirimir su conflicto de Intereses en el proceso que corresponda: 3)-Continúese la ejecución sobre el predio que consta de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ubicado en barrio el centro de Tapiquilares inscrito bajo matricula 1719947 Asiento 1 y 2,4) Este auto por ser definitivo admite recurso de Apelación por escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación. NOTIFIQUESE.” (Folios 208-210 del expediente del A-quo)3)La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, en su condición de Apoderado Legal de la empresa mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S. A. en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA, (INSUPRO), en fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA, contra el auto de fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, por ser irrecurrible. Y MANDA: Que se notifique este fallo a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.-.” (se encuentra entre el folio 9 y 10 del expediente del Ad-quem)4)En fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, Compareció ante esta Sala, el Abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S.A., EN SU DIVISIÓN INMOBILIARIA SUPERACIÓN PROGRESEÑA (INSURPO), contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. 5) En fecha dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por el Abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, téngase por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 30 del recurso de mérito) 6)En fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Mercedes Dubón, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación del Ministerio Público estima que, si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 707 párrafo segundo señala: "Serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras", no menos cierto es que, en el caso en estudio, el auto impugnado de fecha 15 de agosto de 2022 en el que se ordena suspender el desalojo ordenada, dispone en consecuencia una medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 355.7 del Código Procesal Civil, que señala como medida cautelar, el "La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, abstenerse temporalmente de realizar una conducta". tal como acontece en el caso de autos, al ordenar que se suspenda la orden judicial de desalojo mientras las partes diriman su conflicto de intereses en el proceso que corresponda. Ante la premisa expuesta, es imperioso señalar que conforme la norma procesal civil 385.3: "Contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares cabrá recurso de apelación, sin efecto suspensivo." En esa línea de pensamiento, al armonizar las precitadas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que contrario al dispuesto por el Ad- Quem, la resolución del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés de fecha 15 de agosto de 2022, si es apelable. En ese contexto, el Ministerio Público puede determinar que en el caso de autos se ha inobservado el Debido Proceso contenido en el Artículo 90 de La Constitución de la República, que manda: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece"; siendo oportuno indicar que dicho Derecho constituye un derecho fundamental que se materializa en garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso (lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva), el cual envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso invocado por el Amparista y del derecho de defensa, en cuanto al derecho de obtener una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración de la garantía invocada por el Amparista.” (Folios 34-35 vuelto del expediente de mérito)CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que FALLA: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA, contra el auto de fecha quince de agosto del dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, por ser irrecurrible. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta el derecho de defensa, debido proceso y propiedad privada, contenidos en los preceptos constitucionales 82 párrafo primero, 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República. En sus argumentaciones el impetrante manifiesta que el día quince de agosto del año 2022, el Juzgado de Letras de lo Civil, después de haber evacuado el procedimiento que manda la ley para la ejecución hipotecaria, llegando al desalojo, ordena de manera verbal al ejecutor que desistiera de la acción de desalojo sin tener fundamento legal para suspenderla, posteriormente dicta auto en la cual ordena que se suspenda diligencia de poner en posesión a su representada de dos lotes de terreno que fueron adjudicados en subasta, lo que va en contra del derecho de propiedad y debido proceso. Continua argumentando que interpuso recurso de apelación el cual fue contestado por la representante procesal de la sociedad mercantil INAVIH S.A. DE C. V., empresa que no tiene ninguna relación con la Ejecución Hipotecaria, y sin haberse declarado previamente el derecho que esta empresa dice tener, sin haberse evacuado prueba que de certeza que lo que reclaman esta apegado a derecho, el Juez desestima todo el proceso de ejecución de títulos hipotecarios y manda a usar los canales legales correspondientes, en perjuicio de su representada al no poder tomar posesión legitima del inmueble que adquirió en subasta mediante un procedimiento llevado a cabo con todas las garantías para el ejecutado y otorga un derecho que solo se obtiene en un juicio declarativo a través de una sentencia definitiva. Por ultimo arguye que la Corte de Apelaciones de manera maliciosa y arbitraria, juega con la redacción hecha por el Juez A-quo, donde suspende la ejecución del desalojo y de poner en posesión a mi representada uno de los dos inmuebles y ordena que se siga con la ejecución por uno de los inmuebles, ordenando continuar con el lanzamiento del otro inmueble, pero negando la efectividad en relación al inmueble de mayor cabida y de esa forma justifica lo resuelto por el Juzgado a-quo, estableciendo que tal auto es irrecurrible por lo tanto negando el reclamo hecho, violentando el debido proceso y el derecho a la propiedad privada de su representada.CONSIDERANDO(4): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privad en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley.”. CONSIDERANDO (5): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro, cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”. CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (7): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán, citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”. Asimismo, otro de los principios rectores del proceso civil hondureño, es la LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS establecido en el artículo 7 que dispone: “1.- El Proceso Civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República, las formalidades previstas en él, son imperativas…”. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.CONSIDERANDO (10): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones de ambos recurrentes motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha veinticuatro de noviembre del año do mil diecisiete por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.CONSIDERANDO (11): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empeladas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (12): Que es importante analizar el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Civil, a efecto de determinar la vulneración o no de los derechos constitucionales alegados como vulnerados por el amparista. La sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, que resuelve el Recurso de Apelación promovido en contra de la resolución dictada en fecha quince de agosto del dos mil veintidós por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortes, se fundamenta en lo siguiente: (sic) “SEGUNDO: En síntesis el recurrente acude ante esta Alzada, manifestando que le causa agravio la providencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial en fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, mediante la cual se admite a trámite el escrito la manifestación presentado por la Abogada NICOL AGUILAR PALENCIA. Del examen de los autos, se pudo apreciar que aun y cuando el Juez instructor del Juicio, estableció en la parte resolutiva específicamente en el numeral 4 “Que el auto era definitivo y que admite el recurso de apelación, no obstante, no se puede desconocer que la cuestionada resolución es inapelable, al resultar que no es un auto definitivo que le ponga fin al proceso, pues de la misma parte dispositiva del auto se colige que el A QUO ordena en el numeral tres la continuación de la ejecución, de modo tal que la resolución no es de las que ponen fin al proceso, y solo bajo esa premisa pueden ser conocidas por la vía recursiva, tal y como así lo instituye el artículo 707 del Código Procesal Civil inherente a la PROCEDENCIA que señala: “Serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras.”, al no encontrarse comprendido el auto bajo estudio, dentro de lo que preceptúa el artículo citado, no puede ser objeto de apelación tal y como lo intentó el apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS S A, en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA (INSUPRO), a través de su representante legal el señor JOSE ANTONIO BARAHONA, en el presente proceso.”. CONSIDERANDO (13): Que, revisados y analizados los antecedentes de mérito, se constata que se presenta una Demanda de Ejecución Hipotecaria por parte del Abogado JOSE ANTONIO BAHARONA ZELAYA, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S. A., en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA (INSUPRO), contra los señores ONEYDA PAZ PINEDA y OSBALDO RIVERA PAZ, dicha ejecución recae sobre dos bienes inmuebles señalados en la demanda y detallados en la Escritura Publica de Préstamo con Garantía Hipotecaria numero 72 (ver folio 25 vuelto), realizando el Juez de Primera Instancia todo el procedimiento hasta llegar a la subasta de un bien inmueble (folio 74, 75), por lo cual en fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno se ordena el desalojo de los ocupantes del bien inmueble subastado, mismo que no se ejecuta, según el informe el Juez ejecutor el señor Luis Alonzo Mancía Zuniga, manifiesta que él tiene escrituras de ese bien inmueble. Posteriormente en fecha ocho de agosto del dos mil veintidós, comparece al Juzgado de Letras de lo Civil personándose en la Demanda de Ejecución Hipotecaria en mención, presentando documentación sobre la legitima propiedad del inmueble y solicitando se suspendan las diligencias de desalojo. Petición que fue resuelta por el A quo en fecha quince de agosto del dos mil veintidós, suspendiendo el lanzamiento del bien inmueble subastado, con fundamento en los artículos 3, 7, 12.1 y 883 del Código Procesal Civil; a la vez ordena en la misma resolución se continúe con la ejecución del predio inscrito bajo matricula 1719947 Asiento 1 y 2. No conforme con esta resolución, el ejecutante presenta recurso de Apelación, el cual el Tribunal de Alzada declara sin lugar argumentando que el auto es irrecurrible en base al artículo 707 del Código Procesal Civil, por no ser un auto que ponga fin al proceso.CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, no resuelve el fondo del asunto, pues la Corte de Apelaciones se decanta por la parte de la resolución que ordena la continuación de la ejecución hipotecaria; pero no analiza la otra parte de la resolución del A quo, que pone fin al proceso de ejecución en relación a un bien inmueble subastado. Veamos, el fundamento del A-quo es el artículo 883 que dispone: “ENTREGA DE INMUEBLES OCUPADOS. 1. En el caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de diez (10) días presenten al Juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los ocupantes carecieran de título o este fuera insuficiente, se procederá de inmediato al lanzamiento. 2. También se procederá al lanzamiento inmediato cuando el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por quienes de él dependan, siempre que no se trate de su vivienda habitual. 3. Si el inmueble fuera la vivienda del ejecutado o de quienes de él dependen, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá el inmediato lanzamiento.”. Esta norma legal, en armonía con el artículo 3 relativo al Debido Proceso y el artículo 7 relacionado a la Legalidad Procesal y Formas, han servido de sustento legal al A-quo, quien ha considerado que los documentos presentados por el tercero ocupante del inmueble objeto de lanzamiento, son suficientes para suspender la ejecución y con ello suspender la orden de desalojo o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble subastado, y con ello ponerle fin al proceso de Ejecución Hipotecaria en relación al bien inmueble registrado bajo el numero 17 del tomo 6363, matrícula número 1166595 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo el A quo, hace la advertencia a las partes que deben dirimir su conflicto de intereses mediante el procedimiento correspondiente. Esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, ello porque la Corte de Apelaciones, sin realizar un análisis exhaustivo de la resolución recurrida, declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo el argumento errado que la resolución apelada es irrecurrible, por cuanto no pone fin al proceso. Obviando el Tribunal de Alzada que esa misma resolución que dice ser irrecurrible, pone fin a un proceso de ejecución hipotecaria, en relación a un bien inmueble subastado. Constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (12): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208, 595, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 46.3, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS, S. A. en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA, contra la resolución de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, realizando así una debida motivación, dando respuesta al fondo del asunto y a todos y cada uno de los agravios expuestos en el recurso de Apelación promovido; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0484-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL