Sentencia AC-368-16 — Registro 9910
Resumen
Solicitud de Desistimiento de la Pretensión interpuesta y anulabilidad de actos procesales, declarado sin lugar, con relación a la demanda ordinaria por la vía del procedimiento ordinario ,para que se decrete la nulidad absoluta de escrituras públicas, de los instrumentos públicos que les contienen, de sus asientos en el Instituto de la propiedad ,interpuesta contra recurrentes, donde demandante falleció y Ad quo ordena emplazar a los herederos, y sin lugar desistimiento solicitado por recurrentes ,sosteniendo ésta Sala Constitucional confirmar la causa de inadmisibilidad de acción de amparo, pues se trata de un asunto judicial puramente civil, relacionado con la sucesión por causa de muerte, de igual forma en el acto impugnado no se observan violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
): Que si bien es cierto el acto recurrido se encuentra dictado conforme a derecho, es menester para esta Sala de lo Constitucional, establecer que es de observancia obligatoria los plazos establecidos en el artículo 73.4 del Código Procesal Civil; del estudio de los autos es evidente que el amparista solicitó el desistimiento de la pretensión interpuesta antes de haber transcurrido el plazo indicado, pues la A-Quo se enteró de la muerte del demandante en el preciso momento que el Representante Legal de la parte demandada solicitaba el desistimiento de la pretensión interpuesta, aún y cuando la defunción se haya suscitado en fecha siete de agosto del año dos mil quince. Asimismo es de obligatorio cumplimiento lo establecido en el artículo 72 del Código Procesal Civil, en el sentido que el juez o tribunal suspenderá el proceso cuando se le haya comunicado la defunción de cualquier litigante, por quien deba sucederle; ello con el propósito de acreditar la defunción y el título sucesorio y demás trámites pertinentes a efecto de continuar con el proceso. CONSIDERANDO (10): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia emitida en fecha doce de abril del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues se trata de un asunto judicial puramente civil, relacionado con la sucesión por causa de muerte, de igual forma en el acto impugnado no se observan violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto puramente civil, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional, al invocar el amparista violación a garantías constitucionales, las que no advierte esta Sala de lo Constitucional, en el estudio de la resolución impugnada de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince. CONSIDERANDO (11): Que al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 7). En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de abril del presente año dos mil dieciséis, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Omar Peña Orellana
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 y 7 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de octubre del dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, a favor de los señores NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, con relación a la DEMANDA ORDINARIA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE DOS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LES CONTIENEN Y DE SUS ASIENTOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida por la Abogada Xoshilt Janina Sorto Ashley, en su condición de Apoderada Legal del señor ERICK MARTINEZ LOPEZ, contra los señores NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA.- Estima el recurrente que con la resolución recurrida se han violentado en perjuicio de sus representados las garantías contenidas en los artículos 64, 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual dicho Juzgado resolvió: (Sic) “ 1) Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar al expediente.- 2) En virtud que este juzgado ya ha dictado sentencia definitiva en la causa, y en apego al principio de la cosa juzgada formal e invariabilidad se las resoluciones, declárese Sin Lugar.- 3) Siendo que es hasta este momento que la suscrita se está dando por enterada de la defunción de la parte actora; que a través de la receptora del despacho y de conformidad con lo establecido en el articulo 73 numeral 4 del Código Procesal Civil requiera a los sucesores del causante el señor ERICK MARTINEZ LOPEZ (Q.D.D.G) a fin de que en el plazo de sesenta (60) días se personen en la causa, haciéndole advertencia que la incomparecencia de el litigante demandante se entenderá renuncia de la pretensión.-”. (Folio seiscientos noventa frente y vuelto (F-690fv) del Tomo III de la copia de la pieza de antecedentes de primera instancia).
- Que luego de realizado el trámite establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual falla: (Sic) “PRIMERO: SOBRESEER LAS PRESENTES DILIGENCIAS que contienen la Acción Constitucional de Amparo, presentada ante ésta Corte Primera de Apelaciones por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, a favor de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, contra la resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 16 de noviembre de 2015, en la demanda declarativa por la vía del proceso ordinario para que se decrete Nulidad absoluta de dos escrituras públicas, de los instrumentos públicos que los contienen y sus asientos registrales, promovida por el señor ERICK MARTINEZ LOPEZ. SEGUNDO: Que la secretaria libre certificación del presente fallo al órgano contra el cual se promovió la acción constitucional para que continué con el trámite procedente. TERCERO: Remitir en trámite de CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL de la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la presente sentencia…” (Folios del treinta y siete (F-37) al cuarenta y uno vuelto inclusive (F-41fv) de la pieza de antecedentes de Alzada). 3) Que en fecha veinte (20) de abril del presente año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, favor de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo civil venido en consulta, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra la resolución de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en relación a la Solicitud de Desistimiento de la Pretensión interpuesta y Anulabilidad de actos procesales, presentada por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, en relación a la DEMANDA ORDINARIA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE DOS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LES CONTIENEN Y DE SUS ASIENTOS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, promovida por la Abogada Xoshilt Janina Sorto Ashley, en su condición de Apoderada Legal del señor ERICK MARTINEZ LOPEZ, contra los señores NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, es violatorio de las garantías contenidas en los artículos 64, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, resolución que determina: (Sic) “ 1) Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar al expediente.- 2) En virtud que este juzgado ya ha dictado sentencia definitiva en la causa, y en apego al principio de la cosa juzgada formal e invariabilidad de las resoluciones, declárese Sin Lugar.- 3) Siendo que es hasta este momento que la suscrita se está dando por enterada de la defunción de la parte actora; que a través de la receptora del despacho y de conformidad con lo establecido en el articulo 73 numeral 4 del Código Procesal Civil requiera a los sucesores del causante el señor ERICK MARTINEZ LOPEZ (Q.D.D.G) a fin de que en el plazo de sesenta (60) días se personen en la causa, haciéndole advertencia que la incomparecencia de el litigante demandante se entenderá renuncia de la pretensión.-”. (Folio seiscientos noventa frente y vuelto (F-690fv) del Tomo III de la copia de la pieza de antecedentes de primera instancia).CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, a favor de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO CARCAMO, contra la resolución judicial de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual declara sin lugar la solicitud de Desistimiento de la Pretensión interpuesta y Anulabilidad de actos procesales, presentada por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de los señores J. NOE CASTILLO CARCAMO y NORMAN NOE CASTILLO AMAYA.CONSIDERANDO (6): Que del libelo de la acción constitucional impetrada, el recurrente sostiene que se ha violentado claramente el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de legalidad que garantiza la Constitución de la República. Dice el impetrante que indiscutiblemente la Juez Flor de María Sosa retuerce el articulo 73.4 del Código Procesal Civil, como ha retorcido la ley en este juicio, atribuyéndole un sentido distinto del que resulta explícitamente de sus propios términos, porque no dispone esa norma lo que ella resuelve en el auto recurrido del 16 de noviembre de 2015, cuanto a ordenar a los sucesores del difunto Erick Martínez López para que se personen en el proceso, claramente sin ninguna interpretación o malabarismo jurídico, esa disposición prescribe que cuando muere el demandante y no se conocen a los sucesores o no pueden ser localizados, después de transcurridos 60 días desde que ocurrió la muerte, se les tiene por desistidos de la pretensión interpuesta por el causante, o sea, que esta Juez no tiene ninguna facultad legal para entrometerse en la decisión de comparecer o no el sucesor o los sucesores en este proceso, por cuanto, es un acto que solamente a él o ellos les compete. Asimismo arguye el pedidor que la A-Quo, irresponsablemente ordena una actuación para la que no esta autorizada, pues el artículo 71 del Código Procesal Civil preceptúa la sustitución de los litigantes por causa de muerte y quienes ostentan la calidad de sucesor y/o sucesores, o lo que es lo mismo, los herederos del finado, son a quien o quienes corresponde el personamiento en el proceso que prescriben los artículos 1490 a 1494 del Código Civil respecto a la subrogación; también el artículo 72.2 establece la sucesión procesal por muerte. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, se encuentra conforme a derecho, ello porque el impetrante recurre en Amparo la resolución de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba; resolución que se encuentra dictada conforme a derecho, no observando ninguna violación al debido proceso o principio de legalidad, mucho menos al derecho de defensa que invoca el recurrente. La referida resolución emitida por el A-quo declara sin lugar el desistimiento de la pretensión interpuesta y la anulabilidad de actos procesales solicitados por la parte demandada (recurrente en Amparo), ello porque conforme a lo establecido en el artículo 214 numeral 2[1], del Código Procesal Civil, ya el A-Quo había dictado sentencia definitiva, siendo improcedente la nulidad solicitada por el recurrente en amparo. Asimismo el A-quo ordena por medio de la Receptora del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 numeral 4 del Código Procesal Civil requiera a los sucesores del causante señor ERICK MARTINEZ LOPEZ; al enterarse el A-Quo hasta en ese momento de la muerte de la parte actora en el proceso. CONSIDERANDO (9): Que si bien es cierto el acto recurrido se encuentra dictado conforme a derecho, es menester para esta Sala de lo Constitucional, establecer que es de observancia obligatoria los plazos establecidos en el artículo 73.4 del Código Procesal Civil; del estudio de los autos es evidente que el amparista solicitó el desistimiento de la pretensión interpuesta antes de haber transcurrido el plazo indicado, pues la A-Quo se enteró de la muerte del demandante en el preciso momento que el Representante Legal de la parte demandada solicitaba el desistimiento de la pretensión interpuesta, aún y cuando la defunción se haya suscitado en fecha siete de agosto del año dos mil quince. Asimismo es de obligatorio cumplimiento lo establecido en el artículo 72 del Código Procesal Civil, en el sentido que el juez o tribunal suspenderá el proceso cuando se le haya comunicado la defunción de cualquier litigante, por quien deba sucederle; ello con el propósito de acreditar la defunción y el título sucesorio y demás trámites pertinentes a efecto de continuar con el proceso. CONSIDERANDO (10): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la sentencia emitida en fecha doce de abril del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues se trata de un asunto judicial puramente civil, relacionado con la sucesión por causa de muerte, de igual forma en el acto impugnado no se observan violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto puramente civil, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional, al invocar el amparista violación a garantías constitucionales, las que no advierte esta Sala de lo Constitucional, en el estudio de la resolución impugnada de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil quince. CONSIDERANDO (11): Que al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 7). En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de abril del presente año dos mil dieciséis, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Omar Peña Orellana. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 72, 73, 213 y 214.2 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de abril del presente año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Álvarez Sagastume.-NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos de diciembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Civil bajo el número SCO-368-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE UN ACTO PROCESAL. 1. La nulidad, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate. 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular…” (Lo resaltado es nuestro).