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Sentencia AC-366-23 — Registro 17590

Resumen

En Consulta las diligencias que Sobreseyeron la acción emitido por la Corte de Apelaciones con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional que en el artículo 46 numeral 9 dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 9 señala: “Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en su sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. En ese orden de ideas la Alzada en la resolución que resuelve la garantía de amparo, en su motivación establece en su numeral TERCERO: “Es así que este Tribunal ha vertido criterio respecto a la prejudicialidad penal en el presente caso, por no estar judicializado, además con la documentación aportada a su escrito la abogada UCLES MOLINA, no presentó el requerimiento fiscal junto con el número de expediente que se conoce en el Juzgado de Letras de lo Penal de este departamento, por lo que no fue admisible tal petición ya que solo se encuentra en la etapa de investigación ante la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción (FETCCOP), no ha nivel de instancia jurisdiccional que amerite la prejudicialidad penal. En consecuencia, en relación al artículo 46 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, este tribunal en del criterio que la acción de amparo interpuesta por la abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, tiene por objeto la dilación del proceso, siendo esta una causal de inadmisibilidad del amparo por lo que se deben sobreseer las diligencias. Artículo 49.1 del Código Procesal Civil.”. Revisados los antecedentes por esta Sala, consta en la pieza del antecedente (Tomo XII folio 1750 f y v) el pronunciamiento de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, que conoció en segunda instancia y que resuelve la petición relacionada a la prejudicialidad penal, denegando la misma con fundamento en el artículo 49 del Código Procesal Civil.- Analizada la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en el recurso de Amparo, esta Sala advierte que la misma se encuentra debidamente sustentada, respetando con ello el debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva, que arguye el impetrante como violentados; actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce la recurrente le han sido violados o amenazados a su representado, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias, el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que, al haberse detectado una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 9 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Siguatepeque, Municipio del Comayagua, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Sobreseyó la acción de Amparo interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintitrés (2023), con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL PHARMASULA S.A DE C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado REINALDO LEIVA SUAZO, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil PHARMASULA S.A DE C.V. promoviendo demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial contra EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. - (folio 1743 al 1744 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), RESOLVIO: PRIMERO: Se declara no ha lugar a la suspensión de las presentes diligencias, porque no se ha apreciado en la cuestión perjudicial planteada, hechos que sean de influencia decisiva para su suspensión, actualmente se está en la etapa investigativa que no ha concluido con un proceso penal incoado ante órgano jurisdiccional competente, como se explicó en los fundamentos de derecho.- SEGUNDO: Que la secretaría del despacho proceda aperturar un nuevo tomo de las presentes diligencias que iniciarían en el escrito en donde se pronunció el Ejecutado sobre la prejudicialidad, para un mejor manejo de las mismas, debido a su volumen. NOTIFIQUESE…”. (Folio 1746 al 1747 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 09 la pieza del juzgado). 4) Que luego de efectuado el trámite del recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, actuando a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- (Folio 36 al 37 de la pieza de Corte de Apelaciones). 5) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, contra la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado REINALDO LEIVA SUAZO, en representación legal de la Sociedad Mercantil PHARMASULA S. A. DE C. V., contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente en amparo ha expuesto en el libelo de la demanda promovida, que el acto contra el cual se reclama, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación contraria a la ley, en tanto contraría a un postulado que reconozca o garantice un derecho fundamental. Por otra parte, la garantía de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós, emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve la petición de suspensión del proceso por prejudicialidad penal en un proceso civil, presentada por la Abogada Iris Waldina Uclés Molina, en representación del Estado de Honduras, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado REINALDO LEIVA SUAZO, en representación legal de la Sociedad Mercantil PHARMASULA S. A. DE C. V., contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el acto con el cual, el recurrente considera violados o amenazados los derechos de tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso, los desarrolla señalando que a su representado se le han violentado los derechos señalados, pues con la resolución recurrida, el Ad-quem impide el pleno ejercicio de la tutela judicial efectiva a su representado, pues el argumento que no se ha apreciado cuestión de prejudicialidad, es contrario a derecho, pues lo procedente es que el Juzgado Civil debió suspender todas las acciones referentes al presente caso civil, hasta que la autoridad penal competente emitiera un fallo con respecto a los hechos delictivos investigados por la Fiscalía; argumenta que se vulnera el debido proceso, pues en el presente caso el objeto de investigación criminal, versa directamente en el título que sirve de sustento a la acción de ejecución extrajudicial, por lo que la presente causa tuvo que suspenderse, hasta tanto y en cuanto la autoridad jurisdiccional penal correspondiente se pronuncie con respecto a la acción referida, pues es relevante tener la certeza de que no existen hechos delictivos vinculados al supuesto título que ampara la demanda; por último sostiene el impetrante que se ha violentado el derecho de defensa, puesto que al poner en conocimiento del a-quo de la existencia de las investigaciones penales preparando la acusación contra las personas que participaron en el delito de Fraude, el juzgador de primera instancia, de manera antojadiza obvio la prejudicialidad anunciada y no suspendió las diligencias ejecutivas, en aras de trasgredir, mediante un proceso viciado, negando el accesos a un pleno ejercicio de su derecho de defender. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional que en el artículo 46 numeral 9 dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 9 señala: “Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en su sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. En ese orden de ideas la Alzada en la resolución que resuelve la garantía de amparo, en su motivación establece en su numeral TERCERO: “Es así que este Tribunal ha vertido criterio respecto a la prejudicialidad penal en el presente caso, por no estar judicializado, además con la documentación aportada a su escrito la abogada UCLES MOLINA, no presentó el requerimiento fiscal junto con el número de expediente que se conoce en el Juzgado de Letras de lo Penal de este departamento, por lo que no fue admisible tal petición ya que solo se encuentra en la etapa de investigación ante la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción (FETCCOP), no ha nivel de instancia jurisdiccional que amerite la prejudicialidad penal. En consecuencia, en relación al artículo 46 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, este tribunal en del criterio que la acción de amparo interpuesta por la abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, tiene por objeto la dilación del proceso, siendo esta una causal de inadmisibilidad del amparo por lo que se deben sobreseer las diligencias. Artículo 49.1 del Código Procesal Civil.”. Revisados los antecedentes por esta Sala, consta en la pieza del antecedente (Tomo XII folio 1750 f y v) el pronunciamiento de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, que conoció en segunda instancia y que resuelve la petición relacionada a la prejudicialidad penal, denegando la misma con fundamento en el artículo 49 del Código Procesal Civil.- Analizada la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en el recurso de Amparo, esta Sala advierte que la misma se encuentra debidamente sustentada, respetando con ello el debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva, que arguye el impetrante como violentados; actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce la recurrente le han sido violados o amenazados a su representado, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias, el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que, al haberse detectado una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 9 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - Redacto Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA.- NOTIFIQUESE. Sello y Firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0366-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL