Sentencia AC-33-23 — Registro 18039
Resumen
Resolución inadmitió de plano incidente de nulidad en Demanda de Ejecución Forzosa Provisional de Título Judicial con relación a demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por error registral promovida por demandantes contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad; El Juez de Instancia declaró con lugar dicha acción y condenó a la Demandada a pagar determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios, más el interés del 6% anual sobre la cantidad indicada en sentencia; La Autoridad recurrida declaró sin lugar recurso de apelación y Confirmó dicho fallo; Dicha Autoridad en base a la Dación de Cuenta rendida por la Secretaría del Tribunal, tuvo por precluído el plazo concedido para que las partes interpusieran recurso de casación contra la sentencia, dejando la Secretaría constancia por correo impreso de la notificación a la Procuradora Judicial Demandada y posteriormente hizo la observación de la notificación por vía teléfono celular
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la abogada LESBIA SUGER BANEGAS ROMERO, representante procesal del Estado de Honduras, asimismo, se comprobó que obra constancia (folio 118 segunda pieza) de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, extendida por la secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual hace constar que en dicha fecha procedió a notificar a la Abogada LESBIA SUJEY BANEGAS ROMERO, al correo lesbia.banegas@ip.gob.hn, la sentencia dictada por esa corte en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, dejando comprobante impreso el correo enviado (folio 119 segunda pieza). Posteriormente, y según consta a folio 123 de la segunda pieza, con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la secretaria de la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, hizo constar que en esa fecha notificó al número 33717988 a la abogada LESBIA SUGEY BANEGAS, el auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, haciendo la observación que notificó a la abogada Banegas vía teléfono celular ya que al intentar notificarla vía correo electrónico en dos ocasiones se produjo un error de comunicación, dejando comprobante en físico del reporte del error (folio 125 segunda pieza), de tal manera que no es hasta la notificación de este último auto, que se presentó inconveniente para notificar vía electrónica..."..."Si bien es cierto que el accionante al momento de introducir una pretensión de nulidad de actuaciones ante el tribunal de segunda instancia, arguyendo que la abogada LESBIA SUGER BANEGAS ROMERO dejó de prestar sus servicios profesionales en el Instituto de la Propiedad desde el quince de junio de dos mil veintidós, según acuerdo de cancelación que acompaña y posteriormente acompaña reportes técnicos que indican que ya tenía cancelado su correo electrónico institucional, igualmente cierto es que, el Código Procesal Civil, como norma secundaria que observa los principios del debido proceso, prevé mecanismos afines a las garantías constitucionales que precisamente velan porque las actuaciones de las partes no colisionen con el texto constitucional, así pues el supuesto de hecho que ha orillado al accionante a invocar la garantía de amparo que hoy nos ocupa, está justamente contemplado en el artículo 86 preámbulo y número 1) del Código Procesal Civil, cuando establece:...Este precepto contempla dos supuestos, el primero, la revocación expresa del poder, que es cuando la persona que otorgó el poder al abogado, se lo revoca por escrito ya sea por comparecencia ante el órgano jurisdiccional o por escritura pública, em ambos casos debe constar en el proceso, la revocación tácita por su parte queda consumada cuando se produce el personamiento de otro profesional del derecho que ha sido nombrado para la prosecución del caso. Como puede apreciarse, no estamos frente a ninguno de estos supuestos pues el hecho de que la abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, haya sido despedida como coordinadora de oficiales legales de la Unidad de Asesoría legal del Instituto de la Propiedad, no la aparta del conocimiento del caso, pues sus atribuciones judiciales no le fueron otorgadas por el acuerdo de nombramiento en el cargo administrativo sino por la delegación judicial del poder que hace el Procurador General de la República. Por lo tanto, pudo la abogada BANEGAS ROMERO, dejar de laborar para el Instituto de la Propiedad pero mientras no se le revocara el poder de representación por quien se lo otorgó ya sea en forma expresa o tácita, siguió ostentando la representación estatal hasta que el propio Procurador General de la República compareció ante la corte de apelaciones reasumiendo la representación del estado, produciéndose en ese momento precisamente la revocación tácita del poder, cuando ya había transcurrido el plazo para recurrir en casación, en consecuencia, no se observa que se haya violentado los derechos constitucionales que el accionante viene invocando, pues la falta de recurrencia dentro del plazo establecido por la ley, solo puede ser imputable al estado en este caso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesto por el Abogado Roberto Arnulfo Reyes Zavala, a favor del Estado de Honduras, contra la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título judicial promovida por los señores Oscar Danilo Sierra Discua, José Abraham Figueroa Rush, Carlos Francisco Velásquez Reina y Lilian Dolores Fiallos Martínez contra el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Jocelyn Paola Aguilar Oliva, en su condición de Representante Procesal de los señores Oscar Danilo Sierra Discua, José Abraham Figueroa Rush, Carlos Francisco Velásquez Reina y Lilian Dolores Fiallos Martínez, presentando “…EJECUCIÓN FORZOSA PROVISIONAL DE TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN SENTENCIA DEFINITVA…”, con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por error registral cometido por el Instituto de la Propiedad, en contra del Estado de Honduras por medio del Procurador General, en representación del Instituto de la Propiedad. (Folios 1-7 del antecedente)2)En fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DESESTIMAR el DEFECTO MATERIAL DE FALTA DE LEGITIMACION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS DEMANDANTES, planteada en el escrito de contestación de demanda por parte del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, en representación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, como parte demandada, por los argumentos esgrimidos en el fundamento de derecho decimo primero.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR demanda vía proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios por error registral cometido por el Instituto de la Propiedad, pago de valor por perdida absoluta e irrecuperable de un bien inmueble a título de daño más los perjuicios causados, lucro cesante y las garantías dejadas de percibir por la no realización de proyecto habitacional incluyendo además el pago de intereses legales hasta que la ejecución total de la sentencia, más intereses y costas, presentada por el Abogado IVAN ALFREDO VIGIL MOLINA, en su condición de representante procesal de los Señores OSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ REINA, y LILIAN DOLORES FIALLOS MARTINEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en representación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, de generales expresadas en el encabezamiento de esta Sentencia, por los argumentos de hecho y de derecho antes esgrimidos. TERCERO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en representación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a pagar a los Señores OSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ REINA, LILIAN DOLORES FIALLOS MARTINEZ, la cantidad reclamada de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L. 106,791,173.62), en concepto de daños y perjuicios, lucro cesante, más el interés del 6% anual sobre esa cantidad, calculados desde la presentación de la demanda hasta la fecha que sea pagada completamente la obligación. CUARTO: CON CONDENA EN COSTAS, a la parte demandada, por haberse acreditado que el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ha actuado con dolo en diversas actuaciones y por el error registral cometido, encontrándose argumentada en los fundamentos de derecho y en base al principio del vencimiento establecido en artículo 219 del Código Procesal Civil QUINTO Y MANDA: Que quede firme el presente fallo si dentro del plazo legal no se interpone recurso de apelación en su contra. NOTIFIQUESE.” (Folios 182-184 vuelto del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Inadmitir de plano el incidente de nulidad, presentado por el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de representante procesal de la parte apelante. SEGUNDO: Téngase por reasumida en esta instancia, la representación del abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, y por ende, representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en representación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, asimismo tener por delegada la procuración judicial con prohibición expresa para sustituirlo, en el abogado MIGUEL MAURICIO GUEVARA MUÑOZ, inscrito en el colegio de abogados de Honduras bajo el número 25235, con las facultades legales a él delegadas, con la dirección y medios técnicos señalados para recibir comunicaciones judiciales.- NOTIFIQUESE.". (Folios 47-48 del expediente del Ad-quem)4)En fecha diez de enero de dos mil veintitrés, el Abogado Roberto Arnulfo Reyes Zavala, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.5)Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 33 del recurso) 6)En fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, esta Representación Fiscal. aprecia que el Amparista aduce un estado de indefensión al solicitar la nulidad, y sabemos que la Indefensión acaece o se manifiesta cuando la persona se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental: estado de indefensión que se debe deducir, mediante el examen por el juez de la tutela y circunstancias que rodean el caso concreto. Situación que no se da en el caso subexamine.- De lo anterior, se advierte que la Resolución emitida por la Corte de Apelaciones y su correspondiente notificación, se llevó a cabo a través de la Dirección de Correo electrónico conocida por el Tribunal de Alzada, y siendo que hasta ese momento procesal dicha representante del Estado era la que se encontraba personada en la causa, sin existir sustitución del poder a ella conferido, la notificación de la sentencia surtió todos sus efectos. De lo anterior, queda claro que la solicitud de nulidad, presentada por una supuesta indefensión, ha sido por una falta atribuible al representante del Estado, y no por acciones cometidas por el Tribunal conocedor de la causa subjudice. En virtud de lo anterior, esta representación fiscal estima que en el caso de autos la resolución emitida por el Ad-Quem es razonable, congruente y justa, por lo que no se aprecia violación al Debido Proceso y Derecho de Defensa alegados por el recurrente. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina QUE NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (36-41 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, lo siguiente: Primer Motivo. Violación al Derecho de Tutela Judicial Efectiva consignado en el artículo 1 de la Constitución de la República. Expone que el estado garantiza el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, siguiendo los procedimientos legales debidamente aprobados por el legislador en las normas adjetivas, sometidas bajo la esfera de un juez para que conozcan de un asunto atendiendo su materia, cuantía y demás aspectos que definan esa competencia; es decir, que si bien el acceso a la justicia es universal, no quiere decir que quien peticiona un derecho para que sea declarado por el juez, lo podrá hacer prescindiendo de las normas procesales respectivas, por consiguiente, el debido proceso forma parte integrante de la garantía del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva, por lo que si ese debido proceso se vulnera, automáticamente se vulneran las garantías de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva. En un segundo motivo, invoca la violación a la garantía constitucional del debido proceso consignada en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionándolo con el principio de legalidad comprendido en el artículo 7 del Código Procesal Civil. Afirma que en el caso que nos ocupa este derecho fundamental se ha visto disminuido y transgredido a su representado con el auto de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, explicando que el debido proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para evitar que se susciten actos u omisiones contrarias a derecho de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas y en el caso que nos ocupa esto no ha sucedido, pues tal como se expuso anteriormente el a quo con el auto recurrido ha obviado las normas aplicables al caso concreto, pues no ha desarrollado el proceso de conformidad a lo dispuesto en nuestra normativa civil, vulnerando el principio de legalidad y por ende el derecho al debido proceso. En un tercer motivo, el accionante alega Violación al Derecho a la defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la Republica, sosteniendo que, el ejercicio del derecho a la defensa está íntimamente vinculado al derecho de igualdad de partes, al principio de aportación de parte y al de congruencia. En el presente caso ha sido violentado esta garantía constitucional desde el momento en que, la Abogada lesbia Sugey Banegas Romero dejó de prestar sus servicios profesionales en el Instituto de la Propiedad desde la fecha quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) según acuerdo de cancelación Ni SE- IP-151-2022 por lo que se procedió a dar de baja a los accesos a sistemas, correos, plataformas, tarjetas de acceso, estacionamientos, entre otros; en cumplimiento al memorandum SE-IP-245-05-2022 de fecha 11 de mayo de 2022 emitido por el secretario Ejecutivo Darío Josué García Villalta; se procedió DESHABILITAR EL CORREO ELCTRÓNICO DE LA Abogada lesbia Sugey Banegas Romero: lesbia banegas @ip.gob.hn, tal como consta en el informe de bajas correspondientes al mes de junio de 2022, emitida por el departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad. Que en fecha veintidós (22) de julio de 2022, la Honorable Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán emitió fallo que dice: "Primero: Declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Lesbia Sugey Banegas Romero, en su condición de representante legal del ESTADO DE HONDURAS, representando al Instituto de la Propiedad Segundo: Se CONFIRMA la Sentencia de fecha catorce (14) de enero de 2022, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.-Tercero: SIN COSTAS en esta instancia, por lo que en fecha 13 de octubre de 2022 se emitió Dación de Cuenta, donde la infrascrita Secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán hace constar: "...que el plazo de veinte (20) días concedidos a las partes, para interponer el recurso de casación ante esta instancia según consta en la notificación, agregada al folio número ciento dieciocho (118) de esta pieza de autos comenzó dicho plazo en fecha dos (2) de septiembre de dos mil veintidós (2022) finalizando el treinta (30) del mismo mes y año, no habiendo hecho uso del plazo concedido." En esa misma fecha la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán declara: "...precluido el plazo concedido a las partes para interponer recurso de casación ante esta instancia contra la sentencia y voto particular ambos de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) emitidos por esta Corte en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de letras Civil del Departamento de Francisco Morazán el catorce (14) de enero de 2022, en consecuencia, que la Secretaría de este tribunal devuelva los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. Artículos 126.2 del Código Civil. Notifíquese." por lo que mi representado quedó en estado de indefensión al precluirse el plazo para interponer el Recurso de Casación respectivo, declarando firme la sentencia de la Corte de Apelaciones sin haber sido notificado correctamente del auto de mérito.CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la abogada LESBIA SUGER BANEGAS ROMERO, representante procesal del Estado de Honduras, asimismo, se comprobó que obra constancia (folio 118 segunda pieza) de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, extendida por la secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual hace constar que en dicha fecha procedió a notificar a la Abogada LESBIA SUJEY BANEGAS ROMERO, al correo lesbia.banegas@ip.gob.hn, la sentencia dictada por esa corte en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, dejando comprobante impreso el correo enviado (folio 119 segunda pieza). Posteriormente, y según consta a folio 123 de la segunda pieza, con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la secretaria de la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, hizo constar que en esa fecha notificó al número 33717988 a la abogada LESBIA SUGEY BANEGAS, el auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, haciendo la observación que notificó a la abogada Banegas vía teléfono celular ya que al intentar notificarla vía correo electrónico en dos ocasiones se produjo un error de comunicación, dejando comprobante en físico del reporte del error (folio 125 segunda pieza), de tal manera que no es hasta la notificación de este último auto, que se presentó inconveniente para notificar vía electrónica.CONSIDERANDO (6): Si bien es cierto que el accionante al momento de introducir una pretensión de nulidad de actuaciones ante el tribunal de segunda instancia, arguyendo que la abogada LESBIA SUGER BANEGAS ROMERO dejó de prestar sus servicios profesionales en el Instituto de la Propiedad desde el quince de junio de dos mil veintidós, según acuerdo de cancelación que acompaña y posteriormente acompaña reportes técnicos que indican que ya tenía cancelado su correo electrónico institucional, igualmente cierto es que, el Código Procesal Civil, como norma secundaria que observa los principios del debido proceso, prevé mecanismos afines a las garantías constitucionales que precisamente velan porque las actuaciones de las partes no colisionen con el texto constitucional, así pues el supuesto de hecho que ha orillado al accionante a invocar la garantía de amparo que hoy nos ocupa, está justamente contemplado en el artículo 86 preámbulo y número 1) del Código Procesal Civil, cuando establece: “CESE DE LA REPRESENTACIÓN. Cesará el profesional del derecho en su representación: 1. Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en el proceso. Se entiende revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro profesional del derecho que se haya personado en el proceso.” Este precepto contempla dos supuestos, el primero, la revocación expresa del poder, que es cuando la persona que otorgó el poder al abogado, se lo revoca por escrito ya sea por comparecencia ante el órgano jurisdiccional o por escritura pública, em ambos casos debe constar en el proceso, la revocación tácita por su parte queda consumada cuando se produce el personamiento de otro profesional del derecho que ha sido nombrado para la prosecución del caso. Como puede apreciarse, no estamos frente a ninguno de estos supuestos pues el hecho de que la abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, haya sido despedida como coordinadora de oficiales legales de la Unidad de Asesoría legal del Instituto de la Propiedad, no la aparta del conocimiento del caso, pues sus atribuciones judiciales no le fueron otorgadas por el acuerdo de nombramiento en el cargo administrativo sino por la delegación judicial del poder que hace el Procurador General de la República. Por lo tanto, pudo la abogada BANEGAS ROMERO, dejar de laborar para el Instituto de la Propiedad pero mientras no se le revocara el poder de representación por quien se lo otorgó ya sea en forma expresa o tácita, siguió ostentando la representación estatal hasta que el propio Procurador General de la República compareció ante la corte de apelaciones reasumiendo la representación del estado, produciéndose en ese momento precisamente la revocación tácita del poder, cuando ya había transcurrido el plazo para recurrir en casación, en consecuencia, no se observa que se haya violentado los derechos constitucionales que el accionante viene invocando, pues la falta de recurrencia dentro del plazo establecido por la ley, solo puede ser imputable al estado en este caso. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Roberto Arnulfo Reyes Zavala, a favor del Estado de Honduras, contra la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título judicial promovida por los señores Oscar Danilo Sierra Discua, José Abraham Figueroa Rush, Carlos Francisco Velásquez Reina y Lilian Dolores Fiallos Martínez contra el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0033-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL