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Sentencia AC-242-22 — Registro 18921

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Ejecutada, en relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, Estima el recurrente que el acto reclamado viola los derechos y garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso en atención a jurisprudencia emanada por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, relacionada con los derechos a la defensa, debido proceso y el principio constitucional de legalidad; para reiterar que la resolución de condena del Título de Ejecución vulnera descaradamente el Principio Constitucional de Legalidad y es criterio de esta Sala que este principio obliga a los jueces a emitir <>. Que como se explicó en el escrito de formalización del amparo, dicha condena nace de una errónea interpretación de lo que regula el artículo 854 del Código Procesal Civil, lo que conlleva una violación al Principio de Legalidad. La subasta de bienes inmuebles que dio origen al popularmente llamado remanente, se llevó a cabo con la presencia única de Banco Atlántida, S.A., quien haciendo uso de crédito hizo postura hábil por los mismos, habiéndoseles adjudicado por tanto por el valor total por el que fueron rematados. Que el artículo 849 del Código Procesal, establece claramente que el ejecutante podrá tomar parte en la subasta hasta el límite de su crédito sin necesidad de consignar la cantidad que ordena el artículo 848 del mismo Código Procesal Civil. Al respecto existen sendos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia que ya se explicaron en el escrito de formalización del presente recurso de Amparo, criterios que se encuentran contenidos en las mismas sentencias que de manera ilegal fueron inadmitidas como medios de prueba.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso en atención a jurisprudencia emanada por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, relacionada con los derechos a la defensa, debido proceso y el principio constitucional de legalidad; para reiterar que la resolución de condena del Título de Ejecución vulnera descaradamente el Principio Constitucional de Legalidad y es criterio de esta Sala que este principio obliga a los jueces a emitir <>. Que como se explicó en el escrito de formalización del amparo, dicha condena nace de una errónea interpretación de lo que regula el artículo 854 del Código Procesal Civil, lo que conlleva una violación al Principio de Legalidad. La subasta de bienes inmuebles que dio origen al popularmente llamado remanente, se llevó a cabo con la presencia única de Banco Atlántida, S.A., quien haciendo uso de crédito hizo postura hábil por los mismos, habiéndoseles adjudicado por tanto por el valor total por el que fueron rematados. Que el artículo 849 del Código Procesal, establece claramente que el ejecutante podrá tomar parte en la subasta hasta el límite de su crédito sin necesidad de consignar la cantidad que ordena el artículo 848 del mismo Código Procesal Civil. Al respecto existen sendos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia que ya se explicaron en el escrito de formalización del presente recurso de Amparo, criterios que se encuentran contenidos en las mismas sentencias que de manera ilegal fueron inadmitidas como medios de prueba.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Ejecutada, contra las resoluciones de fechas cuatro (4) y diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; en relación a la demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por el Abogado José Antonio Martínez Laínez, en su condición de Representante procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, contra la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A. Estima el recurrente que el acto reclamado viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de nuestra Carta Magna. ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, presentando solicitud para la Ejecución Forzosa de un Título Judicial, contra la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., la que se deriva de una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha 25 de septiembre de 2017, en la cual se condenó a la Parte Ejecutante Banco Atlántida, S.A., a pagar a la señora Alejandra Lagos Suazo, la cantidad de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.6,332,210.50), más gastos intereses y costas de ejecución, dado que el ejecutado no ha hecho aun efectivo el pago de dicha obligación. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo).2)Que en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de representante Procesal de la sociedad Banco Atlántida, S.A., solicitando “LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN SUPUESTO REQUERIMIENTO DE PAGO, INCLUSIVE HASTA EL AUTO DE ADMISIÓN DE ORDENA EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN”; en la misma fecha el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, presentó ante el referido Juzgado “OPOSICIÓN A UNA EJECUCIÓN ILEGAL E INFUNDADA, VIOLATORIA AL DEBIDO PROCESO…” (Folios del 23-26 y 39-46 de la pieza de antecedentes del A-quo)3)Que seguido que fue el trámite, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua celebró AUDIENCIA DE NULIDAD DE LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN FORZOSA DE UN TÍTULO JUDICIAL, en la cual resolvió: (Sic) “…después de analizar los medios de prueba parte ejecutada, tomando en consideración que el proceso civil está dividido en fases que debe desarrollarse en forma ordenada que obliga al Juez a ocervación de los principios que orientan el derecho abjetivo de bien esta Juez acatar lo perpetuado en el criterio de preclusión al no aprovechar la oportunidad que otorga la ley a las partes se tiene por vencido el plazo siendo este un principio especial en forma del sistema de nulidad procesal procediendo de la tutela del debido proceso estima esta Juez que por el derecho de defensa que consagra nuestra constitución de la república es procedente no admitir no admitir los medios de pruebas documentales que pretende aportar en este acto la parte ejecutante mismo que debiera ser apodo asimismo en virtud a lo establecido 236 del cpc, estima esta Juez que estos medios de prueba no contribuyen a esclarecer los hechos establecidos por lo que no son admitidos en el proceso tomando en consideración de economía procesal los medios de prueba que se deben aportar en caminados que son falta del carácter de representación ejecución y la falta del título que fueron los motivos de opción que fueron los que adjuntó la asentida el accidente que nos ocupa, por lo que considera que estos medios de prueba no son nuestras este órgano adamite extendía por la sala condicional suprema de justicia de fecha 31/octubre/2018 el título de ejecución que proviene de corte de Comayagua…” (Folios 156-157 de la pieza de antecedentes del A-quo).4)En fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución sobre la Oposición planteada a la Ejecución de Título Judicial promovida por la parte Ejecutada, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Desestimar la Oposición a la Ejecución de Título Judicial presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ en contra de la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial promovida por la Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ Representante Procesal de la señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO, SEGUNDO: ORDENA: Seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre bienes de la ejecutada hasta que se satisfaga las pretensiones del ejecutante. Art. 743. CPC CONDENA en costas al ejecutado art. 219, 796, CPC.- Puede interponerse el recurso de apelación que no suspende la actuación ejecutiva.- Art.797 CPC…” (Folios 161-162fv de la pieza de antecedentes del A-quo).5)Que en fecha seis de febrero del año dos mil veinte, el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., no estando conforme con las resoluciones de fechas cuatro y diez de diciembre del año dos mil diecinueve, que se dejan relacionadas en los numerales que anteceden, interpuso recurso de apelación. (Folios del 343-351 de la pieza de antecedentes del A-quo).6)Que en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, resolviendo sobre el recurso de apelación promovido por la Parte Ejecutada, dictó resolución, mediante la cual FALLÓ: (Sic) “1) DECLARANDO SIN LUGAR la Apelación interpuesta por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de Apoderado del BANCO ATLANTIDA S.A., contra las resoluciones de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (folios 156 Y 157) y sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve (Folios 161-162 de los antecedentes). Y en virtud de la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, declara inadmisible prueba documental en audiencia del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y en fallo de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dicha Judicatura DESESTIMA LA OPOSICION a la ejecución de título judicial, presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de Apoderado del BANCO ATLANTIDA S.A. en contra de SOLICITUD O DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO JUDICIAL promovida por el Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ, representante procesal de la ejecutante señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO. 2) CONFIRMA en todas sus partes, la resolución y sentencia definitiva relacionada y descritos en el numeral primero de esta parte dispositiva…” (folios del 11-13fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 7)Que el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que se deja relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de nuestra Carta Magna. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha trece de marzo del año dos mil veintitrés. (Folios del 1-7 y 101 de los autos).8)Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, a través de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque: (Sic) “SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios del 104-109 de los autos).CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. En la formalización de la presente acción constitucional, el recurrente argumenta que a su representada se le ha violentado el debido proceso, al inadmitirle prueba por considerarla de manera errada como “prueba prohibida” y, por otro lado, se le está ordenando que realice un pago indebido. Sostiene al garantista que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, inadmitió a trámite dicha prueba por considerar que los mismos no esclarecen los hechos establecidos y por ser prueba prohibida por su obtención. Premisa que confirma la Corte de Apelaciones en su sentencia del 2 de diciembre de 2021 en el numeral segundo. Dice el recurrente que las sentencias de Amparo que propuso como prueba y que le fueron inadmitidas, fueron acreditadas oportunamente en el proceso y se pidió que se tuvieran como medios de prueba. Sigue exponiendo el peticionario de Amparo que es evidente que el Abogado de la Parte Ejecutante tenia conocimiento de las certificaciones y por ende no se ha causado indefensión de ningún tipo, pues se ha pronunciado sobre las mismas en el término de ley. En tal sentido el A-quo inadmitió las certificaciones presentadas por suponerlas que son prueba prohibida por su obtención, también que las mismas no esclarecen los hechos establecidos en el proceso y que las mismas fueron presentadas de manera extemporánea. Dice el recurrente que de lo anterior se puede apreciar que ha existido una efectiva violación al debido proceso por atribuirle una condición de prueba prohibida a documentos que se encuentran a disposición de la población en general y considerar como proposición extemporánea documentos que se aportaron en tiempo y forma. En relación al pago de una cantidad no debida, dice el recurrente que el título de ejecución que ha presentado la señora Alejandra Suazo Lagos que consiste en una sentencia de fecha 25 de septiembre de 2017 dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, hace una aplicación errónea del artículo 854 del Código Procesal Civil, el cual se refiere a la “Distribución y Pago de la Suma Debida”, que aplica únicamente cuando se obtienen cantidades a favor de los ejecutantes y de existir algún resto (remanente) como se procede a su pago. Como argumento fundamental el peticionario de Amparo dice que al Banco Atlántida S.A. se le adjudicaron los inmuebles objetos de ejecución por el valor total de su crédito, al amparo de los artículos 849 numeral 2 y 853 ambos del Código Procesal Civil, por lo que no hubo erogación de dinero alguno, por ende, no existe remanente o sobrante de dinero que fuera objeto de la distribución que habla el artículo 854 de la misma normativa procesal; en consecuencia, realizar el pago de un remanente que no existe es violatorio de todo derecho.CONSIDERANDO (3): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del recurrente en Amparo. La Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, al emitir su dictamen fue de la opinión que SE DENIEGUE la Acción de Amparo. La Fiscal del Despacho argumenta lo siguiente: “Conforme lo anterior, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que la Alzada en su motivación explica que los medios de prueba documentales propuestos por el recurrente en segunda instancia son inadmisibles, por considerar que las sentencias resultan impertinentes o improcedentes pues son fallos judiciales que no guardan relación con el objeto del proceso, por lo que su inadmisibilidad se justifica por ser una prueba documental inútil e incapaz de esclarecer la controversia derivada de la actitud opositora de la institución bancaria ejecutada. Por otra parte, con relación a los motivos de oposición formulados por el recurrente a la ejecución del tirulo extrajudicial contenidos en los artículos 763 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil, referente a la falta de carácter, representación o legitimación del ejecutante o ejecutado y falta de requisitos legales en el título, no son acordes con el sentido e interpretación que pretende el recurrente, pues está acreditado en autos la legitimación y la personalidad de la ejecutante ALEJANDRA LAGOS SUAZO a cuyo favor es el título judicial relacionado, el cual reúne los requisitos que fundamentan la ejecución forzosa, pues de trata de una sentencia firme de fecha 25 de septiembre del 2017, que condena al ejecutante BANCO ATLANTIDA, a pagar a la ejecutada la cantidad de seis millones trescientos treinta y dos mil doscientos diez lempiras, con cincuenta centavos (L.6,332,210.50), más intereses, gastos y costas de ejecución, es un título judicial ejecutable, en tanto que el Banco Atlántida en su condición de ejecutado no ha podido menoscabar el carácter de título judicial cuya ejecución forzosa reclama la ejecutante señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO.CONSIDERANDO (4): Resumen de la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, objeto de la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal Ad-quem mediante Resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por unanimidad de votos resuelve: (Sic) “1) DECLARANDO SIN LUGAR la Apelación interpuesta por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de Apoderado del BANCO ATLANTIDA S.A., contra las resoluciones de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (folios 156 Y 157) y sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve (Folios 161-162 de los antecedentes). Y en virtud de la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, declara inadmisible prueba documental en audiencia del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y en fallo de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dicha Judicatura DESESTIMA LA OPOSICION a la ejecución de título judicial, presentada por el Abogado LUIS MARIO HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de Apoderado del BANCO ATLANTIDA S.A. en contra de SOLICITUD O DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO JUDICIAL promovida por el Abogado JOSE ANTONIO MARTINEZ LAINEZ, representante procesal de la ejecutante señora ALEJANDRA LAGOS SUAZO. 2) CONFIRMA en todas sus partes, la resolución y sentencia definitiva relacionada y descritos en el numeral primero de esta parte dispositiva…” El Tribunal recurrido motiva inter alia lo siguiente: “SEGUNDO: Que es visto, que las resoluciones censuradas (4 de diciembre y sentencia de 10 de diciembre de 2019), se generaron en la tramitación de oposición de ejecución forzosa de un título calificado como tal por el artículo 751 del Código Procesal Civil, que determina la naturaleza de título judicial a las sentencias judiciales firmes de condena, como ha acontecido con la sentencia dictada por esta Alzada el 25 de septiembre de 2017 (folio 4-12), que notoriamente condena y ordena al ejecutante BANCO ATLANTIDA en subasta, a quien se le adjudico el bien inmueble, a pagar a la ejecutada ALEJANDRA LAGOS SUAZO, la cantidad de SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 6,332,210.50), por los conceptos y argumentos fácticos y jurídicos que en dicha sentencia firme se ilustran, fallo de inobjetable carácter de título de ejecución, a raíz de lo cual, el ejecutado BANCO ATLANTIDA S.A., frente a ese título judicial, ha desplegado con incólume garantía del debido proceso y defensa, todas las alegaciones de nulidad, recursos ordinarios y acción de amparo autónoma, no pudiendo menoscabar el carácter de título judicial cuya ejecución forzosa reclama la ejecutante ALEJANDRA LAGOS SUAZO. En ese línea procesal BANCO ATLANTIDA S.A., presento formal oposición a la ejecución forzosa del supra titulo judicial (Sentencia firme dictada por esta Corte el 25 de Septiembre de 2017), cosa juzgada formal y material que constituye plenamente un título judicial, cuya ejecución forzosa, fue peticionada por la ejecutante ALEJANDRA LAGOS SUAZO, el trece de Octubre de dos mil diecisiete. El BANCO ATLANTIDA S.A. invocó los motivos de oposición preceptuados en el articulo 763 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil, de falta de legitimación del ejecutante y como segundo motivo de oposición la falta de requisitos legales en el título. Motivos de oposición que fueron debatidos en la audiencia de rigor, tenor del artículo 421 del Código Procesal Civil, correlato con el artículo 764 de la misma Ley civil adjetiva. De previo esta Corte estima y considera inadmisible la prueba documental cuya práctica se ha solicitado en esta segunda instancia, contentivas de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y otras documentales, mismas que el censor, alega fueron inadmitidas indebidamente, por lo que el A-Quo en audiencia del cuatro y cinco de diciembre de dos mil diecinueve conoció de reposición, recurso ordinario declarado sin lugar y replanteado ante esta Corte. Esas pruebas documentales asume esta Azada, en aplicación del artículo 420 del Código Procesal Civil, debieron ser acompañadas en el escrito de oposición, con todo, estima que las referidas pruebas documentales que contienen fallos judiciales, son impertinentes o improcedentes, pues evidentemente no guarda relación con el objeto del proceso, en el caso específico, con los motivos de oposición formulados por el ejecutado BANCO ATLANTIDA S.A., por manera que su inadmisibilidad se justifica por ser una prueba documental inútil e incapaz de esclarecer la controversia derivadas de la actitud opositora de la institución bancaria ejecutada (articulo 236 del CPC)…” CONSIDERANDO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por el recurrente en Amparo. Para Giuseppe Chiovenda el título ejecutivo es el presupuesto o condición general de cualquiera ejecución y, por tanto, de la ejecución forzosa; Nulla executio sine título. Consta necesariamente (ad solemnitatem) en un documento escrito, del que resulte una voluntad concreta de ley que garantice un bien. Normalmente es una resolución jurisdiccional dirigida precisamente a declarar esa voluntad, como se ha visto hasta aquí. De manera excepcional es un acto administrativo o un contrato, pero tan claro y simple que se puede deducir de él la voluntad concreta de la ley, aunque no esté declarada, como la orden administrativa de pagar un impuesto (lista o matriz), o un acto contractual otorgado ante notario, o la letra de cambio. En todo título ejecutivo es necesario, pues, tener presente y diferenciado un doble significado y elemento, sustancial y formal. a) El título en sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de ley; y b) El título en sentido formal es el documento que contiene el acto. El autor señala que el título ejecutivo representa y tiene implícita la acción ejecutiva que está íntimamente ligada al título ejecutivo y al documento que la consagra, la posesión del documento es condición necesaria tanto para pedir actos ejecutivos como para llevarlos a cabo; y, por otra parte, la posesión del título ejecutivo es condición suficiente para que el acreedor obtenga el acto ejecutivo, sin que él deba probar también el derecho a la prestación.CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Ejecutada -Banco Atlántida S.A.- contra las resoluciones de fecha cuatro y diez de diciembre del año dos mil diecinueve; la primera que declara inadmisible prueba documental aportada en Audiencia de Oposición y la segunda que Desestima la Oposición a la ejecución de título judicial. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión adoptada por unanimidad de votos del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, supra referida, vulnera en perjuicio del recurrente los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los argumentos expuestos en la formalización de la acción de Amparo promovida. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales.CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. Es así que podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”. Es por ello que esta Sala afirma que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en Amparo enuncia como presupuesto fundamental de vulneración al debido proceso, el que se le haya inadmitido prueba en audiencia de Oposición por considerarla de manera errada el A-quo como “prueba prohibida” y el que se le esté ordenando que realice un pago, el cual a su criterio es indebido. Sostiene el peticionario que el título de ejecución que ha presentado la señora Alejandra Suazo Lagos que consiste en una sentencia de fecha 25 de septiembre de 2017 dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, hace una aplicación errónea del artículo 854 del Código Procesal Civil, el cual se refiere a la “Distribución y Pago de la Suma Debida”, continua exponiendo que al Banco Atlántida S.A. se le adjudicaron los inmuebles objetos de ejecución por el valor total de su crédito, al amparo de los artículos 849 numeral 2 y 853 ambos del Código Procesal Civil, en consecuencia, realizar el pago de un remanente que no existe es violatorio de todo derecho. CONSIDERANDO (10): De la motivación externada en la resolución recurrida en Amparo, la Alzada expresa que el Banco Atlántida, S.A. invocó los motivos de oposición preceptuados en el artículo 763 numerales 2 y 3 del CPC a saber: “OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN. MOTIVOS. Si el ejecutado compareciere en los tres (3) días siguientes a la notificación del mandamiento de ejecución podrá formular, mediante escrito, oposición a la ejecución alegando alguno de los siguientes motivos: 1… 2. Falta de carácter, representación o legitimación del ejecutante o del ejecutado. 3. Falta de requisitos legales en el título…”. En atención a la inadmisión de prueba en la Audiencia de Oposición, la Corte argumenta que la prueba documental en aplicación del artículo 420 del CPC, debió ser acompañada en el escrito de oposición, aunado a ello se estima que las referidas pruebas documentales que contienen fallos judiciales son impertinentes o improcedentes, pues no guarda relación con el objeto del proceso, en el caso específico, con los motivos de oposición formulados por el ejecutado. Para mayor ilustración el artículo 764 del CPC dispone: “SUSTANCIACIÓN DE LA OPOSICIÓN. AUDIENCIA. La oposición se sustanciará, sin suspensión de las actuaciones de acuerdo a lo previsto en los incidentes presentados por escrito”. Concatenado con ello, el artículo 420 numeral 1 de la misma normativa establece: “PROMOCIÓN DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL. RÉGIMEN DE ADMISIÓN. 1. Toda cuestión incidental se promoverá mediante escrito, fundado de forma clara y concreta tanto fáctica como jurídicamente, al que se acompañarán los documentos oportunos y en el que se propondrán las pruebas que se estimen necesarias”. En cuanto a la falta requisitos legales en el título, el Tribunal recurrido argumenta que se trata de un título calificado como tal por el artículo 751 del CPC, que determina la naturaleza de título judicial a las sentencias judiciales firmas de condena, como acontece con la sentencia dictada en fecha 25 de septiembre del año 2017 por ese mismo Tribunal Ad-quem. El precepto al que alude la Corte recurrida señala: “TÍTULOS DE EJECUCIÓN. Son títulos de ejecución: 1. Las sentencias judiciales firmes de condena…” En ese orden de ideas esta Sala advierte que la Genesis en la interposición del recurso de Amparo, radica en el que se haya declarado sin lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Ejecutada contra la decisión adoptada en Audiencia de Oposición, que inadmite prueba documental y desestima la oposición a la ejecución de título judicial presentada. CONSIDERANDO (11): Que el argumento fundamental del peticionario de Amparo estriba en atención a que el título de ejecución que ha presentado la señora Alejandra Suazo Lagos que consiste en una sentencia de fecha 25 de septiembre de 2017 dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, hace una aplicación errónea del artículo 854 del Código Procesal Civil; en este orden de ideas, los argumentos del recurrente a efecto de relacionar la vulneración a los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, no se enfoca en lo resuelto por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en su resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, ello es así porque la resolución dictada por el Ad-quem resuelve lo atinente a la decisión adoptada por el A-quo en fechas cuatro y diez de diciembre del año dos mil diecinueve; resoluciones que versan sobre la inadmisión de prueba documental aportada por la Parte Ejecutada en audiencia de Oposición y la Desestimación de la Oposición a la Ejecución del Título Judicial. Los argumentos del garantista se centran en cuanto a la aplicación errónea del artículo 854 del CPC, en la sentencia que la ejecutante presenta como título ejecutivo y las decisiones adoptadas por el A-quo, olvidando el peticionario de amparo centrar sus exposiciones en la forma que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno vulnera los derechos constitucionales por él invocados. Aunado a ello no confronta lo relativo a si la sentencia que sirve como título de ejecución a la ejecutante es o no una sentencia firme, como lo dispone el numeral 1 del artículo 751 del CPC. CONSIDERANDO (12): Como bien motiva la Corte de Apelaciones recurrida en su resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), la legitimidad del título judicial, la sentencia de fecha 25 de septiembre del año 2017, es de carácter firme; y así lo entiende este Alto Tribunal, en cuanto el recurrente no se ha pronunciado sobre tal circunstancia, asimismo no se duda de la legitimación que le asiste a la ejecutante señora Alejandra Lagos Suazo, en tanto al derecho de ejecución forzosa con un título judicial a su favor, el cual no ofrece reserva, en atención a que el ejecutado ha ejercido su derecho a la observancia de un debido proceso en el desarrollo del proceso y ello se observa de la foliada de las actuaciones realizadas, que conllevan el ser oído en sus peticiones, la interposición de los recursos ordinarios desplegados a lo largo del proceso y las respuestas obtenidas y dictadas por los órganos jurisdiccionales de instancia. Giuseppe Chiovenda sostiene que se llama ejecución forzosa procesal la actuación práctica, por parte de los órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un bien de la vida y que resulta de una declaración; y proceso de ejecución forzosa, el conjunto de actos coordinados para este fin. Dicha ejecución entra, sobre todo, en el concepto general de hacer efectiva una voluntad, y especialmente la de la ley. En las actuaciones realizadas en el caso sub júdice, se observa que los órganos jurisdiccionales de instancia han realizado las actuaciones tendentes a darle trámite a la petición de la ejecutante, asimismo se ha respeto a la parte ejecutada su derecho a pronunciarse sobre las actuaciones desarrolladas en las diferentes instancias judiciales, haciendo prevalecer con ello el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, este último referido a que: todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. CONSIDERANDO (13): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que del estudio de la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional no advierte vulneración a los derechos y garantías contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y que son invocados por el recurrente, ello es así porque la Resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado de Banco Atlántida, S.A., bajo el argumento que las pruebas debieron ser aportadas en aplicación u observancia de lo dispuesto en el artículo 420 del CPC, supra referido, ello es acompañarlas en el escrito de Oposición presentado; no obstante a ello, el Tribunal recurrido estima que las referidas pruebas documentales que contienen fallos judiciales, son impertinentes o improcedentes, pues no guardan relación con el objeto del proceso, referidos en el caso específico, con los motivos de oposición enunciados por el ejecutado. Asimismo, el título de ejecución no ofrece reserva alguna, pues el mismo emana de un órgano jurisdiccional, visualizándose en él claramente identificables al ejecutante y ejecutado. Decisión procedente de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, que se encuentra dictada conforme a derecho, en aplicación de la ley al caso en concreto, con observancia del principio de legalidad. Reiterando este Alto Tribunal que conforme al principio de legalidad es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. CONSIDERANDO (14): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han oído las pretensiones expuestas por el recurrente, en atención al motivo por el cual estima no procede la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 25 de septiembre del año 2017, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en el supuesto que dicha sentencia que se invoca como título judicial, hace una aplicación errónea del artículo 854 del Código Procesal Civil. Del estudio de las diligencias no advierte este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, vulneración a los derechos invocados por el garantista, toda vez que la decisión adoptada se encuentra conforme a los límites impuestos por la observancia del principio de legalidad, en tanto la autoridad debe atenerse estrictamente a lo dispuesto por la ley, en consideración asimismo a que la garantía de Amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, situación que no ha ocurrido en el caso sub júdice. Que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se encuentra conforme a derecho, al declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Ejecutada, en atención a que la prueba documental aportada e inadmitida, inter alia, es impertinente o improcedente, al no guardar relación con el objeto del proceso, en atención a los motivos de oposición formulados por la Parte Ejecutada; asimismo no se duda de la legitimación que le asiste a la ejecutante señora Alejandra Lagos Suazo. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 420, 753, 763.2.3 y 764 del Código Procesal Civil; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra la resolución de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÌQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de febrero de dos mil veinticinco.VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JESÚS ROBERTO VALDEZ GONZÁLEZ, en su condición de Representante Procesal de BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, seis (6) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por el Abogado LUIS MARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a favor de BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que confirma la resolución y sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fechas cuatro (4) y diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandada y Ejecutado BANCO ATLÁNTIDA S.A.CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso en atención a jurisprudencia emanada por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, relacionada con los derechos a la defensa, debido proceso y el principio constitucional de legalidad; para reiterar que la resolución de condena del Título de Ejecución vulnera descaradamente el Principio Constitucional de Legalidad y es criterio de esta Sala que este principio obliga a los jueces a emitir <>. Que como se explicó en el escrito de formalización del amparo, dicha condena nace de una errónea interpretación de lo que regula el artículo 854 del Código Procesal Civil, lo que conlleva una violación al Principio de Legalidad. La subasta de bienes inmuebles que dio origen al popularmente llamado remanente, se llevo a cabo con la presencia única de Banco Atlántida, S.A., quien haciendo uso de crédito hizo postura hábil por los mismos, habiéndoseles adjudicado por tanto por el valor total por el que fueron rematados. Que el artículo 849 del Código Procesal, establece claramente que el ejecutante podrá tomar parte en la subasta hasta el límite de su crédito sin necesidad de consignar la cantidad que ordena el artículo 848 del mismo Código Procesal Civil. Al respecto existen sendos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia que ya se explicaron en el escrito de formalización del presente recurso de Amparo, criterios que se encuentran contenidos en las mismas sentencias que de manera ilegal fueron inadmitidas como medios de prueba.CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.CONSIDERANDO (5): Que se muestra imperativo reiterar que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha seis de mayo del año dos mil veinticuatro, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; el recurrente arguye que la resolución de condena del Título de Ejecución nace de una errónea interpretación de lo que regula el artículo 854 del Código Procesal Civil, lo que conlleva una violación al Principio de Legalidad. Que al respecto existen sendos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia que ya se explicaron en el escrito de formalización del presente recurso de Amparo, criterios que se encuentran contenidos en las mismas sentencias que de manera ilegal fueron inadmitidas como medios de prueba; ante tal argumento, lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 11, 12 y 13, que el recurso de Amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable vulnera garantías o derechos fundamentales y en el caso en estudio la Resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el Abogado Luis Mario Hernández Martínez, en su condición de Apoderado de Banco Atlántida, S.A., bajo el argumento que las pruebas debieron ser aportadas en aplicación u observancia de lo dispuesto en el artículo 420 del Código Procesal Civil, es decir acompañarlas en el escrito de Oposición presentado; no obstante a ello, el Tribunal recurrido argumenta también que las referidas pruebas documentales que contienen fallos judiciales, son impertinentes o improcedentes, pues no guardan relación con el objeto del proceso, referidos en el caso específico, con los motivos de oposición enunciados por el ejecutado. Asimismo, el título de ejecución no ofrece reserva alguna, pues el mismo emana de un órgano jurisdiccional, visualizándose en él claramente identificables al ejecutante y ejecutado. Por ello este Alto Tribunal de Justica Constitucional, estima que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada en respeto de los derechos que se aduce vulnerados. Asimismo, se reitera que los argumentos del garantista se centran en cuanto a la aplicación errónea del artículo 854 del CPC, en la sentencia que la ejecutante presenta como título ejecutivo y las decisiones adoptadas por el A-quo, olvidando el peticionario de amparo centrar sus exposiciones en la forma que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno vulnera los derechos constitucionales por él invocados. Aunado a ello no confronta lo relativo a si la sentencia que sirve como título de ejecución a la ejecutante es o no una sentencia firme, como lo dispone el numeral 1 del artículo 751 del CPC. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado JESÚS ROBERTO VALDEZ GONZÁLEZ, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha seis (6) de mayo del presente año dos mil veinticuatro (2024), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional promovida. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 No. 7 y No. 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JESÚS ROBERTO VALDEZ GONZÁLEZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha seis (6) de mayo del presente año dos mil veinticuatro (2024), por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. – Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro y la Resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0242-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL