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Sentencia AC-239-22 — Registro 18041

Resumen

con relación a la demanda de pretensión posesoria por la vía del proceso abreviado promovida por impetrante, su controversia recae en que demandado cerraron el paso que se encuentra en un terreno nacional o ejidal que le sirve de calle para entrar y salir al igual que a otros vecinos, lo cual le ha perjudicado a su propiedad y que durante más de 7 años ha tenido el dominio y la posesión quieta, pacifica, tranquila y no interrumpida de un inmueble, siendo la demanda de merito desestimada por falta de elementos probatorios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que, el fundamento legal de la resolución que se impugna es el artículo 861 párrafo primero que dispone: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.- Ahora bien, en relación a la norma citada, el recurrente en amparo, arguye que el A-quo obvió el segundo párrafo que literalmente dice: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.”, En ese orden de ideas advierte esta Sala de lo Constitucional en la garantía constitucional de amparo, una pretensión distinta a la pretensión original de la demanda, la cual debe ser resuelta por los órganos de instancia correspondientes, según las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, pues la garantía constitucional de Amparo, tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Por ello, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada es apegada a derecho, pues tanto el órgano de primera instancia, como el Tribunal de Alzada, han dado respuesta a las pretensiones del actor de la Demanda de Pretensión Posesoria. Así las cosas, la autoridad recurrida ha actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria, ni violatoria de derechos como señala el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración a los derechos contenidos en los artículos 68, 81, 90, 103 y 106 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando los derechos que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar sin lugar el recurso de Apelación, al advertir que la parte demandante no ha probado su pretensión, dejando a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que, el fundamento legal de la resolución que se impugna es el artículo 861 párrafo primero que dispone: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.- Ahora bien, en relación a la norma citada, el recurrente en amparo, arguye que el A-quo obvió el segundo párrafo que literalmente dice: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.”, En ese orden de ideas advierte esta Sala de lo Constitucional en la garantía constitucional de amparo, una pretensión distinta a la pretensión original de la demanda, la cual debe ser resuelta por los órganos de instancia correspondientes, según las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, pues la garantía constitucional de Amparo, tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Por ello, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada es apegada a derecho, pues tanto el órgano de primera instancia, como el Tribunal de Alzada, han dado respuesta a las pretensiones del actor de la Demanda de Pretensión Posesoria. Así las cosas, la autoridad recurrida ha actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria, ni violatoria de derechos como señala el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración a los derechos contenidos en los artículos 68, 81, 90, 103 y 106 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando los derechos que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar sin lugar el recurso de Apelación, al advertir que la parte demandante no ha probado su pretensión, dejando a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que, el fundamento legal de la resolución que se impugna es el artículo 861 párrafo primero que dispone: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.- Ahora bien, en relación a la norma citada, el recurrente en amparo, arguye que el A-quo obvió el segundo párrafo que literalmente dice: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.”, En ese orden de ideas advierte esta Sala de lo Constitucional en la garantía constitucional de amparo, una pretensión distinta a la pretensión original de la demanda, la cual debe ser resuelta por los órganos de instancia correspondientes, según las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, pues la garantía constitucional de Amparo, tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Por ello, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada es apegada a derecho, pues tanto el órgano de primera instancia, como el Tribunal de Alzada, han dado respuesta a las pretensiones del actor de la Demanda de Pretensión Posesoria. Así las cosas, la autoridad recurrida ha actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria, ni violatoria de derechos como señala el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración a los derechos contenidos en los artículos 68, 81, 90, 103 y 106 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando los derechos que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar sin lugar el recurso de Apelación, al advertir que la parte demandante no ha probado su pretensión, dejando a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que, el fundamento legal de la resolución que se impugna es el artículo 861 párrafo primero que dispone: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.- Ahora bien, en relación a la norma citada, el recurrente en amparo, arguye que el A-quo obvió el segundo párrafo que literalmente dice: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.”, En ese orden de ideas advierte esta Sala de lo Constitucional en la garantía constitucional de amparo, una pretensión distinta a la pretensión original de la demanda, la cual debe ser resuelta por los órganos de instancia correspondientes, según las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, pues la garantía constitucional de Amparo, tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Por ello, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada es apegada a derecho, pues tanto el órgano de primera instancia, como el Tribunal de Alzada, han dado respuesta a las pretensiones del actor de la Demanda de Pretensión Posesoria. Así las cosas, la autoridad recurrida ha actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria, ni violatoria de derechos como señala el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración a los derechos contenidos en los artículos 68, 81, 90, 103 y 106 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando los derechos que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar sin lugar el recurso de Apelación, al advertir que la parte demandante no ha probado su pretensión, dejando a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, a favor de SÍ MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de pretensión posesoria por la vía del proceso abreviado promovida por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, contra el señor JOSÉ MATÍAS RAUDALES VARELA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se le han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 68, 81, 90, 103, 106 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de junio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, actuando en causa propia, presentando “ACCIÓN POSESORIA POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO PARA RECUPERARSE Y ME SEA RESTITUIDO EL DERECHO Y GOCE DE PASO EN UN CAMINO PÚBLICO…” contra el señor JOSÉ MATÍAS RAUDALES VARELA. (Folios 1-3 vuelto del antecedente) 2) En fecha cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Es procedente declarar y en consecuencia se declara NO HA LUGAR la acción posesoria promovida vía proceso declarativo abreviado para que se tutele derecho para que sea restituido el libre paso de transito incoada por parte del señor MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, en contra del señor JOSÉ MATÍAS RAUDALES VARELA. SEGUNDO: Se reserva a la parte demandante el derecho de entablar por la vía procesal correspondiente la pretensión que en derecho corresponda. TERCERO: Con costas en esta demanda de cuantía indeterminada. CUARTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se proceda por parte de la Secretaría del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil, realizando la notificación, archivo y publicidad de esta sentencia en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes. NOTIFÍQUESE. Se resuelve hasta la fecha por exceso de trabajo, y por haberse guardado el orden de antigüedad en los casos pendientes de sentencia.” (Folios 66-70 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, actuando en causa propia, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, actuando en causa propia. SEGUNDO: Se confirma sentencia de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en expediente 0801-2020-00186-CPCA. TERCERO: Con costas en segunda instancia. Y MANDA: Que una vez notificadas las partes de esta resolución y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para su cumplimiento y demás efectos legales. NOTIFÍQUESE.” (Folios 18-20 del expediente del Ad-quem) 4) En fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, compareció ante esta Sala, interponiendo acción de amparo a favor de SÍ MISMO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 68, 81, 90, 103, 106 y 183 de la Constitución de la República. 5) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista diligencias por el término de 48 horas al Fiscal del despacho para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 38 del recurso) 6) Que en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “….Esta Representación Fiscal, estima que el impetrante ha planteado su acción de amparo en aspectos de mera legalidad, no obstante, al escudriñar su pretensión, vemos que su controversia recae en que los demandados le cerraron el paso que se encuentra en un terreno nacional o ejidal que le sirve de calle para entrar y salir al igual que a otros vecinos, lo cual le ha perjudicado a su propiedad y que durante más de 7 años ha tenido el dominio y la posesión quieta, pacifica, tranquila y no interrumpida de un inmueble ubicado en la Aldea Cerro Grande, de la ciudad de Comayagüela, Municipio de Distrito Central, mismo que adquirió mediante compra venta de los señores RUBÉN ARAMBÚ, también conocido como RUBÉN ARAMBÚ RAUDALES, MARIA DE JESÚS ARAMBÚ RADUDALES DE PAGUADA, respecto a lo cual se aprecia que el recurrente tuvo la oportunidad de demostrar su pretensión posesoria y siendo que tal extremo no fue acreditado en autos, su demanda fue desestimada por falta de elementos probatorios, y no como aduce el amparista que debió reconocerse su derecho, por lo que al no demostrar con certeza la existencia de dicha servidumbre de paso, esta no fue reconocida, no obstante, se le ha dejado a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda. Asimismo, se estima que la condena en costas fue realizada conforme al principio de vencimiento regulado en el artículo 221 del Código Procesal Civil…IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 41-48 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación a lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, solicitando amparo en contra del fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, que Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, actuando en causa propia y CONFIRMA la sentencia de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en relación a la Demanda de Pretensión Posesoria, promovida por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, actuando en causa propia, en contra del señor JOSE MATIAS RAUDALES VARELA. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, arguye que con el acto reclamado se ha violentado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 68, 81, 90 párrafo primero, 103 y 106 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que el fallo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno, es violatorio del artículo 68 constitucional que dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral.”, en razón de que aún con toda la prueba en su favor, el Juzgado competente le niega su derecho y el Tribunal de Alzada confirma las actuaciones del juzgado de primera instancia, dejándolo en un estado vulnerable; arguye vulneración del artículo 81 que dispone: “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.”, manifiesta el pedidor que al cerrarle la calle por donde ha transitado por más de siete años y no poder circular libremente para entrar y salir por una única calle que da acceso a su propiedad, se está permitiendo la violación al derecho a circular libremente; arguye vulneración del artículo 90 que reza: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.“, manifiesta el amparista que el derecho que reclamó ante el A-quo es el cerramiento de una calle que da acceso a circular libremente a su propiedad, el Ad-quem al confirmar la resolución del a-quo, no observa la aplicación incorrecta del primer párrafo del artículo 861 del Código Civil, obviando el segundo párrafo del mismo artículo como la norma correcta, pues la calle que da acceso a la propiedad que compro, quedo claramente definida por quien vendió, asimismo que esa calle ha sido transitada de forma continua por el suscrito y sus antecesores por más de 40 años de forma ininterrumpida; por último arguye el pedidor que se ha infringido el artículo 103 y 106 que por su orden disponen: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.“; “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada.”. El amparista supone vulneración a estos derechos, argumentando que el a-quo da el derecho a quien no lo tiene, todo por una mala aplicación de la ley y una mala apreciación de las pruebas aportadas y evacuadas conforme a ley. CONSIDERANDO (5): Que en la Motivación Fáctica y Jurídica de la resolución impugnada, el Tribunal recurrido argumenta: acápite SEXTO: (Sic) “No es de recibo el único agravio planteado por el recurrente, pues como lo dice el juzgado de primera instancia la parte demandante no probó la existencia de camino ejidal o existencia de una servidumbre de paso inscrita a su favor, o gozar del beneficio establecido en el artículo 861 del Código Civil. Aun así, el juzgado de primera instancia, le ha dejado salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda, pues lo que planteó en el juicio, no lo acreditó, al pretender unificar una serie de pretensiones allegadas a la posesión, servidumbres y bienes públicos.”. SEPTIMO: En virtud de lo anterior, debe desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.”. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” Así el artículo 7 del Código Procesal Civil, dispone: (Sic) “LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República, Las formalidades previstas en él, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas. 3. Cuando no se señale otra formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley.”. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso, se conoce una Demanda de Pretensión Posesoria, cuya pretensión es que se restituya al señor Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, el libre paso para poder ingresar y salir de su propiedad; pretensión que es resuelta en sentencia de fecha cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, declarando no ha lugar la acción posesoria, por considerar el A-quo que de los medios de prueba aportados al proceso no se demostró con medio de prueba alguno la existencia de camino ejidal o la existencia de una servidumbre de paso inscrita a favor del demandante. Argumenta el A-quo, que si bien se estuvo gozando de una servidumbre de paso por el demandado y sus antecesores, la misma no fue adquirida, porque las servidumbre de transito al ser una servidumbre discontinua tienen con excepción que no pueden adquirirse por prescripción, ya que las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, solo pueden adquirirse por medio de un título, por lo que ni aun el goce inmemorial basta para constituirlas, según lo dispone el artículo 861 del Código Civil. Por lo tanto no se puede establecer como un acto perturbatorio el hecho que el demandado no permita al demandante pasar su propiedad, porque no se encuentra constituida la servidumbre del tránsito que establezca como predio sirviente al inmueble propiedad del señor José Matías raudales Varela y como predio dominante al inmueble propiedad del señor Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, esto sin perjuicio del derecho de este último de hacer valer su derecho a través del juicio que corresponda, si esa fuera la única entrada al su inmueble.” Criterio que por unanimidad de votos es compartido por el Ad-quem mediante resolución de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, declarando SIN LUGAR el recurso de Apelación y confirmando la sentencia del A-quo. Al respecto el pedidor en su escrito de interposición de la acción de amparo, manifiesta que el A-Quo equivocó los hechos como el derecho, al aplicar en este caso de forma errónea el párrafo primero del artículo 861 del Código Civil, obviando el segundo párrafo del mismo precepto legal ya citado y que dispone: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título o por prescripción de diez años…”; arguye el pedidor que es la que pretendió con la acción posesoria presentada. CONSIDERANDO (8): Que, el fundamento legal de la resolución que se impugna es el artículo 861 párrafo primero que dispone: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las servidumbres continuas inaparentes, sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.- Ahora bien, en relación a la norma citada, el recurrente en amparo, arguye que el A-quo obvió el segundo párrafo que literalmente dice: “Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de los fondos.”, En ese orden de ideas advierte esta Sala de lo Constitucional en la garantía constitucional de amparo, una pretensión distinta a la pretensión original de la demanda, la cual debe ser resuelta por los órganos de instancia correspondientes, según las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, pues la garantía constitucional de Amparo, tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Por ello, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada es apegada a derecho, pues tanto el órgano de primera instancia, como el Tribunal de Alzada, han dado respuesta a las pretensiones del actor de la Demanda de Pretensión Posesoria. Así las cosas, la autoridad recurrida ha actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria, ni violatoria de derechos como señala el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración a los derechos contenidos en los artículos 68, 81, 90, 103 y 106 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando los derechos que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar sin lugar el recurso de Apelación, al advertir que la parte demandante no ha probado su pretensión, dejando a salvo el derecho de presentar la pretensión que en derecho corresponda.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 12, 16, 403, del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, a favor de sí mismo, contra el Fallo de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha seis de mayo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0239-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL