Sentencia AC-228-24 — Registro 19670
Resumen
Confirmatoria de denegatoria de acción de amparo interpuesta contra resolución que ordena a la Secretaría del Despacho tase las costas y una vez tasadas de vista a las partes para que en el plazo de CINCO (5) días aprueben o impugnen las mismas, en virtud de solicitud de tasación de costas, al ceñirse al proceso establecido en la legislación procesal Civil para la tasación de costas, se ha respetado el derecho de defensa al enterarle al ejecutado de las resoluciones dictadas, en este caso de la tasación de costas realizada por el secretario del Despacho a efecto de que las apruebe o impugne, ha hecho uso de los recursos dispuestos por la Ley, como se puede apreciar en el informe rendido por el Juzgado de Letras Civil ,pues como ya lo ha expresado la Sala Constitucional en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la motivación de la sentencia emitida en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, argumenta: (Sic) “QUINTO: Nuestra legislación determina como requisito previo para poder promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, se sabe que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificador, revocar o anular el acto reclamado. SEXTO: En el caso que nos ocupa, se recurre una Providencia dictada en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, teniendo el recurrente asuntos, instancia que tramitar y resolver. Este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de legalidad y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso. Las resoluciones emitidas por el Juzgado de primera instancia todas se encuentran motivadas y fundamentadas jurídicamente, la parte demandada ha sido oída y ha interpuesto los recursos que estimó pertinentes, dándoles respuesta a todas sus peticiones. No puede ser considerado como violación al debido proceso ni al derecho de defensa, el obtener una resolución desfavorable, ya que el derecho a una tutela judicial efectiva lo que conlleva es a obtener una resolución sobre el fondo motivada y fundamentada jurídicamente, lo que fue observado por el Juzgado de Primera Instancia. Por las razones anteriormente expuestas es improcedente otorgar el presente amparo, siendo su sustento jurídico el artículo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su motivación fundamenta su denegatoria del recurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente en base a las causales invocadas, el sobreseimiento de las diligencias tal y como lo establece el último párrafo del artículo 46 ya señalado, o en su caso si se da respuesta al fondo del asunto, lo procedente es otorgar o denegar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (11): Que analizada la sentencia venida en consulta, esta Sala comparte la motivación de la misma, en el sentido de que la resolución que se recurre es una Providencia dictada en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, providencia de mero trámite que da inicio al procedimiento de tasación de costas establecido en el artículo 224 del Código Procesal Civil, tal como lo señala el Tribunal de Alzada, el pedidor de la garantía de amparo, tiene asuntos, instancias que tramitar y resolver, es decir, debe seguir el procedimiento establecido en la ley, y si no está de acuerdo con la tasación de costas realizada por el funcionario competente, puede impugnar las mismas en los parámetros ya establecidos en el artículo 225, debiendo seguir el procedimiento ya señalado en la ley para la tasación e impugnación de costas y hacer uso de los recursos que la ley le franquea para cada caso en específico, y no dilatar el procedimiento, vulnerando con su accionar el debido proceso al no permitir que se sigua el procedimiento ya establecido. Por lo anterior esta Sala encuentra que la sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada conforme a derecho, al constatar que no se ha producido infracción alguna de normas procesales que hayan producido una indefensión material, real y efectiva.CONSIDERANDO (12): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso y derecho de defensa, al ceñirse al proceso establecido en la legislación procesal Civil para la tasación de costas, se ha respetado el derecho de defensa al enterarle al ejecutado de las resoluciones dictadas, en este caso de la tasación de costas realizada por el secretario del Despacho a efecto de que las apruebe o impugne, ha hecho uso de los recursos dispuestos por la Ley, como se puede apreciar en el informe rendido por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Cortes, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales.CONSIDERANDO (13): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, a favor de la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS, S. DE R.L., contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS, S. DE R.L., en contra del señor MAINOR DE JESÚS LOPEZ LONE. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS, S. DE R.L, contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por estimar que la referida resolución viola los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, (Folios 1 al 9 de los antecedentes) 2)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha diecinueve de febrero del dos mil veinticuatro, mediante la cual: “FALLA: DENEGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES, actuando en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil AGRICENTER HONDURAS, S. DE R.L., en contra la Resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés emitida por el Juzgado de Letras Civil de San pedro Sula, Cortes….. (Folios 44 al 45 de los antecedentes)3)Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que ordena a la Secretaría del Despacho tase las costas y una vez tasadas de vista a las partes para que en el plazo de CINCO (5) días aprueben o impugnen las mismas, en virtud de solicitud de tasación de costas, realizada por el Representante procesal del señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, promovida por la Sociedad Mercantil denominada AGRICENTER HONDURAS S. DE R. L., contra el señor MAINOR DE JESUS LOPEZ LONE.CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, es violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO (4): Que, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que a solicitud de la parte ejecutada en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial, en razón de haberse condenado en costas a la parte ejecutante o demandante, por haberse declarado con lugar la oposición planteada en la misma, el A-quo ordena a la Secretaría del Despacho realice la tasación de costas y de vista a las partes para que dentro del plazo de cinco (5) días aprueben o impugnen las mismas. Todo ello en base a los artículos 223, 224, 225 y 226 del Código Procesal Civil.”. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, argumenta lo siguiente: “1) El abogado Saul Muñoz Orellana, presentó solicitud de tasación de costas personales y procesales, sin los comprobantes a que hace referencia el artículo 222 numeral 2 del Código Procesal Civil. El Juez en dicha providencia debía velar por el estricto cumplimiento del artículo señalado, requisito sine qua non para darle trámite a la solicitud de tasación de costas, con lo cual se violenta el principio de legalidad procesal contenido en el artículo 7 y debido proceso contenido en el artículo 3 del Código Procesal Civil; 2) A la resolución que ordena la tasación de costas sin los comprobantes exigidos por la ley, presento recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 695 del Código Procesal Civil y siendo una resolución que resuelve sobre un recurso debía ser motivada en cumplimiento al artículo 193 numeral 2 literal b, pues la misma reunía todos los requisitos de admisibilidad, con lo cual se vulnera el debido proceso y derecho de defensa; 3) Se violento el derecho de defensa, debido a que la resolución que ordena la tasación de costas se notificó un mes y nueve días después, en flagrante violación a lo establecido en el artículo 136 numeral 4 del Código Procesal Civil; asimismo el secretario del Despacho procedió a darle cumplimiento a la providencia, sin previamente ser notificada la misma y sin adquirir el carácter de firme, infringiendo el artículo 195 del Código Procesal Civil, violentando el derecho de ejercer los recursos que estimara oportunos.”.CONSIDERANDO (7): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Por indefensión solo puede entenderse la situación en la que, con infracción de una norma procesal, se impida a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando la facultad de alegación y justificación de sus derechos, en menoscabo de la contradicción y consecuentemente el derecho de defensa. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.CONSIDERANDO (9): Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la motivación de la sentencia emitida en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, argumenta: (Sic) “QUINTO: Nuestra legislación determina como requisito previo para poder promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, se sabe que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificador, revocar o anular el acto reclamado. SEXTO: En el caso que nos ocupa, se recurre una Providencia dictada en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, teniendo el recurrente asuntos, instancia que tramitar y resolver. Este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de legalidad y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso. Las resoluciones emitidas por el Juzgado de primera instancia todas se encuentran motivadas y fundamentadas jurídicamente, la parte demandada ha sido oída y ha interpuesto los recursos que estimó pertinentes, dándoles respuesta a todas sus peticiones. No puede ser considerado como violación al debido proceso ni al derecho de defensa, el obtener una resolución desfavorable, ya que el derecho a una tutela judicial efectiva lo que conlleva es a obtener una resolución sobre el fondo motivada y fundamentada jurídicamente, lo que fue observado por el Juzgado de Primera Instancia. Por las razones anteriormente expuestas es improcedente otorgar el presente amparo, siendo su sustento jurídico el artículo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su motivación fundamenta su denegatoria del recurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo lo procedente en base a las causales invocadas, el sobreseimiento de las diligencias tal y como lo establece el último párrafo del artículo 46 ya señalado, o en su caso si se da respuesta al fondo del asunto, lo procedente es otorgar o denegar la garantía de amparo. CONSIDERANDO (11): Que analizada la sentencia venida en consulta, esta Sala comparte la motivación de la misma, en el sentido de que la resolución que se recurre es una Providencia dictada en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés, providencia de mero trámite que da inicio al procedimiento de tasación de costas establecido en el artículo 224 del Código Procesal Civil, tal como lo señala el Tribunal de Alzada, el pedidor de la garantía de amparo, tiene asuntos, instancias que tramitar y resolver, es decir, debe seguir el procedimiento establecido en la ley, y si no está de acuerdo con la tasación de costas realizada por el funcionario competente, puede impugnar las mismas en los parámetros ya establecidos en el artículo 225, debiendo seguir el procedimiento ya señalado en la ley para la tasación e impugnación de costas y hacer uso de los recursos que la ley le franquea para cada caso en específico, y no dilatar el procedimiento, vulnerando con su accionar el debido proceso al no permitir que se sigua el procedimiento ya establecido. Por lo anterior esta Sala encuentra que la sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada conforme a derecho, al constatar que no se ha producido infracción alguna de normas procesales que hayan producido una indefensión material, real y efectiva.CONSIDERANDO (12): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso y derecho de defensa, al ceñirse al proceso establecido en la legislación procesal Civil para la tasación de costas, se ha respetado el derecho de defensa al enterarle al ejecutado de las resoluciones dictadas, en este caso de la tasación de costas realizada por el secretario del Despacho a efecto de que las apruebe o impugne, ha hecho uso de los recursos dispuestos por la Ley, como se puede apreciar en el informe rendido por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Cortes, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales.CONSIDERANDO (13): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES, a favor de la Empresa Mercantil AGRICENTER HONDURAS S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0228-2024
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL