Sentencia AC-189-24 — Registro 18723
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Juez de Instancia que desestimó recusación contra la juez que conoce de la demanda ordinaria de pago de una deuda promovida por Del Falle Securiy Corporatios S de R L contra recurrente; La Corte de Apelaciones considera que la Juez conocedora de las diligencias, actuó conforme a ley, sin vulnerar derechos fundamentales, por lo que decidió sobreseer la acción de mérito, al advertir que existe causal de inadmisibilidad por alegarse violaciones de mera legalidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 221 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 25 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 25 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 222 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 224 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 802 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales..."..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JENI ELIZABETH SIERRA SIERRA, a favor de la sociedad PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada en fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la demanda ordinaria de pago de una deuda promovida por la Sociedad Mercantil DEL VALLE SECURITY CORPORATION, S. DE R.L. contra la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C.V. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90, 103 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES .1.Que en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, interponiendo Recurso de Amparo a favor de Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada en fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, por estimar que la referida resolución viola los artículos 82 y 990, 103 y 303 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 5 de los antecedentes).2.Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha once de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesto por la Abogada JENNI ELIZABETH SIERRA SIERRA, en su condición de apoderada legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés (2023);…” (Folios 26 y 29 de los antecedentes).3.Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 8 de septiembre de 2023, mediante la cual, el Juzgado de Letras Seccional de Choloma desestimó una recusación que fue promovida por la referida recurrente, Abogada JENNI ELIZABET SIERRA SIERRA, en contra de la juez GLORIA MARÍA MEDINA, asignada a la misma judicatura de Choloma, quien conoce de la demanda ordinaria de pago con número de registro 0502-2021-0027. VII.La impetrante señaló que la decisión de la juez de letras FRANCES SORAYA AGUILAR NÚÑEZ de desestimar la recusación presentada contra la juez GLORIA MARIA MEDINA SOTO resultaba violatoria del derecho a un debido proceso legal, al derecho de defensa, al derecho a la propiedad privada y a la potestad del Poder Judicial de impartir justicia, partiendo de diversos argumentos, entre los que destaca primordialmente, el hecho que la juez recusada ha sido denunciada por la empresa agraviada en múltiples ocasiones ante la Supervisión General del Poder Judicial, declarándose la procedencia de cinco de estas denuncias, razón por la cual la recurrente acudió a la recusación, asumiendo que el proceder de la juez se encaminaba a tomar decisiones en perjuicio de su representada de manera intencionada. VIII.En la sentencia que es objeto de examen y que fuera emitida por la Alzada en fecha 12 de febrero de 2023, se decidió el sobreseimiento de la garantía de amparo pretendida por la quejosa, al considerar la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, inter alia lo siguiente:“…Este Tribunal de Alzada es del parecer que la AQUO que conoce de las diligencias, actuó conforme a Ley, observándose que no ha existido vulneración de las garantías a las cuales hace alusión el amparista, ni de derecho alguno, luego de la lectura de la narración los actos en el informe se corrobora tal extremo…”. Siendo así, el Tribunal de Alzada decidió el sobreseimiento de las actuaciones de amparo, al advertir la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contemplada en el Artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que el recurso de amparo es inadmisible cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.RAZONAMIENTO DE LA SALA IX. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. X.También hemos señalado en reiterada jurisprudencia, que la garantía a un debido proceso legal comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. XI.La Sala ha sostenido igualmente que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes. XII. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. XIII.A pesar de que del estudio de las actuaciones, se observa que la cuestión de recusación que fue planteada por la impetrante fue resuelta por la juez subrogada acorde con las disposiciones y consideraciones de ley, la Sala no puede desconocer que la quejosa parece tener razones fundadas para dudar del proceder de la Jueza GLORIA MARÍA MEDINA SOTO, pues según dijo, existen varias denuncias declaradas procedentes en su contra por parte de la Supervisión General de Tribunales de este Poder Judicial, derivadas de actos que aparentemente causaron perjuicio a su representada, sin embargo, es correcta la fundamentación de la A Quo en el sentido que esta Sala ha señalado en variada jurisprudencia que para la acreditación de la causal 3ª del Artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, “no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello, dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas”. La Sala ha explicado que esta estimación es lógica, porque, en caso contrario: “…cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa”. La Sala ha concluido en sus fallos, que la mera presentación de una denuncia no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal suerte que, aún y cuando no se puede negar la importancia que tiene las denuncias aludidas por la recurrente, no podemos entender suficientemente acreditada la causal de recusación a la que nos referimos, siendo además que, según logra observarse del informe rendido a la Corte de Alzada por la Jueza Frances Soraya Aguilar, esta causal no fue invocada en el proceso, sino que la recusación se planteó por las causales contenidas en los numerales 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.XIV.De las cuatro causales de recusación invocadas, haremos mención de las relacionadas con el interés directo o indirecto, la enemistad manifiesta y amistad íntima, por cuanto la contenida en el numeral 8ª (tener pleito pendiente con el recusante) no requiere, a nuestro juicio, de mayor explicación. XV.Como es sabido, la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función. XVI.Esta Sala ha sostenido previamente que la legislación que calificó en su momento las causales de recusación que conocemos en este trámite, no definió de manera concreta lo que debía entenderse por interés directo e indirecto, sin embargo, ha sido aceptado por la doctrina y jurisprudencia, que, en primer término, ese interés debe ser puramente personal y no el que deriva del cumplimiento del deber. Siendo así, el juzgador que tenga, lo que podríamos entender como un interés ilegitimo en el pleito o causa, implica, como lo afirma REUS, que, con sus actos, el juzgador procuraría que el pleito o causa tuviese la solución que a él más convenga, aunque fuese ésta opuesta a la justicia. XVII. Hemos destacado igualmente, que este interés del que hablamos, se confronta en forma evidente con la garantía de imparcialidad atinente a todo juzgador, si entendemos que esta imparcialidad implica que sus decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, alejado de influencias, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La garantía de imparcialidad comporta en el juez lo que algunos autores han denominado como un “desinterés subjetivo” en la resolución del asunto, o de la causa o pleito del que conocen, de ahí entonces que el sentenciador debe carecer de ideas preconcebidas sobre el caso que está llamado a fallar y, como se aprecia del examen de este caso, de lo decidido por la Jueza subrogada, no se aprecia que estos extremos hubiesen sido acreditados. XVIII. En cuanto a las causales de amistad íntima y enemistad manifiesta, entendemos que, en la primera, se debe probar que existe una confianza personal que une al recusado con otra persona por un sentimiento que sobrepasa las barreras de lo que pudieran considerarse como parámetros normales, es decir una extensión que va más allá de la mera cordialidad o el trato amigable que pueda darse usualmente entre las personas. La amistad íntima implica inclusive un grado superior a la amistad o una cercanía personal más allá de ella, de ahí que, efectivamente, como lo señaló la jueza subrogada en su informe, es desestimable asumir que este tipo de relación puede darse entre una persona natural y una jurídica, como parece haberlo planteado la recusante. XIX. En lo concerniente a lo que se debe entender como una enemistad manifiesta, existe vasta doctrina y jurisprudencia tanto en el derecho interno y en el derecho comparado al respecto, pero nos limitaremos a decir que esta causal implica que la enemistad debe ser contundente, externa y evidente e incluso pública, como con acierto lo ha dicho el Tribunal Constitucional español. Por supuesto que no se puede contemplar como un tracto de enemistad la mera discrepancia o el desagrado personal que pueda existir entre recusante y recusado o la desfavorable opinión que en el ámbito profesional o incluso personal pueda tenerse de una persona. La enemistad supone aversión u odio que eclipsa irremediablemente la imparcialidad del juez, y, evidentemente, debe probarse, no simplemente asumirse en el proceso, lo cual, según logra advertirse del informe de mérito, este no ha sido el caso que nos ocupa. XX.Esta Sala observa que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada, si bien podría contener una motivación más afortunada y mejor estructurada, resulta ser suficiente para considerar sostenidas las garantías judiciales y los derechos constitucionales que asisten a las partes, y si bien la decisión no resultó ser favorable a las pretensiones de la reclamante, ello no implica que sea contraria al derecho a un debido proceso legal, pues, como ya se dijo, lo que se procura con su cumplimiento es asegurar inter alia, el libre acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una sentencia congruente, debidamente motivada y fundada en derecho, lo cual ha sido establecido apropiadamente en el presente asunto. XXI. Dicho lo anterior, y a pesar que no encontramos razones de forma o de fondo para disputar la sentencia consultada, es de vital importancia recordar que es fundamental que en una sociedad democrática los jueces inspiren confianza. Como lo ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad y en este sentido, el juez debe actuar sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a—y movido por—el Derecho. XXII.En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación, si bien escasa, suficiente, entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas adecuadamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, al quedar establecido que la jueza A Quo se ha limitado a aplicar las disposiciones de ley al asunto que fue llamada a resolver, haciendo valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, resultando aplicable la causal de inadmisión que ha sido advertida por la Alzada. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0189-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL