Sentencia AC-1804-22 — Registro 18171
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo contra Auto que inadmitió Personamiento y solicitud de nulidad de actuaciones presentada por recurrente; El Juez de Instancia consideró improcedente tener como apersonado a éste, en virtud de no haber señalado con precisión cuál es su posición en el proceso, como demandante o demandado, según artículo 77.1 del Código Procesal Civil; por lo que la intervención de Tercero es incompatible y tampoco se sometió a subsanación, por lo que no se reúnen los requisitos de admisibilidad; en relación a Demanda para el pago de Honorarios Profesionales promovida por Profesional del Derecho contra Agrícola Monterrey S A; La Autoridad recurrida consideró que el Juzgado de Instancia debe darle trámite de ley al escrito de personamiento de la agraviada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"De la lectura y análisis de los antecedentes, queda claro que el recurrente expone dos vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso, la primera señala el hecho de que el A-quo no da cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio y en segundo lugar al hecho de que, a juicio del recurrente el A-quo carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales en virtud de que éstos son parte de las costas en un juicio, criterio contrario al que expone el Juez A-quo, quien motiva su sentencia exponiendo que el objeto del proceso, o sea, “pago de honorarios profesionales” no es lo mismo que el “pago de costas procesales”. Así las cosas, se debe mencionar que, tanto el recurrente como la respuesta del Ad-quem se centra en la supuesta segunda vulneración, relativa a la competencia objetiva para conocer del caso, sin embargo, se debe mencionar, que no es procesalmente efectivo entrar a resolver la segunda supuesta vulneración, sin haber resuelto la primera, relativa como se dijo, a la legitimación como parte del juicio en una posición de tercero legitimado en forma extraordinaria; siendo menester manifestar que, para la Sala de lo Constitucional, si el propósito es entrar a formar parte del proceso, aun y cuando sea como tercero legitimado, debe identificarse o decantarse con una de las dos partes en el proceso, sea tercero legitimado como parte demandante o tercero legitimado como parte demandada..."..."artículo 77 del Código Procesal Civil, desarrolla en cinco numerales la figura procesal de la intervención de terceros, y en principio el legislador nos ubica en el momento procesal oportuno para poder admitir, en su condición de demandante o demandado, “como demandante o demandado” dice el artículo en análisis, a quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Y este momento es, en cualquiera siempre y cuando aún se encuentre pendiente el proceso. En este punto es fundamental establecer hasta cuando deja el proceso de estar pendiente…y será hasta la obtención de una sentencia definitiva firme o una resolución firme que ponga fin al proceso, es decir que, en el caso que nos ocupa, el momento procesal en el cual decidió intervenir de manera voluntaria el tercero, (justo antes de ser citadas las partes para oír sentencia en primera instancia), es procesalmente correcto. Una vez zanjado el primer supuesto requerido en el numeral 1 del artículo 77 en análisis, pasamos al segundo supuesto del mismo numeral 1, que manda que podrá ser admitida la intervención del tercero, ya sea como demandante o como demandado, y es precisamente este requerimiento procesal, el que el Juez ha solicitado en dos ocasiones al hoy recurrente, que señale en qué posición ha ingresado al proceso, tal y como lo exige el artículo 77 en su numeral 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil. La primera ocasión fue en resolución de fecha 20 de octubre del presente año 2022, que entre otros resolvió: “…no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley.” La segunda ocasión fue en fecha 02 de noviembre del año 2022, compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, y haciendo caso omiso a la respuesta de fecha 20 de octubre del presente año 2022, presentó nuevamente escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil. El A-quo, en fecha 09 de noviembre del año 2022 emitió resolución decidiendo entre otros: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del Código Procesal Civil, si el BANCO PROMERICA considera, ya que hay dualidad de posición contra el demandante tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demandante o en su posición de demandado, ya que el juez no puede asumir que en base a su interpretación lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) esto sería estar violentado el principio dispositivo de aportación de las partes y esta posición atraerá consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una situación jurídica de derecho privado, es decir que toda persona, natural o jurídica, por el hecho de serlo goza de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de Código Procesal Civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad.- El subrayado es nuestro..."..."las resoluciones de fecha 20 de octubre de dos mil veintidós y la del 09 de noviembre del año 2022, referidas anteriormente, y que resuelven exactamente lo mismo, es decir, la inadmisión de los personamientos interpuestos por la hoy recurrente Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por no señalar la recurrente en que calidad pretende intervenir en el proceso, haciendo caso omiso a lo mandado por el legislador en el artículo 77 tantas veces mencionado, pues no dice si lo hace como parte demandante o como parte demandada. Esta decisión jurisdiccional es garante de lo dispuesto en la ley adjetiva civil, y el hecho de haber sido recurrida en amparo y que esta acción constitucional que hoy se revisa haya sido otorgada, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que como ya se dijo, otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A., soslaya el requisito indispensable que se le pide al tercero en un proceso, que es indicarle al Juez cuál es su posición en el juicio. No solo es necesario acreditar el interés directo y legítimo, como dice el ad-quem y el recurrente, sino que, el Juez debe saber cuál es la posición que el tercero interviniente va a adoptar en el proceso, pues en base a ella, el Juez dirigirá cada una de las audiencias en el proceso y determinará sus decisiones, pues no puede el tercero, de acuerdo a su conveniencia, en un momento estar de acuerdo con una parte y posteriormente de acuerdo con la otra, esto podría prestarse a fraudes procesales o a actuaciones dolosas. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en aplicación al artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que manda que en las sentencias que vienen en consulta, la Sala de lo Constitucional confirmará, revocará o reformará la sentencia consultada, determina la procedencia de la revocatoria de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, venida en consulta, en consecuencia, el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, adquiere firmeza y debe ser ejecutado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 77.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 77.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"De la lectura y análisis de los antecedentes, queda claro que el recurrente expone dos vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso, la primera señala el hecho de que el A-quo no da cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio y en segundo lugar al hecho de que, a juicio del recurrente el A-quo carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales en virtud de que éstos son parte de las costas en un juicio, criterio contrario al que expone el Juez A-quo, quien motiva su sentencia exponiendo que el objeto del proceso, o sea, “pago de honorarios profesionales” no es lo mismo que el “pago de costas procesales”. Así las cosas, se debe mencionar que, tanto el recurrente como la respuesta del Ad-quem se centra en la supuesta segunda vulneración, relativa a la competencia objetiva para conocer del caso, sin embargo, se debe mencionar, que no es procesalmente efectivo entrar a resolver la segunda supuesta vulneración, sin haber resuelto la primera, relativa como se dijo, a la legitimación como parte del juicio en una posición de tercero legitimado en forma extraordinaria; siendo menester manifestar que, para la Sala de lo Constitucional, si el propósito es entrar a formar parte del proceso, aun y cuando sea como tercero legitimado, debe identificarse o decantarse con una de las dos partes en el proceso, sea tercero legitimado como parte demandante o tercero legitimado como parte demandada..."..."artículo 77 del Código Procesal Civil, desarrolla en cinco numerales la figura procesal de la intervención de terceros, y en principio el legislador nos ubica en el momento procesal oportuno para poder admitir, en su condición de demandante o demandado, “como demandante o demandado” dice el artículo en análisis, a quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Y este momento es, en cualquiera siempre y cuando aún se encuentre pendiente el proceso. En este punto es fundamental establecer hasta cuando deja el proceso de estar pendiente…y será hasta la obtención de una sentencia definitiva firme o una resolución firme que ponga fin al proceso, es decir que, en el caso que nos ocupa, el momento procesal en el cual decidió intervenir de manera voluntaria el tercero, (justo antes de ser citadas las partes para oír sentencia en primera instancia), es procesalmente correcto. Una vez zanjado el primer supuesto requerido en el numeral 1 del artículo 77 en análisis, pasamos al segundo supuesto del mismo numeral 1, que manda que podrá ser admitida la intervención del tercero, ya sea como demandante o como demandado, y es precisamente este requerimiento procesal, el que el Juez ha solicitado en dos ocasiones al hoy recurrente, que señale en qué posición ha ingresado al proceso, tal y como lo exige el artículo 77 en su numeral 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil. La primera ocasión fue en resolución de fecha 20 de octubre del presente año 2022, que entre otros resolvió: “…no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley.” La segunda ocasión fue en fecha 02 de noviembre del año 2022, compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, y haciendo caso omiso a la respuesta de fecha 20 de octubre del presente año 2022, presentó nuevamente escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil. El A-quo, en fecha 09 de noviembre del año 2022 emitió resolución decidiendo entre otros: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del Código Procesal Civil, si el BANCO PROMERICA considera, ya que hay dualidad de posición contra el demandante tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demandante o en su posición de demandado, ya que el juez no puede asumir que en base a su interpretación lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) esto sería estar violentado el principio dispositivo de aportación de las partes y esta posición atraerá consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una situación jurídica de derecho privado, es decir que toda persona, natural o jurídica, por el hecho de serlo goza de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de Código Procesal Civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad.- El subrayado es nuestro..."..."las resoluciones de fecha 20 de octubre de dos mil veintidós y la del 09 de noviembre del año 2022, referidas anteriormente, y que resuelven exactamente lo mismo, es decir, la inadmisión de los personamientos interpuestos por la hoy recurrente Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por no señalar la recurrente en que calidad pretende intervenir en el proceso, haciendo caso omiso a lo mandado por el legislador en el artículo 77 tantas veces mencionado, pues no dice si lo hace como parte demandante o como parte demandada. Esta decisión jurisdiccional es garante de lo dispuesto en la ley adjetiva civil, y el hecho de haber sido recurrida en amparo y que esta acción constitucional que hoy se revisa haya sido otorgada, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que como ya se dijo, otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A., soslaya el requisito indispensable que se le pide al tercero en un proceso, que es indicarle al Juez cuál es su posición en el juicio. No solo es necesario acreditar el interés directo y legítimo, como dice el ad-quem y el recurrente, sino que, el Juez debe saber cuál es la posición que el tercero interviniente va a adoptar en el proceso, pues en base a ella, el Juez dirigirá cada una de las audiencias en el proceso y determinará sus decisiones, pues no puede el tercero, de acuerdo a su conveniencia, en un momento estar de acuerdo con una parte y posteriormente de acuerdo con la otra, esto podría prestarse a fraudes procesales o a actuaciones dolosas. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en aplicación al artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que manda que en las sentencias que vienen en consulta, la Sala de lo Constitucional confirmará, revocará o reformará la sentencia consultada, determina la procedencia de la revocatoria de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, venida en consulta, en consecuencia, el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, adquiere firmeza y debe ser ejecutado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 77.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 77.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"De la lectura y análisis de los antecedentes, queda claro que el recurrente expone dos vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso, la primera señala el hecho de que el A-quo no da cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio y en segundo lugar al hecho de que, a juicio del recurrente el A-quo carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales en virtud de que éstos son parte de las costas en un juicio, criterio contrario al que expone el Juez A-quo, quien motiva su sentencia exponiendo que el objeto del proceso, o sea, “pago de honorarios profesionales” no es lo mismo que el “pago de costas procesales”. Así las cosas, se debe mencionar que, tanto el recurrente como la respuesta del Ad-quem se centra en la supuesta segunda vulneración, relativa a la competencia objetiva para conocer del caso, sin embargo, se debe mencionar, que no es procesalmente efectivo entrar a resolver la segunda supuesta vulneración, sin haber resuelto la primera, relativa como se dijo, a la legitimación como parte del juicio en una posición de tercero legitimado en forma extraordinaria; siendo menester manifestar que, para la Sala de lo Constitucional, si el propósito es entrar a formar parte del proceso, aun y cuando sea como tercero legitimado, debe identificarse o decantarse con una de las dos partes en el proceso, sea tercero legitimado como parte demandante o tercero legitimado como parte demandada..."..."artículo 77 del Código Procesal Civil, desarrolla en cinco numerales la figura procesal de la intervención de terceros, y en principio el legislador nos ubica en el momento procesal oportuno para poder admitir, en su condición de demandante o demandado, “como demandante o demandado” dice el artículo en análisis, a quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Y este momento es, en cualquiera siempre y cuando aún se encuentre pendiente el proceso. En este punto es fundamental establecer hasta cuando deja el proceso de estar pendiente…y será hasta la obtención de una sentencia definitiva firme o una resolución firme que ponga fin al proceso, es decir que, en el caso que nos ocupa, el momento procesal en el cual decidió intervenir de manera voluntaria el tercero, (justo antes de ser citadas las partes para oír sentencia en primera instancia), es procesalmente correcto. Una vez zanjado el primer supuesto requerido en el numeral 1 del artículo 77 en análisis, pasamos al segundo supuesto del mismo numeral 1, que manda que podrá ser admitida la intervención del tercero, ya sea como demandante o como demandado, y es precisamente este requerimiento procesal, el que el Juez ha solicitado en dos ocasiones al hoy recurrente, que señale en qué posición ha ingresado al proceso, tal y como lo exige el artículo 77 en su numeral 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil. La primera ocasión fue en resolución de fecha 20 de octubre del presente año 2022, que entre otros resolvió: “…no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley.” La segunda ocasión fue en fecha 02 de noviembre del año 2022, compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, y haciendo caso omiso a la respuesta de fecha 20 de octubre del presente año 2022, presentó nuevamente escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil. El A-quo, en fecha 09 de noviembre del año 2022 emitió resolución decidiendo entre otros: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del Código Procesal Civil, si el BANCO PROMERICA considera, ya que hay dualidad de posición contra el demandante tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demandante o en su posición de demandado, ya que el juez no puede asumir que en base a su interpretación lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) esto sería estar violentado el principio dispositivo de aportación de las partes y esta posición atraerá consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una situación jurídica de derecho privado, es decir que toda persona, natural o jurídica, por el hecho de serlo goza de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de Código Procesal Civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad.- El subrayado es nuestro..."..."las resoluciones de fecha 20 de octubre de dos mil veintidós y la del 09 de noviembre del año 2022, referidas anteriormente, y que resuelven exactamente lo mismo, es decir, la inadmisión de los personamientos interpuestos por la hoy recurrente Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por no señalar la recurrente en que calidad pretende intervenir en el proceso, haciendo caso omiso a lo mandado por el legislador en el artículo 77 tantas veces mencionado, pues no dice si lo hace como parte demandante o como parte demandada. Esta decisión jurisdiccional es garante de lo dispuesto en la ley adjetiva civil, y el hecho de haber sido recurrida en amparo y que esta acción constitucional que hoy se revisa haya sido otorgada, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que como ya se dijo, otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A., soslaya el requisito indispensable que se le pide al tercero en un proceso, que es indicarle al Juez cuál es su posición en el juicio. No solo es necesario acreditar el interés directo y legítimo, como dice el ad-quem y el recurrente, sino que, el Juez debe saber cuál es la posición que el tercero interviniente va a adoptar en el proceso, pues en base a ella, el Juez dirigirá cada una de las audiencias en el proceso y determinará sus decisiones, pues no puede el tercero, de acuerdo a su conveniencia, en un momento estar de acuerdo con una parte y posteriormente de acuerdo con la otra, esto podría prestarse a fraudes procesales o a actuaciones dolosas. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en aplicación al artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que manda que en las sentencias que vienen en consulta, la Sala de lo Constitucional confirmará, revocará o reformará la sentencia consultada, determina la procedencia de la revocatoria de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, venida en consulta, en consecuencia, el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, adquiere firmeza y debe ser ejecutado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 77.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 77.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"De la lectura y análisis de los antecedentes, queda claro que el recurrente expone dos vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso, la primera señala el hecho de que el A-quo no da cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio y en segundo lugar al hecho de que, a juicio del recurrente el A-quo carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales en virtud de que éstos son parte de las costas en un juicio, criterio contrario al que expone el Juez A-quo, quien motiva su sentencia exponiendo que el objeto del proceso, o sea, “pago de honorarios profesionales” no es lo mismo que el “pago de costas procesales”. Así las cosas, se debe mencionar que, tanto el recurrente como la respuesta del Ad-quem se centra en la supuesta segunda vulneración, relativa a la competencia objetiva para conocer del caso, sin embargo, se debe mencionar, que no es procesalmente efectivo entrar a resolver la segunda supuesta vulneración, sin haber resuelto la primera, relativa como se dijo, a la legitimación como parte del juicio en una posición de tercero legitimado en forma extraordinaria; siendo menester manifestar que, para la Sala de lo Constitucional, si el propósito es entrar a formar parte del proceso, aun y cuando sea como tercero legitimado, debe identificarse o decantarse con una de las dos partes en el proceso, sea tercero legitimado como parte demandante o tercero legitimado como parte demandada..."..."artículo 77 del Código Procesal Civil, desarrolla en cinco numerales la figura procesal de la intervención de terceros, y en principio el legislador nos ubica en el momento procesal oportuno para poder admitir, en su condición de demandante o demandado, “como demandante o demandado” dice el artículo en análisis, a quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Y este momento es, en cualquiera siempre y cuando aún se encuentre pendiente el proceso. En este punto es fundamental establecer hasta cuando deja el proceso de estar pendiente…y será hasta la obtención de una sentencia definitiva firme o una resolución firme que ponga fin al proceso, es decir que, en el caso que nos ocupa, el momento procesal en el cual decidió intervenir de manera voluntaria el tercero, (justo antes de ser citadas las partes para oír sentencia en primera instancia), es procesalmente correcto. Una vez zanjado el primer supuesto requerido en el numeral 1 del artículo 77 en análisis, pasamos al segundo supuesto del mismo numeral 1, que manda que podrá ser admitida la intervención del tercero, ya sea como demandante o como demandado, y es precisamente este requerimiento procesal, el que el Juez ha solicitado en dos ocasiones al hoy recurrente, que señale en qué posición ha ingresado al proceso, tal y como lo exige el artículo 77 en su numeral 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil. La primera ocasión fue en resolución de fecha 20 de octubre del presente año 2022, que entre otros resolvió: “…no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley.” La segunda ocasión fue en fecha 02 de noviembre del año 2022, compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, y haciendo caso omiso a la respuesta de fecha 20 de octubre del presente año 2022, presentó nuevamente escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil. El A-quo, en fecha 09 de noviembre del año 2022 emitió resolución decidiendo entre otros: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del Código Procesal Civil, si el BANCO PROMERICA considera, ya que hay dualidad de posición contra el demandante tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demandante o en su posición de demandado, ya que el juez no puede asumir que en base a su interpretación lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) esto sería estar violentado el principio dispositivo de aportación de las partes y esta posición atraerá consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una situación jurídica de derecho privado, es decir que toda persona, natural o jurídica, por el hecho de serlo goza de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de Código Procesal Civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad.- El subrayado es nuestro..."..."las resoluciones de fecha 20 de octubre de dos mil veintidós y la del 09 de noviembre del año 2022, referidas anteriormente, y que resuelven exactamente lo mismo, es decir, la inadmisión de los personamientos interpuestos por la hoy recurrente Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por no señalar la recurrente en que calidad pretende intervenir en el proceso, haciendo caso omiso a lo mandado por el legislador en el artículo 77 tantas veces mencionado, pues no dice si lo hace como parte demandante o como parte demandada. Esta decisión jurisdiccional es garante de lo dispuesto en la ley adjetiva civil, y el hecho de haber sido recurrida en amparo y que esta acción constitucional que hoy se revisa haya sido otorgada, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que como ya se dijo, otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A., soslaya el requisito indispensable que se le pide al tercero en un proceso, que es indicarle al Juez cuál es su posición en el juicio. No solo es necesario acreditar el interés directo y legítimo, como dice el ad-quem y el recurrente, sino que, el Juez debe saber cuál es la posición que el tercero interviniente va a adoptar en el proceso, pues en base a ella, el Juez dirigirá cada una de las audiencias en el proceso y determinará sus decisiones, pues no puede el tercero, de acuerdo a su conveniencia, en un momento estar de acuerdo con una parte y posteriormente de acuerdo con la otra, esto podría prestarse a fraudes procesales o a actuaciones dolosas. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en aplicación al artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que manda que en las sentencias que vienen en consulta, la Sala de lo Constitucional confirmará, revocará o reformará la sentencia consultada, determina la procedencia de la revocatoria de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, venida en consulta, en consecuencia, el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, adquiere firmeza y debe ser ejecutado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 77.1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 77.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A.; en relación a la demanda para el pago de horarios profesionales, promovida por el abogado Gerardo Francisco Ayala Paz, contra la sociedad mercantil AGRICOLA MONTERREY, S.A .- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A.; en relación a la demanda para el pago de horarios profesionales, promovida por el abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, contra la sociedad mercantil AGRICOLA MONTERREY, S.A., derivado de la demanda por la vía del procedimiento ordinario, para que se declare el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, pago de indemnización por daños y perjuicios en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA; por considerar la recurrente que la misma viola el Artículo 90 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual: “FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito a favor de la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, interpuesto contra la actuación del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, específicamente contra el auto de fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, debiendo el Juzgado de Instancia darle trámite de Ley al escrito de personamiento presentado por la agraviada.…” (Folios 38 al 40 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A. CONSIDERANDO (3): Que en atención al artículo 52 en su segundo y tercer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Juzgado envió el informe que literalmente dice: “1.- Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019) fue interpuesta ante esta judicatura Demanda Ordinaria para el Pago de Honorarios Profesionales por representación en juicio por parte del Abogado GERADO FRANCISCO AYALA PAZ en contra de la empresa AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE conocida comercialmente como AGRIMOSA a través de su representante legal el señor JORGE FUAD JARUFE DOX para el pago de Honorario profesionales por la cantidad de VEINTE MILLONES SESICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.20,664936.64), sustentando la presente acción en virtud de ejercer actos de procuración para la empresa demandada en el juicio ordinario registrado bajo el número 0506-2006-0593 contentivo en DEMANDA POR LA VIA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PAGO DE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS COSTAS EN CONTRA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA incoada ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Puerto Cortes; asimismo en el escrito de presentación de la demanda solicita la adopción de medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos de un bien inmueble propiedad de la empresa demandada inscrito bajo matricula numero 0001164113 asiento 6 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la sección registral de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 2.- Las presentes diligencias fueron admitidas en fecha 06 de febrero del año 2019 en la cual se ordenó el emplazamiento al señor JORGE FUAD JARUFE DOX en su condición de representante legal de la sociedad demandada AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE para que contestara la demanda Ordinaria promovida en contra de su representada en el plazo de 30 días hábiles, ordenándose hacer las advertencias ante la falta de contestación de la demanda; ordenándose la formación de pieza separada para dar la tramitación a la medida cautelar incoada. 3.- Una vez formada la pieza separada en fecha 06 de febrero del año 2019 se decretó inaudita parte, la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble propiedad de la demandada registrado bajo la matrícula numero 0001164113 asiento 6 del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la sección registral de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ordenando este Juzgado que se ofrezca una caución de Veinte Mil Lempiras (L.20,000.00), a su vez se ordenó la notificación a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días pueda oponerse a la medida cautelar incoada, que una vez presentada la caución, el Juzgado en fecha 05 de marzo del año 2019 tuvo por recibida la caución ordenada y se extendió al mandamiento respectivo al instituto de la propiedad Inmueble de la sección registral da San Pedro Sula, Cortes. 4.- Que en fecha 13 de marzo del año 2019 se persono ante este Judicatura el Abogado Saul Muñoz Orellana en su condición de apoderado procesal de la sociedad mercantil AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE acreditando dicho extremo bajo el instrumento numero 1 Autorizado ante los oficios del Notario Jorge Alberto Maldonado Muñoz, en el cual el señor JORGE FUAD JARUFE DOX en su condición de represente legal de la sociedad mercantil AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAI, VARIABLE confiere Poder General con facultades especial en favor del Abogado personado, estableciendo la renuncia al trámite de emplazamiento y allanándose a las pretensiones del actor, en vista de ello este Juzgado en fecha 19 de enero del año 2021 y constatarse en el instrumento de poder acompañado, la facultades que tiene el apoderado demandado a renunciar a los términos y emplazamiento y a su vez a allanarse este Juzgado en aplicación a lo establecido en el artículo 485 del Código Procesal Civil y en vista de tratarse de un derecho privado de las partes este Juzgado ordeno que se emitiera la Sentencia Correspondiente. 5.- Que en fecha 19 de octubre del año 2022 compareció ante este Juzgado el Abogado actor solicitando que se dictara Sentencia definitiva sin dilación alguna, acompañando la impresión de correos electrónico de fecha 18 de mayo del año 2022, enviado por parte el ministro de fe el Abogado Jorge Alexis Brizuela, en vista de ello este Juzgado solicita que el ministro de fe rinda un informe sobre lo anteriormente señalado. 6.- Que en fecha 19 de octubre del año 2022 se persona en dicho expediente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, e interpone n dicho personamiento el incidente de Nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión por falta de observancia de competencia objetiva promoviendo intervención de tercero por tener su representada intereses directos legítimos en virtud de que el allanamiento hecho es con el objeto de perjudicar al BANCO PROMERICA. Este Juzgador en fecha 20 de octubre del presente año 2022 se pronunció conforme a lo peticionado por la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA estableciendo lo siguiente: que las presentes diligencias se contraen a cobro de Honorarios Profesionales los cuales le pertenecen al demandante y no son costas procesales que estas le pertenecen en su caso la empresa AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, asimismo le señala que las partes del presente proceso son en calidad de actor el Abogado Gerardo Francisco Ayala Paz y como parte demandada la empresa AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por el señor JORGE FUAD JARUFE DOX quien delegó poder de representación Judicial en el abogado Saul Muñoz Orellana en estas diligencias, asimismo le señala que su representada Banco Promerica promovió Demanda de Ejecución Hipotecaria hasta el presente año 2022 la cual corre registrado bajo número 0502 -2022-00070 y que es más antigua la Demanda Ordinaria para el pago de Honorarios Profesionales, asimismo le es señalado que el presente proceso se trata de una demanda ordinaria para el pago de Honorarios Profesionales y que la sociedad demandada AGRICOLA MONTERREY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE tiene su domicilio en esta ciudad de Choloma, departamento de Cortés, por lo cual este órgano jurisdiccional cuenta con la competencia objetiva para tramitar el presente proceso ya que no se trata de costas procesales, que estas si deben de tramitar en el Juzgado correspondiente; e igual forma le señala que su pretensión de ser personada en el presente proceso la basa en aplicación al artículo 77.1 del Código Procesal Civil, no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley. 7.- Que en fecha 24 de octubre del año 2022 el receptor de este Despacho levanta constancia en el presente expediente en la cual establece que efectivamente en fecha 16 de mayo del año 2022 a las 9.50 am notifico vía correo electrónico a las partes procesales de dicho expediente de igual forma dejando la constancia correspondiente agregada en el expediente de mérito e impresiones de correo enviados a las partes procesales desconociendo las razones por el cual no se encontraban en el presente expediente de mérito. 8.- En fecha 24 de octubre del año 2022 sin dilación se dictó la Sentencia definitiva en el presente proceso la cual fue declarada con lugar las pretensiones de la parte actora condenando a la parte demandada a lo exigido por la parte actora. 9.- Que en fecha 02 de noviembre del año 2022 compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PRONERICA SOCIEDAD ANONIMA presento escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil, este Juzgado en fecha 09 de noviembre del año 2022 fundamenta esta pretensión de la manera siguiente: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del código si el banco Promerica considera Procesal civil, ya que dualidad de posición contra el demándate tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demándate o en su posición de demandado , va que el juez no puede asumir que en base a su interpretación ya que si lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) es estar violentado el principio aportación de las partes y esta posición dispositivo atrae consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A atraerá consecuencia ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una Situación jurídica de Derecho Privado, es decir que toda por el hecho de serlo goza persona, natural o jurídica, de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de código procesal civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad, Por lo cual se admitió el presente escrito y se declaró no ha lugar por ahora el presente personamiento por no reunir los requisitos señalado en la ley en su artículo 771 del Código Procesal Civil y asimismo por no someterse a subsanación, estableciendo que dicha resolución le es aplicable el Recurso de Apelación.” CONSIDERANDO (4): Que en fecha uno de Noviembre del corriente año 2022, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, admitió el recurso de amparo presentado por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, actuando en su condición de representante procesal por delegación de la sociedad mercantil denominada BANCO PROMERICA S.A, contra la resolución de fecha 20 de Octubre del año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en la demanda para el pago de honorarios profesionales, promovida por el Abogado Gerardo Francisco Ayala Paz, contra la Sociedad Mercantil denominada Agrícola Monterrey S.A de C.V, en la que reclama el pago por la cantidad de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.20,655,936.64). CONSIDERANDO (5): Que aduce la agraviada que se le han violentado a su representada el derecho de defensa y el debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al no dar cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio, aun y cuando se demostró que tiene un interés legítimo, además que se violentó el derecho al debido proceso, en vista que el AQUO, carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales, actuaciones sancionadas con nulidad, por estimarlo así el artículo 212.1 del Código Procesal Civil, que establece que los actos procesales que se produzcan ante un tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional serán nulos. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en la interposición del Recurso de Amparo alega que se le limito su actuación como tercero legitimado en forma extraordinaria, siendo evidente que causa un perjuicio a su representado y que el Juez de Instancia, carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales, lo que conlleva a que los actos procesales que se produzcan sean nulos así lo estipula el art. 212.1 supra. CONSIDERANDO (7): De la lectura y análisis de los antecedentes, queda claro que el recurrente expone dos vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso, la primera señala el hecho de que el A-quo no da cabida a la intervención extraordinaria en su calidad de tercero en juicio y en segundo lugar al hecho de que, a juicio del recurrente el A-quo carece de competencia objetiva para conocer de la demanda para el pago de honorarios profesionales en virtud de que éstos son parte de las costas en un juicio, criterio contrario al que expone el Juez A-quo, quien motiva su sentencia exponiendo que el objeto del proceso, o sea, “pago de honorarios profesionales” no es lo mismo que el “pago de costas procesales”. Así las cosas, se debe mencionar que, tanto el recurrente como la respuesta del Ad-quem se centra en la supuesta segunda vulneración, relativa a la competencia objetiva para conocer del caso, sin embargo, se debe mencionar, que no es procesalmente efectivo entrar a resolver la segunda supuesta vulneración, sin haber resuelto la primera, relativa como se dijo, a la legitimación como parte del juicio en una posición de tercero legitimado en forma extraordinaria; siendo menester manifestar que, para la Sala de lo Constitucional, si el propósito es entrar a formar parte del proceso, aun y cuando sea como tercero legitimado, debe identificarse o decantarse con una de las dos partes en el proceso, sea tercero legitimado como parte demandante o tercero legitimado como parte demandada. CONSIDERANDO (8): El artículo 77 del Código Procesal Civil, desarrolla en cinco numerales la figura procesal de la intervención de terceros, y en principio el legislador nos ubica en el momento procesal oportuno para poder admitir, en su condición de demandante o demandado, “como demandante o demandado” dice el artículo en análisis, a quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Y este momento es, en cualquiera siempre y cuando aún se encuentre pendiente el proceso. En este punto es fundamental establecer hasta cuando deja el proceso de estar pendiente…y será hasta la obtención de una sentencia definitiva firme o una resolución firme que ponga fin al proceso, es decir que, en el caso que nos ocupa, el momento procesal en el cual decidió intervenir de manera voluntaria el tercero, (justo antes de ser citadas las partes para oír sentencia en primera instancia), es procesalmente correcto. Una vez zanjado el primer supuesto requerido en el numeral 1 del artículo 77 en análisis, pasamos al segundo supuesto del mismo numeral 1, que manda que podrá ser admitida la intervención del tercero, ya sea como demandante o como demandado, y es precisamente este requerimiento procesal, el que el Juez ha solicitado en dos ocasiones al hoy recurrente, que señale en qué posición ha ingresado al proceso, tal y como lo exige el artículo 77 en su numeral 1, 3 y 5 del Código Procesal Civil. La primera ocasión fue en resolución de fecha 20 de octubre del presente año 2022, que entre otros resolvió: “…no obstante en su escrito no señala en que calidad pretende intervenir en el proceso si lo es como parte demandante o como parte demandada, aunado a ellos en su escrito no señala que se somete al principio de subsanación, es por todos estos argumentos que se declara inadmisible de plano el presente escrito en virtud que este Juzgado ha realizado las actuaciones judiciales conforme a lo dispuesto por la ley y asimismo declara no ha lugar la intervención de tercero por mandato de ley, ya que este Juzgado apreció que el mismo, ni reúne los requisitos señalados por la ley.” La segunda ocasión fue en fecha 02 de noviembre del año 2022, compareció nuevamente la Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, y haciendo caso omiso a la respuesta de fecha 20 de octubre del presente año 2022, presentó nuevamente escrito que se le tenga por personado solicitando que se le notifique la sentencia de fecha 24 de octubre del año 2022 a efecto de recurrirla tal como señala el artículo 77.5 del Código Procesal Civil. El A-quo, en fecha 09 de noviembre del año 2022 emitió resolución decidiendo entre otros: Que en relación al personamiento este Juez considera improcedente que se le tenga como apersonado al BANCO PROMERICA S.A., en virtud que la parte no solicita que se le tenga como demandante o demandado por mandato de ley, es por esta razón que resulta ser incompatible hasta intervención de Tercero, ya que no existen fundamentos legal para serlo de esta forma como lo ha pretendido la parte en el presente escrito, tampoco sin someterse a subsanación; asimismo nuestra normativa ya señala que la capacidad por tal razón para ser parte o la capacidad de goce; que el artículo dos del Código Procesal Civil establece que la parte debe señalar con precisión cuál es su posición, ya que no basta con señalar los hechos y pretensión argumentaciones en que sustenta su petición cuando no respete el debido proceso al no someterse de forma expresa en lo señalado por el artículo 77.1 del Código Procesal Civil, si el BANCO PROMERICA considera, ya que hay dualidad de posición contra el demandante tiene derecho a ser oído siempre y cuando señale con precisión que su posición es como intervención de tercero en su posición de demandante o en su posición de demandado, ya que el juez no puede asumir que en base a su interpretación lo coloca en una posición incorrecta (demandante o demandad) esto sería estar violentado el principio dispositivo de aportación de las partes y esta posición atraerá consecuencia para el BANCO PROMERICA S.A ya que estaría violentado los principios de debido proceso y contradicción ya que estamos ante una situación jurídica de derecho privado, es decir que toda persona, natural o jurídica, por el hecho de serlo goza de capacidad para ser parte, no obstante este juez en base a lo señalado en el artículo 77 de Código Procesal Civil establece que un tercero distinto del titular de determinados derechos o relaciones jurídicas pueden ser parte legítima en un proceso siempre que señale que su intervención es en su calidad de demándate o demando y siendo que nuevamente en su escrito no señala que se somete a subsanación es procedente decláralo sin lugar por no reunir los requisitos de admisibilidad.- El subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 77 del Código Procesal Civil, regula la institución procesal de intervención voluntaria de terceros requiriendo para ello que: 1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. 2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal la resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, dentro del plazo de cinco (5) días. 3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por la parte en cuya posición ingrese, aunque la parte en cuya posición haya ingresado renuncie, se allane, desista o abandone el proceso. 4. También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas alegaciones se entregará copia, en todo caso, a las demás partes. 5. El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta la parte en cuya posición haya ingresado. El subrayado y remarcado es nuestro. CONSIDERANDO (10): Que las resoluciones de fecha 20 de octubre de dos mil veintidós y la del 09 de noviembre del año 2022, referidas anteriormente, y que resuelven exactamente lo mismo, es decir, la inadmisión de los personamientos interpuestos por la hoy recurrente Abogada Claudia Marcela Franco López en su condición de apoderada legal de BANCO PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por no señalar la recurrente en que calidad pretende intervenir en el proceso, haciendo caso omiso a lo mandado por el legislador en el artículo 77 tantas veces mencionado, pues no dice si lo hace como parte demandante o como parte demandada. Esta decisión jurisdiccional es garante de lo dispuesto en la ley adjetiva civil, y el hecho de haber sido recurrida en amparo y que esta acción constitucional que hoy se revisa haya sido otorgada, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que como ya se dijo, otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA MARCELA FRANCO LOPEZ, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A., soslaya el requisito indispensable que se le pide al tercero en un proceso, que es indicarle al Juez cuál es su posición en el juicio. No solo es necesario acreditar el interés directo y legítimo, como dice el ad-quem y el recurrente, sino que, el Juez debe saber cuál es la posición que el tercero interviniente va a adoptar en el proceso, pues en base a ella, el Juez dirigirá cada una de las audiencias en el proceso y determinará sus decisiones, pues no puede el tercero, de acuerdo a su conveniencia, en un momento estar de acuerdo con una parte y posteriormente de acuerdo con la otra, esto podría prestarse a fraudes procesales o a actuaciones dolosas. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en aplicación al artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que manda que en las sentencias que vienen en consulta, la Sala de lo Constitucional confirmará, revocará o reformará la sentencia consultada, determina la procedencia de la revocatoria de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, venida en consulta, en consecuencia, el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, adquiere firmeza y debe ser ejecutado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 77.1, 3 y 5 del Código Procesal Civil, FALLA: 1.- REVOCANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós. 2.- DENIEGA el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Claudia Marcela Franco López, a favor de la sociedad mercantil BANCO PROMERICA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortes, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró inadmisible un personamiento y una solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el apoderado legal de BANCO PROMERICA, S.A.; en relación a la demanda para el pago de horarios profesionales, promovida por el abogado Gerardo Francisco Ayala Paz, contra la sociedad mercantil AGRICOLA MONTERREY, S.A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. – REDACTO MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1804-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.