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Sentencia AC-1641-23 — Registro 18461

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto en relación a la demanda de pago por vía de repetición interpuesta Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que los recurrentes estiman que con el acto reclamado se le vulneran a su representado los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el de defensa y el principio de legalidad contenidos en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, desde el momento en que se admite a trámite una improcedente tasación de costas sin tener competencia para ello, a sabiendas que al Estado de Honduras no se le puede condenar en costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

De todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa, esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la misma ha recogido las consideraciones y razonamientos de la jueza ejecutora designada, quien pudo constatar la improcedencia de la acción constitucional pretendida, de ahí que sus razonamientos se orientaron a la desestimación de la garantía constitucional invocada al no advertirse la ilegalidad de la detención de la que fue objeto el supuesto agraviado.10.Es así como la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer de la funcionaria nombrada, consideró no acreditada la violación al derecho de libertad del agraviado, conforme lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la que determinó la desestimación de la acción de mérito, lo cual procedía según criterio de esta Sala, de acuerdo con las estipulaciones de ley y consideraciones de derecho que han sido expuestas en el fallo que se examina.Es en tal virtud, y por todas las actuaciones anteriormente relacionadas y evacuadas por la juez ejecutora designada, así como los razonamientos y consideraciones de derecho plasmados en el fallo objeto de examen que resulta procedente, a juicio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

De todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa, esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la misma ha recogido las consideraciones y razonamientos de la jueza ejecutora designada, quien pudo constatar la improcedencia de la acción constitucional pretendida, de ahí que sus razonamientos se orientaron a la desestimación de la garantía constitucional invocada al no advertirse la ilegalidad de la detención de la que fue objeto el supuesto agraviado.10.Es así como la Corte de Alzada, coincidiendo con el parecer de la funcionaria nombrada, consideró no acreditada la violación al derecho de libertad del agraviado, conforme lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la que determinó la desestimación de la acción de mérito, lo cual procedía según criterio de esta Sala, de acuerdo con las estipulaciones de ley y consideraciones de derecho que han sido expuestas en el fallo que se examina.Es en tal virtud, y por todas las actuaciones anteriormente relacionadas y evacuadas por la juez ejecutora designada, así como los razonamientos y consideraciones de derecho plasmados en el fallo objeto de examen que resulta procedente, a juicio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia que se revisa y así debe declararse

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que el artículo cuarenta y seis numeral 3) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones…” “Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO: Que el artículo 717 del Código Procesal Civil, establece, que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende, que la parte impetrante interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el tribunal de segunda instancia sin objetar la condena en costas, sin embargo, dicho recurso fue declarado inadmisible, por lo que la sentencia recurrida adquirió firmeza procesal. Se observa que se impugnan las costas, hasta el momento en que se le da vista de las mismas a la parte demandante para impugnarlas o aprobarlas, cuando se tuvo la oportunidad de objetarlas al presentar el recurso de casación, sin embargo no lo hizo, y al declararse inadmisible el recurso de casación, la sentencia dictada por el Ad-Quem el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, donde se condenó en costas en primera instancia al Estado de Honduras, adquirió firmeza procesal, por lo tanto es cosa juzgada. CONSIDERANDO: Que al no haberse objetado en el momento procesal oportuno la condena en costas en primera instancia, el Estado de Honduras consintió las mismas, por lo que no procede en este momento el inicio de un juicio de garantías, al configurarse la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por los recurrentes, resultan, por una parte, ser alegaciones de mera legalidad; y por otra parte, por haberse consentido en su momento la condena en costas en primera instancia a las que el Estado de Honduras fue condenado.”

Legislación citada

Jerarquía: Hito

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de junio de dos mil veinticuatro. VISTO el recurso de amparo interpuesto por los Abogados ERNESTO CASTRO BELLORÍN y ROQUE JACINTO CASTELLANOS RODRIGUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; en relación a la demanda de pago por vía de repetición interpuesta por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, contra el señor FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que los recurrentes estiman que con el acto reclamado se le vulneran a su representado los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el de defensa y el principio de legalidad contenidos en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, desde el momento en que se admite a trámite una improcedente tasación de costas sin tener competencia para ello, a sabiendas que al Estado de Honduras no se le puede condenar en costas en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada el quince de noviembre de dos mil veintitrés y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem declaró sin lugar el recurso de apelación, al estimar que si bien el artículo 8 de la Ley previamente citada establece la no procedencia de condena en costas al Estado de Honduras, la misma norma la permite como causa de excepción, en virtud de la igualdad de las partes en los procesos civiles (derechos, cargas, obligaciones y oportunidades) y el legislador faculta al Juez a imponer costas, cuando existe abuso de derecho de acción o cuando se promueven acciones sin razones de derecho (artículos 5 y 6 del Código Procesal Civil. En el caso de mérito, el Estado de Honduras fue condenado en costas en primera instancia mediante sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de octubre de 2017, por la desestimación de la demanda interpuesta contra el señor Fredis Alonso Cerrato Valladares, habiendo adquirido firmeza procesal por declararse inadmisible un recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, constituyendo cosa juzgada. En cuanto a la incompetencia alegada, establece la Alzada que se condenó en costas al Estado de Honduras en primera instancia, por lo que el órgano jurisdiccional competente para conocer la liquidación de costas es el juzgado de primera instancia donde se conoció el juicio (artículos 195, 196, 690, 691, 719, 723.2. a, 728 CPC). Finalmente, en relación a la no aplicación del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, la parte recurrente tuvo la oportunidad de impugnar la condena en costas al plantear el recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Alzada, sin embargo no lo hizo, consintiendo la decisión del Tribunal de condenar en costas al demandante por la desestimación de una demanda en la que se dejó de establecer con precisión, el nexo causal y el tipo de culpa invocados, es decir una demanda mal planteada, sin la acreditación de los presupuestos básicos necesarios para ampararle el derecho implorado. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que el artículo cuarenta y seis numeral 3) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones…” “Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO: Que el artículo 717 del Código Procesal Civil, establece, que solo serán recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establezca este Código. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende, que la parte impetrante interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el tribunal de segunda instancia sin objetar la condena en costas, sin embargo, dicho recurso fue declarado inadmisible, por lo que la sentencia recurrida adquirió firmeza procesal. Se observa que se impugnan las costas, hasta el momento en que se le da vista de las mismas a la parte demandante para impugnarlas o aprobarlas, cuando se tuvo la oportunidad de objetarlas al presentar el recurso de casación, sin embargo no lo hizo, y al declararse inadmisible el recurso de casación, la sentencia dictada por el Ad-Quem el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, donde se condenó en costas en primera instancia al Estado de Honduras, adquirió firmeza procesal, por lo tanto es cosa juzgada. CONSIDERANDO: Que al no haberse objetado en el momento procesal oportuno la condena en costas en primera instancia, el Estado de Honduras consintió las mismas, por lo que no procede en este momento el inicio de un juicio de garantías, al configurarse la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por los recurrentes, resultan, por una parte, ser alegaciones de mera legalidad; y por otra parte, por haberse consentido en su momento la condena en costas en primera instancia a las que el Estado de Honduras fue condenado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 3), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 5, 6, 195, 196, 690, 691, 717, 719, 723.2. a, 728 del Código Procesal Civil; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por por los Abogados ERNESTO CASTRO BELLORÍN y ROQUE JACINTO CASTELLANOS RODRIGUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; y por advertirse la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. -WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: el escrito presentado por el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República, y por ende representante legal del Estado de Honduras, mediante el cual, se persona en el recurso de mérito asumiendo la representación procesal del Estado de Honduras, y a su vez delega la misma; asimismo solicita la reposición de la resolución dictada por esta Sala en fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro. CONSIDERANDO: Que el recurrente al solicitar la reposición aludida, alega un quebrantamiento al orden constitucional establecido, causando un perjuicio a los más altos intereses del Estado de Honduras y al Tesoro Nacional, vulnerando lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, así como al incurrir en infracciones constitucionales y procesales, pues quien condena en costas es la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial y quien hace la tasación de costas ha sido el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, infringiendo lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Civil, al darle trámite a la tasación de costas y declarar sin lugar la impugnación realizada a las mismas, hecho confirmado por la citada Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO: Que en razón a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de reposición, se realizó un examen de la resolución dictada por esta Sala en fecha en fecha cuatro de junio del corriente año, así como de los antecedentes, de los cuales se aprecia que al haber consentido el Estado de Honduras la condena en costas en primera instancia, se configura la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, razón por la cual se reitera no procede iniciar en el caso de mérito un juicio de garantías. CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se estima que los argumentos del impetrante no son de recibo ya que la resolución que pide sea revocada se encuentra apegada a derecho, no advirtiéndose que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: Tener por personado en el presente recurso al Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República, y por ende representante legal del Estado de Honduras; asimismo, tener por delegado el poder con que actúa el compareciente en el Abogado CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA, poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste o personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho; SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición solicitado por el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la parte recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación de las resoluciones de fecha cuatro de junio del dos mil veinticuatro y cuatro de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1641-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL