Sentencia AC-1637-23 — Registro 18457
Resumen
La Corte de Apelaciones motivó su resolución tomando en cuenta el criterio de la Sala de lo Constitucional en el amparo AC-0809-14 al señalar que procede ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medida cautelar por caducidad); así como lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a una alimentación adecuada; por lo anterior no procede la acción de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 53 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez...En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”..."..."SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente..."..."esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos..."..."si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual..."..."el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 121 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 397 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 53 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. –Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, en el cual se denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARIOLA, a favor del señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZAN, en relación a la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, promovida por la señora SORAYA LIZETT MORALES ROMERO, contra el señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 60, 82, 90 y 95 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, por estimar que la referida resolución viola los artículos 95, 90, 82 y 60 de la Constitución de la República, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (Folios 1 al 11 de los antecedentes)2)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: 1) DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto. 2) confirmando el auto dictado el veintiuno de junio del 2023, por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán,” (Folios 51 al 56 de los antecedentes) 3)Que en fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, en el cual se denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARIOLA, a favor del señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZAN, en relación a la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, promovida por la señora SORAYA LIZETT MORALES ROMERO, contra el señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ. CONSIDERANDO (3): En la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, se impuso en su momento una medida cautelar de embargo sobre el sueldo del demandado, para asegurar las resultas del proceso incoado. Sobre ese embargo se solicitó sea decretada su caducidad, por haber transcurrido ya los tres años que manda el artículo 397 del Código Procesal Civil, que entre otros señala que, “…Toda medida cautelar caduca a los tres (3) años contados desde la fecha de su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, puede el Juez a pedido de Parte, disponer la reactualización de la medida.” Al respecto se celebró audiencia en fecha nueve de febrero del dos mil veintidós para decidir sobre la caducidad de la medida cautelar impuesta, así, en acatamiento al artículo 397 del Código Procesal Civil, la Juez rechazó la solicitud de caducidad, y reactualizó la medida cautelar impuesta. CONSIDERANDO (4): El impetrante manifiesta ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que al denegar el amparo interpuesto y consecuentemente confirmar la resolución dictada por el Juez A Quo que deniega que se decrete caducidad de la medida cautelar impuesta en fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, se infringe derechos fundamentales, exponiendo en su escrito de interposición de la acción de amparo entre otros, lo siguiente: “…SEGUNDO: Que, el amparista al interponer la acción de amparo, alega que la resolución del 21 de junio de 2023, dictada por el Juzgado de Letras de Familia, vulnera el debido proceso, en tanto se violentan los trámites previstos legalmente, al infringir lo dispuesto en el artículo 369 del Código Procesal Civil al no decretar la caducidad de la medida cautelar al haber transcurrido tres años desde la adopción de la medida cautelar el 4 de agosto de 2014 y además porque reactualiza la medida cautelar, sin que se haya establecido como objeto de debate, además porque la parte demandante tenía la obligación de observar los plazos procesales, solicitando la reactualización de la medida, antes de que se vencieran los 3 años, violentándose con la decisión judicial, también el derecho de igualdad, pues sobre la reactualización no se les dio traslado, violentándose con ello el derecho de defensa y el principio de contradicción. Además, porque establece un prejuzgamiento de la Juez, al establecer en la resolución que los demandantes, tienen derecho a los alimentos, y que el demandado no pretende evadir su responsabilidad alimentaria, únicamente cesar la medida cautelar de embargo.CONSIDERANDO (5): La Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos jurídicos siguientes: “…Evidentemente en el expediente se presentó una solicitud de caducidad de una medida cautelar, que por disposición legal caduca a los tres años a partir de su adopción. También la Sala de lo Constitucional ha sido clara en establecer en el amparo AC 0809=14 del 24 de marzo de 2015, que no debe tramitarse la caducidad y la reactualización de una medida de la medida que se ha solicitado previamente es el cese hacerlo o por caducidad y no su reactualización, pues es el debido proceso Justo y equitativo dentro del proceso, 4 permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitima, frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, e que se respeten los derechos procesales establecido, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” QUINTO: Sin embargo, el proceso en que nos encontramos de naturaleza privada, tiene una connotación especial, que la hace diferente a cualquier medida cautelar, pues se trata de un embargo practicado para garantizar el derecho de alimentos, que en el momento en que se trabó, los beneficiarios eran menores de edad y aunque hoy son mayores de edad, ambos ¿iniciaron sus estudios universitarios, durante la minoría de edad y mantienen buenas calificaciones, lo que los hace idóneos para mantener la medida cautelar, dado que se encuentran amparados por lo dispuesto en el artículo 217.6 del Código de Familia. Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, Se requiere vivir dignamente y parte vital de ello es la ingesta suficiente de agua y alimentos que deben procurar un estado de vida saludable y productiva, así como una disposición manifiesta para perfeccionar capacidades y habilidades en general. El derecho a una alimentación adecuada es también inherente de la justicia social, pues requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, por ello, no es de aplicación al caso de autos, el cese de la medida cautelar por la caducidad de la medida cautelar de embargo, pues esta medida asegura un derecho humano, esencial para el desarrollo humano de los alimentarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo pe San Salvador”. SEXTO: El análisis del derecho requiere la justificación de la decisión judicial, si encontramos que los hechos se subsumen en la literalidad de una norma jurídica determinada, es fácil tomar una decisión judicial; pero si los asuntos requieren un análisis mayor y obligan al juzgador a anteponer un derecho sobre otro, es claro que la decisión judicial se torna complicada, pues implica un análisis a veces subjetivo, el que puede llevarnos incluso a tomar una decisión que parece incongruente, como reconocer la violación al debido proceso y a pesar de ello, sostener la medida de embargo decretada para asegurar un derecho alimentario, decisión a la que solo es posible llegar a través del análisis de la ponderación de los derechos, en este caso ponderar un derecho humano (alimentos) sobre el debido proceso (cese de medica cautelar por caducidad)...”CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional ha revisado minuciosamente los antecedentes en el proceso civil iniciado con la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, para los dos hijos del demandante y demandado, demanda interpuesta el 16 de junio de 2014, proceso que lleva diez años, exponiendo como objeto del debate ampliar la pensión impuesta en la demanda sumaria de suspensión de patria potestad registrada bajo el Número de expediente 1851-2010, obteniendo sentencia definitiva de fecha 30 de marzo de 2011, condenando al demandado al pago de una pensión alimentaria de MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, inicialmente. CONSIDERANDO (7): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, cuando en acatamiento al artículo 397 del Código Procesal Civil, la Juez rechazó la solicitud de caducidad, y reactualizó la medida cautelar impuesta, sin embargo, esta Sala manifiesta que en casos determinados como casos de familia, cuando está de por medio el bien superior del niño, es de procedencia obligada, que los análisis jurídicos se aparten de las formas en este caso procedimientos, y se centren en el fondo en este caso, el garantizar las resultas del juicio, máxime si el artículo 397 del Código Procesal Civil señala que si el juicio principal no ha terminado se puede reactualizar la medida cautelar, como sucede en caso de autos.CONSIDERANDO (8): Que si bien es cierto, ya pasaron los tres años que manda el artículo supra, no es menos cierto que los hechos controvertidos pueden ser demostrados en juicio no solamente por medio de la prueba directa sino que también por elementos indiciarios que concatenados entre sí conducen a la apreciación de las denominadas presunciones, en este sentido, el artículo 1538 del Código Civil prevé que “…para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano”. Y como regla del criterio humano es válido señalar que, si el demandado ha mantenido el litigio por diez años para no ampliar la pensión alimenticia, es decir, para no pagar más a sus dos hijos, no hay garantía de que vaya a responder con el embargo suspendido, razón por la cual esta sala señala que la decisión recurrida no es violatoria de derecho fundamental alguno, máxime si lo que se alega es que en primer lugar procedía declarar con lugar la solicitud de caducar la medida cautelar de embargo impuesta, y después reactualizar la misma. Es precedente interpretar que la reactualización de la anterior medida cautelar opera como una caducidad de oficio o implícita, pues no cabría la re-actualización de algo que es actual. CONSIDERANDO (9): Que al tenor de lo establecido por el artículo 119 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia, en tanto que el artículo 121 de la misma Carta Magna, prevé que los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante la minoría de edad. CONSIDERANDO (10): Que el Código de Familia establece que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, y la denegatoria del recurso de amparo trae como consecuencia el garantizar los derechos necesario de alimentación y educación para el desarrollo y formación integral de los dos hijos del demandado y demandante, siendo procedente confirmar la demanda de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 78 del Código Procesal Civil, FALLA: CONFIRMANDO las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, en el cual se denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARIOLA, a favor del señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZAN, en relación a la demanda sumaria para la ampliación de una pensión alimenticia, promovida por la señora SORAYA LIZETT MORALES ROMERO, contra el señor VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-01637-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL