Sentencia AC-1596-22 — Registro 18736
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación por el delito de asociación para delinquir, se dictó medida cautelar de prisión preventiva por considerar que hay peligro de fuga y que el delito está considerado dentro de la excepcionalidad del artículo 184 del Código Penal delitos relacionados con el crimen organizado, medida cautelar que se cumplirá en el Centro Penitenciario.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que siendo que el tipo penal en cuestión (asociación para delinquir), ya no requiere como se exigía antes, que las personas acusadas de dicho ilícito sean parte de un grupo delictivo organizado permanentemente para delinquir, sino que bastará que exista entre los supuestos autores (dos o más personas) un concierto transitorio entre ellos, con la finalidad de cometer ilícitos penales; y en el presente caso, de los hechos se deriva que los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores fueron detenidos cuando se conducían en un vehículo con reporte de robo y que además fue utilizado en un robo; lo que arroja el mínimo indicio para considerar que los acusados se asociaron para delinquir y deviene que esta Corte de Apelaciones considere procedente confirmar la resolución del A-Quo. Por tanto, este tribunal es del criterio que procede declara no ha lugar el recurso de apelación y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra los imputados por el delito de asociación para delinquir. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el A-Quo realizó una correcta aplicación del derecho al haber decretado auto de formal procesamiento contra los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores, por suponerlos responsables del delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales y sobreseimiento provisional por el delito de privación injusta de la libertad atenuada en perjuicio de testigo protegido Mandela, con la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (8): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al encontrarse la audiencia inicial comprendida en la etapa preparatoria del proceso penal, únicamente se necesitaban indicios racionales que llevaran al juez a la convicción de la participación de la persona en el hecho ilícito, situación que aconteció en el presente caso, ya que de las circunstancias suscitadas, se logró determinar mínimos indicios de participación de los imputados en el delito de asociación para delinquir, puesto que los mismos se conducían en un vehículo con reporte de robo, además de haberse identificado dicho vehículo en la participación de robo a una persona, bajándose del mismo para subirse a un bus rapidito y obligar al testigo protegido Mandela que los condujera. Vemos entonces que todos estos acontecimientos llevaron al juez a la convicción de la participación de los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores y dictar auto de formal procesamiento y a la Corte de Apelaciones a confirmar tal resolución. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada por la abogada Jennifer Dariela Mejía Medina. CONSIDERANDO (9): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que siendo que el tipo penal en cuestión (asociación para delinquir), ya no requiere como se exigía antes, que las personas acusadas de dicho ilícito sean parte de un grupo delictivo organizado permanentemente para delinquir, sino que bastará que exista entre los supuestos autores (dos o más personas) un concierto transitorio entre ellos, con la finalidad de cometer ilícitos penales; y en el presente caso, de los hechos se deriva que los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores fueron detenidos cuando se conducían en un vehículo con reporte de robo y que además fue utilizado en un robo; lo que arroja el mínimo indicio para considerar que los acusados se asociaron para delinquir y deviene que esta Corte de Apelaciones considere procedente confirmar la resolución del A-Quo. Por tanto, este tribunal es del criterio que procede declara no ha lugar el recurso de apelación y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra los imputados por el delito de asociación para delinquir. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el A-Quo realizó una correcta aplicación del derecho al haber decretado auto de formal procesamiento contra los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores, por suponerlos responsables del delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales y sobreseimiento provisional por el delito de privación injusta de la libertad atenuada en perjuicio de testigo protegido Mandela, con la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (8): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al encontrarse la audiencia inicial comprendida en la etapa preparatoria del proceso penal, únicamente se necesitaban indicios racionales que llevaran al juez a la convicción de la participación de la persona en el hecho ilícito, situación que aconteció en el presente caso, ya que de las circunstancias suscitadas, se logró determinar mínimos indicios de participación de los imputados en el delito de asociación para delinquir, puesto que los mismos se conducían en un vehículo con reporte de robo, además de haberse identificado dicho vehículo en la participación de robo a una persona, bajándose del mismo para subirse a un bus rapidito y obligar al testigo protegido Mandela que los condujera. Vemos entonces que todos estos acontecimientos llevaron al juez a la convicción de la participación de los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores y dictar auto de formal procesamiento y a la Corte de Apelaciones a confirmar tal resolución. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada por la abogada Jennifer Dariela Mejía Medina. CONSIDERANDO (9): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JENNIFER DARIELA MEJIA MEDINA a favor de los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha siete de septiembre dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. Estimando la recurrente, que la decisión del Ad-Quem violenta en perjuicio de sus representados, los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 9 numeral 3 literal b), 41, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59 numeral 1), 60 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 294 y 295 del Código Procesal Penal. ANTECEDENTES 1)Que en fecha diez de febrero de dos mil veintidós, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogado SAUL ORLANDO COBOS HERNANDEZ, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ, FRAYAN NATIEL MIDENCE VELASQUEZ, JEFRY GABRIEL RAMIREZ CASTILLO, YONY RAMIRO RIVERA MEJIA, BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES y JUAN CARLOS MENDEZ BANEGAS, por suponerlos responsables de la comisión del delito de ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES contra JEFRY GABRIEL RAMIREZ CASTILLO, YONY RAMIRO RIVERA MEJIA, BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES y JUAN CARLOS MENDEZ BANEGAS por suponerlos responsables de la comisión del delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “MANDELA”. (Folios 06-08 de los antecedentes).2)Que en fecha dieciséis de febrero del dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán celebró audiencia inicial donde se resolvió: “A) Se dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES a quienes se les sigue proceso por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, se dictó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD ATENUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “MANDELA” con la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA por considerar que hay peligro de fuga y que el delito está considerado dentro de la excepcionalidad del artículo 184 del Código Penal delitos relacionados con el crimen organizado, medida cautelar que se cumplirá en el Centro Penitenciario Nacional de Morocelí; También se dictó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los señores FRAYAN NATIEL MIDENCE VELASQUEZ, JEFRY GABRIEL RAMIREZ CASTILLO, YONY RAMIRO RIVERA MEJIA y JUAN CARLOS MENDEZ BANEGAS a quienes se le suponen responsables por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR en perjuicio de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD ATENUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “MANDELA”, ordenando su inmediata excarcelación sin perjuicio de algún proceso.….” (Folio 17 de la pieza de antecedentes).3)Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de la que se hace referencia en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada defensora Jennifer Dariela Mejía Medina.- 2) CONFIRMAR la resolución recurrida. 3)….”. (Folios 56 al 58 de la pieza de antecedentes).4)En fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Abogada JENNIFER DARIELA MEJIA MEDINA, actuando en su condición de abogada defensora de los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES, presentó recurso de reposición contra la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós del que se hace relación el numeral que antecede. (Folio 60 de los antecedentes).5)Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada Jennifer Dariela Mejía Medina contra la resolución de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintidós (2022).” (Folio 62 de los antecedentes).6)Que en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada JENNIFER DARIELA MEJIA MEDINA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES, contra la Resolución dictada en fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 9 numeral 3 literal b), 41, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59 numeral 1), 60 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 294 y 295 del Código Procesal Penal. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 01 al 8 y 30 del presente Recurso).CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores ARMANDO FRANCISCO ACEITUNO CHAVEZ Y BRAYAN WILFREDO SANCHEZ FLORES por suponerlos responsables del delito de asociación para delinquir en perjuicio de Otros derechos fundamentales. CONSIDERANDO (4): Que expone la recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada se infringe el debido proceso y lo preceptuado en el artículo 92 de la Constitución de la República, en el que se establece que para dictar auto de formal procesamiento debe existir indicio racional de que la persona imputada sea el autor del hecho constitutivo de delito; existiendo una contradicción en la resolución recurrida, pues se decreta sobreseimiento provisional por el delito de privación injusta de la libertad agravada, y a criterio del juez, no se pudo contar con algún elemento de prueba que diera probabilidad de que los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores hayan cometido el delito por el cual el Ministerio Público les presentó requerimiento fiscal. En ese orden de ideas, si no existe indicio para establecer que se cometió el delito de privación injusta de la libertad, menos para establecer los elementos de tipificación legal de asociación para delinquir; pues en la presente causa no se presentó ningún elemento de prueba que estableciera que los referidos señores hayan sido participes del ilícito imputado; aunado a ello, el razonamiento de la juez que por no tener auto de formal procesamiento en otro expediente, se forma indicio racional del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, cuando el articulo 294 del Código Procesal Penal en la parte final del párrafo tercero obliga al juez a resolver únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes; asimismo, la juez no puede hacer valoraciones sobre otras pruebas incorporadas en otra causa a las que ella no ha tenido acceso, violentando el principio de presunción de inocencia; pues el hecho de que se decrete un auto de formal procesamiento, no establece la culpabilidad de la comisión de un hecho, por lo tanto, no debe ser vinculante para establecer una asociación para delinquir. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que siendo que el tipo penal en cuestión (asociación para delinquir), ya no requiere como se exigía antes, que las personas acusadas de dicho ilícito sean parte de un grupo delictivo organizado permanentemente para delinquir, sino que bastará que exista entre los supuestos autores (dos o mas personas) un concierto transitorio entre ellos, con la finalidad de cometer ilícitos penales; y en el presente caso, de los hechos se deriva que los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores fueron detenidos cuando se conducían en un vehículo con reporte de robo y que además fue utilizado en un robo; lo que arroja el mínimo indicio para considerar que los acusados se asociaron para delinquir y deviene que esta Corte de Apelaciones considere procedente confirmar la resolución del A-Quo. Por tanto, este tribunal es del criterio que procede declara no ha lugar el recurso de apelación y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra los imputados por el delito de asociación para delinquir. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el A-Quo realizó una correcta aplicación del derecho al haber decretado auto de formal procesamiento contra los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores, por suponerlos responsables del delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales y sobreseimiento provisional por el delito de privación injusta de la libertad atenuada en perjuicio de testigo protegido Mandela, con la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (8): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al encontrarse la audiencia inicial comprendida en la etapa preparatoria del proceso penal, únicamente se necesitaban indicios racionales que llevaran al juez a la convicción de la participación de la persona en el hecho ilícito, situación que aconteció en el presente caso, ya que de las circunstancias suscitadas, se logró determinar mínimos indicios de participación de los imputados en el delito de asociación para delinquir, puesto que los mismos se conducían en un vehículo con reporte de robo, además de haberse identificado dicho vehículo en la participación de robo a una persona, bajándose del mismo para subirse a un bus rapidito y obligar al testigo protegido Mandela que los condujera. Vemos entonces que todos estos acontecimientos llevaron al juez a la convicción de la participación de los señores Armando Francisco Aceituno Chávez Y Brayan Wilfredo Sánchez Flores y dictar auto de formal procesamiento y a la Corte de Apelaciones a confirmar tal resolución. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada por la abogada Jennifer Dariela Mejía Medina. CONSIDERANDO (9): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1596-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL