Sentencia AC-1551-23 — Registro 19295
Resumen
Corte de Apelaciones denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que ordenó el desalojo de inmueble en el plazo de un mes a partir de la notificación de dicha resolución, en virtud de solicitud de posesión material de un bien inmueble adjudicado, en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por Banco Financiera Comercial S.A contra recurrente; Dicha Corte concluyó que no hay quebrantamiento del derecho de defensa del quejoso, quien alega no haber sido notificado oportunamente de las resoluciones que le afectaban para presentar recurso legal; Sin embargo, consta que el ejecutado ha tenido la oportunidad de actuar en el proceso, se opuso a la ejecución e interpuso recurso de apelación contra la resolución, siendo ésta confirmada, por lo que se llegó hasta la venta del inmueble en pública subasta; en consecuencia, el actuar del Juez se enmarca dentro de la legalidad procesal, ya que el amparista tuvo acceso al proceso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el derecho de defensa al enterarle al ejecutado de las resoluciones dictadas, en las cuales ha hecho uso de los recursos dispuestos por la Ley, como se puede apreciar en el informe rendido por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Cortes, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales..."..."por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintitrés, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMAN...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que DENEGÓ el Recurso de Amparo presentado por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, a favor del señor VÍCTOR MANUEL PALMA ROSALES, contra la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A. (FICOHSA), contra el señor VÍCTOR MANUEL PALMA ROSALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor VÍCTOR MANUEL PALMA ROSALES, contra la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A. (FICOHSA), contra el señor VÍCTOR MANUEL PALMA ROSALES, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-5 del expediente del Ad-quem)2)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la referida Corte, en fechadiecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1.-DENEGAR LA ACCIÓN DE AMPARO presentada por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMÁN, a favor del señor VICTOR MANIEL PALMA ROSALES, contra la resolución de fecha veintiséis de junio del dos mil veintitrés, dictada por el juzgado de letras civil de esta sección judicial..-2.-Remisión a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para su revisión.-3.-Contra esta providencia no cabe recurso alguno…” (Folios 31-32 del expediente del Ad-quem)3)Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpuesta por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMAN, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que ordena el desalojo de inmueble en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución referida, en virtud de solicitud de posesión material de un bien inmueble adjudicado, realizada por el abogado Feliz Gerardo Méndez Lizárraga, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Extrajudicial, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIARA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra el señor VICTOR MANUEL PALMA ROSALES.CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiséis de junio del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, es violatoria de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiséis de junio del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que a solicitud de la parte ejecutante y en virtud de un bien inmueble subastado, el cual se encuentra ocupado por el ejecutado, ordena que por medio del receptor del Despacho se notifique al señor Victor Manuel Palma Rosales, que debe desocupar el inmueble antes mencionado dentro del término de un mes a partir de la notificación de dicha resolución, en el mismo se le advierte que de no cumplir con lo ordenado, se procederá al inmediato lanzamiento empleando para ello los medios idóneos para poner en posesión del mismo a su actual propietario BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA) con el auxilio de la Policía Nacional Preventiva. Todo ello en base al artículo 883 numeral 3 del Código Procesal Civil, que dispone: 3. Si el inmueble fuera la vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, se le dará un plazo de un (1) mes, prorrogable por otro mes, para desalojarlo. Transcurridos los plazos señalados, se procederá al inmediato lanzamiento.”. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, argumenta lo siguiente: “PRIMERO: … que a su representado VICTOR MANUEL PALMA ROSALES, el Banco Ficohsa le interpuso una Demanda de Ejecución de titulo Extrajudicial en la tramitación de la misma se presentó oportunamente por nuestra parte Oposición a dicha ejecución, y lo que motiva esta demanda de Amparo es que desde que se presentó la oposición a la ejecución planteada, NO SE ME NOTIFICO ninguna resolución, es decir pasaron más de 8 años, hasta que el día CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES a través de la Central de Citaciones le fue notificado a mi representado, el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés en donde se le notifica que tiene treinta días para desalojar el inmueble.- Lo cual lo deja en la mas completa y absoluta indefensión, pues no pudo presentar ningún escrito, o recurso o lo que estimara conveniente sobre todas las resoluciones que fueron dictadas en la mencionadas diligencias y que no le fueron notificadas oportunamente para que pudiéramos hacer uso de los recursos que la ley concede. Por lo anterior argumenta que la resolución que se recurre violenta las garantías constitucionales contenidas en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.”. CONSIDERANDO (7): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Por indefensión solo puede entenderse la situación en la que, con infracción de una norma procesal, se impida a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando la facultad de alegación y justificación de sus derechos, en menoscabo de la contradicción y consecuentemente el derecho de defensa. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.CONSIDERANDO (9): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la sentencia emitida en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte argumenta: (Sic) “TERCERO: El Quejoso, basa su petición, que se le ha dejado a su representado en completa indefensión, en virtud que no se ha podido presentar escrito o recurso que se estimara conveniente contra las resoluciones dictadas por el juzgado al no haber sido notificadas oportunamente. Este Tribunal luego de verificar lo acontecido en las diligencias de ejecución extrajudicial donde el procedimiento se ha desarrollado como la ley lo prevee, no puede establecerse que ha sido quebrantado el principio del Derecho de Defensa, el ejecutado ha tenido la oportunidad de actuar en el proceso, donde se opuso a la ejecución, incluso fue interpuesto recurso de Apelación contra dicha resolución, confirmándose la misma, llegándose hasta la venta del inmueble en pública subasta.- La Juez con la resolución dictada que es objeto del Recurso de Amparo, no ha violentado derecho alguno, todo lo contrario su actuar se ha enmarcado dentro de la legalidad procesal.- Pretender una resolución justa, no consiste en querer que el Órgano jurisdiccional comparte el criterio de las partes, sino más bien la observancia de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Se observa que el amparista tuvo acceso al proceso, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, obteniéndose una resolución justa y motivada.”. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada conforme a derecho, al constatar que no se ha producido infracción alguna de normas procesales que hayan producido una indefensión material, real y efectiva. CONSIDERANDO (11): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el derecho de defensa al enterarle al ejecutado de las resoluciones dictadas, en las cuales ha hecho uso de los recursos dispuestos por la Ley, como se puede apreciar en el informe rendido por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Cortes, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales.CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintitrés, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMAN.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado SELVIN OMAR ZEPEDA GUZMAN, a favor de VICTOR MANUEL PALMA ROSALES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. -NOTIFÌQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1551-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL