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Sentencia AC-1540-23 — Registro 19294

Resumen

Se revisa en consulta la sentencia que denegó el recurso de amparo presentado contra la del de letras; con relación a la demanda de nulidad de declaratoria de herencia promovida; Estimando el recurrente que se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala De Lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen laresolución de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que denegó el de recurso de amparo presentado por las Abogadas Sara Ismela Medina Galo y Debora Ramos Espinal, a favor del señor Dennis Augusto Mendoza Asbury, contra la resolución de fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, con relación a la demanda de nulidad de declaratoria de herencia promovida por la señora Elizabeth Ruth Asbury de Mendoza, contra el señor Dennis Augusto Mendoza Asbury. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, la Abogada Katherin Rebeca Mendoza Sosa, en su condición de Apoderada Legal de la señora Elizabeth Ruth Asbury de Mendoza, presentando “…NULIDAD ABSOLUTA DE CERTIFICACIÓN DE SENTENCIA DE DECLARATORIA DE HEREDERO ABINTESTATO Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD…”, que está tramitando el señor Dennis Augusto Mendoza Asbury. (Folios 1-7 del expediente del A-quo). 2).- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, conociendo el incidente de nulidad absoluta de actuaciones desde el momento de la declaratoria de rebeldía, presentado por las Abogadas Sara Ismela Medina Galo y Debora Ramos Espinal, en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, resolvió: “…UNICO: Inadmítase a trámite el escrito de nulidad, presentado por las abogadas SARA ISMELA MEDINA GALO Y DEBORA RAMOS ESPINAL, en su condición indicada, en virtud que consta en autos dación en cuenta que corre a folio 53, 54 y 55 que la receptora del despacho se personó en el domicilio del demandado, siendo imposible emplazarlo para contestar la demanda, asimismo consta en autos que el demandado señor DENNIS AUGUSTO MENDOZA ASBURY, se personó a este Juzgado en fecha catorce de marzo del año dos mil veintitrés, dándose por enterado de la presente demanda y firmando el emplazamiento hecho por la receptora del despacho, para que contestara la demanda en el plazo de treinta días, advirtiéndole que de no contestar la demanda se le declarará rebelde, según emplazamiento que corre agregado a folio 98.-NOTIFIQUESE.” (Folios 125-126 del expediente del A-quo). 3).- En fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, comparecieron ante la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas Sara Ismela Medina Galo y Debora Ramos Espinal, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Dennis Augusto Mendoza Asbury, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar las peticionarias que le vulneran a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. (Folios 2-6 del expediente del Ad-Quem). 4).- Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…DENEGANDO el RECURSO DE AMPARO interpuesto por las Abogadas SARA ISMELDA MEDINA GALO Y DEBORA RAMOS ESPINAL a favor del señor DENNIS AUGUSTO MENDOZA ASBURY, contra la resolución de fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras seccional de Danlí, departamento de El Paraíso; Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a las partes de oficio, personalmente éste mismo día o a más tardar al día siguiente hábil y de no ser así, por medio de cédula y una vez firme se remita en Consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.” (Folios 42-45 del antecedente). 3).- Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que denegó el de recurso de amparo presentado por las Abogadas Sara Ismela Medina Galo y Debora Ramos Espinal, a favor del señor Dennis Augusto Mendoza Asbury, contra la resolución de fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, con relación a la demanda de nulidad de declaratoria de herencia promovida por la señora Elizabeth Ruth Asbury de Mendoza, contra el señor Dennis Augusto Mendoza Asbury. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violentó el derecho de defensa, en vista que el Juez de primera instancia con la resolución que emitió de fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y que desestima la nulidad de actuaciones mancilla, ya que es evidente que el acto de declaratoria de rebeldía en contra de nuestro representado es contrario a la Ley, debido a que tal como reza el artículo 140 numeral 1 del Código Procesal Civil, en lo atinente que, si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le hubiere notificado válidamente no se persona en el procedimiento, se le declarara rebelde. En apego a lo anteriormente establecido, la declaración de rebeldía al señor Dennis Augusto Mendoza, es improcedente, puesto que con el hecho de presentar escrito confiriendo poder, ya se ha efectuado el personamiento, al que hace el artículo 440 en mención; ya que en ningún momento el precepto legal establece que se declarara rebelde a quien no conteste la demanda; sino quien no se persone en el procedimiento; por lo que en apego a ley, nuestro representado al haberse personado en el proceso aún sin contestar la demanda, no podía ser declarado en rebeldía. Continua argumentando que se le ha violentado el derecho de defensa, por la falta de actividad por pate del apoderado legal, la cual fue determinante para la declaración de rebeldía en contra de su representado dejándole INDEFENSO; siendo evidente la violación a este derecho, ya que producto de una errada interpretación jurídica con respecto a la declaratoria de rebeldía, y una falta de corrección a un profesional del derecho irresponsable, están dejando en clara indefensión a su representado, al coartar su derecho a la contestación de la demanda y a ser parte activa en el proceso. Tambien señala que se le violento el debido proceso, en vista que en primer lugar, el órgano jurisdiccional ordeno notificar al demandado del auto de declaración de rebeldía, cuando este ya había conferido poder al Abogado Ulises Alberto Lizardo Oseguera y el mismo había sido admitido y conferido por el órgano jurisdiccional; razón por la cual debierón de notificar al abogado quien es el que ostenta la representación legal desde el momento en que se admite el poder; en segundo lugar, notificarón a nuestro representado de un auto de declaración de rebeldía que hasta el dia de hoy no ha adquirido el carácter de firme, puesto que no obra en el expediente que el Abogado Ulises Alberto Lizardo Oseguera, parte en el proceso, se haya notificado del auto, lo que significa que ni siquiera ha empezado a correr el termino para interponer el recurso de reposición y que el auto quede firme; sin embargo, pese a que el auto declarando la rebeldía no está firme, este órgano jurisdiccional ha continuado con el proceso, siendo esto un acto que atenta contra el derecho de defensa de nuestro representado y vulnera claramente el debido proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte Tercera de Apelaciones del Distrito Central, en su sentencia de fecha trece (13) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), deniega la presente acción de amparo por considerar que no ha existió violación al derecho de defensa y debido proceso.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de los antecedentes venidos en consulta se desprende, que si bien es cierto en la presente causa al no tener acreditado el domicilio del demandado, se ordenó su emplazamiento por edictos, sin embargo el Receptor del despacho al tener la fe pública del Juzgado, y al encontrarse al demandado Dennis Augusto Mendoza Asbury en el Edificio Judicial de Danli, el Paraíso, que es el centro de trabajo de receptor, este procedió a emplazarlo en fecha catorce de marzo del dos mil veintitrés (Folio 98 de la primera pieza de autos), para que en el plazo de treinta (30) días hábiles contestara la demanda, venciendo el mismo el tres (3) de mayo del dos mil veintitrés (2023), y que al no realizarlo fue declarado rebelde mediante auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (Ver folios 98, 103 y 108 de la primera pieza de autos). Que de igual manera la nulidad tal y como dice el artículo 215.1 del Código Procesal Civil, tiene que alegarse en la primera actuación, consta que la parte demandada se persono en el proceso confiriendo poder, luego su apoderada solicito fotocopia del expediente, posteriormente solicito la reprogramación de audiencia de demanda civil de nulidad y hasta la cuarta actuación presenta la nulidad de actuaciones, cuando ya había sido consentida (Folio 110, 115 y 119 de la primera pieza de autos). Por lo antes referido, esta Sala es del criterio que se debe confirmar la sentencia venida en consulta, ya que como se ha dejado claro, no se han vulnerado los derechos referidos por las recurrentes en esta acción de amparo y que se conoce en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 215.1 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha trece (13) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023), por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1540-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL