Sentencia AC-1479-23 — Registro 19010
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la resolución que sobreseyó el recurso de amparo con relación a la demanda de reivindicatoria de dominio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 103, 106 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "IV. En el caso bajo estudio como ya se dijo la sentencia (3 de diciembre de 2021), contra la cual se presenta la acción de amparo es firme, lo que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, que se define como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla, en otras palabras, que es un principio fundamental del sistema jurídico que establece que una vez que una sentencia ha sido emitida y se ha vuelto final y firme, no puede ser revisada nuevamente por los tribunales, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley, y, en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. Por lo que, la Sala ha considerado que el acto o en este caso la sentencia firme de fecha 3 de diciembre de 2021, se consuma de manera irreparable cuando es emitida, porque se producen todos sus efectos legales. Por supuesto que esto es sin perjuicio, para ejercitar otras acciones que en derecho tenga a favor de su representada la Sociedad Mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA). Así, al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que ya alcanzó firmeza, como lo hemos afirmado ya, la acción de amparo se enmarca en la causal 5ª de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece que es inadmisible el recurso de amparo contra actos consumados de modo irreparable. V. En consecuencia, este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser actos consumado de forma irreparable, por lo que correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 5), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 5 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el de recurso de amparo presentado por la Abogada Ligia Maria Arriaga Nufio, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA), contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda de reivindicatoria de dominio, promovida por la señora Scarlet Rebeca Andrade Zelaya, contra la señora Sara Elizabeth Martínez Pineda. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 103, 106 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1. En fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Abogada Ligia María Arriaga Nufio, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando acción de amparo, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno con relación a la demanda de reivindicatoria de dominio, promovida por la señora Scarlet Rebeca Andrade Zelaya, contra la señora Sara Elizabeth Martínez Pineda.(Folios 1-7 vuelto del antecedente) 2. Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la referida Corte, en fechatres de noviembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…SOBRESEER el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO en su condición de apoderada judicial de la sociedad INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA), contra la sentencia definitiva dictada en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.-…” (Folios 74-76 del antecedente)3.En fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA 1. La sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA), contra la resolución de fecha tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda reivindicatoria de dominio, promovida por la señora SCARLET REBECA ANDRADE ZELAYA, contra la señora SARA ELIZABETH MARTÍNEZ PINEDA.2. En la sentencia objeto de examen, el Tribunal de Apelaciones señala (sic): “…CUARTO: Con lo detallado en el numeral anterior, se observa que la sentencia de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), sobre la cual se solicita el amparo, la misma es FIRME. El Código Procesal Civil establece que: Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiera transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndolo presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente. En este sentido la Constitución de la Republica en su articulo 186 determina: “Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedo firme la sentencia. La acción de Revisión debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia, La ley debe Reglamentar los casos y la forma de la revisión”. Lo dispuesto en la Constitución de la República también esta relacionado en los propios términos según lo dispone el articulo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agregando que la Acción de Revisión se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. QUINTO: Que, a criterio de esta Corte, la normativa Constitucional ya establece el mecanismo legal mediante el cual se puede hacer valer el derecho que se considera vulnerado, cuando ya existe una sentencia firme y en el caso que nos ocupa ejecutada en su totalidad, pues se libró y cumplimento el mandamiento respectivo al Instituto de la Propiedad a efecto de anular el asiento 785447, asiento 4 y el ejecutor puso en posesión material del inmueble a la demandante Scarlet Rebeca Andrade Zelaya, por lo que el asunto se encuentra comprendido en el numeral 5) del Articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el cual determina que: es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, por tal razón esta Alzada no estima procedente que mediante la acción de amparo se pretenda invalidar la sentencia recurrida en amparo. ”RAZONAMIENTO DE LA SALA. I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.De la vista de los antecedentes consta que el punto central en el recurso, es la violación de los derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, ello porque sostiene la censora que su representada INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA), no fue integrada al proceso como litisconsorcio pasivo necesario, y lo considera así, ya que a su entender, la demanda de reivindicatoria de dominio promovida por la señora Scarlet Rebeca Andrade Zelaya, contra la señora Sara Elizabeth Martinez Pineda, le causa un perjuicio debido a que se anula la matricula 785447, asiento 4, donde se encontraba inscrita la propiedad que la demandada adquirió de los señores Blanca Marina Fajardo Sibrian y Roy Alexander Pineda García, estos a su vez adquirieron la propiedad de Inversiones Nacionales S.A. de C.V. (INVERSIONA), adquirida por esta última mediante subasta pública, situación que generó que la señora Sara Martinez, ahora demande a sus vendedores (Blanca Fajardo e Inversiona), pretendiendo el saneamiento por evicción, no obstante, el acto reclamado en amparo lo constituye una sentencia firme mediante la cual se declara la reivindicatoria de dominio y nulidad absoluta de la escritura matriz […] se ordena la restitución del bien […], -sentencia de fecha 3 de diciembre de 2021-. Es oportuno destacar que esta Sala de lo Constitucional ha declarado en reiterada jurisprudencia que las sentencias judiciales definitivas firmes o ejecutoriadas, como un acto consumado de modo irreparable, contra el cual no cabe instar la acción de amparo. III. Ha sido aceptado doctrinariamente y así lo ha asentido este Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas. De la misma manera, esta Sala ha establecido en reiteradas decisiones, que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable; y, 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías contra de este tipo de actos. IV. En el caso bajo estudio como ya se dijo la sentencia (3 de diciembre de 2021), contra la cual se presenta la acción de amparo es firme, lo que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, que se define como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla, en otras palabras, que es un principio fundamental del sistema jurídico que establece que una vez que una sentencia ha sido emitida y se ha vuelto final y firme, no puede ser revisada nuevamente por los tribunales, garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley, y, en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. Por lo que, la Sala ha considerado que el acto o en este caso la sentencia firme de fecha 3 de diciembre de 2021, se consuma de manera irreparable cuando es emitida, porque se producen todos sus efectos legales. Por supuesto que esto es sin perjuicio, para ejercitar otras acciones que en derecho tenga a favor de su representada la Sociedad Mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA). Así, al estar dirigido el acto reclamado con el presente amparo, contra una resolución que ya alcanzó firmeza, como lo hemos afirmado ya, la acción de amparo se enmarca en la causal 5ª de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece que es inadmisible el recurso de amparo contra actos consumados de modo irreparable. V. En consecuencia, este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser actos consumado de forma irreparable, por lo que correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 5), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 46, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), que por su parte decidió SOBRESEER la acción de Amparo interpuesta por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V. (INVERSIONA). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1479-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL