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Sentencia AC-146-23 — Registro 18724

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia dictada que falló declarando de oficio la nulidad de la sentencia definitiva que resuelve desestimando la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por el Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar de oficio la nulidad de la sentencia definitiva recurrida dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá, en el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, ello ante la falta de motivación que soporte la decisión adoptada por el A-quo que desestima el motivo de Oposición formulada por la Parte Ejecutada, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la Procuraduría General de la República, decisión esta que en ninguna forma le veda el derecho a la recurrente a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez, ello es así porque la Alzada declara la nulidad de la sentencia dictada por el A-quo ante la falta de motivación, en relación a las razones de hecho y de derecho tenidas en consideración para desestimar la Oposición planteada y la existencia de un documento que contiene un Convenio y Reconocimiento de Deuda, lo que no conlleva a determinar que el A-quo dicte resolución en el sentido y conforme a los argumentos expuestos por la recurrente, en atención a que se está contraviniendo el contenido de la obligación plasmada en el Título Ejecutivo Resolución Número 360/2014-SG-TSC, vulnerando en consecuencia el derecho a su representada a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez; aunado a ello “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva, trasgresiones que no se observan, ya que la recurrente fue escuchada por la Alzada en relación a sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió respuestas jurisdiccionales conforme a la norma aplicable al caso en estudio, a través de una motivación clara, precisa y exhaustiva, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (15): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que falló declarando de oficio la nulidad de la sentencia definitiva recurrida dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá, en ocasión del recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, que resuelve desestimando la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra el señor JOSÉ RAFAEL VÁSQUEZ. Estimando la recurrente que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones es contraria a derecho, contraviene disminuye y tergiversa a su representado los derechos fundamentales a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Principio de Legalidad, preceptos constitucionales y legales que se encuentran consignados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 228 de la Constitución de la República y desarrollados en los artículos 1, 3 y 4 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de La Esperanza, departamento de Intibucá, el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA, en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, contra el señor JOSÉ RAFAEL VÁSQUEZ, peticionando se proceda a dictar despacho de ejecución por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 1,617,998.11). (Folios del 1-3fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2)Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Intibucá, el Abogado NELSON MILTON AYALA BAUTISTA, en su condición de representante procesal del señor JOSÉ RAFAEL VASQUEZ, presentando Oposición a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, fijando como motivo de oposición la establecida en el artículo 792 numeral 8 del Código Procesal Civil consistente en: Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente. (Folios 31-32 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)En fecha veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Segundo del Departamento de Intibucá, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMANDO LA OPOSICIÓN a la EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, POR NO CONCURRIR LA QUITA, ESPERA O PACTO O PROMESA DE NO PEDIR, QUE CONSTE DOCUMENTALMENTE, el cual fue el motivo de oposición alegado por la parte ejecutada (opositor), presentada por el Abogado NELSON MILTON AYALA BAUTISTA como Apoderado Judicial del señor JOSE RAFAEL VASQUEZ; en la demanda de EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA a través de su apoderado legal, el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA. SEGUNDO: ORDENANDOSE seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. TERCERO: Se condena en costas virtud de haberse desestimado totalmente la oposición. Artículo 796 numeral 2 del Código Procesal Civil. CUARTO: MANDA: Que se siga con el procedimiento; Se previene a las partes que contra la presente resolución cabe el recurso de Apelación, que no suspenderá las actuaciones cuando fuere desestimatoria a la oposición. (Artículo 797 CPC). Se resuelve hasta esta fecha en virtud que el suscrito juez se encontraba fuere de la cede judicial realizando diligencias judiciales. NOTIFIQUESE…” (Folios 53-54fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado NELSON MILTON AYALA BAUTISTA, en su condición de representante procesal del señor JOSÉ RAFAEL VÁSQUEZ, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, departamento de Comayagua, en fecha dos de noviembre del año dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DECLARANDO DE OFICIO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE INTIBUCÁ, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, y mediante la cual dispone: "PRIMERO: Desestimando la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial por no concurrir La Quita, Espera o Pacto o Promesa de no Pedir que conste documentalmente, el cual fue el motivo de oposición alegado por la parte ejecutada (opositor) presentada por el Abogado Nelson Milton Ayala Bautista, como apoderado judicial del señor JOSE RAFAEL VASQUEZ, en La Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovido por la Procuraduría General de la República a través de su apoderado legal el abogado Willians Emerson Ayala Orellana. SEGUNDO: Ordenándose seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. TERCERO: Se condena en costas en virtud de haberse desestimando totalmente la oposición artículo 796 numeral 2 del Código Procesal Civil." EN CONSECUENCIA QUE EL A-QUO PROCEDA CON ARREGLO A DERECHO. Y MANDA: Que una vez debidamente notificado el presente fallo y firme que sea, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con certificación de estilo para los efectos legales consiguientes…”. (Folios del 12-14 de la pieza de antecedentes del Ad-quem)5)En fecha tres de febrero del año dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS y delegando Poder en la Abogada SARA MARIA BUSTILLO ROMERO, por considerar que la sentencia dictada por el Ad-quem de fecha dos de noviembre del año dos mil veintidós, es violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consignados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 228 de la Constitución de la República. (Folios del 1-9 de los autos)6)En fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el término de 48 horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 40 de los autos) 7)Que en fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada ROSANA RODRÍGUEZ ESPINAL, quien fue de la opinión que no se otorgue la Acción de Amparo interpuesta, por no existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista. Argumenta inter alia la Fiscal del Despacho: “… La corte relacionada observó que en primera instancia se invoca el artículo 792 numeral 8 del Código Procesal Civil y que describa "quita o espera o pacto de no pedir que conste documentalmente y ante esa premisa adjetiva procesal la Corte de apelaciones relacionada observa una documental de convenio y reconocimiento de deuda (folio trece segunda pieza) sin embargo, ese motivo de oposición que deriva precisamente de lo expuesto por la Corte, vinculante a la existencia de un posible pacto, cuya variante se establece en el artículo 792.8 del Código Procesal Civil, la Corte determinó, que no existe una motivación convincente que permita determinar las razones de hecho y de derecho por la cuales puedan determinar sin lugar a dudas la resolución censura del 22 de febrero del 2021, y en virtud de la cual el A-quo asume la desestimación de la oposición a la ejecución de titulo extrajudicial, invocada por el ejecutado, en consecuencia considera, declarar de oficio la nulidad de la sentencia o resolución impugnada, dictada por el A-quo a que se ha hecho referencia. Esta Postura contraria a la del amparista no lesiona su derecho de defensa ya que es el reconocido a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso, de ser oída y de hacer valer y probar las propias razones y argumentos, y de rebatir las alegaciones y las pruebas en contra, todos estos aspectos, han sido observados en la causa subjudice, el representante de la Procuraría General de la Republica, ha sido oído, en el ámbito de este proceso contencioso administrativo y, su postura ha sido plasmada en sus escritos y ha hecho valer sus tesis en los recursos que la ley Prevé frente a las decisiones judiciales en las que ha estado inconforme…” (Folios del 43-48 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que declara de oficio la nulidad de la sentencia definitiva recurrida, en ocasión del recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, que resuelve desestimando la Oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra el señor JOSÉ RAFAEL VÁSQUEZ. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, argumentando que el acto que se recurre en Amparo es contraria a derecho, contraviene, disminuye y tergiversa a su representado derechos fundamentales como ser la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Principio de legalidad, preceptos constitucionales y legales que se encuentran consignados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 228 de la Constitución de la República y desarrollados en los artículos 1, 3 y 4 del Código Procesal Civil entre otros. Sostiene la peticionaria que en este caso particular su representado fue vulnerado en su derecho a la Tutela Judicial Efectiva y Debido proceso, en virtud que la sentencia de fecha dos de noviembre del dos mil veintiuno, no consideró la especialidad de la materia que rige los actos de los servidores y funcionarios públicos, en cuanto al cuidado y tutela que deben tener estos de los bienes y fondos del erario público, como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, ya que de manera errónea la Corte de Apelaciones realizó un análisis incongruente y con falta de aplicación de la normativa legal correspondiente, además de no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil al momento de emitir sentencias, en donde se establece que las mismas deben ser emitidas cumpliendo parámetros como claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, los cuales no se cumplieron en la sentencia recurrida.CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de sus alegatos en relación a la violación a derechos fundamentales en que incurre la sentencia, la recurrente sostiene que, con la orden de nulidad de oficio realizada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, se está contraviniendo el contenido de la obligación plasmada en el titulo ejecutivo, Resolución 360/2014-SG-TSC, vulnerándose el derecho a su representada a ver satisfecha la deuda, así como el acceso a la justicia; pues si bien es cierto ha podido presentar los recursos que franquea la ley, el solo acceso a dichos recursos no significa que a su representada se la hayan tutelado sus derechos, en vista que no se han cumplido con las formalidades que la ley señala, ya que el Ad-Quem en su examen del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, hace una interpretación errónea de la ley aplicable al caso concreto, pues este tipo de acciones, las generadas por el Tribunal Superior de Cuentas, nacen del derecho administrativo por la relación existente entre los empleados servidores y funcionarios públicos y el Estado, por lo que al momento de generarse una determinación de responsabilidad civil, lo que corresponde aplicar es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como norma rectora para este tipo de acciones jurídicas. El hecho que la Corte de Apelaciones determine aplicar una legislación que no corresponde al caso y con lo cual decide detener la acción de ejecución iniciada por esa representación procesal, implica una clara violación al derecho de acceder a los tribunales y obtener una resolución apegada a derecho, ya que el objetivo de la acción iniciada contra el señor Vásquez tiene como fin obtener el pago de dinero que se generó por las omisiones a los deberes que él como Tesorero Municipal tenía y que generaron un perjuicio económico al Estado de Honduras. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con su exposición de vulneración a la Tutela Judicial Efectiva, la garantista cita los artículos 1 de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dice que la sentencia de fecha dos de noviembre del años dos mil veintidós violenta lo establecido en los supra señalados, así como lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil, en el cual se indica que la finalidad del recurso de apelación “tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto d debate por el órgano jurisdiccional competente”, transcribe asimismo el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida en Amparo, con lo cual considera que el A-Quem olvidó realizar el ejercicio de aplicación e interpretación de las normas empleadas en el acto impugnado ante su presencia. El Ad-Quem omitió en su análisis hacer revisión exhaustiva y detallada de la resolución número 360/2014-SGTSC emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, en donde se determina la responsabilidad del señor José Rafael Vásquez, ya que ostentaba el cargo de Tesorero Municipal y ya la ley le impone a él una serie de atribuciones, responsabilidades, obligaciones y prohibiciones para el desempeño del cargo, las cuales el señor José Rafael Vásquez no puede transferir al Alcalde Municipal Fredy Amílcar Cantarero Diaz, por dicha razón no opera para el señor Vásquez el convenio de pago realizado por el señor Fredy Amílcar Cantarero Diaz, pues a éste último también se le decretó responsabilidad civil, ya que la Ley del Tribunal Superior de Cuentas señala que para la determinación de la misma se individualizarán los pliegos, no importando que sea de un mismo hecho generador.CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. así mismo el recurrente invoca como vulnerados los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca la impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil relacionados a los requisitos internos de la sentencia, en cuanto a la claridad, precisión y exhaustividad, asimismo a la motivación y congruencia. El artículo 206 dispone: “CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” CONSIDERANDO( 8): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar la nulidad de la sentencia definitiva recurrida dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá, en atención a que considera que la decisión adoptada por el A-quo es la correcta, en cuanto a desestimar la oposición a la Ejecución de Título Extrajudicial, por no concurrir la Quita, Espera o Pacto o Promesa de no pedir, que conste documentalmente; considera la recurrente que la decisión adoptada por el Tribunal recurrido veda el derecho a su representado a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez, la cual deriva de la Resolución número 360/2014-SG-TSC, misma que constituye Título Ejecutivo. CONSIDERANDO (9): Que como lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones; uno de esos derechos es la motivación de las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas la recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, al emitirse a su criterio, una resolución carente en su motivación de claridad, precisión y exhaustividad. CONSIDERANDO (10): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO(11): Que de los argumentos expuestos por la recurrente tanto en la interposición como en la formalización de la Acción Constitucional de Amparo, este Tribunal de Justicia Constitucional advierte que el asunto central por el cual se recurre en Amparo es en atención a que la garantista sostiene que con la orden de nulidad de oficio realizada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, se está contraviniendo el contenido de la obligación plasmada en el Título Ejecutivo Resolución Número 360/2014-SG-TSC, vulnerándose el derecho a su representada a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez, quien fungió como Tesorero Municipal y la ley le impone a él una serie de atribuciones, responsabilidades, obligaciones y prohibiciones para el desempeño del cargo, las cuales el señor José Rafael Vásquez no puede transferir al Alcalde Municipal Fredy Amílcar Cantarero Diaz; por dicha razón no opera para el señor Vásquez el convenio de pago realizado por el señor Fredy Amílcar Cantarero Diaz.- Considera la recurrente que el Ad-Quem omitió en su análisis hacer revisión exhaustiva y detallada de la resolución número 360/2014-SG-TSC emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, en donde se determina la responsabilidad del señor José Rafael Vásquez. Dice además la peticionaria de Amparo que la Corte de Apelaciones determinó aplicar una legislación que no corresponde al caso y con lo cual decide detener la acción de ejecución iniciada por esa representación procesal, lo cual implica una clara violación al derecho de acceder a los tribunales y obtener una resolución apegada a derecho.CONSIDERANDO(12): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. En la resolución que se impugna en el acápite intitulado “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION JURIDICA”, ordinal tercero, relacionada también por la recurrente, la Alzada argumenta: (Sic) “Que un examen del memorial, de la acción ejecutiva que nos ocupa, nos indica que el ejecutado invoco como motivo de oposición el descrito en el articulo 792 numeral 8 del Código Procesal Civil, que describe varios sub motivos como ser quita, espera o pacto de no pedir, que conste documentalmente, y ante esa premisa civil adjetiva, este Ad-quem aprecia una documental contentiva de CONVENIO Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA, en virtud de la cual y en acuerdo de voluntades, uno de los obligados solidarios al pago total de la deuda comprendido en el título de ejecución judicial, el señor FREDY AMILCAR CANTARERO DIAZ, de conformidad con la ejecutante, la Procuraduría General de la Republica, se arroga en el cumplimiento de la deuda por la cantidad liquida y exigible que se le imputa al ejecutado JOSE RAFAEL VASQUEZ, con un plan de pago que el deudor solidario, es decir, el señor FREDY AMILCAR CANTARERO DIAZ, en su condición de Alcalde del municipio de Dolores, del departamento de Intibucá, solidario con su Tesorero JOSE RAFAEL VASQUEZ, se subrogo en la titularidad de la obligación reclamada, vale decir ese acuerdo sinalagmático, si bien no significa novación, pero podría excluir la posibilidad del señor JOSE RAFAEL VASQUEZ, pues al parecer esa titularidad ejecutiva ha sido asumida por el alcalde en el periodo reparado. A raíz de ello, esta Corte observa un plan de pago y recibos que evidencian algunos pagos de la obligación suscritos por la ejecutante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, ese motivo de oposición se deriva precisamente de lo expuesto por esta Corte vinculante a la existencia de un posible pacto, cuya variante se establece en el artículo 792.8 del Código Procesal Civil, sin embargo a juicio de esta Corte, no existe una motivación convincente que permita determinar las razones de hecho y de derecho por la cuales puedan determinar sin lugar a dudas la resolución censura del 22 de febrero del 2021, y en virtud de la cual el A-quo asume la desestimación de la oposición a la ejecución de titulo extrajudicial, invocada por el ejecutado, en consecuencia esta Corte considera, declarar de oficio la nulidad de la sentencia o resolución impugnada, dictada por el A-quo a que se ha hecho referencia.” -Subrayado añadido- CONSIDERANDO(13): Que la recurrente expone que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, carece de claridad, precisión y exhaustividad en su motivación; en ese orden de ideas el artículo 206 del Código Procesal Civil, establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Requisitos éstos internos de la sentencia, lo cual es un desarrollo del principio de justicia rogada, donde la resolución es congruente y ajustada al objeto del debate. En atención a ello el Dr. Juan Antonio Toro Peña sostiene que: “1) Dispone el hecho de que la resolución definitiva de la instancia (sentencia), debe de ser clara para lo cual tiene que respetar la significación del lenguaje. Precisa para que se entienda la decisión judicial. Exhaustiva dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, sin perjuicio, de la precisión que se establezca en cuanto a la motivación. 2) Establece que el Tribunal, tomando como límite la pretensión de la parte (causa de pedir), puede acudir para resolver a fundamentos de derecho o derecho distintos de los que las partes han alegado e indicado en sus escritos correspondientes. Este principio se refleja en las facultades procesales del Juez o Tribunal (Art. 12.5 CPC)…”. De la foliada del referido fallo, esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución del Tribunal de Alzada en su motivación, se muestra en congruencia con los requisitos que exige la ley procesal, de ser clara, precisa y exhaustiva; de la lectura del ordinal tercero del acápite intitulado “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA”, la Corte recurrida hace una exposición en relación al motivo de Oposición formulado por el ejecutado, el cual deriva de un Convenio y reconocimiento de Deuda, suscrito por el señor Fredy Amílcar Cantarero Diaz, quien fungió como Alcalde del municipio de Dolores, departamento de Intibucá, en el periodo en que se practicó la auditoria financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas; en ese orden de ideas la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial promovido por la Procuraduría General de la República, en contra del señor José Rafael Vásquez, se fundamenta en la Resolución número 360/2014-SG-TSC, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se le deduce responsabilidad civil por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.1,617,998.11), de manera solidaria por diferentes hechos y cantidades, inter alia con el ciudadano Fredy Amílcar Cantarero Diaz; en atención a ello la Corte concluye para declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por el A-quo, que no existe una motivación convincente que permita determinar las razones de hecho y de derecho por las cuales se pueda determinar sin lugar a dudas la resolución censura del 22 de febrero del 2021, en virtud de la cual el A-quo asume la desestimación de la oposición a la ejecución de título extrajudicial.CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar de oficio la nulidad de la sentencia definitiva recurrida dictada por el Juzgado de Letras Segundo de Intibucá, en el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, ello ante la falta de motivación que soporte la decisión adoptada por el A-quo que desestima el motivo de Oposición formulada por la Parte Ejecutada, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la Procuraduría General de la República, decisión esta que en ninguna forma le veda el derecho a la recurrente a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez, ello es así porque la Alzada declara la nulidad de la sentencia dictada por el A-quo ante la falta de motivación, en relación a las razones de hecho y de derecho tenidas en consideración para desestimar la Oposición planteada y la existencia de un documento que contiene un Convenio y Reconocimiento de Deuda, lo que no conlleva a determinar que el A-quo dicte resolución en el sentido y conforme a los argumentos expuestos por la recurrente, en atención a que se está contraviniendo el contenido de la obligación plasmada en el Título Ejecutivo Resolución Número 360/2014-SG-TSC, vulnerando en consecuencia el derecho a su representada a ver satisfecha la deuda por parte del señor José Rafael Vásquez; aunado a ello “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva, trasgresiones que no se observan, ya que la recurrente fue escuchada por la Alzada en relación a sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió respuestas jurisdiccionales conforme a la norma aplicable al caso en estudio, a través de una motivación clara, precisa y exhaustiva, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (16): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, oído la opinión del Fiscal del Despacho y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 206, 207, 208 y 715 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0146-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL