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Sentencia AC-1332-23 — Registro 19289

Resumen

Sobreseimiento de amparo en consulta en relación a resolución que tiene por desistida la demanda únicamente en relación a recurrente por su no comparecencia a la audiencia preliminar sin haber presentado justificación y por no tener su apoderada la facultad de conciliar en el poder que se ha presentado en la demanda declarativa de Nulidad de Instrumento Público, considerando la causal de inadmisibilidad de tener expeditos recurso ordinarios en el juicio de que se trata.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, por lo que cuenta con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tiene expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa.CONSIDERANDO (9): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….; 2)….; 3)…; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismos juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; y, 9)… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.7 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, por lo que cuenta con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tiene expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa.CONSIDERANDO (9): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….; 2)….; 3)…; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismos juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; y, 9)… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.7 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, por lo que cuenta con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tiene expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa.CONSIDERANDO (9): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….; 2)….; 3)…; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismos juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; y, 9)… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.7 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que Sobreseyó el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada IRMA LETICIA CASTELLANOS PINEDA, Apoderada legal de la señora LENIA MARIBEL VILLALTA ANTUNEZ, contra la resolución de fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, con relación en la demanda declarativa de Nulidad de Instrumento Público de compraventa y su inscripción en el Registro de la Propiedad, promovida por el señor MILTON ALBANIO, SANTOS ELIZABETH, NIBIA CIREY, LENIA MARIBEL todos de apellidos VILLALTA ANTUNEZ, contra el señor CESAR AUGUSTO VILLALTA ANTUNEZ. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticuatro de abril del dos mil veintitrés, la Abogada IRMA LETICIA CASTELLANOS PINEDA, representante procesal de la señora LENIA MARIBEL VILLALTA ANTUNEZ, compareció ante la CORTE TERCERA DE APELACIONES interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora LENIA MARIBEL VILLALTA ANTUNEZ contra la Resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, por estimar que la referida resolución viola el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, (Folios 1 al 2 de los antecedentes)2)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IRMA LETICIA CASTELLANOS PINEDA, apoderada legal de la señora LENIA MARIBEL VILLALTA ANTUNEZ, contra la resolución de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintitrés (2023) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho; por existir causales de inadmisibilidad contenidos en el artículo 46 numeral 7 de la ley Sobre Justicia Constitucional, tener expeditos recurso ordinarios en el juicio de que se trata. Y MANDA: Que una vez firme se remita en consulta a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. (Folios 17 al 20 de los antecedentes)3)Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, conocida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda, contra la resolución de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Instrumento Público, promovida por los señores MILTON ALBANIO, LENIA MARIBEL, SANTOS ELIZABETH Y NIBIA CUREY, todos de apellidos VILLALTA ANTUNEZ, contra el señor CESAR AUGUSTO VILLALTA ANTINEZ. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, es violatorio de derechos constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, resolución que tiene por desistida de la demanda únicamente en relación a la señora Lenia Maribel Villalta Antunez, por su no comparecencia a la audiencia preliminar sin haber presentado justificación y por no tener su apoderada la facultad de conciliar en el poder que se ha presentado, en la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Instrumento Público, promovida por los señores Milton Albanio, Lenia Maribel, Santos Elizabeth y Nibia Curey, todos de apellidos Villalta Antunez, contra el señor Cesar Augusto Villalta Antunez. (Ver Folio 130 vuelto de la Pieza de antecedentes de Primera Instancia) CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en amparo argumenta que en fecha dieciocho de abril del dos mil veintitrés se celebró audiencia preliminar en que comparecieron sus representados Milton Albano, Santos Elizabeth, Nibia Cirey de apellidos Villalta Antúnez. Resulta que en el caso de la señora Lenia Maribel Villalta Antúnez, su comparecencia fue a través de un poder especial de representación a su favor. Una vez abierta la audiencia el aquo exhorto a la conciliación por lo que mis poderdantes y la parte demandada no llegaron a ningún acuerdo, por lo que dentro de las facultades que se me fue otorgadas no se estableció la de conciliar, por lo cual la señora Juez determino por no comparecida de mi poderdante de acuerdo al artículo 445 del Código Procesal Civil, con lo cual se violenta el derecho de defensa, ya que si bien no se contaba con la facultar de conciliar, pero si la de comparecer a los Juzgados y tribunales.CONSIDERANDO (4) Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra conforme a derecho, pues SOBRESEE las diligencias con fundamenta en el artículo 46 numeral 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Señala la Corte que “La acción de amparo va dirigida contra una resolución que emite el A-Quo en audiencia preliminar, al resolver poner fin al proceso, únicamente para la demandante Lenia Maribel Villalta Antúnez, por no haber comparecido a la audiencia preliminar y no haber justificado debidamente su incomparecencia, además de que el poder general otorgado a la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda, no ostenta la facultad expresa de conciliar; por consiguiente la abogada Castellanos en ese mismo acto interpone recurso de reposición, el cual es declarado sin lugar. En ese orden de ideas la amparista interpone acción de amparo, contra aquella resolución que le pone fin al proceso, sin embargo, al encontrarnos en un proceso civil, es sabido que procede el recurso de apelación, artículo 707 del Código Procesal Civil: 1) las sentencias; 2) los autos definitivos que pongan fin al proceso; y, 3) aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los juzgados de paz y los juzgados de letras. En conclusión la causa de inadmisión de la presente acción de amparo, consiste en que le quedan expeditos los recursos o acciones legales por ejercitar en el mismo juicio; es decir no se ha interpuesto el recurso de apelación, ya que dicha resolución es objeto de recurso de apelación porque la resolución del A-Quo fue PONER FIN AL PROCESO, lo que su subsume en una causa de inadmisibilidad de la acción de amparo, señalada en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionado con el artículo 49 del mismo cuerpo legal, cuando para su admisión se exige “…la indicación de los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación…”.CONSIDERANDO (7): Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa.CONSIDERANDO (8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resoluCONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, es violatorio de derechos constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, resolución que tiene por desistida de la demanda únicamente en relación a la señora Lenia Maribel Villalta Antunez, por su no comparecencia a la audiencia preliminar sin haber presentado justificación y por no tener su apoderada la facultad de conciliar en el poder que se ha presentado, en la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Instrumento Público, promovida por los señores Milton Albanio, Lenia Maribel, Santos Elizabeth y Nibia Curey, todos de apellidos Villalta Antunez, contra el señor Cesar Augusto Villalta Antunez. (Ver Folio 130 vuelto de la Pieza de antecedentes de Primera Instancia) CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en amparo argumenta que en fecha dieciocho de abril del dos mil veintitrés se celebró audiencia preliminar en que comparecieron sus representados Milton Albano, Santos Elizabeth, Nibia Cirey de apellidos Villalta Antúnez. Resulta que en el caso de la señora Lenia Maribel Villalta Antúnez, su comparecencia fue a través de un poder especial de representación a su favor. Una vez abierta la audiencia el aquo exhorto a la conciliación por lo que mis poderdantes y la parte demandada no llegaron a ningún acuerdo, por lo que dentro de las facultades que se me fue otorgadas no se estableció la de conciliar, por lo cual la señora Juez determino por no comparecida de mi poderdante de acuerdo al artículo 445 del Código Procesal Civil, con lo cual se violenta el derecho de defensa, ya que si bien no se contaba con la facultar de conciliar, pero si la de comparecer a los Juzgados y tribunales.CONSIDERANDO (4) Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa que la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra conforme a derecho, pues SOBRESEE las diligencias con fundamenta en el artículo 46 numeral 7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Señala la Corte que “La acción de amparo va dirigida contra una resolución que emite el A-Quo en audiencia preliminar, al resolver poner fin al proceso, únicamente para la demandante Lenia Maribel Villalta Antúnez, por no haber comparecido a la audiencia preliminar y no haber justificado debidamente su incomparecencia, además de que el poder general otorgado a la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda, no ostenta la facultad expresa de conciliar; por consiguiente la abogada Castellanos en ese mismo acto interpone recurso de reposición, el cual es declarado sin lugar. En ese orden de ideas la amparista interpone acción de amparo, contra aquella resolución que le pone fin al proceso, sin embargo, al encontrarnos en un proceso civil, es sabido que procede el recurso de apelación, artículo 707 del Código Procesal Civil: 1) las sentencias; 2) los autos definitivos que pongan fin al proceso; y, 3) aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los juzgados de paz y los juzgados de letras. En conclusión la causa de inadmisión de la presente acción de amparo, consiste en que le quedan expeditos los recursos o acciones legales por ejercitar en el mismo juicio; es decir no se ha interpuesto el recurso de apelación, ya que dicha resolución es objeto de recurso de apelación porque la resolución del A-Quo fue PONER FIN AL PROCESO, lo que su subsume en una causa de inadmisibilidad de la acción de amparo, señalada en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionado con el artículo 49 del mismo cuerpo legal, cuando para su admisión se exige “…la indicación de los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación…”.CONSIDERANDO (7): Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa.CONSIDERANDO (8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues la pedidora tenía la vía del Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, por lo que cuenta con éste medio de defensa judicial, medios jurídicos que resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, siendo el recurso de apelación un remedio procesal ordinario que la ley pone a su disposición a efecto de enmendar la vulneración a los derechos constitucionales que arguye fueron cometidos por la Juez A-quo, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo, por tratarse de un acto que tiene expeditos recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, como remedio a los actos procesales que se consideren vulneran derechos fundamentales y así volver eficaz la tutela de los derechos de la quejosa.CONSIDERANDO (9): Que, al detectarse una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)….; 2)….; 3)…; 4) …; 5) …; 6) …; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismos juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; y, 9)… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”, por ello y siendo patente la causal de improcedencia de la Acción de amparo impetrada debe dictarse el sobreseimiento de la demanda, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, que falla Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Irma Leticia Castellanos Pineda. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 7 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1332-2023

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL