Sentencia AC-1193-23 — Registro 19288
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo que declara con lugar la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública matriz contentiva de las actas de asambleas que dio origen a contratos de compra ventas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO 8: Que la garantía de Amparo es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su resolución de fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional de Amparo agotar los recursos que la ley proporciona. CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a si la resolución de fecha 12 de mayo del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por el recurrente, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que sobreseyó el de recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL CARIBE S.A (INVERCARIBE, S.A.), contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022), que declara con lugar la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública matriz contentiva de unas actas de asambleas que dio origen a contratos de compra ventas, por lo cual se reclama su nulidad y reivindicación de dominio, promovida por la Abogada Inés Yadira Cubero Gonzales, en su condición de Apoderada Judicial de las sociedades mercantiles TÉCNICA Y SERVICIOS LEMPIRA, S.A. y DESARROLLO Y SERVICIOS TÉCNICAS AZTECA, denominada por su reforma INVERSIONES AZTECA, S.A. de C.V., contra los señores JULIO MOLINA FERNÁNDEZ, MARIA ANTONIETA PERDOMO CARBAJAL, ELÍAS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y OTROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representadas, los derechos contenidos en los artículos 61, 82, 90, 94 103, 106 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)En fecha veintisiete de junio del año dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL CARIBE S.A. (INVERCARIBE S.A.), reformada posteriormente su denominación social a INVERSIONES CARIBEÑAS, S.A., contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha doce de mayo del año dos mil veintidós, que declara con lugar la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública matriz contentiva de unas actas de asambleas que dio origen a contratos de compra ventas, por lo cual se reclama su nulidad y reivindicación de dominio, promovida por la Abogada Inés Yadira Cubero Gonzales, en su condición de Apoderada Judicial de las sociedades mercantiles TÉCNICA Y SERVICIOS LEMPIRA, S.A. y DESARROLLO Y SERVICIOS TÉCNICAS AZTECA, denominada por su reforma INVERSIONES AZTECA, S.A. de C.V., contra los señores JULIO MOLINA FERNÁNDEZ, MARIA ANTONIETA PERDOMO CARBAJAL, ELÍAS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y OTROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado a su representada, los derechos contenidos en los artículos 61, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley SobreJusticia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, en fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INVERSIONES DEL CARIBE S.A. reformada su denominación social a INVERSIONES CARIBEÑAS S.A, contra la sentencia definitiva de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022) dictada por el Juzgado de Letras Seccional Puerto Cortés, Cortés. Y MANDA: Que, una vez notificada la presente resolución, se remita para consulta a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de justicia…” (Folios 117-118fv de la pieza de antecedentes de Amparo)3)Que en fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, contra la sentencia definitiva de fecha doce de mayo, del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, que declara con lugar la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública matriz contentiva de unas actas de asambleas que dio origen a contratos de compra ventas, por lo cual se reclama su nulidad y reivindicación de dominio, promovida por la Abogada Inés Yadira Cubero Gonzales, en su condición de Apoderada Judicial de las sociedades mercantiles TÉCNICA Y SERVICIOS LEMPIRA, S.A. y DESARROLLO Y SERVICIOS TÉCNICAS AZTECA, denominada por su reforma INVERSIONES AZTECA, S.A. de C.V., contra los señores JULIO MOLINA FERNÁNDEZ, MARIA ANTONIETA PERDOMO CARBAJAL, ELÍAS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y OTROS.CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha doce de mayo del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortes, ha violado en perjuicio de su representada, los artículos 61, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la sentencia definitiva de fecha doce de mayo del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés Departamento de Cortés, que declara con lugar la demanda ordinaria de nulidad de escritura pública matriz contentiva de unas actas de asambleas que dio origen a contratos de compra venta por lo cual se reclama también su nulidad y reivindicación de dominio, promovida por las sociedades mercantiles Técnica y Servicios Lempiras S.A. y Desarrollo y Servicios Técnicas Azteca, denominada por reforma, Inversiones Azteca S.A. de C.V. CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 61, 82, 90 párrafo primero y 103 de la Constitución de la República, los expone refiriendo que se han violentado sus derechos y garantías, al pretender despojar a su representada de sus bienes, creando con tal actitud una incertidumbre y proyectando una mala imagen para nacionales y extranjeros, se violenta el debido proceso y derecho a la defensa, ya que su representada no ha sido parte en el proceso y cualquier resolución o sentencia que se dicte no la puede obligar, porque se ha violentado estas garantías constitucionales. En el caso de autos se especifica con claridad y precisión que el derecho de defensa ha sido violentado a la amparista, ya que no ha sido parte en el proceso y la violación del derecho de defensa ha sido materialmente y se ha colocado al recurrente en una posibilidad cero para defenderse en el proceso. No puede privarse al recurrente en amparo de su derecho a la propiedad, pues la sociedad en cuyo favor se presentó el Amparo es legitima propietaria del inmueble que se encuentran amparados en las fotocopias de los instrumentos públicos. CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas y previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de Amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin sinnúmero de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros. CONSIDERANDO 8: Que la garantía de Amparo es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su resolución de fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional de Amparo agotar los recursos que la ley proporciona. CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala de lo Constitucional conforme a las razones externadas anteriormente, sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ello sin entrar a valorar cuestiones de fondo en relación a si la resolución de fecha 12 de mayo del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, vulnera o no los derechos constitucionales invocados por el recurrente, ello ante la latente existencia de una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo, la que al detectarse una vez iniciado el procedimiento, corresponde se proceda a sobreseer las diligencias en el trámite constitucional iniciado; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.2.a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49.3), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1193-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL