Sentencia AC-1180-24 — Registro 19673
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución en relación a la denuncia de ejecución forzosa de titulo judicial, promovida. Confirmado el recurso de amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo ante la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, la resolución de fecha diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que declara ha lugar la impugnación realizada por la abogada Tania Martínez Palma como representante de la sociedad Consorcio de Inversiones S.A. de C.V.; y tiene por introducidas las modificaciones por la secretaria del despacho, quedando la tasación de honorarios en la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00). En consecuencia, vistos los dictámenes emitidos, modificando la secretaria del despacho, los honorarios, a la vista de lo actuado, por consiguiente; la tasación de costas asciende a veinte mil lempiras exactos. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución de amparo que hoy se conoce en consulta obligatoria debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; puesto que el A-Quo no motivó exhaustivamente su resolución, ya que se limitó únicamente a señalar la normativa aplicable al caso sin expresar los motivos que lo llevaron al convencimiento de determinar que no eran de recibo las pretensiones del hoy recurrente; por lo que, al haber el juzgador ha incurrido en la vulneración a dichas garantías constitucionales, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veinticuatro, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jesús Roberto Valdez González como representante procesal de Banco Atlántida S.A.; por las razones ya expuestas.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre del dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diecinueve de septiembre del dos mil veinticuatro, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JESUS ROBERTO VALDEZ GONZALEZ, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la resolución de fecha diecinueve de abril del dos mil veinticuatro, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en relación a la denuncia de ejecución forzosa de titulo judicial, promovida por la sociedad mercantil CONSORCIO DE INVERSIONES, S.A. DE C.V. (CISA), contra la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 303, 321, 323 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)En fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS MAURICIO CALIX PONCE, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V. (CISA), promoviendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO JUDICIAL”, contra la sociedad mercantil BANCO ATLANTIDA S.A. a través de su representante señor GUILLERMO BUESO ANDURAY. (Folios 1-95 del expediente del A-quo).2)El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la oposición a la tasación de costas interpuesto por la Abogada TANIA MARTINEZ PALMA, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada CONSORCIO DE INVERSIONES S.A DE C.V. (CISA), dictó resolución en fecha diecinueve de abril del dos mil veinticuatro, mediante la cual dispuso: “…PARTE DISPOSITIVA En base a lo anterior este Juzgado resuelve: PRIMERO: Ha Lugar la impugnación realizada por la abogada TANIA MARTINEZ PALMA, en su condición de Representante Procesal de la sociedad denominada CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V. (CISA), como parte ejecutante.- SEGUNDO: Se tiene por introducidas las modificaciones por la secretaria adjunta del Despacho, quedando la tasación de honorarios en la cantidad de VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.20,000.00). TERCERO: En consecuencia, vistos los dictámenes emitidos, modificando la Secretaria del Despacho, los honorarios, a la vista de lo actuado; por consiguiente, la tasación de costas asciende a la cantidad de VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.20,000.00).- NOTIFIQUESE….-” (Folios 462 al 463 del Tomo II expediente del A-quo).3)En fecha dieciocho de julio del dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ROBERTO VALDEZ GONZALEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A., contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar el amparista que le viola a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 83, 183 de la Constitución de la República. (Folios 1-12 del expediente del Ad-quem).5)Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fechadiecinueve de septiembre del dos mil veinticuatro, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…;PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: La Corte Primera de Apelaciones de lo civil de departamento de Francisco Morazán, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en aplicación de los artículos: por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente el magistrado CASTELAR LOPEZ. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JESUS ROBERTO VALDEZ GONZALEZ, en su condición de representante procesal del Banco Atlántida S.A, contra el auto de fecha 19 de abril del año 2024, por falta de motivación de dicha resolución impugnada, lo que violenta el principio de legalidad, debido proceso y derecho de defensa. SEGUNDO: Que al recibo del expediente, el A-quo dicte nuevamente y mediante auto motivado la resolución sobre las costas, estableciendo Amparo Exp. 0801-2021-00414-СРЕЈ Amparo en forma exhaustiva porqué considera de cuantía indeterminada las costas que derivan de la ejecución de un título judicial de una Tutela Sumaria. TERCERO: Que se envié en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la honorable Corte suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. NOTIFIQUESE.” (Folios 61-71 del expediente del Ad-quem).5)Que en fecha veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado JESUS ROBERTO VALDEZ GONZALEZ, contra la resolución de fecha diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución forzosa de titulo judicial promovida por la sociedad mercantil CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V. (CISA) contra la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A.CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, infringe el principio de legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, ya que el hecho de que la decisión de la impugnación debe hacerse por medio de un auto, implica de conformidad al articulo 199 del Código Procesal Civil, que sean motivados y que contengan los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo; es decir, los autos, como toda resolución judicial, deben estar apegados a lo establecido en los derechos constitucionales de debido proceso y defensa, así como el principio de legalidad; puesto que el auto de feche diecinueve de abril de dos mil veinticuatro está compuesto por tres acápites; uno relacionado con los antecedentes de hecho, otro en el que se relacionan los fundamentos de derecho y otro que contiene la parte dispositiva; en donde el juzgador expresa de manera bastante escueta en los fundamentos de derecho que el artículo 222.2 del Código Procesal Civil establece que la parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame. El artículo 223.1 establece que, en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el secretario del Juzgado o Tribunal que hubiere conocido el proceso o recurso, sujetándose a las disposiciones del Código Procesal Civil. el articulo 224.1 establece que practicada por el secretario la tasación de costas, se dará vista de ella a las artes por plazo común de cinco días. El artículo 226.1 señala que, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los profesionales del derecho, se oirá en el plazo de cinco días a este y si no aceptara la reducción de honorario que se le reclame, se pasará testimonio del expediente o de la parte de ellos que resulte necesaria al Colegio de Abogados de Honduras para que emita informe dentro del plazo de diez días. El articulo 227.1 establece que el secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las notificaciones que deban hacerse, remitiéndose al tribunal para que este resuelva mediante auto lo que procesa sin ulterior recurso. CONSIDERANDO (3): Continúa manifestando el recurrente que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se remitió el extracto a la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras y que en fecha trece de febrero de dos mil veinticuatro se presentó certificación integra del informe legal 710-2023-CA-CAH, en donde el Colegio de Abogados determina que corresponde en concepto de honorarios profesionales la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00); sin embargo, es evidente que el juez omitió valorar el contenido del informe del Colegio de Abogados de Honduras, que es contradictorio en sí mismo y además contradictorio con la fundamentación jurídica del auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro; ya que de los razonamientos expuestos, es de relevante importancia indicar que la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras de manera errónea establece que el arancel aplicable al caso es el que se encontró vigente desde el veintinueve de julio de dos mil tres al veintiocho de julio de dos mil diecisiete, argumentando que la demanda se incoo el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, siendo imposible que le aplique una normativa que estuvo vigente hasta el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, puesto que las leyes no tiene efecto retroactivo. CONSIDERANDO (4): Que para el recurrente, la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras de manera errónea interpreta que el proceso de ejecución de titulo judicial, al no provenir de una demanda ordinaria de pago, debe ser de cuantía indeterminada y que por ello corresponde pagar por tarifa de honorarios, únicamente la suma de veinte mil lempiras. Si el juez hubiera advertido las contradicciones antes relacionadas y de haber motivado correctamente el auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro mediante el que decidió la impugnación, se hubiera abstenido de fundamentar su resolución en normas que perdieron vigencia, como le ha sucedido a los artículos 26 y 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que invocó y además hubiese indefectiblemente fundamentado la decisión en los artículos 2 del Código Procesal Civil. por lo que, la resolución que hoy se recurre en amparo, violenta gravemente las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad. CONSIDERANDO (5): Que el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro resuelve ha lugar la impugnación realizada por la abogada Tania Martínez Palma en su condición de apoderada legal de la sociedad denominada Consorcio de Inversiones S.A. de C.V. e introduce las modificaciones por la Secretaría adjunta del despacho, quedando la tasación de honorarios en la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00).CONSIDERANDO (6): Que la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, otorga la acción de amparo interpuesta por el abogado Jesús Roberto Valdéz Gonzáles en su condición de representante procesal de Banco Atlántida S.A. contra el auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro por falta de motivación de dicha resolución impugnada, violentando el principio de legalidad, debido proceso y derecho de defensa. Que, al recibo del expediente, el A-Quo dicte nuevamente y mediante auto motivado la resolución sobre las costas, estableciendo en forma exhaustiva, porque considera de cuantía indeterminada las costas que derivan de la ejecución de un título judicial de una tutela sumaria. CONSIDERANDO (7): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (8): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo ante la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, la resolución de fecha diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que declara ha lugar la impugnación realizada por la abogada Tania Martínez Palma como representante de la sociedad Consorcio de Inversiones S.A. de C.V.; y tiene por introducidas las modificaciones por la secretaria del despacho, quedando la tasación de honorarios en la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00). En consecuencia, vistos los dictámenes emitidos, modificando la secretaria del despacho, los honorarios, a la vista de lo actuado, por consiguiente; la tasación de costas asciende a veinte mil lempiras exactos. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas, esta Sala es del criterio que la resolución de amparo que hoy se conoce en consulta obligatoria debe ser confirmada, puesto que tal como se aprecia de autos y como ha quedado claramente establecido en los considerandos que anteceden, ha existido vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el impetrante; puesto que el A-Quo no motivó exhaustivamente su resolución, ya que se limitó únicamente a señalar la normativa aplicable al caso sin expresar los motivos que lo llevaron al convencimiento de determinar que no eran de recibo las pretensiones del hoy recurrente; por lo que, al haber el juzgador ha incurrido en la vulneración a dichas garantías constitucionales, resulta pertinente confirmar la sentencia venida en consulta.CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veinticuatro, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jesús Roberto Valdez González como representante procesal de Banco Atlántida S.A.; por las razones ya expuestas. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 94, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la consulta obligatoria en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Jesús Roberto Valdez González a favor de Banco Atlántida S.A. contra la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por las razones antes expuestas. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la MAGISTRADA BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1180-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL