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Sentencia AC-1114-22 — Registro 18174

Resumen

Se interpone recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmo la resolución que inadmite la demanda que en su momento interpusiera mediante procedimiento abreviado, en la que se solicita el dominio pleno de unos bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, dentro del Título denominado “La Bodega” de naturaleza Jurídica Ejidal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Municipalidades, reformado mediante decreto 127-2000 establece “… en el caso de los bienes inmuebles ejidales y aquellos otros de dominio de la Municipalidad, donde haya asentamientos humanos o que estén dentro de los limites urbanos y que estén en posesión de particulares sin tener dominio pleno, podrá la Municipalidad, a solicitud de estos, otorgar título de dominio pleno…”.- Por lo antes referido, si las recurrentes pretendían que se les otorgara el dominio pleno de los inmuebles, lo que tenían que hacer de acuerdo con el artículo antes referido, era solicitarlo ante la Municipalidad de Santa Ana por tratarse de inmuebles de naturaleza ejidal y estar ubicados bajo esa Jurisdicción y al no constar que se realizó ese procedimiento, se debe inadmitir la demanda tal y como lo determino el A-Quo, por tanto la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) objeto de la presente acción, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación y confirmar la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia, no ha violentado el debido proceso y las demás vulneraciones alegadas por las recurrentes, ya que como se ha dicho, no es el Juzgado de Letras Civil el competente para conocer de manera directa ese tipo de pretensiones, por esa razón se debe denegar esta acción de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Municipalidades, reformado mediante decreto 127-2000 establece “… en el caso de los bienes inmuebles ejidales y aquellos otros de dominio de la Municipalidad, donde haya asentamientos humanos o que estén dentro de los limites urbanos y que estén en posesión de particulares sin tener dominio pleno, podrá la Municipalidad, a solicitud de estos, otorgar título de dominio pleno…”.- Por lo antes referido, si las recurrentes pretendían que se les otorgara el dominio pleno de los inmuebles, lo que tenían que hacer de acuerdo con el artículo antes referido, era solicitarlo ante la Municipalidad de Santa Ana por tratarse de inmuebles de naturaleza ejidal y estar ubicados bajo esa Jurisdicción y al no constar que se realizó ese procedimiento, se debe inadmitir la demanda tal y como lo determino el A-Quo, por tanto la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) objeto de la presente acción, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación y confirmar la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia, no ha violentado el debido proceso y las demás vulneraciones alegadas por las recurrentes, ya que como se ha dicho, no es el Juzgado de Letras Civil el competente para conocer de manera directa ese tipo de pretensiones, por esa razón se debe denegar esta acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TEODORO VALESTER a favor de las señoras GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmo la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, en relación a la solicitud de obtención de dominio pleno de unos bienes poseídos por las señoras GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ promovida por el Abogado TEODORO VALESTER, en su condición de Representante Procesal de las señoras antes mencionadas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado TEODORO VALESTER MORENO en su condición de Representante Procesal de las señoras GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ, promoviendo Solicitud de Titulo Supletorio de unos Bienes Inmuebles Poseídos en Dominio Útil por más de treinta años en forma quieta, pacifica e ininterrumpidamente Vía del Procedimiento Abreviado.(Folios 01-103 de la pieza principal de los antecedentes). 2).- Que seguido el proceso, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual: “…RESUELVE: PRIMERO: Inadmitir la presente Demanda solicitando Titulo supletorio de unos bienes inmuebles mediante Procedimiento Abreviado, junto con los documentos acompañados, presentada por el Abogado TEODORO VALESTER MORENO, en su condición de representante procesal de las señoras GREGORIA HERNANDEZ VASQUEZ, LIDIA ALBA HERANDEZ VASQUEZ Y ALBERTINA HERNANDEZ VASQUEZ, en virtud de que en la presente demanda vía proceso abreviado de titulo supletorio de un bienes inmuebles, de la revisión de las actuaciones y documentación aportada por la parte solicitante al proceso, y revisado que el bien inmueble que se pretende adquirir está ubicado en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, que se encuentra dentro del titulo “la bodega” de Naturaleza Jurídica Ejidal, en aplicación del artículo 70 de la Ley de Municipalidades, es procedente inadmitir a trámite la presente demanda vía proceso abreviado de titulo supletorio en virtud de que el bien inmueble cuya propiedad se pretende adquirir las obtuvieron en dominio útil, por más de treinta años y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo antes precipitado, los comparecientes deberán plantear su solicitud ante la Corporación Municipal del Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán y no ante este Tribunal de Justicia, por todo lo antes relacionado es procedente su inadmisión a trámite, todo en aplicación de los artículos: 3, 4, 5, 7, 12.5, 20, 115, 130, 587, 625 del Código Procesal Civil y 70 de la Ley de Municipalidades.- SEGUNDO: Que el secretario del despacho proceda a la devolución de los anexos presentados al compareciente, y archívense las presentes diligencias sin ulterior desarrollo.- TERCERO: Téngase por acreditado el poder con que actual el Abogado TEODORO VALESTER MORENO, inscrito con el número 01133 del Colegio de Abogados de Honduras, con las facultades legales a él otorgadas, con la discreción y medios técnicos señaladas para recibir comunicaciones judiciales.” (Folio 46 de la pieza principal de las diligencias). 3).- Que conociendo del recurso de apelación presentado contra la relación dictada por el A-quo y relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintisiete de abril del año dos mil veintidós, mediante la cual en la cual: “…FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación. SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCION IMPUGNADA. TERCERO: SIN COSTAS…”. (Folios 5 al 8 de la segunda pieza de los antecedentes). 4).- Que el Abogado TEODORO VALESTER, compareció ante este Tribunal en fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ, contra la Sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictada por el Ad-Quem, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. (Folios 01 al 02 y 26 del recurso de amparo) 5).- Que en fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “NO PROCEDE DECLARAR CON LUGAR la acción de Amparo planteada.” (Folios 29 al 31 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado TEODORO VALESTER a favor de las señoras GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmo la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, en relación a la solicitud de obtención de dominio pleno de unos bienes poseídos por las señoras GREGORIA, LIDIA ALBA Y ALBERTINA todas de apellidos HERNANDEZ VASQUEZ promovida por el Abogado TEODORO VALESTER, en su condición de Representante Procesal de las señoras antes mencionadas. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado TEODORO VALESTER considera que la decisión del Ad-Quem de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria del derecho de defensa, en vista que el artículo 2331 del Código Civil, notoriamente dispone: “El propietario que careciere de título de dominio inscrito, o que teniéndolo no fuera inscribible, podrá escribir su derecho justificando sumariamente ante el Juez de Letras del Departamento o Sección en que estén radicados los bienes, que tiene más de diez años de estar en quiete, pacífica y no interrumpida posesión de estos; esa misma norma, a continuación ordena que el Juez, ADMITIRA la información y ocurre, que la providencia recurrida en apelación hizo lo contrario, inadmitiendo la demanda, bajo el equivocado criterio, que revisando la documentación aportada por las solicitantes, el bien inmueble, se encuentra ubicado en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, de naturaleza jurídica Ejidal, por lo que de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Municipalidades es procedente inadmitirla la demanda y siendo ejidal el inmueble, se deberá presentar la solicitud ante la Corporación Municipal de Santa Ana y no ante ese Tribunal. De igual manera alega que se violentó el debido proceso, en vista que la sentencia dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, que confirmo el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del mismo departamento, que inadmitió a trámite la solicitud del otorgamiento de títulos supletorios, violenta lo referido en el artículo 2332 del Código Civil, porque el escrito que contiene la acción, reúne las exigencias establecidas en la norma que se cita, y no por el improcedente criterio externado en el auto que dio origen a este embrollado asunto y las disposiciones del Código Procesal Civil, que en el numeral 1 del artículo 36 consagra, que en los procesos en que se ejerciten pretensiones reales sobre bienes inmuebles, será el órgano jurisdiccional competente el del lugar en que este situada la cosa litigiosa. Agrega que está acreditado en autos que el tramite originalmente, se presentó a la referida Municipalidad, quien se declaró incompetente para resolver el asunto aduciendo la aparición de otro pretendiente a uno de los inmuebles, recomendando, que quien debe de dirimir el asunto, son los tribunales de justicia a donde recomendó a las partes comparecer a resolver la disputa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, estableciendo que del estudio y análisis de los antecedentes de mérito, se aprecia que no se han realizado actuaciones en la Alcaldía de Santa Ana para la obtención del Título de Dominio Pleno a favor de sus representadas, desvirtuándose así lo esgrimido por el censor cuando establece que realizo acciones en la Alcaldía, y por tal razón acude ahora al ámbito Civil. Por lo antes relacionado se advierte que tiene expedito el proceso administrativo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Municipalidades para la obtención del derecho de dominio pleno que les asiste a sus representadas, por lo antes relacionado se aprecia que lo resuelto por la Corte de Apelaciones se encuentra conforme a derecho, no avizorando por ende vulneración a las garantías invocadas, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente acción de amparo se observa, que el acto objeto de impugnación lo constituye la sentencia definitiva emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) que le declara sin lugar el Recurso de Apelación incoado contra la resolución de fecha uno (1) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, que inadmite la demanda que en su momento interpusiera mediante procedimiento abreviado, solicitando el Titulo Supletorio de unos bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Santa Ana, Departamento de Francisco Morazán, dentro del Título denominado “La Bodega” de naturaleza Jurídica Ejidal. En la presente acción de amparo las recurrentes aducen que se les violento el derecho de defensa y debido proceso, al señalar que el Juzgado de Letras de lo Civil debió de haber otorgado su derecho de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2331 del Código Civil.- De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Municipalidades, reformado mediante decreto 127-2000 establece “… en el caso de los bienes inmuebles ejidales y aquellos otros de dominio de la Municipalidad, donde haya asentamientos humanos o que estén dentro de los limites urbanos y que estén en posesión de particulares sin tener dominio pleno, podrá la Municipalidad, a solicitud de estos, otorgar título de dominio pleno…”.- Por lo antes referido, si las recurrentes pretendían que se les otorgara el dominio pleno de los inmuebles, lo que tenían que hacer de acuerdo con el artículo antes referido, era solicitarlo ante la Municipalidad de Santa Ana por tratarse de inmuebles de naturaleza ejidal y estar ubicados bajo esa Jurisdicción y al no constar que se realizó ese procedimiento, se debe inadmitir la demanda tal y como lo determino el A-Quo, por tanto la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) objeto de la presente acción, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación y confirmar la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia, no ha violentado el debido proceso y las demás vulneraciones alegadas por las recurrentes, ya que como se ha dicho, no es el Juzgado de Letras Civil el competente para conocer de manera directa ese tipo de pretensiones, por esa razón se debe denegar esta acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 70 reformado de la Ley de Municipalidades; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veinticuatro de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1114-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL