Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1078-23 — Registro 18793

Resumen

Acción de amparo en relación a demanda vía proceso declarativo ordinario promovida contra recurrente y Sociedad Mercantil a fin de que se declare la Nulidad de un Instrumento Público, y la inadmisibilidad de tramite incidental en la evacuación de medios de pruebas en observancia al principio de inmediación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(6): Este alto Tribunal constata que la demanda fue promovida por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, en representación de Las señoras ESTER CARDENAS OYUELA Y PAOLA NICOLE ANDINO CARDENAS contra los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que se celebró audiencia preliminar bajo la dirección del Juez Daniel Amaya, en fecha 21 de noviembre de 2022, admitiéndose las pruebas presentadas por ambas partes y en fecha 20 de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en virtud de nombramiento como Juez le asignaron la demanda al Abogado Jonathan Josué Madrid Rápalo, Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, sin llevarse a cabo la evacuación de las pruebas presentadas en audiencia preliminar en virtud de presentar el hoy recurrente incidente, solicitando observancia del principio de inmediación; asimismo, que la audiencia probatoria y la sentencia definitiva que deba emitirse, se realice y profiera ante y por el Juez que haya presenciado y dirigido la práctica de la prueba. Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que, si bien el artículo 16 del Código Procesal Civil establece sobre el tema, “INMEDIACION significa: 1. Que el Juez, que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente. 2. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial.” Esta disposición, en la demanda no ha sido objeto de violación, pues se observa que en el momento procesal en que se encuentra el presente proceso, NO SE HA EVACUADO MEDIO DE PRUEBA ALGUNO, PUES SOLAMENTE SE HAN ADMITIDO LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR AMBAS PARTES, PERO NO SE HAN EVACUADO y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es correcto la actuación de la Corte de Apelaciones, al determinar sobreseer el recurso de Amparo interpuesto, por enmarcarse el incidente en el contenido del artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(6): Este alto Tribunal constata que la demanda fue promovida por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, en representación de Las señoras ESTER CARDENAS OYUELA Y PAOLA NICOLE ANDINO CARDENAS contra los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que se celebró audiencia preliminar bajo la dirección del Juez Daniel Amaya, en fecha 21 de noviembre de 2022, admitiéndose las pruebas presentadas por ambas partes y en fecha 20 de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en virtud de nombramiento como Juez le asignaron la demanda al Abogado Jonathan Josué Madrid Rápalo, Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, sin llevarse a cabo la evacuación de las pruebas presentadas en audiencia preliminar en virtud de presentar el hoy recurrente incidente, solicitando observancia del principio de inmediación; asimismo, que la audiencia probatoria y la sentencia definitiva que deba emitirse, se realice y profiera ante y por el Juez que haya presenciado y dirigido la práctica de la prueba. Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que, si bien el artículo 16 del Código Procesal Civil establece sobre el tema, “INMEDIACION significa: 1. Que el Juez, que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente. 2. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial.” Esta disposición, en la demanda no ha sido objeto de violación, pues se observa que en el momento procesal en que se encuentra el presente proceso, NO SE HA EVACUADO MEDIO DE PRUEBA ALGUNO, PUES SOLAMENTE SE HAN ADMITIDO LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR AMBAS PARTES, PERO NO SE HAN EVACUADO y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es correcto la actuación de la Corte de Apelaciones, al determinar sobreseer el recurso de Amparo interpuesto, por enmarcarse el incidente en el contenido del artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once (11) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que sobreseyó la acción de Amparo presentada por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, a favor de los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO; contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario promovida por las señoras ESTHER CARDENAS OYUELA y PAOLA ANDINO CARDENAS, contra la señora MARIELENA ULLOA DE PINEDA y la Sociedad Mercantil INVERSIONES CALEB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado MARCOS ANTONIO CALIX MOLINA, interponiendo recurso de Amparo, a favor de los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), en relación a la demanda vía proceso declarativo ordinario promovida por las señoras ESTER CARDENAS OYUELA y PAOLA ANDINO CARDENAS, contra la señora MARIELENA ULLOA DE PINEDA y la Sociedad Mercantil INVERSIONES CALEB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (Folio 01 al 05 de la pieza del juzgado).2) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: SOBRESER la acción de amparo presentada por el Abogado MARCOS ANTONIO CALIX MOLINA, apoderado legal de las señoras MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CALEB, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil veintitrés (2023). (Folio 31 al 32 de la pieza de Corte de Apelaciones).3)Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO UNO (1): La garantía constitucional de Amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, la acción de Amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) Que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; o, b) Para que en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar, derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma Convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la Consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este Alto Tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de Amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este Alto Tribunal las sentencias de amparo que dicten las Cortes de Apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por Jueces de Letras de departamentos o seccionales. Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo, los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado, se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del recurrente denunciando violación de los derechos de Acceso a los Juzgados y Tribunales, el Debido Proceso y el Principio de Legalidad Procesal y formas que se consagran en los artículo 1, 3 y 7 respectivamente, del Código Procesal Civil, que desarrollan las garantías de rango constitucional instituidas en los artículo 90 párrafo primero del Debido Proceso y 82 párrafo primero de la Tutela Judicial Efectiva o Derecho de Defensa y la Garantía de Legalidad que propugnan los artículos 311 y 323 de la Constitución de la República. El impetrante en su condición de representante de los señores Marielena Ulloa de Pineda y Francisco Enrique Pineda Rápalo, establece que la acción de Amparo deviene de la Demanda por vía del Proceso Declarativo Ordinario para que se declare la Nulidad de un Instrumento Público. La Nulidad del Testimonio de su Primera Copia y de su Inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés, como Acción Derivada que se Declare la Nulidad de un Instrumento Público, la Nulidad del Testimonio de su primera copia y de su Inscripción en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, interpuesto ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, por el Abogado Wilfredo Misael García Castillo, actuando en su condición de Apoderado Judicial de Ester Cárdenas Oyuela y Paola Anino Cárdenas, contra Marielena Ulloa de Pineda y la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. Establece que el acto reclamado lo constituye el auto de fecha treinta (30) de mayo del dos mil veintitrés (2023), emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se resolvió “INADMITIR a trámite la cuestión incidental promovida por el Abogado Marco Antonio Calix, en su condición de represente procesal de la señora Marielena Ulloa de Pineda y el Abogado Francisco Enrique Pineda Rápalo, en su condición de represente procesal de la Sociedad mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable….”, pues estima que el incidente promovido para que decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 23 de mayo del 2023, en que se señaló y manda a citar a las partes para la celebración de la audiencia probatoria inclusive y en adelante, en lo que concierne a todas las actuaciones derivadas, por ser un acto procesal realizado en contradicción a la Constitución de la República y el Código Procesal Civil, pero fue ilegalmente inadmitido en auto de fecha 30 de mayo del 2023, por estimar el Tribunal, según resulta del apartado “fundamentos de derecho” del auto impugnado, que con respecto a la promoción de la cuestión incidental, el artículo 420.2 del Código Procesal Civil señala, que si el incidente fuere manifiestamente improcedente o no se ajustara a los casos prevenidos en este Código, se inadmitirá sin más trámite, lo que ciertamente es un régimen de inadmisibilidad común a las cuestiones incidentales, a excepción de las solicitudes de nulidad, que tienen fijado el suyo propio de manera expresa, que en sede de admisibilidad a las solicitudes de nulidad o anulabilidad planteadas por las partes, preceptúa en el artículo 215.4 del Código Procesal Civil y citamos en lo conducente que: ”el tribunal inadmitirá a trámite, mediante auto sucintamente motivado, cualquier incidente en que se pretenda suscitar otras cuestiones” es decir, el Código regula expresamente la admisibilidad del incidente de nulidad, circunscribiendo su rechazo in limine a su tramitación a aquellos supuestos en que, además de la cuestión de la nulidad de actuaciones, se incorporen otras cuestiones ajenas o distintas a ese concreto evento procesal, caso en el cual inadmitirá su tramitación, ya que por imperio de la Ley, los órganos jurisdiccionales están obligados a dar trámite a las solicitudes de nulidad, según resulta del mismo artículo que se comenta, en su numeral 3) cuando determina que: “preceptuado de esa manera, que la tramitación de las nulidades, en lo no previsto y el régimen de inadmisibilidad ya lo está, se estará de acuerdo a la nulidad, se tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en general y no tendrá efecto suspensivo y se decidirá por medio de auto contra el que no cabrá recurso alguno, siendo este auto resolutivo del incidente el que no admite recurso. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sirvió de base para su decisión de Sobreseer la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal de Alzada decidió Sobreseer la Acción de Amparo solicitada a favor de los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA Y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, con representación procesal del Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, contra el auto de fecha treinta de mayo del año 2023, el que declara inadmisible a trámite la cuestión incidental Previa presentada. Al Sobreseer el Recurso de Amparo, manifiesta que el Amparo se interpone contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), estableciendo que la prueba que si el incidente fuere manifiestamente improcedente, o no se ajustara a los casos prevenidos en el Código, se inadmitirá sin más trámite, así como en fundamento al artículo 6.2. de la misma normativa Procesal Civil. El órgano jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios del proceso, rechazará cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio, o cuando cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso, para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contrario a la ley, y que si bien el incidente de nulidad interpuesto por el impetrante es con la finalidad que la audiencia probatoria y la sentencia se realice y profiera por el Juez que presenció y dirigió la práctica de la prueba en la audiencia preliminar del proceso, en fundamento al artículo 16 del Código Procesal Civil; sin embargo, del mismo informe se apreció que la prueba fue admitida en la referida audiencia, pero que la misma aún no ha sido evacuada, haciendo alusión al artículo 252.1 del Código Procesal Civil, el cual establece los mecanismo para la evacuación de los medios de prueba estableciéndose que a la fecha no se ha practicado prueba, ni mucho menos se ha dictado sentencia. Asimismo, en el artículo 212 del Código Procesal Civil, claramente se establece los casos en los cuales los actos procesales serán nulos, no apreciándose los mismos en la acción recurrida mediante el presente Amparo, razón por la cual sobresee el Amparo interpuesto.CONSIDERANDO SEIS (6): Este alto Tribunal constata que la demanda fue promovida por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, en representación de Las señoras ESTER CARDENAS OYUELA Y PAOLA NICOLE ANDINO CARDENAS contra los señores MARIELENA ULLOA DE PINEDA y FRANCISCO ENRIQUE PINEDA RAPALO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que se celebró audiencia preliminar bajo la dirección del Juez Daniel Amaya, en fecha 21 de noviembre de 2022, admitiéndose las pruebas presentadas por ambas partes y en fecha 20 de febrero del año dos mil veintitrés (2023), en virtud de nombramiento como Juez le asignaron la demanda al Abogado Jonathan Josué Madrid Rápalo, Juez de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, sin llevarse a cabo la evacuación de las pruebas presentadas en audiencia preliminar en virtud de presentar el hoy recurrente incidente, solicitando observancia del principio de inmediación; asimismo, que la audiencia probatoria y la sentencia definitiva que deba emitirse, se realice y profiera ante y por el Juez que haya presenciado y dirigido la práctica de la prueba. Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que, si bien el artículo 16 del Código Procesal Civil establece sobre el tema, “INMEDIACION significa: 1. Que el Juez, que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente. 2. No se puede delegar o comisionar la práctica de un acto procesal oral, bajo sanción de nulidad, salvo en casos excepcionales en los que resulte absolutamente necesario realizarlo por vía de auxilio judicial.” Esta disposición, en la demanda no ha sido objeto de violación, pues se observa que en el momento procesal en que se encuentra el presente proceso, NO SE HA EVACUADO MEDIO DE PRUEBA ALGUNO, PUES SOLAMENTE SE HAN ADMITIDO LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR AMBAS PARTES, PERO NO SE HAN EVACUADO y como consecuencia no se ha dictado la sentencia por el Juez, es por ello que es correcto la actuación de la Corte de Apelaciones, al determinar sobreseer el recurso de Amparo interpuesto, por enmarcarse el incidente en el contenido del artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…” POR TANTO: Esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos: 1, 82, 90, 303 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 76 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO en CONSULTA OBLIGATORIA la sentencia de fecha once de agosto del año dos mil veintitrés (2023), proferida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se sobresee la acción de Amparo interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la señora MARIELENA ULLOA DE PINEDA y el Abogado FRANCISCO ENRIQUE PINEDA, representante de la Sociedad Mercantil Inversiones Caleb, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuesto contra el auto recaído en el Expediente 34-23, de fecha treinta de mayo del año dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el que se declara inadmisible a trámite la cuestión incidental promovida por el Abogado Marco Antonio Calix, en la demanda promovida por el Abogado Wilfredo Misael García, en su condición de representante de las señoras Ester Cárdenas Oyuela y Paola Andino Cárdenas, interpuesta contra la señora MARIELENA ULLOA DE PINEDA y el Abogado Francisco Enrique Pineda, representante de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CALEB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, interpuesta a fin de que se declare la Nulidad de un Instrumento Público. Y Manda: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación de del fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1078-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL